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Alcaldes inconformes aceptan reunirse el martes con el gobernador.

Se ordenarán auditorías especiales a los ayuntamientos cuyos presidentes municipales pretendan desestabilizar al estado, afirma el diputado.

El Congreso del estado ordenará auditorías especiales en contra de los ayuntamientos cuyos alcaldes pretenden desestabilizar al estado, advirtió el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro.
En entrevista, el legislador local sostuvo que no van a ceder a chantajes ni a presiones de los presidentes municipales que amagaron con realizar bloqueos carreteros, ante su molestia porque el Congreso del estado les rechazó sus leyes de Ingresos en las que pretendían lograr incrementos en el cobro de derechos.
"Necesitamos transparentar el ejercicio público e incluso estamos valorando iniciar auditorías especiales a los ayuntamientos del estado, porque también creo que ya tendremos desde este Congreso (que) ejercer el poder, porque el poder se ejerce y a través de la auditoría tendremos que llegar a la revisión minuciosa y pormenorizada de cómo están ejerciendo los recursos públicos los ayuntamientos del estado", manifestó.
El diputado Zapotitla Becerro manifestó que los ediles también tendrán que responder por qué, a más de un año de que iniciaron las actuales administraciones municipales, ninguno ha solicitado al Congreso se investigue a sus antecesores por las deudas millonarias que heredaron.
"Llama la atención ese silencio cómplice, porque no hay ni una sola solicitud de auditoría especial a ningún administración anterior. Se duelen, se quejan de que no hubo recursos o de que los ayuntamientos los dejaron con varios laudos y adeudos pero casualmente no hay un solo presidente que nos haya solicitado practicar una auditoría a la administración saliente y la omisión también es responsabilidad", manifestó el diputado.
Las auditorías especiales que el Congreso solicitará a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) corresponderán a los ejercicios fiscales de las administraciones municipales pasadas, pero también a las cuentas públicas del 2019.
Con respecto a los recursos que los presidentes municipales solicitan al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el legislador afirmó que el Congreso ofreció apoyar a los ayuntamientos con un fondo para laudos y el Poder Ejecutivo, a su vez, propuso a los ediles más obra pública, pero lo rechazaron porque lo que pretenden es ejercer más presupuesto a su favor.
Ante tal postura, Marcos Zapotitla Becerro insistió en que no cederán a ningún chantaje de los ediles.

Agustín Alonso Gutiérrez dijo que la decisión del Congreso de no aprobar las leyes de ingresos municipales afectará las finanzas de las comunas.

Yautepec.- Luego de que el Congreso del estado determinara no aprobar las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020, el alcalde de este lugar, Agustín Alonso Gutiérrez, señaló que dicha decisión no los detendrá en su intención de trabajar en beneficio de la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, dijo que de manera específica para Yautepec, se tendrán que buscar opciones para atender las necesidades de la población.

Asimismo, precisó que con antelación habían sostenido reuniones con los diputados locales, quienes mencionaron sentirse cercanos a la situación que se veía venir, por lo que se habían comprometido a no dejar solos a los ayuntamientos.

Por otra parte, Alonso Gutiérrez subrayó que contrario a lo que algunos diputados locales expresaron, en ningún momento se pretendió aumentar el pago de derechos, ni afectar a la ciudadanía. Por ello, dijo que lo único que se necesita es tener mejores condiciones para ofrecer servicios públicos, brindar apoyos y hacer obras.

Recalcó que para Yautepec, no recibir el 25 por ciento de los ingresos representa una pérdida de 30 millones de pesos, mientras que el total para los 36 ayuntamientos se acerca a los mil millones de pesos.

Ante dicha situación, añadió que se deberán tomar decisiones para hacer más con menos, así como reajustar las nóminas y cancelar algunos contratos, entre otras acciones.

Asegura que el director general de Inteligencia Policial sigue en funciones, pese a los señalamientos en su contra.

