En hashtag: CongresoDelEstado

Su aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente: diputado.

El Congreso del estado acumula cerca de mil solicitudes de jubilación, cuya aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente, aseguró el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

El legislador refirió que se trata de un derecho que no se le puede negar a los trabajadores al servicio del gobierno del estado, sobre todo porque algunos casos han permanecido congelados por más de siete años.

Señaló que se pretende que en este mismo año se desahogue el rezago de mil expedientes y, finalmente, los trabajadores del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo puedan retirarse con la pensión que señale la ley.

"Son personas enfermas y en algunos casos los trabajadores ya murieron y (la pensión) se tendrá que entregar a sus familiares", explicó el diputado, quien admitió que desde el Congreso no se ha actuado de manera equitativa, pues han sido autorizadas "pensiones doradas" por la vía rápida y fuera de la ley, mientras que otros expedientes no avanzan.

No obstante, afirmó que el problema que más preocupa es el costo que implican las jubilaciones, pues tan sólo los mil expedientes que serán autorizados costarán al gobierno del estado 250 millones de pesos anuales.

"Es necesario una reforma. En algunos casos lo toman como una carga, pero la plaza (del trabajador que se va a jubilar) está cubierta y está pagada. En el momento es que se ocupa es donde se duplica el gasto, entonces tienen que prever en que se puedan congelar y no vuelvan a ocuparlas a través del sindicato para ayudar a un familiar o a un amigo", manifestó.

Se dicen dispuestos a contribuir para dar resultados a la ciudadanía, durante la comparecencia del fiscal general, el secretario de gobierno y el comisionado de seguridad.

* Se desahogaron temas en materia de seguridad inherentes a sus responsabilidades; las y los legisladores contaron con seis rondas de preguntas con sus respectivas réplicas y contrarréplicas.

De acuerdo con el protocolo aprobado por las coordinadoras y coordinadores de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, además de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, este viernes se llevaron a cabo las comparecencias del fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara; del comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros y del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, ante los integrantes de la LIV Legislatura. 

Los legisladores coincidieron en manifestar a los funcionarios involucrados la urgencia de cambiar la estrategia de seguridad y dar resultados a los ciudadanos que lo exigen -con justa razón- como un tema prioritario; para ello dijeron que el Poder Legislativo está en la mejor disposición de coadyuvar para que esto se haga posible.

Señalaron que es un tema que debe involucrar a todos, de ahí que ayer mismo se anunció que en el Proyecto del Paquete Económico, la seguridad es uno de los ejes importantes que serán reforzados.

En primera instancia, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo concedió el uso de la palabra al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para que procediera a la presentación de su quinto informe semestral de gestión, quien contó con 30 minutos, ello con el objetivo de dar estricto cumplimiento a lo establecido por el Artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Al concluir la intervención del fiscal, se dio el uso de la palabra a José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado Estatal de Seguridad Pública, quien de igual forma contó con 30 minutos para informar sobre las acciones implementadas en materia de prevención del delito y seguridad pública, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 77 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado.

Posteriormente, las y los diputados tuvieron la oportunidad de intervenir en seis rondas de preguntas, una por cada grupo o fracción parlamentaria, cuestionamiento que estuvo a cargo de los coordinadores de los mismos. Cabe mencionar que cada ronda de preguntas implicó el derecho de réplica y contrarréplica con un tiempo máximo de cinco minutos cada una.

Cabe mencionar que se tocaron temas como los feminicidios, la falta de elementos policiacos, lo cual argumentaron no se ha podido incrementar debido a que la academia no está en activo a consecuencia de la pandemia provocada por el covid-19, y la falta de interés de las personas por enlistarse en esta corporación.

Cabe destacar que fueron varios los temas tratados, pero debido a que son temas delicados se mantiene la secrecía de la información. 

Ya inició pláticas con movimiento ciudadano.

La dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Balderas Aragón, afirmó que su partido no buscará alianzas con otro instituto político, pero sí impulsará candidaturas comunes para las elecciones del 2021.
En entrevista, adelantó que la próxima semana estarían definiendo con cuáles partidos políticos y en qué municipios se concretarían las candidaturas comunes.
En este sentido, señaló que ya inició pláticas con otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano (MC).

