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Militantes de la ANUEE bloquearon la calle frente a las oficinas de Profeco.

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) marcharon por las calles del centro de la ciudad y bloquearon la avenida Morelos en protesta por los cobros exagerados y los cortes en el suministro por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Llamaron a los ayuntamientos a sumarse en un frente común contra la actuación de esa empresa.

Los inconformes caminaron desde la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas -ubicada en la avenida Cuauhtémoc- hasta las oficinas de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la avenida Morelos, donde cerraron la circulación durante varias horas.

 Juan Antonio Rodríguez Solórzano, coordinador de la ANUEE en la entidad, dijo que de nueva cuenta salieron a las calles porque no cesan los “abusos” de la CFE, como la suspensión de la energía, el retiro de medidores, así como los cobros exagerados e injustificados.

Lo anterior, viola el marco legal que establece que una vez que el consumidor inicia un proceso ante la Profeco está prohibida cualquier corte, aseguró.

Dijo que estaba proyectada para ayer una reunión con personal de la Profeco y con directivos de la CFE para atender sus demandas.

En lo que va del año, la ANUEE registró más de dos mil casos, lo que suma en total cuatro mil usuarios que han iniciado denuncias ante la Profeco porque a pesar de que no existe relación contractual, la CFE corta el servicio de energía.  Además, denunciaron que la CFE continúa “hostigando a los usuarios” con amenazas de demandas por delitos federales.

Subrayó que no se niegan a pagar por el servicio, pero buscan pagar lo justo. Refirió que hay casos en los que se pretende cobrar hasta 120 mil pesos en una casa habitación, en un solo bimestre.

El representante de la ANUEE llamó a los alcaldes que han enfrentado problemas con la CFE por cobros elevados y cortes en la energía eléctrica a conformar con frente común.

Hizo notar que dichos cortes afectan a la ciudadanía, por ejemplo, cuando se suspende el suministro en los pozos de agua, lo que perjudica a la población, que se queda sin el vital líquido en sus domicilios.

Vecinos de las colonias Lomas de la Selva y San Cristóbal cierran calles para reclamar al SAPAC atienda el desabasto.

Por segundo día consecutivo, vecinos de la colonia Lomas de la Selva bloquearon la circulación en la avenida Vicente Guerrero, para exigir al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que regularice el suministro del vital líquido.

Señalaron que a pesar de que han solicitado -por diferentes vías- a los representantes del organismo operador que se normalice la distribución de agua, no han logrado obtener respuesta.

La movilización comenzó alrededor de las nueve de la mañana y hasta después del medio día. De acuerdo a lo informado por el coordinador general del SAPAC, Jaime Tapia Rodríguez, el desabasto de agua potable se debe a la descompostura de un equipo de bombeo, el cual es reparado a fin de atender lo más pronto posible la demanda de los vecinos de Lomas de Cortés.

Incluso, el funcionario aseguró que la distribución del vital líquido para el Hospital José G. Parres -que se encuentra en esa zona- está garantizada, a fin de que no padezcan el desabasto.

Por su parte, el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, en entrevista señaló que en Cuernavaca hay un problema severo en las redes de distribución y los equipos de bombeo, debido a que en administraciones pasadas no tuvieron mantenimiento, y eso ha generado que las redes hidráulicas se colapsen, dejando sin abastecimiento de agua a muchas colonias de la capital. 

Finalmente, alrededor de las dos de la tarde vecinos de la colonia San Cristóbal también bloquearon la avenida Domingo Diez, para solicitar se regularice la distribución del vital líquido en su colonia.

Se reúnen con la secretaria municipal, pero no llegan a acuerdos.

Jojutla.- Integrantes de la Cámara de Comercio de Jojutla y del mercado “Juan Antonio Tlaxcoapan” se manifestaron ayer, frente las instalaciones del C-4 (sede provisional del Ayuntamiento), en demanda de que el gobierno municipal respete los convenios que ya tenía con ellos y no aplique incrementos en el pago de refrendos.

Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de menos de 20 comerciantes llegó al lugar y mostró pancartas demandando el cumplimiento a los acuerdos. Al mismo tiempo, con un altavoz, manifestaban su inconformidad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Jojutla, Emanuel Parra Fuentes, explicó que el Ayuntamiento se había comprometido a no incrementar el cobro, pero recientemente, la secretaria municipal, Erika Cortés, les comunicó que sí habría alza y no aplicaría el convenio.

Dijo que la posición de la Canaco es que, por las condiciones del municipio, no haya incrementos, pese a que el aumento es para quienes expiden bebidas alcohólicas, “pero también afecta a las pequeñas misceláneas”.

Reconoció que han platicado con las autoridades, pero no han llegado a un acuerdo, por ello realizaron esta manifestación.

Detalló que quieren seguir pagando lo mismo que el año pasado, 400 pesos parejo para todos los afiliados y la firma de un convenio para los próximos tres años.

Minutos después, se reunieron con la secretaria municipal, Erika Cortés Martínez, en su despacho.

Allí, el presidente de los comerciantes del mercado “Juan Antonio Tlaxcoapan”, Salvador Vargas Hernández, dijo que se sumaron a la protesta porque, en su caso, solicitaron que se respetaran las “tradiciones” y se resolviera lo de los puestos abandonados y otras cosas más.