José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado, pidió la remoción del director general de Inteligencia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Raúl Gómez Cruz, por su presunto vínculo con la delincuencia organizada.
En entrevista, el legislador local dijo que hasta el Congreso del estado llegó información anónima de que el funcionario sigue laborando ante la CES, pese a que el mismo titular la dependencia estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, garantizó que se encuentra suspendido de sus funciones.
"No podemos ser omisos ante esta situación y cumplir el compromiso que se ha hecho ante los diputados", sostuvo el diputado.
Casas González refirió que la solicitud al comisionado estatal de seguridad fue presentada de manera formal el pasado martes 28 de enero, pues sostuvo que se trata de una acusación grave, la presunta relación del director de inteligencia policial con la delincuencia organizada.
El diputado recordó que los señalamientos en contra de Raúl Gómez y otros altos mandos se hicieron por parte de autoridades del gobierno de Cuautla, tras los hechos del 11 de enero en los que se aseguró que las autoridades liberaron a integrantes de una banda de secuestradores.

Ediles cuyas leyes de ingresos fueron rechazadas exigen una solución a la pérdida de ingresos.

Piden cita con el jefe del Ejecutivo a cambio de no cerrar carreteras al inicio del fin de semana largo.

Ediles amenazaron con llevar a cabo bloqueos en las principales vías de comunicación del estado, como medida de presión para que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo les garantice una audiencia, luego de que el Congreso del estado rechazó 32 de las 36 leyes de ingresos municipales.
La solicitud de reunión fue planteada al mandatario estatal por los ediles a través del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), a fin de que el encuentro ocurra este mismo viernes.
Sin embargo, los ediles dieron un ultimátum al jefe del Ejecutivo, pues amenazaron con que si no son atendidos, a partir de las seis de la mañana del 31 de enero y durante todo el fin de semana llevarían a cabo bloqueos carreteros, lo que tendría un gran impacto impacto por tratarse de un fin de semana largo.
La determinación de desechar 32 de las 36 leyes de ingresos municipales por parte del Congreso local estuvo apegada a derecho, sostuvo la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
En entrevista, la diputada refirió que como legisladora priista determinó emitir su voto en contra del alza, al igual que sus homólogos Marcos Zapotitla Becerro y Dalila Morales Sandoval, porque el incremento del 15 por ciento en el cobro de derechos que pretendían los alcaldes era  ilegal.
Incluso, apuntó que de haberse autorizado tales ajustes en las leyes de Ingresos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los hubiera declarado inconstitucionales, al igual que sucedió con el impuesto adicional.
Pese a la advertencia de algunos ediles de proceder legalmente, la diputada Mazari Espín insistió en que la decisión tomada fue la correcta, principalmente porque no se afectó la economía de los ciudadanos.
La legisladora aclaró que aunque los 32 municipios a los que no se les aprobaron sus leyes de ingresos deberán aplicar las correspondientes al 2019, no podrán cobrar el impuesto adicional, pues fue abrogado de la Ley General de Hacienda Municipal, luego de que fue declarado inconstitucional por la Corte.

Durante la 181 sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca (SAPAC), encabezada por el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, se tomó protesta al nuevo comisario del organismo, Reinhold Enrique Ortiz Tienda.

Dentro de los puntos sometidos a consideración en la orden del día, el alcalde de Cuernavaca propuso a Reinhold Enrique Ortiz Tienda como Comisario del SAPAC, mismo que contó con el respaldo y voto a favor de todos los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que se procedió a realizar la toma de protesta.

El alcalde de Cuernavaca refirió que a partir de este martes, el funcionario tendrá la encomienda de vigilar el correcto funcionamiento del sistema operador, por lo que lo exhortó a conducirse con total transparencia y a continuar redoblando esfuerzos en favor de la ciudadanía de Cuernavaca.

Por su parte, Reinhold Enrique Ortiz dijo que en esta nueva encomienda trabajará con total transparencia, en unidad y en equipo, como lo exigen la ley y la propia ciudadanía.

La Junta de Gobierno del SAPAC contó con la presencia y votación del alcalde, Antonio Villalobos, quien es presidente de la misma; la Síndico Municipal de Cuernavaca, Marisol Becerra de la Fuente; Mauricio Vega Chavaje, titular del organismo; Gerardo Enrique Güemes Manzo, regidor de la Comisión de Organismos Descentralizados; el representante de la regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Albina Cortés Lugo; y Jesús Martínez Dorantes, regidor de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto.

También estuvieron presentes Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez, regidora de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Vivienda y Obras Públicas; Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Consultivo del SAPAC, así como el representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado.