Explicó que la definición de las candidaturas comunes se tomará en el Consejo Estatal del Sol Azteca, donde se habrá de votar los municipios y diputaciones por las que contenderán mediante  candidatura común.
"Las propuestas de las candidaturas tendrían que ser presentadas por los comités municipales y la dirección estatal valorará cuáles serían las circunstancias y las condiciones... nos sumaremos con la sociedad, con las agrupaciones y con los partidos que sean de centro izquierda", manifestó la líder partidista.

Por otro lado, Cristina Balderas Aragón  consideró que el Congreso del estado debe aprobar un presupuesto más austero y social, enfocado a la salud y a la seguridad.
Lo anterior, luego de que este jueves el Poder Ejecutivo entregó el Paquete Económico 2021 por un monto de 27 mil 100 millones de pesos.

A puerta cerrada e incomunicados, comparecieron ante los diputados locales el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.

De acuerdo con lo informado por el Congreso del estado, los integrantes del gabinete de Seguridad del estado y el fiscal rindieron cuentas de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Sin embargo, no se revelaron mayores datos de los resultados obtenidos en la comparecencia, que se desarrolló de manera privada en el Salón de Comisiones y que duró ocho  horas, pues empezó cerca las 11 de la mañana y concluyó a las 6:30 de la tarde.

Incluso, los legisladores y los funcionarios públicos al entrar al Salón de Comisiones dejaron sus teléfonos celulares, para evitar que cualquier información se pudiera filtrar.
Sólo se conoció de manera extraoficial que el comisionado estatal de Seguridad insistió en la necesidad de un aumento presupuestal mayor a los 700 millones de pesos el próximo año para la dependencia, pues la carencia de recursos humanos y materiales limita las acciones de prevención y combate del delito.

Además de la problemática en materia de seguridad, también se abordó el problema que existe entre algunos personajes políticos, diputados y el fiscal Uriel Carmona, según se informó también de forma extraoficial.
Carmona Gándara también presentó su informe semestral, en el que dio a conocer cifras sobre los resultados de su trabajo de febrero a julio.

No obstante, en su mensaje también hizo un llamado a los diputados y aseveró  que "es momento de dejar de lado cualquier interés personal, público, político o de grupo que vulnere la paz, la tranquilidad y que no abone a la paz, desarrollo y estabilidad en la entidad", según la información que dio a conocer  el área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El formato de la comparecencia contemplaba su desarrollo en seis rondas, cada una con derecho a una pregunta por diputado, réplica del funcionario y contrarréplica.
Sin embargo, los legisladores sólo alcanzaron a desarrollar tres rondas, en las ocho horas del encuentro.

Protestas durante la comparecencia

Mientras la comparecencia se desarrollaba, en el exterior del recinto legislativo, diversos ciudadanos protestaron desde las nueve de la mañana  y hasta pasada las 14:00 horas.
La protesta estuvo dirigida al fiscal general, por la investigación que se inició en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro por el delito de violación.
Entre los inconformes estuvieron familiares del legislador, como su madre Yolanda Becerro, quien rechazó las acusaciones en contra de su hijo y aseguró que se trata de una "injusticia".

Contempla el gasto de 27 mil millones y se enfoca en salud, educación y seguridad.

El proyecto se entregó ayer al Congreso.

El gobierno del estado presentó ante el Congreso local la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 por un monto de 27 mil 100 millones de pesos.
La tarde de este martes, la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, entregó a los diputados la propuesta de Paquete Económico y confirmó que los egresos para Morelos tendrán una mínima variación a la alza por 1.1 por ciento en comparación con el presente año.

Por ello, adelantó que la propuesta plantea un gasto austero para el gobierno del estado, incluso con ajustes en algunas áreas, "apegado a la nueva realidad" que causó la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.
"Es un presupuesto totalmente austero y como Poder Ejecutivo les quiero decir que estamos tomando y haciendo el ejemplo en el Poder Ejecutivo. Dicho paquete no contempla ningún incremento de impuestos nuevos de tasas, no contempla incremento de derechos, por ello le vengo a decir que es un presupuesto austero y sobre todo responsable", manifestó la secretaria.