En la misma mesa, Emanuel Villegas, comerciante de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, reclamó que urge que terminen la pavimentación de esa calle y no les han dado fecha.

En su turno, la secretaria municipal, Erika Cortés, reconoció que no han llegado a acuerdos, pero siguen las pláticas.

Respondió a la Canaco que se debe manejar un tabulador y la propuesta que ofrecieron tiene estímulos que van de un 40 hasta un 70 por ciento menos de lo que se establece en la Ley de Ingresos.

A los comerciantes del mercado Tlaxcoapan dijo que ya se trabajó en mejoras del centro de abastecimiento; y en cuanto a los puestos, se tiene que realizar un proceso con intervención del Congreso del estado.

Y a los vendedores de la calle Josefa Ortiz les dijo que buscarán una reunión con el secretario de Obras Públicas.

Los comerciantes exigieron una reunión con el presidente municipal para llegar a acuerdos.

Al final, tanto la Canaco como los comerciantes del mercado dijeron que esperarán para tener la reunión con el alcalde y tomar decisiones.

Vecinos denuncian que tienen 15 días sin el vital líquido.

Bloquearon la avenida Plan de Ayala con la exigencia de pago puntual de sus quincenas y otros adeudos en prestaciones.

Trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) desquiciaron el tránsito vehicular de Cuernavaca por más de dos horas en demanda del pago puntual de sus quincenas y otros adeudos en prestaciones laborales. El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, se comprometió a atender en este mes todas las demandas. 
Desde las siete de la mañana de ayer miércoles, los jubilados tomaron la Dirección General del Cobaem, pues también solicitaron la renuncia de su titular, Víctor Nájera Medina, a quien acusaron de ser insensible ante los problemas de los trabajadores. 
Minutos después de las ocho de la mañana, los trabajadores bloquearon la avenida Plan de Ayala y la calle Juan Dubernard, a la altura de la plaza Arcos de Cristal, donde se encuentra la Dirección General del Cobaem. 
El vocero de los jubilados del Cobaem, Joaquín Ortiz Sandoval, explicó que desde el 2018 han registrado un retraso en el pago de las quincenas de los 300 trabajadores, y actualmente se les debe entre 17 y 19 días de finiquito, además de otras prestaciones. 
"Muchos estamos enfermos y necesitamos la atención médica, además decidimos salir a las calles”, señaló. 
Después de unos minutos, el secretario de Educación accedió a trasladarse a un restaurante cercano a la protesta para escuchar las peticiones de los inconformes. Finalmente se comprometió con los jubilados a que en este mes se saldarán todos los compromisos pendientes y aseguró que analizaría la petición de remoción del director Víctor Nájera Medina. 
Posteriormente, los maestros y administrativos en retiro quitaron el bloqueo y liberaron el acceso a la Dirección General del Cobaem. 
Mediante un comunicado de prensa, el gobierno del estado informó que el pago de las prestaciones está garantizado.

Cerraron una calle de la colonia Teopanzolco para protestar contra la invasión de la vía pública.

Habitantes de la colonia Teopanzolco de Cuernavaca protestaron, ayer lunes, en contra del comercio ambulante que se instaló afuera de la Plaza Cristal, donde se ubican diversas dependencias públicas, y que está protegido por la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 
Cerca de las 10 de la mañana, un grupo de vecinos bloqueó las calles Antigua Vía del Ferrocarril y Juan Dubernard, para pedir a las autoridades municipales el retiro de los negocios ilegales. 
Denunciaron que la Confederación de Trabajadores de México se apropió de las calles antes referidas y colocó a sus comerciantes protegidos, que -hasta ayer- estaban instalados en al menos cinco puestos con venta de comida, bebida y otros productos, causando problemas de tránsito vehicular y a los peatones. 
"Están invadiendo la calle, es una avenida donde dan vuelta, puede haber peligro y se pueden llevar a un comensal, y también lo que queremos evitar es ese tipo de accidentes", manifestó una de las vecinas inconformes. 
Tras varios minutos de protesta, los vecinos lograron quitar a los comerciantes de las banquetas que se encuentran afuera de la plaza, ya que elementos policíacos también arribaron al lugar. Sin embargo, los vendedores se trasladaron a un terreno vacío, ubicado sobre la avenida Plan de Ayala, frente a la citada plaza. 
Los colonos advirtieron que si el comercio ambulante continuaba en la zona, llevarían a cabo más movilizaciones en los próximos días. 

No descartan medidas legales contra el proyecto.

Vecinos del poblado de Tlaltenango buscarán impedir por la vía jurídica la construcción de cuatro torres departamentales en el área conocida como el Salto Chico, y se mantienen a la espera de que sea emitido el dictamen de factibilidad del agua.

En conferencia de prensa ofrecida en la glorieta de San Jerónimo, un grupo de vecinos -con pancartas en mano solicitando la cancelación del desarrollo habitacional-, reiteró su rechazo a la construcción de cuatro torres departamentales, de once pisos cada una.

Señalaron que el proyecto no sólo rompe con el entorno pintoresco de la zona de San Jerónimo, sino que –además- afectaría la vialidad e, incluso, se agudizarían los problemas de distribución de agua potable.

