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La secretaría de Administración Mirna Zavala Zúñiga informó que derivado del cambio de semáforo de riesgo epidemiológico a color rojo, los trabajadores del gobierno estatal con vulnerabilidad por enfermedades preexistentes deberán permanecer en resguardo. Sin embargo la mayoría de la plantilla laboral regresará de vacaciones decembrinas el cinco de enero.  

La funcionaria estatal refirió que durante este mes, gran parte de los trabajadores gozan del periodo vacacional conforme a derecho y solo se quedaron algunas guardias. 

Recordó que conforme a las disposiciones oficiales, permanecen laborando los trabajadores de áreas esenciales como salud, seguridad, protección civil, entre otras.  

En el servicio público se reforzarán las medidas sanitarias para proteger la salud de los empleados y se hará un llamado a que, aun y cuando estén de vacaciones, se mantengan en casa. Explicó que el seis de enero prácticamente todos regresarán a sus oficinas.  

Apuntó que desde la semana pasada las 16 secretarías y los organismos descentralizados presentaron cuáles son sus grupos vulnerables, pero tomando en cuenta las nuevas disposiciones que contempla para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social, que reduce de forma importante el número de individuos que deben quedarse en confinamiento.  

Mirna Zavala explicó que algunas instituciones habrán de hacer ciertos ajustes en lo que respecta a las actividades oficiales a desarrollar en el semáforo rojo, para atender rubros urgentes, como Hacienda, pero destacó que la atención al público será con un aforo mínimo.   

Además, reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer uso de las plataformas digitales para llevar a cabo diversos trámites o procedimientos.  

Para los verificentros se considerarán como días inhábiles los del cierre de este mes y los primeros de enero.  

Hay amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados.

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza, rechazó que se prepare una reforma a la Ley del Servicio Civil con la finalidad de reducir de 90 a 45 días el aguinaldo de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.

Ante la amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados en contra del Congreso local y los legisladores de Morena, Flores Espinoza emitió un comunicado en el que negó que exista tal iniciativa.

"En ningún momento, presenté ante el Pleno del Congreso del estado o trabajo en una iniciativa con la intención de afectar los derechos laborales de la base trabajadora,  por los que lucharon durante años", señala el comunicado.
Y, añadió: "Como legisladora y partícipe de la Cuarta Transformación no sólo reconozco, valoro y respeto sus logros laborales, sino que estoy comprometida con sus luchas", refirió en el comunicado.

Desde el viernes pasado empezó a circular una información sobre dicha iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que, inmediatamente, provocó reacciones de los líderes sindicales, que amenazaron con agruparse para protestar en contra del Congreso, sobre todo porque se acerca el plazo legal para el pago del aguinaldo.

De manera extraoficial se ha conocido que la diputada morenista Keila Figueroa Evaristo prepara una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que busca  reducir a la mitad el aguinaldo de los funcionarios con salarios superiores a los 70 mil pesos mensuales.  Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentada ante el Pleno del Congreso del estado.

Instalan ofrenda en memoria de trabajadores de salud.

Más de cinco mil burócratas suspenderán labores los días dos y 16 de noviembre, por la conmemoración del Día de Muertos y la del aniversario de la Revolución. Las autoridades pidieron a la población tomar previsiones.  

La secretaria de Administración del gobierno del estado, Mirna Zavala Zúñiga, refirió que los días de asueto están maracados por la normatividad en materia laboral federal y por la Ley del Servicio Civil. 

Por lo tanto, llamó a los trabajadores a dedicar dichos días a descansar, a que se mantengan resguardados en su hogar y que guarden las recomendaciones de sanidad por la pandemia de covid-19. 

Además, Zavala Zúñiga pidió a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para realizar de manera anticipada los trámites o servicios que requiera o bien pasando esta fecha. 

Recordó que en este momento Morelos se encuentra en el semáforo de riesgo en color amarillo, por lo que se deberán respetar las actividades contempladas en los lineamientos de salud. 

Apuntó que los grupos vulnerables siguen trabajando desde casa y el resto del personal tiene el compromiso de sacar adelante las labores correspondientes.  