En este sentido, indicó que los ejes rectores para el Presupuesto de Egresos serán salud, seguridad y educación.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, fue el encargado de recibir la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021. También estuvieron presentes en la entrega oficial los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, la diputada Rosalina Mazari Espín, Dalila Morales Sandoval, Andrés Duque, José Luis Galindo Cortés, entre otros legisladores.
El presidente de la Mesa Directiva pidió a la secretaria de Hacienda que de inmediato se puedan generar las mesas de trabajo con los secretarios de despacho y los 20 legisladores para analizar el Paquete Económico y aprobarlo a más tardar el 15 de diciembre, como lo marca la Constitución Política del Estado.

Adelantó que al igual que en el Poder Ejecutivo, el Congreso del estado también tendrá que autorizar un presupuesto austero, por lo que no descartó un recorte en el gasto que realizan los diputados.
Coincidió en que salud, seguridad y educación deben ser prioridad en la aprobación del Presupuesto de Egresos.

El paquete Económico se entregó este 1 de octubre, tal y como lo marca la Constitución Política del Estado de Morelos. De igual forma, los municipios entregaron sus iniciativas de ley de ingresos para el próximo año.

Destaca déficit estructural y la necesidad de recibir mayores recursos para el 2021.

Inviable, designación de contralor externo por parte del Legislativo estatal, sostiene.

Ante diputados del Congreso local, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presento el estado financiero de la institución, en el que destacó el déficit estructural y la necesidad de recibir mayores recursos para el 2021. 

A través de un boletín de prensa, la UAEM informó que el rector Gustavo Urquiza “aclaró” a los legisladores lo relacionado a la fiscalización de los recursos y “la inviabilidad” de designar a un Contralor Externo por parte del Poder Legislativo. 

En el documento se da a conocer que el rector informó a los diputados de los avances que ha tenido la UAEM desde los casi tres años de su administración, así como las medidas de austeridad implementadas para el ahorro de los recursos y los indicadores de calidad académica. 

Se indica que el rector Gustavo Urquiza reconoció la amplia colaboración que los diputados han tenido con la universidad en la gestión de recursos ante el gobierno federal y que la reforma que se analiza al interior del Congreso del estado de designar al Órgano Interno de Control “es inviable porque la UAEM es un organismo público y en esa virtud tiene la plena libertad de designar a los integrantes de sus órganos de gobierno”, se lee en el boletín 3513.

Se informó que cada tres meses se hace entrega de la cuenta pública al Poder Ejecutivo, a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF) y a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se tienen diferentes órganos fiscalizadores que vigilan cómo se administra el gasto público. 

La UAEM da a conocer en el comunicado el acuerdo de instalar una mesa de análisis de los argumentos jurídicos, que, excluyendo cualquier tema político, permita concretar la designación del titular del Órgano Interno de Control de la UAEM mediante el diálogo y de forma bilateral, para no violentar la autonomía universitaria. 

El cargo está acéfalo desde hace casi dos años.

El Congreso del estado emitirá este viernes la convocatoria para designar al titular de la  Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF),  a casi dos años de que este cargo quedó acéfalo.
El martes pasado, los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) y de la Revolución Democrática (PRD) instalaron la "comisión calificadora", que estará encargada de llevar a cabo todo el procedimiento para concretar el nombramiento.

La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, explicó que debido a la falta de condiciones para concretar la designación derivado del procedimiento iniciado en mayo del 2019 se determinó llevar a cabo uno nuevo, y evitar que el nombramiento del auditor estatal sea impugnado.

Explicó que los derechos de los 29 aspirantes registrados en el 2019 quedarán salvaguardados pues se podrán volver a registrar en la convocatoria y tener la oportunidad de participar en el procedimiento.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la convocatoria deberá durar vigente 10 días naturales. Posteriormente la Comisión Calificadora procederá a la revisión de los currículos de los aspirantes, a los que después deberá entrevistar.