Cabe destacar que Reinhold Enrique Ortiz Tienda es maestro en Derecho egresado de la Universidad del Pedregal, contando con más de 13 años de experiencia laboral, destacando su desempeño en la Auditoría Superior de la Federación, Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Justicia, entre otros cargos de suma importancia.

La institución reclamaba dos mil 300 millones de pesos para alcanzar resultados en seguridad; crean fondo de ocho millones para familias de elementos asesinados en el cumplimiento de su deber.

Reducen presupuesto a otras dependencias estatales; asignan recursos para implementar Alerta Sísmica y para Ia Comisión de Atención a Víctimas.  

El Congreso del estado sólo logró aumentar 49 millones de pesos más de presupuesto a la Comisión Estatal de Seguridad (CES)respecto al año pasado.

En este 2020 la dependencia estatal ejercerá mil 346 millones de pesos, cuando la expectativa era de dos mil 300 millones.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del gobierno estatal para el presente ejercicio fiscal, del monto total para la CES, los diputados dispusieron 26 millones pesos como  incentivo para los policías cuyos municipios hayan firmado el convenio de Mando Coordinado con el Poder Ejecutivo.
De igual forma, el Congreso creó un fondo de  ocho millones de pesos para las familias de los elementos de seguridad asesinados en el cumplimiento de su deber.
El planteamiento presupuestal que hizo el comisionado estatal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros a los diputados para poder dar los resultados esperados en la materia fue de dos mil 300 millones de pesos, ya que en el 2019 sólo ejerció un monto de mil 297 millones.
Sin embargo, el presupuesto total para el Estado que fue de 26 mil 801 millones de pesos no fue suficiente para distribuir entre todos los rubros, por lo que la CES sólo registró un ajuste al alza de 49 millones.
A diferencia de la CES, otras dependencias estatales no obtuvieron ningún aumento. Al contrario, los diputados redujeron el presupuesto de áreas como la Oficina de la Gubernatura, que de casi 212 millones de pesos en el 2019 pasó a 191 millones.
La Secretaría de Administración también registró una disminución de seis millones de pesos; para este año ejercerá 110 millones de pesos.
En el presupuesto de la Secretaría de Gobierno, los diputados asignaron 12 millones de pesos para la implementación de la Alerta Sísmica Mexicana y ocho millones más para Ia Comisión de Atención a Víctimas.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) recibirá por segundo año consecutivo 15 millones de pesos.
Pese a que se trata de un año electoral, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) recibirá 137 millones de pesos, es decir, cinco millones más que en el 2019. De dicho presupuesto, el organismo entregará como prerrogativas 79 millones de pesos a los partidos políticos.

Los diputados sólo aprobaron las cuatro que no incluían aumentos en el cobro de derechos; las alcaldías ya no tienen oportunidad de presentarlas de nuevo y deberán usar las del año pasado.

Ante su intención de imponer un incremento del 15 por ciento en el cobro de derechos, 32 de los 36 municipios del estado no contarán con una ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y se verán obligados a aplicar la correspondiente al 2019.
Durante la reanudación de la sesión ordinaria del 15 de diciembre, los diputados locales rechazaron las leyes de ingresos de municipios como Cuernavaca, Jojutla, Jiutepec, Totolapan, Xochitepec, Emiliano Zapata, Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla, Cuautla, Huitzilac y Yautepec, entre otros.
Los votos en contra de la diputada priista Rosalina Mazari Espín, del pesedista Marcos Zapotitla Becerro y de la panista Dalila Morales Sandoval obligaron a que no se lograra la mayoría calificada para que se aprobarán los dictámenes de las leyes.
Por lo tanto, los 32 municipios estarán obligados a aplicar la ley del ejercicio fiscal 2019, aunque no podrán cobrar el llamado impuesto adicional, ya que fue abrogado de la Ley General de Hacendaria, tras haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La diputada panista Dalila Morales Sandoval sostuvo que emitió su voto en contra de 32 leyes de ingresos pues su aplicación sería en perjuicio de la ciudadanía.
Las leyes de ingresos municipales que sí fueron aprobadas son las de Axochiapan, Temoac, Tetela del Volcán y Tlaltizapán, ya que no consideraban incrementos en el cobro de derechos.
La propuesta de incrementar un 15 por ciento el cobro de derechos fue planteada por la mayoría de los alcaldes en el estado, con el fin de generar más ingresos, ante la afectación que registrarán los municipios por la anulación del impuesto adicional.
Sin embargo, los ediles no lograron los consensos de mayoría en el Congreso, pues el grupo de oposición de siete diputadas determinó ausentarse en la sesión ordinaria de ayer para no votar las leyes de ingresos municipales.