Este martes, se llevó a cabo el encendido oficial de la ofrenda por el Día de Muertos instalada en el palacio de gobierno, la cual en esta ocasión está dedicada a las y los trabajadores de salud que perdieron la vida en su batalla contra el covid-19. 

Con tapetes diseñados a base de granos y semillas, con flores, comida, velas y demás elementos tradicionales se rinde dicho homenaje en la sede del Poder Ejecutivo. 

De acuerdo con los datos de la autoridad, han muerto en esta pandemia un total de 37 integrantes del personal de salud de todo el sector en el estado. 

La Suprema Corte emite jurisprudencia que obliga a alcaldías y a organismos locales a afiliar a sus trabajadores al IMSS o al ISSSTE.

Un total de 204 servidores públicos de dependencias federales, estatales y municipales asistieron al ciclo de talleres de Derechos Humanos, que en coordinación interinstitucional entre el ISSSTE y la CNDH organizó la delegación estatal del ISSSTE, a cuyo cargo está Verónica Solano Flores, los días lunes 4, martes 5, jueves 7 y viernes 8 de noviembre.

Los talleres fueron impartidos por las licenciadas Marisela Delgado Hernández, coordinadora de la Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y Marisela Medina Tapia, coordinadora de la Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, respectivamente, y tuvieron como sede el auditorio de Casa de Día.

Los participantes de las Secretarías de Gobierno, Administración y Desarrollo Sustentable, Instituto de la Defensoría Pública y Dirección General Jurídica de Gobierno del Estado; de los Ayuntamientos de Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata, delegaciones estatales del IMSS e ISSSTE, y Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, recibieron su constancia de asistencia.

Se restringen contrataciones y todo tipo de gastos personales y de servicios básicos.

La Secretaría de Hacienda estatal emitió las disposiciones de austeridad del gasto para la administración pública, que incluyen restricciones en el uso de los servicios básicos como agua y energía eléctrica y hasta en la contratación de personal.

Mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” se fijaron las disposiciones generales y medidas disciplinarias a las que se sujetará el Poder Ejecutivo y que regularán la administración de los recursos públicos, con el propósito de generar ahorros y lograr la reducción de los gastos administrativos y de operación.

Los rubros donde se aplicarán medidas de austeridad son servicios personales; servicios de energía eléctrica, agua, telefonía fija y telefonía móvil; mantenimiento, remodelación y conservación de oficinas públicas; arrendamiento de bienes; pasajes, gastos de representación, alimentación y viáticos; gastos de papelería, fotocopiado, artículos de oficina y tarjetas personales, así como gastos de edición e impresión de libros y publicaciones.

Por ejemplo, en el rubro de servicios personales, se estableció que cada dependencia tendrá el personal estrictamente necesario. En la evaluación, selección y contratación de personal o promociones, así como en la entrega de estímulos, deberá verificarse que las personas aspirantes cumplan con el perfil idóneo del puesto a ocupar y que se tenga la disponibilidad presupuestal.

Las unidades administrativas de las dependencias estatales realizarán la disminución al mínimo indispensable de los gastos por servicios personales, principalmente en áreas no prioritarias, y sólo con la autorización expresa de la Secretaría de Administración se podrán crear nuevas plazas y descongelar o transferir las vacantes existentes o prioritarias.

También se establecieron restricciones a los burócratas en el uso de servicios de agua, luz y telefonía tanto fija como móvil.

Para tal efecto, se precisó en el decreto que se procurará la utilización de luminarias de bajo consumo de energía y se vigilará que permanezcan apagadas cuando no sean utilizadas. Tratándose del servicio de telefonía fija, se deberán instaurar restricciones en el uso de las líneas instaladas para asuntos oficiales.

Además, se deberán efectuar revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias y, en su caso, detectar o prevenir fugas, a efecto de solucionarlas, fomentando la utilización y adquisición de muebles de baño que ayuden a su racionalización.

El pago de viáticos y gastos de transportación se hará única y exclusivamente para el desempeño de comisiones oficiales estrictamente necesarias y debidamente justificadas, apegándose en su ejercicio y comprobación a los procedimientos establecidos.

La transportación aérea solamente se autorizará para servidores públicos con un nivel mínimo de director general. Incluso, cuando haya un acto público en el que participen diversas secretarías, deberá haber coordinación para uso racional de los recursos para transportación, combustible y alimentación.