Las diputadas integrantes de la citada comisión podrán consultar a las organizaciones de profesionistas sobre los perfiles de los aspirantes.
Pasado dicho proceso, se integrará una terna que será presentada ante el Pleno del Congreso para la elección del titular de la ESAF.

En noviembre del 2018, Vicente Loredo Méndez presentó su renuncia al cargo, ante señalamientos de los actuales legisladores de que presuntamente daba protección a ex funcionario públicos municipales y estatales.

El diputado anuncia nuevas acciones de defensa ante acusaciones.

En medio de manifestaciones de apoyo,  Marcos Zapotitla Becerro reiteró que es inocente del delito de violación, por lo que no pedirá licencia para dejar la diputación que ostenta.
El legislador también anunció su separación del grupo parlamentario Partido Encuentro Social Morelos (PESM), para evitar causarle "daño político" ante las acusaciones en su contra.

El legislador sostuvo que en las próximas horas demostrará que todo fue "fabricado", para afectar su imagen, ante su insistencia de exigir la renuncia del fiscal general Uriel Carmona Gándara y por el proceso que el Congreso iniciará en los próximos días para la designación de seis magistrados del Poder Judicial.

"¿De cuando acá los saqueadores quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho? Ellos me quieren juzgar. Utilizan a la Fiscalía para fabricar delincuentes. En su oportunidad ante las autoridades competentes diremos por quién pasó el recurso económico y quién lo entregó a la supuesta víctima", manifestó.

En rueda de prensa, Zapotitla Becerro estuvo acompañado de su equipo de trabajo, en su mayoría mujeres, que le manifestaron su respaldo.
Cipriano Sotelo Salgado, abogado del legislador, aseguró que Zapotitla Becerro no pedirá licencia al cargo y se recurrirá a la presunción de inocencia, pues al ser grave el delito por el que se le acusa,  el diputado podría ir a la cárcel "antes ser juzgado".

Explicó que aportarán los elementos suficientes para demostrar la inocencia del legislador y evitar que el Congreso del estado declaré la procedencia para la formación de causa, como lo solicitó la Fiscalía General del Estado.
Adelantó que será un proceso largo y que posiblemente se lleve el año que resta del legislador antes de que el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, determine si hay elementos para desaforar a Zapotitla y éste pueda ser juzgado. Mientras tanto, dijo, las investigaciones en la Fiscalía estarán detenidas.

La propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.

Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.

De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.

En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.

También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.

En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer;  cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales  que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.

Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.

En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.

Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.

La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.

Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.

Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia

Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.

“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.

Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.  

Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.

“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.

“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.

Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.

Busca una armonización con la ley nacional; se enfoca en “brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables”.

El Congreso del estado analiza la propuesta de "Ley de Amnistía para Morelos", que plantea la extinción de la sanción en los delitos de aborto, contra la salud del fueron común, políticos, robo simple y sin violencia y los cometidos por ciudadanos reconocidos como indígenas.

La iniciativa de ley fue presentada ante el Pleno por la diputada Alejandra Flores Espinoza, durante la sesión ordinaria pasada. La legisladora afirmó que la propuesta es una armonización con la ley federal,  para brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables.
En la iniciativa se señala que amnistía se entiende como "la extinción de la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva de la sanción, excepto la de reparación del daño", de acuerdo con lo que establece el Código Penal del estado de Morelos.

"Es decir, un acto del poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban comenzar, o bien las condenas pronunciadas para tales delitos", señaló la legisladora al hablar de su propuesta.

Flores Espinoza aseguró que el proyecto no busca proteger y liberar a asesinos, violadores ni secuestradores, sino garantizar justicia a los grupos más desprotegidos y que en su momento no tuvieron acceso a la jurisdicción de su Estado.
En el caso del aborto, la amnistía será aplicable "siempre y cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a las y los médicos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo".

En los delitos contra la Salud del fuero común "cuando las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta".

En este caso, se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: cuando quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito; cuando quien los haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En delitos de robos simple y sin violencia se aplicará cuando la pena privativa de libertad no rebase los 4 años.

Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, "cuando durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura".

Por delitos políticos, específicamente "el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego".
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictaminación.