El ayudante municipal electo de poblado de Tlaltenango, Alfredo Rodríguez San Ciprián, explicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicos tiene pendiente dictaminar el uso de suelo, el cual depende -a su vez- del dictamen de factibilidad del agua, lo cual ha permitido parar la obra.

Rodríguez San Ciprián argumentó que confían en que el dictamen de factibilidad del agua sea negativo, y con ello impidan la construcción de los edificios. “Ya de por sí tenemos agua en la zona sólo tres veces a la semana por dos o tres horas al día, imagínense con los nuevos departamentos”, cuestionó.

Explicaron que seguirán a la espera de la resolución del gobierno municipal, mientras tanto, no descartan también combatir por la vía jurídica la edificación.

Ciudadanos cuestionan el desempeño de Juan Salazar Núñez y la falta de resultados al frente de la FECC; “ataque a la libertad de expresión”, proceso contra reportera, señalan.

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" se manifestaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en apoyo a la periodista Maciel Calvo y en protesta por lo que calificaron como "ataque a la libertad de expresión". Exigieron la salida del fiscal Juan Salazar Núñez por no cumplir con su función.

Los inconformes lanzaron huevos al portón de acceso de la Fiscalía, en protesta porque no fueron recibidos, y “como un signo para que el titular tenga el valor de atacar la corrupción”.

El grupo de miembros de dicha asociación se congregó en el cruce de las avenidas Poder Legislativo y Vicente Guerrero, desde donde marcharon hasta la sede de la Fiscalía.

Gabriel Rivas Ríos, líder de la organización, expuso que “mientras permanezca el fiscal anticorrupción, no se van a hacer bien las cosas. Hay carpetas de investigación que les han echado abajo… han demostrado una total incapacidad, o bien, hay interés de que las cosas no caminen”. Consideró que el exgobernador “Graco Ramírez sigue metiendo las manos para que le cubran las espaldas”.

Rivas Ríos externó que decidieron manifestarse en protesta porque consideran que “hay un ataque a la libertad de expresión”; lo anterior, en relación con el anuncio hecho por el propio titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, respecto a la apertura de una denuncia (para exigir su derecho de réplica) en contra de la reportera de esta casa editorial, Maciel Calvo.

Rivas Ríos sostuvo que el actuar del fiscal “también es un ataque a la libertad de prensa, a los derechos humanos… Hoy un fiscal anticorrupción se atreve a demandar a una periodista por decir lo que otros ya saben, que fabricó pruebas para meter a la cárcel al exrector de la UAEM, Alejandro Vera”.

Aseveró que el denunciar a un medio de comunicación, en este caso a una periodista, es una clara muestra del intento por acallar cualquier crítica, ya sea de periodistas, o por parte de activistas o defensores de derechos humanos, por lo que hoy exigen un alto a las agresiones de este tipo.

Según Rivas Ríos, Juan Salazar es un funcionario impuesto y heredado por el exgobernador Graco Ramírez, a quien aparentemente pretende proteger junto a ex servidores públicos por irregularidades detectadas; de igual modo, señaló que es de dominio público que este personaje no ha rendido resultado alguno hasta la fecha.

“Ahora resulta que los corruptos nos van a demandar por denunciar la corrupción, por decirles lo que son. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó Rivas Ríos.

El dirigente de la organización se refirió así al proceso iniciado por el citado fiscal contra La Unión de Morelos y la reportera Maciel Calvo, por una nota sobre la resolución de un juez local en torno al caso de Alejandro Vera Ramírez y su esposa.

Salazar Núñez recurrió a la justicia federal para exigir lo que consideró su derecho de réplica y su escrito fue publicado en La Unión de Morelos, pese a lo cual, continuó el procedimiento judicial por algunos días, por estar inconforme por la manera en que había sido atendida su exigencia.

Finalmente se desistió y, ayer, después de la protesta, su área de prensa emitió un comunicado en el que señala que “La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) respeta la libertad de expresión, así como la de manifestación; jamás ha actuado por consigna ni por presiones de ninguna índole”.

Aunque en ese contexto dice que el martes se reunió con la reportera Maciel Calvo, el comunicado evita decir que fue para realizar una entrevista periodística (que aún no se ha publicado) a petición de la reportera.

El boletín de prensa asegura al final que “Esta Fiscalía se rige por los valores y principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, ética, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, transparencia, respeto a los derechos humanos, honorabilidad, responsabilidad, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio”.

Denuncian que les fue retirada la bomba que daba servicio desde hace 15 días a esa colonia.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) retiró la bomba que permitía el suministro de agua potable a la colonia Los Pilares (ubicada al sur de Cuernavaca), a pesar de que hace menos de 15 días ese equipo les había sido entregado para garantizar la distribución del vital líquido.

Fue el pasado fin de semana cuando personal del organismo operador acudió al pozo Pilares I para retirar la bomba, con el argumento de que se requería para poner en funcionamiento otro equipo.

Los vecinos señalaron que estuvieron sin equipo desde noviembre del año pasado, por lo que tuvieron que recibir la distribución a través de pipas, y hace 15 días, tras sostener un dialogo con el presidente municipal, lograron que les entregaran una bomba de mayor capacidad que permita que la distribución del agua sea con más fuerza.