Adicionalmente, quedó prohibido cualquier pago por concepto de arreglos florales, donativos, obsequios y, en general, cualquier gasto de representación del personal de la administración pública estatal; la dotación o compra de papelería para correspondencia privada, así como la renta y adquisición de vehículos, salvo aquellos en que se trate de la sustitución de los no útiles para el servicio, a los de reposición por siniestro y aquellos casos plenamente justificados y que sean autorizados.

También se estableció que los servidores de la administración pública estatal se abstendrán de solicitar o recibir por sí o por terceras personas, obsequios, donaciones o descuentos especiales que puedan implicar conflicto de intereses, respecto al cargo que desempeñan.

Tampoco deberán utilizar los recursos asignados para adquirir bienes y obsequiarlos a título personal u oficial, ni disponer de los bienes o servicios públicos para obsequiarlos, otorgarlos con descuento o ponerlos gratuitamente al servicio de otras personas o instituciones, en contravención de las disposiciones legales aplicables

En el decreto se advirtió que cualquier falta a las disposiciones de austeridad será sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos y demás normativa relativa y aplicable. 

Por motivos burocráticos no ha comenzado la remoción de las barreras de los carriles centrales de esa vialidad, asegura el secretario de Obras del estado.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés, informó que se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la transferencia al gobierno del estado de la operación del tramo del libramiento de la autopista México-Acapulco que atraviesa Cuernavaca conocido como "paso exprés", con el fin de continuar con el mejoramiento de esa vía.

Al respecto, el funcionario estatal refirió que el subsecretario federal de infraestructura, Óscar Callejo Silva, expresó que esta solicitud es vista “con buenos ojos”. De hecho, se comprometió a que este lunes enviaría el proyecto de convenio para concretar la citada transferencia por parte de Banobras, a través de Caminos y Puentes Federales y la SCT.

Este documento, que contendrá las condiciones de operación, será consultado con colegios de especialistas y cámaras empresariales, para perfeccionarlo antes de firmarlo.

Giménez Valdés también lamentó que sigue la "burocratización" del proyecto de acondicionamiento del paso exprés, y por esa causa no se ha realizado la remoción de barreras, como se había anunciado. Cabe recordar que se contempla el retiro de los muros laterales de carriles confinados en siete kilómetros, así como la generación de salidas a la altura del entronque con la carretera federal a Cuautla conocida como el IMSS.

Giménez Valdés explicó que no obstante la solicitud de transferencia, seguirán insistiendo en que cuanto antes se realicen las acciones de remediación. Anotó que el pasado domingo hubo al menos un accidente y el sábado pasado una carambola de cinco vehículos. “Son daños y víctimas innecesarios, puesto que ya tenemos una solución técnica, sin embargo, vemos que se siguen burocratizando las medidas de remediación, lo que prácticamente no tiene costo… Empezaron a jugar una carta de que iban a hacer un estudio técnico y demás cuestiones que consideramos que no son más importantes que la vida de las personas que circulan por esa vía”.

"Ya para burocracias ya estuvo bueno", aseveró el secretario de Obras Públicas, al exponer que en el plazo inmediato urge el retiro de barreras, y a mediano plazo el plan es convertir esa vía en un bulevar, con las modificaciones pertinentes, que se harían de forma paulatina. Ya existe un antecedente en Chilpancingo, en el estado de Guerrero.

En esa zona sería factible hacer carriles más amplios e, incluso, generar un nuevo sistema de transporte, que sirva a la circulación de toda la capital morelense.

Las condiciones actuales en las que se pretendía hacer una vía de alta velocidad “son un fracaso”, advirtió, al insistir en que el objetivo principal del multicitado proyecto es evitar más riesgos y accidentes.  

El edil electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición.

Los alcaldes electos de Jiutepec y Cuernavaca Rafael Reyes Reyes y Francisco Antonio Villalobos Adán, respectivamente, demandaron este jueves a las administraciones en turno, se agilicen los procesos de entrega recepción para lograr una transición estable, conforme a derecho.