Se postergó la comparecencia de Uriel Carmona ante los diputados.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que hay una tensión natural y favorable en EL Congreso del Estado, derivado la preocupación de la legislatura por lo que ocurre en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Tras postergarse su comparecencia ante los diputados, señaló que acudió al llamado del Congreso para presentar su informe semestral y responder los cuestionamientos respecto al desempeño y resultados de la institución.

Consideró que por la coyuntura en que se encuentra la entidad existe cierta tensión, pero consideró sano que las autoridades sean cuestionadas y rindan cuentas de su actuar.

“Es una tensión natural porque el tema de procuración de justicia y de seguridad pública en el estado no es para menos, pero yo noto a una legislatura interesada en mejorar, noto una legislatura preocupada, y creo que de lo que se trata es de mejorar las condiciones para que la seguridad pública y la procuración de justicia combata la impunidad, combata la corrupción, se mejore en su ejercicio.

“Por supuesto que hay tensión, pero es una tensión favorable porque la crítica y el impulso de las autoridades hace bien. Es importante que nos revisen, es importante que nos cuestionen y nosotros no estamos cerrados a eso, yo creo que es benéfico para la sociedad que las autoridades comparezcan a rendir cuentas, eso es sano”, dijo.

Indicó que no tenía previsto exponer específicamente los avances del caso de la masacre en la colonia Antonio Barona, en la que fallecieron diez personas, pero aseguró que si hay inquietudes de los diputados de conocer los avances de este y otros casos, se  informará en forma privada, para mantener el sigilo de las investigaciones.

Agregó que está listo para comparecer la próxima semana junto con todo su equipo de colaboradores y fiscales.

La cita será a puerta cerrada.

El secretario de Gobierno, el comisionado estatal de Seguridad y el fiscal general del estado, Pablo Ojeda Cárdenas, José Antonio Ortiz Guarneros y Uriel Carmona Gándara, respectivamente, comparecerán ante el Congreso del estado este miércoles, para rendir un informe sobre la situación que vive Morelos en materia de seguridad pública.

El encuentro se llevará a cabo a las 12 del día, a puerta cerrada en el salón de Plenos del Congreso del estado.

El presidente de la Mesas Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, explicó que el formato  de las comparecencias se establecido de acuerdo a la importancia y lo delicado del tema, ya que de haberse concretado ante el Pleno, mucha información no habría podido ventilarse.

"No nos interesa que se convierta en un show. Nos interesa mucho saber cuál es el avance de las investigaciones, de las carpetas, de las judicializaciones, no nada más del Congreso, sino en general de los temas, de la ola de violencia que se pudiese haber desatado en el estado", afirmó el diputado.

Sotelo Martínez indicó que al comisionado estatal de Seguridad se le cuestionará también acerca de la estrategia implementada para el combate a la delincuencia, "para poderla corregir o saber cuál es el rumbo que se tiene".
No obstante, admitió que la propuesta de que el secretario Pablo Ojeda Cárdenas compareciera con el comisionado y el fiscal no fue respaldada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social Morelos (PESM), sino por un grupo de diputados para cuestionarlo por la violencia que vive el estado. "No entiendo a qué obedezca la presencia, pero estaremos escuchando qué se le cuestiona", agregó.

El presidente de la Mesa Directiva garantizó que del encuentro de este día sí habrá resultados, "estaremos haciendo una evaluación y las recomendaciones que sean necesarias en beneficio de los morelenses".

El Congreso requirió a la autoridad estatal explicar la situación de los fondos asignados en el presupuesto 2020 para la erradicación de cuotas escolares.

El Congreso estatal no podrá emitir sentencia hasta que se resuelva de fondo el recurso.

El exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión definitiva contra el juicio político en curso en su contra  en el Congreso de Morelos, lo que impide al Poder Legislativo emitir una sentencia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex mandatario.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro de la demanda de garantías 673/2020, resolvió mantener la medida cautelar contra los actos reclamados al Congreso local, únicamente para efecto de que no se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia.

Esto significa que el Congreso podrá continuar con la sustanciación del procedimiento de juicio político, pero no se podrá emitir una determinación.