Sin embargo, a escasos 15 días de que por orden del alcalde les dieron el equipo de bombeo, éste les fue retirado y los vecinos tuvieron que ceder ante la insistencia del personal del SAPAC.

No obstante, advirtieron que darán de plazo hasta este martes para que el equipo de bombeo les sea devuelto, de lo contrario, amenazaron con realizar movilizaciones a partir del miércoles.

Exigen que se asigne una partida presupuestal para el pago de su prima de antigüedad.

Maestros jubilados protestaron en el Congreso del estado para pedir el respaldo de los legisladores para que asignen una partida en el Presupuesto 2019 para el pago de su prima de antigüedad y, por enésima vez, fueron ignorados por los legisladores.
La mañana de este jueves, los maestros irrumpieron en la sede legislativa porque no se les permitía el acceso. Molestos, amenazaron con tomar las oficinas de los diputados.
"No es justo. Somos compañeros ya con una edad avanzada y que no merecemos esto. Este pago nos lo han estado negando por años y queremos que hoy que se negocia el presupuesto para el 2019 pues se nos dé", manifestó uno de los profesores jubilados inconformes por el trato de los diputados.
Los maestros que acudieron al Congreso dijeron que desde la semana pasada se les prometió que esta semana se atendería el tema en la sesión ordinaria de ayer, la cual no se llevó a cabo, y "así ha sido desde hace varias semanas", agregó el maestro.
Los docentes en retiro advirtieron que si este viernes no se les atiende y se les garantiza que se asignará presupuesto para el pago de la prima de antigüedad al magisterio, tomarán las instalaciones del Poder Legislativo.

Trabajadores de la Máxima Casa de Estudios del estado cumplen un mes sin recibir su salario.

De no cobrar hoy su salario, miembros del Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) iniciarán un paro indefinido de labores mañana jueves, así lo informó Mario Cortés Montes, secretario general del organismo sindical.

“Estamos en el colapso. La huelga no es una solución, tomar las instalaciones y liberarlas hasta que llegue el dinero para los salarios”, dijo, al informar que este día se cumple un mes de que los trabajadores no reciben su salario, no obstante seguir laborando con el objetivo de que los estudiantes no pierdan el semestre.

Informó que todavía la UAEM registra actividades académicas ésta y la próxima semana, sin embargo, los trabajadores no están en condiciones de mantener el trabajo sin el salario devengado.

Cortés Montes señaló que son cuatro mil académicos los que realizarían el paro indefinido de labores y que la insolvencia financiera afecta a los seis mil trabajadores universitarios.

“Sabemos que ya hay un sí para la universidad, sólo queremos manifestar que es urgente que se agilicen los trámites pues estamos en el colapso”, reiteró el secretario general del SITAUAEM.

Reconoció que para el rescate y saneamiento financiero se necesita de una respuesta integral, al anunciar que el sindicato de académicos está dispuesto a negociar cláusulas de su contrato colectivo de trabajo para disminuir la carga económica de la UAEM.

En ese sentido, dijo que se puede prescindir de vales de atención médico-dental privada, vales en distintos rubros y disminuir número de uniformes y becas, con la intención de que la máxima casa de estudios esté en posibilidades de operar.

Mario Cortés confió en que se escuche el reclamo de los trabajadores académicos y se paguen los salarios a la brevedad.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), por su parte, este día realiza su asamblea general a las 15:00 horas, en la que definirá las acciones a realizar en caso de que no les paguen la catorcena este día.

Autoridades y sindicato anuncian para hoy diálogo para hallar solución a los reclamos de los trabajadores sindicalizados.

Autoridades y dirigentes sindicales acordaron instalar hoy una mesa de negociación luego del paro de “brazos caídos” que han mantenido los trabajadores de los Servicios de Salud de Morelos por dos días consecutivos. En tanto que el secretario del ramo, Antonio Cantú, aseguró que no se ha afectado la operatividad de la atención médica, los sindicalizados advirtieron que si no hay respuesta este día, extenderán las “medidas de apremio”.

El secretario general de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Gil Magadán Salazar, informó ayer que el movimiento laboral se mantendrá también hoy miércoles, hasta que se tenga una respuesta concreta por parte del gobierno estatal.

Explicó que desde noviembre pasado se les adeudan varias prestaciones, entre ellas las denominadas “medidas de fin de año”, vales de despensa y el bono de cierre de sexenio. Subrayó que en su pliego petitorio se ha puesto como demanda central el que se dote a las unidades de atención médica de los materiales y equipos necesarios al cien por ciento, para brindar atención a los pacientes, pues han laborado en condiciones lamentables, haciendo esfuerzos sobrehumanos para dar servicio de calidad.

“Los trabajadores sabemos que el estado se encuentra en una crisis muy severa, pero la salud es un derecho constitucional y estamos en la búsqueda de beneficios para los usuarios como insumos, equipamiento, unidades dignas, medicamentos al cien por ciento y también que se nos paguen nuestras prestaciones de fin de año”.

Argumentó que dos de las prestaciones mencionadas (la de vales y el bono de fin de sexenio) equivalen a 15 mil pesos para cada uno de los cuatro mil trabajadores sindicalizados en Morelos, quienes reciben esas prestaciones como complemento de aguinaldo.

