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Colocan diputados a familiares y allegados en ESAF
Continúa el proceso para elegir al nuevo titular de esa entidad.
El Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" reveló que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ha sido usada como espacio de colocación laboral para familiares y allegados de los actuales diputados locales.
En el marco del proceso de evaluación de los aspirantes a presidir la ESAF -que lleva a cabo la denominada Comisión Calificadora- el codirector de "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez, dio a conocer información que confirma que la diputada sin partido Naida Josefina Díaz Roca colocó a su hermano José Emilio Díaz Roca como director de Responsabilidades.
Otros diputados como Blanca Nieves Sánchez Arano -del Partido Nueva Alianza (Panal)- José Luis Galindo Cortez y Maricela Jiménez Armendáriz colocaron a sus asesores y hasta permitieron que cobraran doble sueldo.
Se trata de Oscar Alejandro Narváez Barragán, ex asesor de la diputada Sánchez Arano, quien en enero fue designado como director de Área Técnica (Obra Pública) de la ESAF pero continuó trabajando para la legisladora y cobró doble.
Roberto Salinas apuntó que pese a la promesa de austeridad y de depurar la nómina en la ESAF, los legisladores dieron de baja de septiembre hasta marzo a 24 personas, para contratar a otros 21 empleados en mandos medios y superiores, entre ellos también a cinco directores que no cuentan con cédula profesional.
"Ya los cargos ya están repartidos ¿cómo pretenden que la persona que van a designar como titular llegue a trabajar si los cargos ya están asignados"? manifestó Salinas Ramírez.
Pasarela de aspirantes a la ESAF
Mientras tanto, las integrantes de la Comisión Calificadora iniciaron ayer el proceso de evaluación de los 29 aspirantes a presidir la ESAF, quienes comparecieron ante las coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz; de Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz; y de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo.
Las legisladores afirmaron que habrá transparencia en dicho proceso y rechazaron que tengan a un "favorito".
Las comparecencias de este lunes se desarrollaron a puerta cerrada y sólo participaron las tres legisladoras citadas.
Piden al Congreso que transparente sus gastos
La organización civil Morelos Rinde Cuentas señaló que es necesario que el Congreso local transparente el uso de los recursos públicos que ha recibido en los últimos años, pues el monto muestra un incremento constante y no se ha dado a conocer la justificación y aplicación.
Roberto Salinas Ramírez, codirector del centro de investigación de la organización, indicó que durante el 2018 la Secretaría de Hacienda transfirió al Poder Legislativo 377 millones de pesos.
Hizo notar que en el primer trimestre se entregaron 191 millones de pesos, es decir casi el 50 por ciento del monto anual en sólo tres meses, pero no se ha justificado públicamente en qué usaron todo ese dinero: “ni la LIII Legislatura ni la LIV Legislatura han publicado el ejercicio de recursos de todo el 2018, no hay transparencia”.
Por otro lado, indicó que en la actual legislatura, el uso del erario es de aproximadamente 12.5 millones de pesos mensuales, los cuales tampoco se ha dado a conocer en qué se utilizaron.
El representante de Morelos Rinde Cuentas señaló que con estos elementos numéricos “resulta extraño que (los) legisladores se hayan autoaprobado un presupuesto de 450 millones de pesos para el 2019, nos parece un exceso porque hicimos un comparativo con Congreso de otros estados, tomando en cuenta la población de las entidades y número de legisladores. Consideramos que un presupuesto de 201 millones de pesos para este Congreso sería suficiente”.
Hizo énfasis en que se ha argumentado que hay adeudos heredados, pero no se informa con transparencia si pretende recuperar ese recurso, o a qué corresponden esos adeudos, y qué pasó con el presupuesto de la Legislatura pasada.
Salinas Ramírez dijo que han hecho varias solicitudes formales de información con base en la legislación en la materia y no les han entregado todos los datos solicitados y en otros casos les enviaron documentos en formatos muy complejos, por lo que el análisis será muy difícil, o casi imposible.