Graco Ramírez, quien ejerció el cargo de gobernador en el periodo 2012-2018, impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017;  la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020, y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

Requiere el Legislativo informe al gobierno estatal sobre el estatus del presupuesto etiquetado para la erradicación de cuotas escolares.

La diputada Alejandra Flores Espinoza planteó que dicho monto se destine a la compra de equipo tecnológico para que los maestros de Morelos puedan impartir clases virtuales.

Por unanimidad, el Pleno del Congreso del estado exhortó a los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Educación, Mónica Boggio Tomasaz Merino y Luis Arturo Cornejo Alatorre, respectivamente, a que rindan un informe detallado del estatus que guardan los 20 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2020 para la erradicación de las cuotas escolares en las escuelas de Morelos. 

La propuesta fue impulsada por la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, quien señaló que a nueve meses transcurridos del año se desconoce en qué se han aplicado los recursos para evitar el cobro de cuotas escolares a los padres de familia.

Mientras tanto, dijo, son muchas las necesidades en el sector educativo, como las carencias que enfrentan los maestros del estado para impartir las clases virtuales en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. 

"Hemos sido testigos de admirables mujeres y hombres dedicados a la docencia, que sobreponen el bienestar de los alumnos y el interés superior de los mismos antes que cualquier otra cosa; hemos visto por las redes sociales múltiples videos y fotografías de maestros que no cuentan con las herramientas necesarias para esta nueva modalidad virtual y que tienen que sufragar con recursos propios el pago de internet, de las plataformas, de la compra de equipo que les permiten cumplir con su labor", manifestó. 

La legisladora expresó que lamentablemente los profesores más que tener el apoyo de las instituciones educativas y de todos los ciudadanos, han sido víctimas de algún tipo de burla o violencia por no saber utilizar las plataformas tecnológicas.

Ante tal situación, indicó, ha propuesto en diversas ocasiones al gobierno del estado la reasignación de los 20 millones de pesos, etiquetados para la erradicación de las cuotas escolares, a la compra de las herramientas tecnológicas que requieren los docentes en la actualidad. 

"Hasta este momento, el Congreso del Estado no ha recibido ninguna propuesta de modificación al Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, en relación al uso o destino del recurso etiquetado, por tanto, el monto de los 20 millones de pesos, debe estar disponible, para que esta Soberanía pueda hacer las adecuaciones presupuestales y se cambie el destino del recurso para apoyar a nuestros maestros en estos momento difíciles que vive la docencia en nuestro estado", afirmó. 

En tal razón, los diputados locales aprobaron el punto de acuerdo por el que se requirió un informe del estado que guarda el monto de los 20 millones de pesos, a fin de que el Poder Legislativo pueda hacer las adecuaciones necesarias al Presupuesto de Egresos.

El secretario de Gobierno está citado para mañana en el Congreso del estado, para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, comparecerá, este jueves, ante el Congreso del estado para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.

El encargado de la política interna rendirá cuentas ante los diputados locales, al mismo tiempo que comparecerán el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado José Casas González promovió el punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Gobierno ante el aumento de los índices delictivos en el estado.
Señaló que delitos como el secuestro, homicidios dolosos, asaltos y robos han aumentado en los últimos meses.

Por ello, el diputado planteó que Pablo Ojeda Cárdenas, como representante del Poder Ejecutivo se presente ante el Congreso junto con el comisionado estatal de Seguridad y expliquen de las causas del aumento de la violencia en Morelos.
El acuerdo aprobado con ocho votos a favor y cuatro en contra, estableció que en la misma comparecencia, que se llevará a cabo este jueves , también se presente el fiscal general del estado, como Uriel Carmona Gándara.
El encuentro de los diputados locales con los funcionarios estatales se llevará a puerta cerrada.

Lo que reclaman es parte del derecho parlamentario y no de la vía reclamada, confirma el TEPJF.

Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo fueron desplazadas de sus cargos dentro del Congreso local.

Con cinco votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que rechazó ser competente para conocer de actos legislativos, presuntamente constitutivos de violencia política de género.