Con esta acción de brazos caídos, enfatizó, en los centros de trabajo se suspenden sólo algunas actividades, pero no han dejado a los pacientes desprotegidos. “Nosotros no queremos afectar a la ciudadanía. No tiene la culpa de esto que pasa en materia de presupuesto y buscamos un acuerdo con la autoridad que recibió una situación de crisis; de hecho, el secretario de salud, el doctor Cantú, me pidió que durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jojutla no se detuviera ningún servicio y así lo hicimos, dando muestras de disposición y voluntad de llegar a un acuerdo, pero en demanda firme de que se respeten las prestaciones ganadas del personal”.

Manifestó que “fue necesario aplicar estas medidas de apremio” porque la respuesta ante los adeudos era que no había recursos y la organización sindical consideró necesario “hacer un poco de presión”.

Advirtió que de no haber respuesta, existe el acuerdo del sindicato de ampliar las acciones, puesto que los trabajadores no pueden renunciar a sus prestaciones.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó este martes que hasta hoy se instalarán las mesas de negociación con la dirigencia del SNTSS.

También refirió que se pidió al líder sindical, Gil Magadán Salazar, una tregua para que se suspenda el paro en tanto que se buscan algunas soluciones.

El secretario además subrayó que "los trabajadores han sido conscientes" y han suspendido actividades en algunas áreas, pero enfatizó que "la población puede estar tranquila porque la atención médica prioritaria sigue, no se ha afectado la operatividad".

Cantú Cuevas rechazó que los medicamentos recién adquiridos sean insuficientes o de mala calidad, como lo señalaron algunos actores sociales que –según declaró- buscarían aprovechar esta situación para criticar ese esfuerzo oficial.

“A partir del viernes se está dispersando el cuadro básico de medicamentos, es decir antibióticos, analgésicos, para enfermedades crónico-degenerativas, entre otros. Mientras que los fármacos controlados se están distribuyendo de manera diferente, ya que por normatividad se prescriben de manera especial”, expresó.

Finalmente, el secretario reiteró que la calidad de los medicamentos adquiridos de manera extraordinaria, por el déficit heredado en insumos, cumple con la norma que establece la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Inician suspensión de labores en áreas como consulta externa y administrativas de centros de salud en demanda del pago de prestaciones que les adeudan desde noviembre.

Como lo anticiparon, trabajadores sindicalizados de salud iniciaron movilizaciones ayer lunes, en demanda del pago de prestaciones que les adeudan desde el pasado 15 de noviembre. El “paro de brazos caídos” se realizó en áreas como consulta externa y administrativas. No se suspendieron labores en urgencias, quirófanos, hospitalización y demás servicios considerados prioritarios.

A partir del mediodía de ayer lunes, los trabajadores iniciaron las “medidas de apremio” para exigir que se dé prioridad a este sector con el suministro total y de calidad de medicamentos, reconstrucción de unidades de salud y el pago de prestaciones que son complementarias al aguinaldo.

En las diferentes unidades médicas y administrativas de la entidad colocaron pancartas y se reunieron “comisiones” en los accesos o salas de espera, como en el caso de las oficinas jurisdiccionales, los centros de salud y los hospitales de la Mujer y los de Axochiapan y Cuernavaca, donde los inconformes suspendieron básicamente la consulta externa programada y reclamaron la atención del gobierno estatal.

Los manifestantes dijeron que desde la llegada de la actual administración se dialogó con los nuevos titulares del sector para exponer los compromisos pendientes, como el pago de uniformes, así como los que se deberían pagar en este cierre del 2018.

Los inconformes indicaron que la intensidad de las acciones se irá incrementando, en tanto que no haya respuesta de las autoridades, pues les preocupa que dada la situación financiera que heredó la actual gestión, se deje “a un lado a los trabajadores de salud con estos derechos ya ganados”.

De acuerdo con la organización sindical, son alrededor de cuatro mil trabajadores a los que se les deben conceptos de "medidas de fin de año", vales de despensa y bono de cierre o término de sexenio. El monto total suma alrededor de 80 millones de pesos, pero la Federación ofreció pagar parte de esa cantidad, por lo que el monto podría ser menor.

A decir de los sindicalizados, los funcionarios del ramo ofrecieron sólo el pago de despensas a trabajadores de programas federales, pero no hay respuesta para los que forman parte de los Servicios de Salud de Morelos (SSM).

En entrevista, el secretario general del sindicato, Gil Magadán Salazar, pidió la comprensión y apoyo de los usuarios, al comentar que durante varios meses sus agremiados “han mostrado compromiso, trabajando aun con las carencias que subsisten, pero parte de la inconformidad es precisamente el que se dote a todas las unidades médicas de medicamentos e insumos de calidad, y que se cubran las prestaciones a las que se tiene derecho y que las autoridades conocían”.

Subrayó que durante las movilizaciones no se suspendió la atención en urgencias, áreas de choque, cirugías, tococirugía, hospitalización, ni cualquier otra que implique riesgo a los pacientes, “porque existe conciencia y compromiso con la gente, pero hay muchas insuficiencias, en materiales, de equipo, prótesis, medicamentos, entre otros… que la población esté tranquila porque no dejaremos de trabajar en los servicios donde haya pacientes en situación delicada”.