El sábado iniciará el segundo periodo ordinario del segundo año de la presente Legislatura.

Culpan a los anteriores diputados por la controversia.

Las leyes de ingresos de los municipios no fueron autorizadas; se decretó un nuevo receso

El Congreso del estado aprobó, por unanimidad, el Paquete Económico del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020 por un monto de 26 mil 801 millones de pesos. Los diputados rechazaron aprobar anoche las leyes de Ingresos municipales, que contemplaban incrementos del 15 por ciento en el cobro de derechos.
Tras 43 días de retraso, finalmente, los legisladores lograron acuerdos y reiniciaron la sesión ordinaria que se declaró en receso desde el 15 de diciembre pasado.

 Con 20 votos aprobaron la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Miscelánea fiscal del estado.
Los diputados autorizaron para el Poder Legislativo un presupuesto de 433 millones 500 mil pesos; para el Poder Judicial 549 millones y al Poder Ejecutivo tres mil 833 millones 997 mil pesos.
Dentro del Presupuesto de Egresos, el Congreso dispuso de un monto de 50 millones de pesos para crear el Fondo de Aportaciones Estatales Concursable para el pago de laudos a favor de aquellos municipios cuyas autoridades están en riesgo de destitución por desacato.
De igual forma, los diputados junto con el Poder Ejecutivo dispondrán de un monto por 15 millones para el rubro de Presupuesto Participativo, para lo cual ayer crearon la ley estatal en la materia.
La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública destacó en tribuna la reasignación de un monto mayor a los 500 millones de pesos de la propuesta del presupuesto de Egresos que presentó el Poder Ejecutivo, para priorizar en rubros como salud, wducación, campo, seguridad y apoyo a municipios.  
La diputada señaló que hubo un aumento de 10 millones para el Hospital del Niño Morelense, que para este año contará con una partida de 240 millones 102 mil pesos; se etiquetó un monto similar de 10 millones de pesos para el Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal, que en total recibirá una partida de 35 millones 440 mil pesos.

Para el Programa de atención al Dengue, Zika y Chikungunya se destinaron 15 millones de pesos. 
Los legisladores crearon también un Fondo Mixto para Promoción Turística por 10 millones de pesos.
Durante la sesión ordinaria se sumó el grupo de siete diputadas que ha sido oposición en el Congreso durante los últimos cuatro meses y que votó a favor del presupuesto para el estado.

Leyes de Ingresos, pendientes de aprobación

Mientras tanto, los diputados rechazaron aprobar la noche de este lunes las 36 leyes de Ingresos municipales, que contemplaban incrementos del 15 por ciento en el cobro de derechos.
Al reiniciar la sesión del 15 de diciembre pasado, los diputados votaron a favor de retirar del orden del día las leyes de Ingresos municipales de Cuernavaca, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Tetecala, Totolapan y Xochitepec, pero al final no lograron los consensos para aprobar el resto de los dictámenes y determinaron declarar un nuevo receso.

El titular de la CES compareció ante los diputados de la comisión de seguridad.

El comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros se justificó ante el Congreso del estado por los resultados no logrados en materia de seguridad durante el último año y señaló como una de las causas la falta de recursos financieros.
El encargado de la seguridad pública en el estado compareció, este lunes, ante los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso y rindió cuentas de la incidencia delictiva de los últimos meses.
En este encuentro, el comisionado señaló la retención  de cerca de 27 millones de pesos para el pago de telefonía y la operatividad de las cámaras de videovigilancia que se ubican en todo el estado.
De acuerdo con el comisionado, tampoco ha recibido los recursos destinados a la compra de equipo y uniformes para los policías y lo correspondiente a otras prestaciones.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad, sostuvo que tales omisiones no sólo ameritarán que el Congreso del estado cite al secretario de Hacienda a comparecer.
El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, también estuvo involucrado en la comparecencia de seguridad, pues Ortiz Guarneros informó a los diputados que requiere del personal que la Comisión Estatal de Seguridad dispuso para la operación de la Fiscalía Antisecuestros, que sconstituyen el 90 por ciento del total de los trabajadores de esa área.
El diputado Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que la Fiscalía General del Estado cuenta con 700 millones de pesos como presupuesto annual, que son suficientes –dijo- para que pueda contratar más personal para la Fiscalía Antisecuestros.
Por otro lado, el legislador refirió que se acordó con el comisionado llegar al fondo de las investigaciones abiertas por el presunto vínculo de mandos altos de la CES con la  delincuencia organizada, ventilado por autoridades de Cuautla.
Zapotitla Becerro defendió el trabajo del Comisionado estatal, de quien señaló su responsabilidad como encargado de la seguridad, pero afirmó que se requiere de una mayor coordinación interinstitucional para avanzar en la materia.
En la comparecencia también participaron los diputados Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Ana Guevara Ramírez y José Casas González.

Lamenta Canaco afectación para ciudadanos y empresarios.

Ante el probable incremento del 15 por ciento en el cobro de derechos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) de Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón, no descartó impugnar las leyes de Ingresos municipales que en las próximas horas podría aprobar el Congreso del estado.
En entrevista, refirió que como representantes de la iniciativa privada pueden promover juicios de amparo en contra de la decisión de los legisladores, que han confirmado el aumento en el cobro de derechos para apoyar a las finanzas de los ayuntamientos.
El presidente de la Canaco lamentó que ni los ediles ni los diputados locales les hayan considerado para revisar los ajustes en las leyes de Ingresos, que tendrán un impacto directo para la economía de los ciudadanos y de los empresarios.
Sánchez Purón recordó que en septiembre del año pasado se instalaron mesas de trabajo para revisar la ley de Ingresos de Cuernavaca, pero la determinación de aumentar derechos se tomó "a puerta cerrada" entre las autoridades municipales y los legisladores.
"La Ley de Cámaras y sus confederaciones habla en el artículo cuatro que somos órgano de consulta y de colaboración obligada y desgraciadamente no nos han considerado para ello y nuevamente quienes vamos a tener que usar el traje que están diseñando ellos vamos a ser los empresarios", manifestó Sánchez Purón.
El presidente de la Canaco en Cuernavaca dijo que esperarán a la aprobación de las leyes para luego actuar, pues también dijo que queda la vía de los incentivos fiscales que los ayuntamientos pueden aplicar.
Este lunes, los diputados locales podrían reanudar la sesión ordinaria que inició el 15 de diciembre pasado, a fin de aprobar el Paquete Económico del estado y las leyes de Ingresos municipales, ya que el viernes dicha sesión tampoco se efectuó.

La propuesta presentada desde el pasado 1 de octubre plantea un ingreso y gasto prudente acorde a las circunstancias económicas nacionales: CBB.

Exigen a los legisladores una solución al conflicto territorial con Hueyapan.

Pobladores de Tetela del Volcán irrumpieron este jueves en la sede del Congreso del estado, de la que se posesionaron por más de tres horas para exigir a los legisladores una solución al conflicto territorial que enfrentan con Hueyapan, sin que hayan obtenido una respuesta.
Cerca del mediodía, los pobladores rompieron a empujones la cadena que cerraba la puerta principal  del recinto legislativo, ubicado en la calle Guillermo Gándara de la colonia Amatitlán de Cuernavaca.
"Queremos solución. El conflicto entre Tetela y Hueyapan no es tan difícil. ¿Qué esperan, un enfrentamiento?", gritó uno de los ciudadanos inconformes a dos elementos de seguridad que trataron, de forma fallida, de ser interlocutores entre los diputados y los manifestantes.
Los vecinos del lejano municipio explicaron que la controversia territorial que inició el Poder Legislativo para solucionar el conflicto con Hueyapan no ha dado resultados y la gente de ese municipio de origen indígena se niega a ceder el agua del manantial Aguayoca, que se encuentra en territorio de Tetela del Volcán.
"Les dimos ochos días y si no traeríamos al pueblo, porque queremos una solución, ya no vamos a esperar más", manifestó otro de los pobladores.
Tras dos horas de espera, por la promesa de algunos asesores de diputados de que se instalaría una mesa de negociación, los pobladores bloquearon la avenida Plan de Ayala, a la altura de El Vergel.
Minutos después, los habitantes de Tetela del Volcán decidieron retirarse del Congreso e irse a su municipio, ante la falta de respuesta de los diputados.
"Vamos a pegarles donde más les duele, vamos a ir donde el manantial de Aguayoca y les vamos a tirar el tubo y nos vamos a conectar y allá esperamos a los del gobierno, allá nos vamos a ver las caras porque de Tetela nadie se ríe", dijo otro inconforme.