Personalmente Rafael Reyes se presentó la mañana de este jueves en la alcaldía de Jiutepec, donde entregó formalmente un oficio dirigido al edil en funciones Manuel Agüero Tovar, en el que expone que tras la jornada electoral en la que fue electo como presidente municipal con rotunda mayoría, ha observado junto con la sociedad una “suerte de vendeta producida por la derrota”.

“Tal pareciera que el juego democrático y la decisión de los jiutepequenses, lo único que provocó fue una serie de acciones en contra del municipio y de los recursos públicos que deben ser utilizados para el bien de la población”, expresa el documento, al sostener que esas acciones no lastiman a Reyes Reyes, pues Agüero es el responsable de lo que ocurra en la administración municipal hasta el 31 de diciembre de este año.

Le recuerda que el cobro de la basura fue un compromiso que el actual presidente municipal hizo con la población y el escudarse en una aprobación del cabildo, implica “una excusa falaz para aventar la piedra y esconder la mano. Desafortunadamente para usted fue la presión social quien le obligó a devolver a la sociedad un derecho ganado y no una generosidad que posteriormente quiso mostrar”.

Por otro lado, dijo que ya advierte que pretenden llevar a cabo diversas acciones en las próximas semanas con el fin de afectar a la comunidad, como la creación de otro sindicato que encabezará uno de los “incondicionales” trabajadores de confianza del alcalde en turno.

“Espero que tenga la capacidad de entender que seguir generando la obesidad burocrática, lo único que provoca es que los recursos públicos que debieran destinarse a obras y acciones sociales, se queden en un pequeño grupo que es el que a final de cuentas ha gobernado el trienio que usted encabeza”, sostiene el oficio dirigido al aspirante perdedor.

Además, Rafael Reyes hizo directa la acusación en el sentido de que está presionando a trabajadores a jubilarse sin cumplir con lo que establece la ley e incluso “se presume con documentos apócrifos”, lo que afectaría las finanzas de la demarcación.

Reyes Reyes, alcalde electo por la coalición Juntos Haremos Historia, asevera en el citado escrito que de forma “irresponsable y dolosa” Agüero Tovar encabezó una serie de despidos, con lo que pretende dejar una enorme cantidad de laudos y convenios de pago de elevadas cifras, lo que de nueva cuenta lastimará las arcas municipales.

Les señala por sostener una “actitud irresponsable” y le advierte que habrá de iniciar las acciones legales pertinentes. Y le advierte, que al igual que en el tema de la basura, él debió haber previsto y proyectado el gasto de la adquisición de útiles escolares para ser entregados como un apoyo a los padres de familia este año.

El futuro alcalde de Jiutepec denunció e hizo notar en el multicitado escrito que, con la misma actitud de escudarse detrás del cabildo, que no le ha puesto un alto en los excesos, decidió cancelar ese apoyo para la población, a pesar de que lo prometió a cambio del voto en el proceso electoral del 2015 y que refrendó en las pasadas campañas.

Otro de los puntos que toca Reyes Reyes, es el de los centros de salud. Aseveró que es lamentable que por “coraje y cerrazón” de Agüero Tovar, tras haber sido castigado por el voto ciudadano, haya mandado cerrar las unidades de atención médica con el pretexto de que el mobiliario era prestado y de su propiedad, “lo cual lo hace una historia increíble no sólo ante mis ojos sino ante los ojos de miles de ciudadanos que habitan este municipio”.

El próximo presidente municipal expuso a la luz pública que desde el pasado 5 de julio pidió a la actual administración (anexando una constancia de mayoría que le acredita como alcalde electo), la conformación de comisiones para iniciar el proceso formal de transición, pero este jueves recibió la respuesta, negándose a tal proceso legal. Dijo que el único argumento que dio Agüero Tovar es que “aún no son fechas”. “Sólo le digo que tome en cuenta que este tipo de acciones de cara a la sociedad, lo único que refleja es un fuerte temor por mostrar lo que las entrañas de un gobierno se está llevando y se ha llevado a cabo. Ante la transparencia y la claridad no hay argumento válido para no mostrar lo que en estricto sentido de razón debiera ser del dominio público”.

Expuso en la carta –hecha pública por el propio edil electo- que tanto el síndico, como el hasta ahora alcalde, deberán rendir cuentas: por “…escondidos que estén los malos manejos, siempre serán localizados y posterior al primero de enero habremos de dar cuenta del porqué de una actitud de negación para ver las entrañas de la administración pública municipal”.