Magadán Salazar indicó que conforme a los acuerdos nacionales, se debió pagar dichas prestaciones el pasado 15 de noviembre, pero hasta ahora los funcionarios de salud les han dicho que no hay dinero y no hay compromiso de pago, a pesar de que ya están a punto de salir de vacaciones de fin de año.

Externó que desde las 11:00 horas de ayer entregó oficios en los que daba cuenta de esta decisión de iniciar “medidas de apremio”, pero hasta la tarde de este lunes no había una respuesta sobre la instalación formal de mesas de negociación para fijar fechas de pagos.

Comentó que sólo recibió una llamada telefónica del secretario de Salud, Antonio Cantú Cuevas, quien se comprometió a buscar interlocución con instancias hacendarias, pero no hubo solución.

Hasta la noche de ayer se convocó a los trabajadores –excepto los de contrato- a que hoy continúen con las “medidas de apremio” de manera indefinida, hasta que haya una respuesta a sus demandas.

Adeuda cuatro millones por recolección de basura.

Trabajadores de la Cooperativa de Manejo Integral de Residuos Sólidos suspendieron el servicio de recolección de basura en Jiutepec, a partir del lunes pasado, para exigir al gobierno municipal el pago de la deuda por cerca de cuatro millones de pesos que mantiene por el trabajo prestado desde el mes de julio de este año.
Los integrantes de la cooperativa, junto con los trabajadores, protestaron frente a las instalaciones del ayuntamiento y advirtieron que mantendrán suspendido el servicio hasta que el alcalde Manuel Agüero Tovar acceda a pagar lo que se les debe.
Miguel Ángel Nájera Carmona, uno de los representantes de la cooperativa, dijo que el convenio con el ayuntamiento incluye prestar el servicio de recolección de basura en la mitad del municipio, por lo que se encargan de trasladar cerca de 60 toneladas diariamente. El resto del territorio municipal lo cubre la Promotora Ambiental.
"Estamos tratando de recuperar lo que se nos debe, de nuestro patrimonio. No nos ha pagado desde julio y estamos a un mes de que se termine la administración y no vemos avance en el pago del trabajo que hemos hecho", explicó Nájera Carmona.
Refirió que el convenio firmado con el ayuntamiento incluye el pago mensual a cada uno de los 14 asociados a la cooperativa, de 54 mil pesos, lo que de julio a la fecha suman tres millones 780 mil pesos.

Piden atención de carencias no resueltas desde la administración anterior.

Trabajadores del programa de vectores de la Secretaría de Salud se manifestaron este lunes en protesta por el retraso de más de 20 días en pagos en gastos operativos como gasolina y viáticos, insumos y materiales.

Los inconformes reclamaron afuera de la Secretaría de Salud, en el Centro de Cuernavaca, y demandaron una mesa de negociación.

Germán Ulises Téllez Andrade, secretario general de la sección 75 del programa de vectores, con presencia en Morelos, Puebla y Estado de México, explicó que hay muchas carencias y, de acuerdo con el programa, en los primeros cinco días de cada mes se deben pagar a los trabajadores los gastos operativos de campo, pero hay un desfasamiento de más de 25 a 30 días.

También les adeudan uniformes correspondientes a tres años, además de que se requiere la revisión y reparación del parque vehicular, cuyas condiciones son muy malas, lo que significa un riesgo para sus compañeros al trasladarse a los lugares de trabajo de las brigadas.

De igual modo, dijeron que comprenden que hay cambio de gobierno, pero comentaron que –incluso- algunos de los trabajadores de contrato no tienen ni credenciales de identificación, aun cuando tienen que ir de casa en casa haciendo su labor, y a pesar de que hay riesgos -por la inseguridad- de ser víctimas de asaltos o robos.

En Morelos hay entre 450 y 500 trabajadores del referido programa que han operado con esfuerzo e –incluso- han ganado reconocimientos nacionales por su desempeño en la prevención y disminución de índices de afecciones como paludismo, dengue, alacranismo y chagas.

Líderes del movimiento refirieron que hicieron paro de labores para demandar la instalación de una mesa de trabajo y exigir la salida de algunos funcionarios que han hecho movimientos de trabajadores sin consentimiento del sindicato.

Por su lado, el titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, indicó que se estableció una comisión de diálogo con los trabajadores del programa de vectores que se manifestaron este lunes.

Aseguró que se dotará de los recursos necesarios para las tareas de prevención de enfermedades de este tipo, ya que el interés del gobernador del estado es darle prioridad a la salud.

Sin embargo, el funcionario estatal cuestionó que hasta ahora que inicia este gobierno soliciten uniformes que les adeudan desde hace tres o cuatro años.

De igual modo, Cantú Cuevas mencionó que los manifestantes pertenecen al sindicato menos numeroso, por lo que las unidades de salud operaron de manera normal.

Tras la referida reunión, los Servicios de Salud de Morelos informaron -a través de un comunicado- que el director del organismo, Héctor Barón Olivares, acordó con el líder de la sección 75 del referido sindicato continuar con las mesas de trabajo y atender las necesidades de recursos e insumos. Pero admitió que se les pidió “paciencia”, dadas las condiciones en las que recibió el actual gobierno la administración por parte de la gestión pasada.  

Exigen al gobierno estatal y al Congreso cumplir con los decretos de creación de los municipios indígenas a partir del primero de enero próximo.