Finalmente, liberaron el Congreso.

El Congreso local sigue sin fijar fecha para sesionar y aprobar el Paquete Económico y las leyes de Ingresos municipales.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que existen acuerdos de mayoría para aprobar el Paquete Económico del gobierno del estado para el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, admitió que aún no han fijado fecha para sesionar en el Pleno y desahogar el tema,cuando ya se tiene más de un mes de retraso.
El legislador pesedista refirió que el grupo mayoritario de 13 diputados concretó acuerdos para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado.

De igual forma admitió que se determinó apoyar a los municipios para que obtengan más ingresos en este 2020.
No obstante, señaló que está a la espera de que haya los acuerdos necesarios para pueda convocar, como presidente de la Mesa Directiva, a la reanudación de la sesión ordinaria que se declaró en receso desde el 15 de diciembre pasado.
Sotelo Martínez aseguró que pese a que los temas financieros están detenidos desde el año anterior, el trabajo en el Congreso no se paraliza y adelantó que en los próximos días se turnará a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la solicitud de un grupo de magistrados para que se aplique una auditoría especial al Poder Judicial.
Aseguró que el tema se abordará sin atender a intereses políticos, pues sostuvo que pudiera tratarse de intereses ajenos al desarrollo del Poder Judicial.

En otro tema, Alfonso de Jesús Sotelo adelantó que la próxima semana comparecerá el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.
Aunque no señaló la fecha del encuentro, dijo que es con el fin de que el comisionado informe de la situación que enfrenta la institución a raíz de los señalamientos en contra de distintos mandos por su presunta relación con la delincuencia organizada.

Para el 10 y 11 de febrero anuncian foros en materia de seguridad escolar, tendientes a implementar protocolos para evitar hechos de violencia en escuelas.

En febrero se llevarán a cabo los foros para impulsar el programa "Escuela Segura", según lo acordaron autoridades federales y estatales de seguridad, educación y salud con la Comisión de Educación del Congreso del estado, que buscan implementar acciones como el operativo "Mochila Segura" y otros protocolos para evitar hechos de violencia en las instituciones educativas.
Este martes se llevó a cabo la primera reunión entre representantes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), la Secretaría de Salud, la Asociación de los Padres de Familia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) con la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso.
La Asociación de Padres de Familia planteó la necesidad de establecer medidas de seguridad en las escuelas, ante el incremento de la violencia en el estado y en todo el país, situación que fue avalada por el resto de las autoridades.
Por ello, acordaron llevar a cabo foros en materia de seguridad escolar para los días 10 y 11 de febrero, encaminados a implementar el programa "Escuela Segura" e, incluso, reformas a la ley en la materia.
La diputada Flores Espinoza dijo que además de acciones como "Mochila Segura", lo que se busca es implementar programas sobre salud emocional y atender a los menores que así lo requieran.

Además de la seguridad, los grandes temas pendientes para Morelos son la generación de empleo y la llegada de inversiones. De hecho, el propio gobernador hace unos días los definió como sus prioridades para este 2020, aunque no dijo cómo ni qué acciones emprenderá  su administración para concretarlas.

Ante esto, llama la atención la voracidad que acreditó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en un comunicado de prensa que emitió su muy mermado “grupo parlamentario” del PT en el Congreso local, en el que claramente busca amedrentar a la empresa Alamos Gold, promotora del proyecto minero Esperanza, a fin de obtener raja económica del mismo.

Por diversas circunstancias, llama la atención esta intención de la, por decir lo menos, polémica legisladora. En primer lugar, porque los permisos para la operación de una minera son de carácter FEDERAL y si acaso municipales pero no estatales, por lo que ¿será ignorancia o una doble o hasta triple intención lo que mueva a Tania Valentina a cometer estas imprecisiones?