En el proyecto resolutivo de los recursos de reconsideración promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo, el magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso ordenar al Congreso de Morelos realizar una nueva distribución de comisiones legislativas con pleno apego al principio constitucional de paridad total, y la reincorporación de la diputada Figueroa Evaristo a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración de Nacional (Morena).

Lo anterior, luego de que la Sala Regional Ciudad de México, determinó que no podía revisar los actos impugnados por ser de naturaleza parlamentaria, como lo establece la jurisprudencia 44/2014 del rubro “Comisiones legislativas. Su integración se regula por el derecho parlamentario”, y la jurisprudencia 34/2013 del rubro “Derecho político electoral de ser votado. Su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario”.

El proyecto planteó interrumpir ambas jurisprudencias, aplicadas por la Sala Regional y el TEEM, por considerar que “la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad, requiere una nueva redefinición de las facultades y las competencias de las autoridades electorales para conocer y resolver sobre la afectación del derecho político electoral a ejercer el cargo en el ámbito legislativo.

Bajo esta perspectiva, el ministro ponente consideró en el proyecto fundados los actos de violencia política de género expuestos por las diputadas agraviadas; que la modificación en la integración inequitativa de las comisiones legislativas vulneró el principio constitucional de paridad; y que la expulsión de una de las diputadas del grupo parlamentario de Morena se realizó sin cumplir con las garantías del debido proceso.

También sostuvo que “es necesario reconocer una realidad inobjetable, no existe ninguna otra autoridad que salvaguarde el derecho de las legisladoras de ejercer su encargo en condiciones libre de violencia política y de género para que nuestra democracia pueda”, y recalcó que la propuesta no era  una carta blanca para que el tribunal pudiese revisar todas los actos parlamentarios, pues la propuesta se limitaba a un recurso real que permitiera desarrollar los derechos políticos de las legisladoras conforme al principio constitucional de paridad total, y favorecieran los principios constitucionales y mandato de representación política, para lograr un balance entre el derecho electoral y derechos parlamentario.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior decidió rechazar el proyecto de su homólogo Rodríguez Mondragón y mantener vigente la jurisprudencia, respecto a que el asunto no es competencia de la autoridad jurisdiccional electoral, por ser un asunto que atañe exclusivamente al derecho parlamentario.

El Congreso del estado sí prepara los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), del Colegio Morelos y del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), confirmó la diputada Dalila Morales Sandoval.

La legisladora explicó que primero se dialogará con los titulares de los organismos públicos autónomos para evitar conflictos legales y posteriormente, se impulsarán los procedimientos legislativos correspondientes.
De acuerdo con la diputada,  es una facultad del Congreso del Congreso local realizar dichos nombramientos, que ya vencieron desde hace varios meses y por ello deben concretarse lo más pronto posible.

"Lo que se está pidiendo es un tema de diálogo con estos organismos autónomos a efecto de que podamos generar un tema de conocimiento sobre todo y que se pueda llegar a grandes procedimientos", señaló.
Morales Sandoval insistió en que los  nuevos nombramientos están apegados a derecho y garantizó que se llevarán a cabo de manera transparente.

"Que quienes sustituyan a estas personas que estaban al frente de los órganos internos sean personas probas, que cuenten con esa característica de ser personas transparentes y que actúen en beneficio de los morelenses", manifestó.

A partir del lunes, el Congreso del estado iniciará el registro de los aspirantes a ocupar los dos cargos de comisionados que se encuentran acéfalos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
El acuerdo emitido por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) establece que se dará continuidad al procedimiento que inició el 24 de junio del 2019, y quedará salvaguardado el derecho de los 20 ciudadanos que se registraron en la convocatoria.

La siguiente etapa de dicho procedimiento serán las entrevistas de los aspirantes, a fin de que se analice su perfil y la JPyG pueda emitir un dictamen de las propuestas finales que votará el Pleno del Congreso para designar a quien ocupará el lugar que dejó el ex comisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez.

Por otro lado, los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron también emitir una segunda convocatoria, que se publicó el 16 de septiembre, y con la que se ocupará el lugar de la ex comisionada Mireya Arteaga Dirzo.