Pobladores de Xoxocotla advirtieron de un conflicto social en Morelos si el próximo 1 de enero no se instituyen como municipio indígena, además de Coatetelco y Hueyapan.
"Se viene una movilización muy fuerte, yo creo que no nada más Xoxocotla, si viene este tipo de situación yo creo que también afectaría a Coatetelco y Hueyapan, exigimos que se cumpla tal y como es. Yo creo que se viene una movilización muy grande que puede afectar al estado", manifestó Gregorio Jiménez Solano, secretario del Concejo Municipal de Xoxocotla
Sostuvo que las autoridades del gobierno estatal y diputados locales sólo han dado "pretextos" para que no se cumpla con los decretos de creación de los municipios indígenas, aprobados desde noviembre del 2017.
"Se están echando la bolita tanto gobierno como Congreso del estado, son sólo excusas", agregó.
Aseguró que existen las bases legales para que puedan empezar a funcionar como administración municipal el próximo año y lo único que se requiere, es que se apruebe un presupuesto adecuado para 37 y no 33 municipios.
El secretario, junto con el resto de los integrantes del Concejo Municipal y otro grupo de pobladores acudieron ayer al Congreso del estado, para pedir a los legisladores que avancen en el tema presupuestal, pues queda poco tiempo para que empiecen a operar como municipio. 
Al Poder Legislativo también llegaron integrantes del Comité de Asuntos Indígenas, que solicitó al Congreso local se cree la "secretaría estatal de asuntos indígenas".

Representantes de estancias infantiles de todo el estado protestaron el día de ayer en la sede delegacional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para pedir una audiencia con Otilio Rivera Navarro, encargado de la dependencia, ya que les adeudan el subsidio del mes de octubre, dinero con el cuál se paga al personal y se compran los insumos y alimentos para los niños.

Integrantes de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos (organización que encabeza un funcionario de la administración graquista)  protestaron en contra de los operativos que ha realizado la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), acciones que calificaron como arbitrarias.

Ayer por la mañana, los concesionarios de taxis y rutas acudieron al Palacio de Gobierno y pidieron la intervención del gobernador Cuauhtémoc Blanco para que los operativos se detengan, pues denunciaron que se ha utilizado la fuerza pública en su contra para detener a sus unidades por cualquier anomalía detectada, como no tener el seguro del vehículo vigente.

"No estamos en contra de las acciones de este gobierno, de lo que realmente estamos en contra es de lo que nos quieren cobrar. No se vale que una licencia que antes te valía 900 pesos ahora te valga 16 mil pesos (sic); si una infracción por falta de seguro te valía mil 900 ahora te vale 25 mil pesos y la verdad tú crees que sí nos costaba sacar un seguro. ¿Ahora vamos a poder pagar 25 mil pesos?", manifestó Mauro Rivera de la Cruz, de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos, agrupación que creó Noé Sandoval Morales, ex delegado de la Secretaría de Movilidad y Transportes que fue cesado por la Contraloría del estado.

Los concesionarios del transporte amenazaron con llevar a cabo movilizaciones si la Secretaría de Movilidad y Transporte no detiene los operativos en su contra.

SMYT NIEGA AGRESIONES

Por su parte, personal de Movilidad y Transporte entrevistado por La Unión de Morelos manifestó al respecto que se ha tenido que echar mano de elementos del ejército en apoyo a los operativos, ya que hay resistencia de algunos grupos de transportistas a ser revisados y se han dado casos de quema de vehículos, lo que obligó a tomar previsiones.

En lo relacionado a las agresiones de los que se quejan los denunciantes, se negó que éstas existieran y que los videos que se mostraron sobre presuntos golpes no corresponden a las acciones desarrolladas en operativos en Cuautla.

Finalmente, el transportista Rivera de la Cruz dijo que “quizás nos traten así porque consideran que apoyamos al exgobernador Graco Ramírez y a Rodrigo Gayoso, pero nunca estuvimos en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, podemos mostrar imágenes”.

El ex delegado de la dependencia rechaza las acusaciones en su contra y culpa también a la dirigente de Antorcha Campesina.

El ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en Morelos, Ángel Rodrigo Peña Zepeda, rechazó los señalamientos de presunto desvío de recursos de la dependencia federal pero aseguró que su sucesora, Itzel Ancheita Damián, y la lideresa de Antorcha Campesina, Soledad Solís Córdova desviaron ese dinero. Afirma que él ya había dejado el cargo y de manera formal había dado de baja su firma electrónica en las fechas en las que se habría registrado la sustracción de fondos de las cuentas bancarias de la institución.

A través de una carta enviada a La Unión de Morelos, Peña Zepeda sostiene que su gestión al frente de la delegación de la Sedatu en Morelos concluyó el 7 de marzo del 2018 y cumplió con el proceso de entrega recepción formal del puesto el 15 de marzo, de conformidad con la ley.

Sostiene que no ha sido llamado a comparecer por autoridad alguna sobre el supuesto ilícito ya referido:  “sin que existiera el desvío que falsamente se me imputa por parte de la lideresa de Antorcha Campesina y que supuestamente señala la actual titular de la delegación de dicha dependencia en el estado de Morelos, situación por la que a la fecha, no he sido citado ni como imputado, ni con cualquier otro carácter a declarar ante autoridad ministerial alguna, por lo que la divulgación falsa e inexacta de la noticia aparecida en este medio me ocasiona un agravio en lo político, económico, en mi honor, imagen, reputación y vida privada”.  