Por mera casualidad, cabe recordar que quien abiertamente mostró su desacuerdo con la operación de la minera fue el ex gobernador Graco Ramírez, pero no por ambientalista o por proteger el patrimonio natural de Morelos (como no lo hizo en diversos proyectos), sino porque la minera no accedió al “arreglo de varios ceros” a favor del ex mandatario y de Rodrigo Gayosso Cepeda, como ha trascendido en algunos medios de comunicación.

Luego entonces, cómo se especula, ¿le seguirá haciendo Tania Valentina el trabajo sucio a la dupla Graco Ramírez – Rodrigo Gayosso, o simplemente fue un anzuelo que lanzó contra la transnacional para que la visiten y ‘convenzan’ de lo viable que es el proyecto de explotación minera? La trayectoria política de Tania Valentina podría confirmar ambas hipótesis, aunque habría que agregar la de querer mantenerse vigente con una sobre exposición mediática gracias al manejo de temas polémicos más que de interés y beneficio general.

Hasta donde se ha informado, la minera Esperanza Silver que forma parte del consorcio internacional Alamos Gold, habla de invertir 10 mil millones de pesos en la zona de Tetlama y generar más de 5 mil empleos directos en una primera etapa, además de beneficios directos a la infraestructura de la zona, algo que es urgente para el estado y que no refiere en su boletín la coordinadora del PT en el Congreso estatal.

Es urgente cuidar para Morelos el entorno ambiental y cultural, pues carecemos de atractivos turísticos nuevos, de muchos inmuebles históricos afectados por el sismo de hace más de dos años y con atractivos naturales cada vez más descuidados o en riesgo, algo que tibiamente se menciona en el boletín referido.

Ante ello, lo que cabría esperar de una legisladora, cualquier actor político o funcionario estatal, es contribuir mínimo a crear las condiciones para la llegada de inversiones, después y si está en su alcance, promover el interés de inversionistas. Y si pese al clima de inseguridad que padece Morelos, hay inversionistas interesados, se debe conocer y socializar sus proyectos, valorar sus beneficios, alcances y viabilidad técnica, ambiental y social, para entonces si acompañarlos en su intención de consolidarse.

De no ser o considerar viable la inversión, lo menos es debatir públicamente con argumentos ciertos, fundados y motivados, y no con prédicas gastadas que sirvan de “anzuelos” para obtener ganancias personales, como todo indica que fue el caso del boletín emitido este lunes por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

A Morelos le urgen más inversionistas y menos políticos, funcionarios y diputados “tira anzuelos” del estilo de Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

La aprobación de miscelánea fiscal está sujeta a que diputados definan la fecha para reanudar la sesión suspendida en diciembre.

La aprobación del Paquete Económico del gobierno del estado y las leyes de Ingresos de los municipios estaría sujeta a las negociaciones de un grupo de diputados.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que están listos los dictámenes de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la miscelánea fiscal del estado, así como de las leyes de Ingresos municipales.
Sin embargo, sostuvo que aún no se ha convocado a la sesión ordinaria de Pleno, por falta de acuerdos de algunos diputados.
"La Comisión de Hacienda ya hizo su trabajo y estoy en espera de las diputadas y los diputados, a partir del día de mañana,  cuando consideren que ya se deba de sesionar para poder ser aprobados. Yo espero que a partir del día de mañana, cuando se pueda tomar la decisión, sea aprobado el Paquete Económico y las leyes de Ingresos", señaló la diputada.
Para la legisladora priista es cuestión de horas para que los asuntos antes mencionados sean abordados y aprobados por el Pleno.
Sin embargo, la sesión ordinaria del 15 de diciembre pasado no se ha reanudado por la falta de acuerdos de un grupo de diputados, a pesar del retraso mayor a un mes para aprobar el Paquete Económico y las leyes de Ingresos municipales.
Mazari Espín reiteró que sí se contempla aumento del 15 por ciento en derechos municipales, determinación que asumirá un grupo mayoritario de legisladores.

Está programada la posible votación del Paquete Económico 2020 y la aprobación de las leyes de Ingresos de los municipios.