Alcalde electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición

Francisco Antonio Villalobos Adán, quien recibió la constancia como alcalde electo de Cuernavaca, informó este jueves que ya solicitó de manera formal a la actual administración se nombre la comisión de entrega-recepción.

Dijo que confía en que este proceso se lleve a cabo con cordialidad y respeto, pues la norma así lo contempla: “El día de ayer nosotros presentamos el documento, en donde le pedimos con tranquilidad y mesura que nos informe quién será el representante del ayuntamiento actual, que sea el titular de la transición, de la entrega recepción”.

Dijo que su postura es de cordialidad y comentó que comprenden que el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador electo del estado, “está cargado de trabajo” y habrá de llevar a cabo los dos procesos: “lo entendemos y comprendemos y lo que queremos es trabajar bien en Cuernavaca y para eso necesitamos la conciliación y las voluntades entre ambas partes”.

Los señala por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El Foro Morelense de Abogados denunció penalmente a 29 de los 30 diputados del Congreso de Morelos, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El presidente del foro, Pedro Martínez Bello, consideró que la aprobación de las pensiones y las diversas reformas legislativas para crear un “súper fiscalía” y beneficiar a familiares de altos funcionarios, no sólo no están justificadas, sino que devastan las finanzas públicas.

Al acudir a la sede de la Fiscalía General del Estado para iniciar la denuncia penal contra todos los diputados, con excepción del legislador del Partido Humanista Jesús Escamilla que votó en contra, Martínez Bello afirmó que será esta querella prueba de fuego para el fiscal estatal, quien deberá mostrar si de verdad es autónomo e imparcial en la búsqueda de la justicia, o si su cargo es una falacia e imposición para garantizar impunidad a los gobernantes salientes.

Consideró que “esta denuncia debiera prosperar y será la prueba de fuego del fiscal Uriel Carmona Gándara, pues así sabremos que está puesto de manera exprofesa por los diputados, por el gobernador, para brindar impunidad, o verdaderamente pretende llevar a cabo un trabajo de investigación imparcial”.

“Estamos haciendo las cosas bien y encontraremos la ruta jurídica para que se finquen responsabilidades en contra de los diputados que han devorado la economía morelense”.

En la querella, el Foro Morelense de Abogados rebatió la legalidad de las jubilaciones de personas allegadas al gobierno estatal que no tienen ese derecho adquirido, “admitiendo cierta documentación que pudiera ser falsa, sin investigar previamente su veracidad, por ejemplo la de Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda; Beatriz Ramírez, secretaria de Educación; la esposa del diputado del PRD, Francisco Navarrete Conde; y candidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD, Denia Flores. Además de Estefani Guzón André, responsable de relaciones públicas del gobierno de Graco Ramírez, cuando sólo contaba con escasos cuatro años en la administración pública”.

A ellas se agregan la jubilación de Anahí Bahena López, de apenas 37 años y esposa del secretario de Gobierno Ángel Colín; de Karina Arteaga Domínguez, militante de Movimiento Ciudadano; el ex titular del Idefomm, Francisco Velázquez Adán; Denia Flores, esposa del  diputado Francisco Navarrete Conde y ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Tepoztlán.

Martínez Bello también criticó la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales consideró no son necesarias.

En su querella también denunció como ilegal, la reforma que otorga al fiscal estatal la facultad de nombrar el fiscal anticorrupción, cuando ya existe el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción; así como la transferencia a la estructura de la fiscalía general de C-3, la procuraduría del menor, el centro de justicia para mujeres y los centros de asistencia social.

“En este afán de crear una súper fiscalía o darle beneficios a esta misma, está muy claro que lo que pretenden es generar beneficios para obtener impunidad al momento del salir; pero además lo hacen sin tener un proyecto que los justifique”, dijo.

Expresó que los diputados también aprobaron un incremento a más del doble el presupuesto de la fiscalía, al pasar de 330 a 710 millones de pesos, y favorecieron con un “salario vitalicio” al fiscal estatal, a la fiscal antisecuestro y al fiscal anticorrupción.