Cabe recordar que tanto la delegada actual de la Sedatu Itzel Ancheita Damián como la lideresa de Antorcha Campesina han declarado en días recientes, ante diversos medios de comunicación que se detectó un desvío de recursos en la referida institución por un monto de alrededor de 17 millones de pesos correspondientes a programas de mejoramiento de viviendas; en sus declaraciones (de las cuales existen grabaciones de audio y video), también expresaron que se iniciaron denuncias ante la PGR.

La inconformidad de la referida organización social por el incumplimiento en la entrega de los mencionados apoyos, incluso se ha hecho evidente con varias manifestaciones y bloqueos frente a las instalaciones de la delegación en la entidad.

Peña Zepeda asegura en la misiva, que unos días después de que dejó el cargo de delegado, solicitó que se diera de baja su firma en torno a las cuentas bancarias de la institución: “apenas un par de días después se solicitó a las instancias correspondientes, así como a las instituciones financieras se diera de baja mi firma electrónica de las cuentas que en la delegación se manejaban”.

Admite que se realizó una investigación sobre el manejo de recursos de la dependencia federal, pero argumenta que el período en el que habría ocurrido el manejo irregular él ya no era delegado: “Derivado de una investigación institucional realizada por el órgano interno de control de la Sedatu, adscrito a la Secretaría de la Función Pública, se me citó a comparecer el 3 de agosto del 2018, debido a que se había detectado un menoscabo patrimonial en las cuentas bancarias de la delegación en la entidad, recurso que debió ser destinado a apoyos de vivienda para organizaciones campesinas”.

“Debido a que un servidor fungió como delegado de la institución entre octubre de 2016 y el 7 de marzo del 2018, el 10 de agosto presenté una denuncia de hechos contra quien resulte responsable ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de deslindar mi responsabilidad en dichos actos que ocurrieron fuera de mi temporalidad como delegado y toda vez que durante las fechas en que presumiblemente se constituyó el ilícito (abril 2018), yo ya no me encontraba al frente de dicha institución”.

El firmante, expone en la multicitada carta que, como parte del proceso, la PGR citó a comparecer a otra persona, quien fuera funcionario de la delegación encargado del manejo de cuentas, quien apunta, se encuentra en calidad de desaparecido: “la nueva delegada era ya la titular y responsable de la delegación Sedatu Morelos. Y quien era responsable del manejo de las cuentas, así como de los recursos era el enlace administrativo que por servicio profesional de carrera accedió a dicho puesto en la institución en 2016, a quien han citado a comparecer ante la PGR, sin presentarse y que se encuentra en calidad de ‘desaparecido’”.

Peña Zepeda afirmó que al enterarse de las anomalías, él personalmente inició las denuncias ante las instancias competentes y manifiesta que ha sido objeto de amenazas: “es debido precisar que cualquier anomalía detectada en la delegación de la Sedatu se realizó cuando yo ya no desempeñaba el cargo de delegado federal. Es más, al enterarme de la situación, fui el primero en denunciar ante las instancias correspondientes la posible constitución de un delito”.

“He sido objeto de diversas amenazas a mi persona y mi familia, pretendiendo extorsionarme derivado de las falsas notas informativas que han circulado en días recientes en diversos medios, lo que puse en conocimiento de la autoridad oportunamente”.

“Dichas notas periodísticas dañan sensiblemente mi imagen y persona al tratarse de noticias falsas y no sustentadas que deforman la realidad a la opinión pública”, añade en su texto.

Finalmente, el ex delegado de Sedatu expone su interés en dar su versión sobre los hechos, ya que ha desarrollado su vida personal, académica y laboral en la entidad, en la que radica desde hace 23 años.

Integrantes de la ANUEE denuncian que la Profeco desechó 300 quejas contra la paraestatal.

Integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) marcharon por calles del centro de la ciudad y bloquearon este martes la avenida Morelos, para protestar porque la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desechó 300 quejas contra la Comisión Federal de Electricidad “sin justificación”.

Como parte de la protesta, los integrantes de la organización bloquearon durante más de dos horas la citada vialidad para reclamar una audiencia y solución por parte del delegado Iván Saucedo, a quien denunciaron de complicidad con la empresa CFE.

Juan Antonio Rodríguez Solórzano coordinador en Morelos de la agrupación sostuvo que dicho funcionario federal “de un plumazo” echó abajo las 300 quejas de usuarios sin motivación, ni cumplir el procedimiento, y afirmó que no sólo eso, sino que encima dio aviso a la CFE para que personal de esa empresa acuda a las casas a realizar cortes del suministro y a iniciar denuncias por robo de flujo ante la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, no obstante que existe el acuerdo nacional de que no se judicializarán casos que han sido formulados ante la Profeco, tal y como lo señala la norma.

Explicó que en ninguna otra delegación de Profeco han observado una conducta similar, por lo que la indignación de los usuarios de Morelos es mayor.

Informó que el caso será llevado a la asamblea nacional de la ANUEE para analizar los caminos legales a tomar, pero por el momento seguirán la lucha social con movilizaciones como la que realizaron este martes.