Se prevé que para octubre próximo se concreten los dos nombramientos, de la misma forma que la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), cuyo procedimiento reiniciará también en los próximos días, a pesar que en mayo del 2019 la Comisión Instructora que se instaló entonces determinó reponer el proceso desde su convocatoria.
Sin embargo, en el caso del nombramiento del auditor estatal, los diputados también pretenden que queden salvaguardados los derechos de los aspirantes se registraron en el 2019.

Considera que su autonomía está en riesgo por una acción del Congreso.

El Legislativo pretende nombrar al titular del órgano interno de control de la universidad.

La Ley Orgánica expedida por el Congreso del Estado de Morelos define los órganos de gobierno universitarios y en su artículo 22, fracción IV, faculta a la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para designar y remover libremente al titular del órgano interno de control, por lo que si el Congreso del Estado hace una designación en ese sentido violenta la legislación universitaria. 

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, a través de un comunicado establece que la violación a la ley orgánica materializa la transgresión a la autonomía universitaria. 

“La UAEM es un organismo público del Estado de Morelos cuya autonomía deriva de un acto legislativo emitido por el Congreso del Estado de Morelos, en esa virtud tiene la plena libertad de gobernarse a sí misma y en consecuencia asignar los órganos de gobierno necesarios para el cumplimiento de sus fines”. 

En el documento, el rector Urquiza Beltrán señala que la Universidad es y será garante de la fiscalización y el manejo responsable de los recursos públicos con los que opera, de manera que el Consejo Universitario ha dispuesto medidas contundentes, eficaces e inmediatas para revisar, controlar y transparentar el ejercicio del gasto.  

Y es que, en julio del 2015, luego de una manifestación y la toma de la sede del Palacio Legislativo del Estado, la UAEM fue excluida de la reforma respecto del Sistema Estatal Anticorrupción y se reconoció que designar al titular del órgano interno de control constituía una violación a su autonomía. 

En 2015, los alumnos exigieron en su oportunidad que se cancelen las modificaciones al Sistema Estatal Anticorrupción, que, aseguran, viola la autonomía de la Universidad al darle a los legisladores la facultad para nombrar al titular del Órgano Interno de Control. 

En su comunicado de ayer, la UAEM conceptualiza su autonomía como una garantía institucional que le permite la libre discusión de las ideas y el cumplimiento del servicio público educativo sin injerencias externas. 

En ese contexto, y ante el análisis legislativo anunciado en el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Política de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, el rector Gustavo Urquiza, solicita “respetuosamente a los diputados integrantes de la LIV Legislatura, para que en el ámbito de su competencia, reconsideren el punto 7 Análisis de las propuestas de designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos y establecer el diálogo con la comunidad universitaria como hasta la fecha ha venido sucediendo”. 

Cabe señalar que el Artículo 72 del Estatuto Universitario establece que la designación del titular del órgano interno de control y del auditor externo. “La Junta de Gobierno designará y removerá libremente al Titular del Órgano Interno de Control y al Auditor Externo en términos del artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del presente ordenamiento estatutario”.  

En el contexto nacional, el pasado 20 de febrero por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) aprobaron la postura para defender la autonomía universitaria y el exhorto al Congreso del Estado para que se abstenga de intervenir en la vida de la institución con la creación de un Órgano Interno de Control. En la postura que fue aprobada durante la sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la institución poblana, se pide que se respete el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana y se garantice el respeto a la autonomía.  

Antes, el 18 de octubre de 2017 la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) rechazó públicamente el ingreso de órganos internos de control contemplados en el Sistema Estatal Anti Corrupción, al considerar que vulnerarían la autonomía de la institución. En ese entonces se ordenó la colocación de mantas en institutos y preparatorias dependientes de la institución universitario, donde se fijó la postura de la universidad. 

En abril de 2019 se dio a conocer que las universidades autónomas de los Estados de México, Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz rechazaron las diversas iniciativas que sus congresos estatales presentaron para modificar las leyes orgánicas de sus correspondientes casas de estudio sin el consentimiento de sus respectivas autoridades y comunidades, quienes aseguran que estos proyectos vulneran su autonomía.