Otra de las irregularidades denunciadas, fue la creación de dos plazas de comisionado más en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a iniciativa del diputado Mario Chávez, y cuya esposa resultó designada comisionada.

Instó a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a presentar sus querellas ante la fiscalía estatal contra los diputados y pidió a los miembros de la legislatura electa emprender acciones legales.

El candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza, se reunió este viernes con los trabajadores al servicio del gobierno del estado, a quienes expuso sus propuestas de trabajo y la plataforma gubernamental presentada por el aspirante a la primera magistratura estatal.

Durante la primera Asamblea General Ordinaria del Comité Directivo 2018-2021 del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Para Estatales del Estado de Morelos, Meade Ocaranza reiteró que las conquistas económicas de los trabajadores son derechos inatacables, por lo que garantizó que durante su gobierno dichas prestaciones están garantizadas.

"Ese derecho otorgado en 1982 por el doctor Lauro Ortega Martínez, será una prestación asegurada en mi gobierno", se comprometió el priista ante dicha asamblea, a la que también comparecieron otros aspirantes a la gubernatura de Morelos, donde también propuso revisar el tabulador de sueldos, con el propósito de equilibrar o equiparar los salarios entre trabajadores de base de muchos años, pero que reciben cantidades muy menores y los empleados de mandos medios.

En el acto realizado en el recinto ferial de Acapatzingo Jorge Meade presentó sus propuestas de apoyo a las madres solteras,  la necesidad de mayores apoyos para los estudiantes, el otorgamiento de transporte gratuito y la creación de mayor número de estancias infantiles, así como generar proyectos económicos para las mujeres.

Meade Ocaranza destacó también, que al igual que la mayoría de los agremiados del sindicato del Ejecutivo, él comenzó desde abajo su carrera en la función pública, por lo que conoce realmente de sus necesidades, como mejores salarios y mejores prestaciones, apoyo para mejorar la atención médica y la construcción de un auditorio para el sindicato, para que haya un espacio donde puedan desarrollar actividades que contribuyan al mejoramiento y capacitación de los servidores públicos.

Finalmente dijo a los asistentes “que abran los ojos para que quede al frente de Morelos un gobernador de casa. Hay hombres y mujeres en la contienda orgullosos de ser del estado, les pido su voto, hagamos bien las cosas", finalizó.

Son los que no presentaron su declaración patrimonial; representan el dos por ciento del total de obligados.

La Secretaría de la Contraloría del estado informó que sólo el dos por ciento de cinco mil servidores públicos que están obligados a presentar su declaración patrimonial no cumplieron, por lo que emplazará a los 100 funcionarios a registrar su situación económica, pues de lo contrario serán dados de baja del gobierno estatal.

De acuerdo con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, personal de confianza (jefes de departamento hasta el gobernador) que hayan ingresado al gobierno hasta el 18 de julio de 2017 y todos los servidores que hayan sido contratados a partir del 19 de julio del mismo año estaban obligados a declarar antes del 31 de mayo.

La secretaria de la Contraloría estatal, Adriana Flores Garza, informó que hasta esa fecha cumplieron cuatro mil 900 servidores públicos; al resto se les notificará de su obligación para que acudan a la dependencia estatal a asesorarse.

La ley antes citada señala que la Contraloría está obligada a investigar las causas del porqué el dos por ciento de los funcionarios obligados no cumplió. Asimismo, señaló que en un plazo de 30 días deberán hacerlo; de lo contrario, serán separados del cargo por parte de su titular.

“A partir de la nueva ley, la Contraloría tiene la obligación de hacer un análisis de la evolución patrimonial. Anteriormente no se tenía esa obligatoriedad para la Contraloría, solamente en casos específicos en donde un juez nos lo solicitaba o en un caso específico. Pero ahora, de manera aleatoria, tenemos el sistema de cómo se va a hacer un análisis de evolución patrimonial y si hubiera un caso hablaríamos con los funcionarios”, explicó la funcionaria.

Ante la Contraloría, los sujetos obligados a declarar son los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos, así como aquellos que manejan, custodian, administran y/o supervisan fondos al cuidado del gobierno estatal, considerados como personal de confianza. 

Servidores públicos de los ayuntamientos y del Poder Legislativo debieron hacerlo ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.