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Con el nuevo marco normativo pretenden erradicar el pirataje y regular el servicio que se presta mediante plataformas digitales; diputada asegura que la voz de los transportistas es escuchada en la elaboración de la nueva legislación.

La Secretaría de Movilidad y Transporte y el Congreso local trabajan en la creación de una nueva ley que rija al transporte público en el estado y que permita abatir el servicio que se presta fuera de la norma.
Al respecto, el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, explicó que el nuevo marco normativo establecerá nuevas reglas sobre la operatividad de las "rutas" y taxis que prestan servicio en la entidad.
Señaló que se planteará por ley la acreditación de los operadores, que hace unos días se estableció por decreto, pero que se busca regular.
De igual forma, señaló que se atenderá la problemática del servicio de transporte sin itinerario fijo que se presta mediante plataformas digitales, como en el caso de Uber y Didi.
El transporte público que opera de manera ilegal y que se conoce como "pirata" también se atenderá en la nueva ley, a fin de erradicarlo.
La nueva ley se trabaja entre la SMyT y el Congreso del estado, pues se busca que para marzo pueda ser analizada y discutida por el Pleno del Congreso del Estado.
La diputada morenista Elsa Delia González, presidenta de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del Congreso, explicó que también se ha considerado a los concesionarios del transporte público para la creación de la nueva ley y evitar inconformidades sociales.
Refirió que una vez concretada la iniciativa buscará los consensos con el resto de los  diputados locales para que pueda ser aprobada por mayoría por el Pleno.

Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca, asistió al Congreso del estado de Morelos, junto con sus homólogos, para reunirse con los diputados para dialogar acerca de temas importantes para la buena marcha del ayuntamiento.

Los alcaldes podrán presentar propuesta de adecuaciones en el cobro de derechos partiendo de lo que establece su Ley de Ingresos vigente de 2019.

Diputadas y diputados del Congreso del Estado, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, así como alcaldes y representantes municipales de 25 Ayuntamientos hicieron un pronunciamiento conjunto para anunciar el acuerdo político a través del cual los ediles podrán realizar ajustes a los valores de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) en el cobro de derechos municipales, en tanto que los legisladores aceptaron analizar y discutir dichas propuestas para su posible aprobación.  

Tras una reunión sostenida en el Salón de Comisiones del Congreso, las y los diputados Alfonso de Jesús Sotelo, Rosalina Mazari Espín, Javier García Chávez, Ariadna Barrera Vázquez, Dalila Morales Sandoval, Andrés Duque Tinoco, Keila Figueroa Evaristo, Blanca Nieves Sánchez Arano, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Elsa Delia Figueroa Solórzano y Maricela Jiménez Armendáriz, plantearon a los ediles y representantes la “ruta jurídica” adecuada para sacar adelante la modificación de sus Leyes de Ingresos 2019.

El acuerdo, detallaron, será “no volver a votar las Leyes de Ingresos que ya fueron objeto de análisis”, sino modificarlas para no caer en un acto de inconstitucionalidad.

Los presidentes municipales aceptaron remitir a los diputados dichas propuestas de adecuación a sus catálogos de cobro de derechos, con un incremento del 15 por ciento, que no vulneraría la economía de las familias morelenses y permitirá a los alcaldes enfrentar la crisis de recaudación que les generó la invalidación del cobro del Impuesto Adicional.

De primera instancia, los legisladores anunciaron que el próximo lunes instalarán una mesa técnica para brindar la asesoría necesaria a los Ayuntamientos y comenzar a analizar las propuestas que envíen los ediles.

En su oportunidad, hicieron uso de la voz Antonio Villalobos Adán, Adrián Cázares González, Sergio Omar Livera Chavarría y Agustín Alonso Gutiérrez, alcaldes de Cuernavaca, Zacualpan de Amilpas, Totolapan y Yautepec, respectivamente, quienes a nombre de todos los munícipes, manifestaron su intención de trabajar y cerrar filas para que le vaya bien a sus municipios y a la entidad.  

Modificarán los documentos de 2019, que están vigentes.

El Congreso del estado sí autorizará un ajuste Al alza de al menos el 15 por ciento en las leyes de Ingresos 2019 de 32 municipios del estado.
Este viernes finalmente se concretó en el Congreso local la mesa de trabajo entre diputados y alcaldes.

Derivado de este encuentro se acordó que la próxima semana se fijarán las bases jurídicas para que el Pleno legislativo apruebe las reformas a las leyes de Ingresos municipales vigentes correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
Al término de la reunión, el diputado morenista Javier García Chávez explicó que se acordó avanzar en una ruta jurídica que permitirá a los municipios obtener más ingresos para este año, tras la anulación del Impuesto Adicional, cuyo cobro garantizaba recursos por cerca de mil millones de pesos a los ayuntamientos.
El legislador aseguró que hay coincidencias entre la mayoría de los diputados para que se autorice un ajuste al alza del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales.
"Encontramos una ruta jurídica que nos permite resolver las leyes de Ingresos de los municipios, para eso la próxima semana tendremos una mesa técnica que afine el procedimiento, a fin de que la próxima semana ya tengamos en el Congreso los instrumentos técnicos, administrativos y constitucionales respectivos. Hemos reafirmado que no se genera ningún aumento en impuestos en absolutamente nada, se mantendrán las leyes de Ingresos con un ajustes del 15 por ciento", agregó.
En la reunión, además de los 10 diputados que han manifestado su respaldo a los ediles del grupo mayoritario en el Congreso (G-13) y que fue que encabezada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, también participaron legisladoras del G-7, que originalmente había rechazado respaldar a los alcaldes.

Asegura diputada que se reformarán las leyes de 2019, que siguen vigentes, para establecer un ajuste al alza del 15 por ciento.

El Congreso del estado podría aprobar antes de marzo las reformas a las leyes de Ingresos de 32 municipios, vigentes desde el 2019, que establecerían un ajuste del 15 por ciento en el cobro de derechos.
La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez refirió que, finalmente, este viernes se concretará  la reunión con alcaldes y las autoridades del Poder Ejecutivo, a fin de establecer una vía para apoyar a los municipios en sus finanzas.
La legisladora refirió que es urgente que el Congreso del estado apruebe las reformas a las leyes de Ingresos municipales para aplicar un ajuste a la alza del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales.
Aseguró que tal aumento no puede ser mayor a ese porcentaje, pese a que los ediles han hecho un nuevo planteamiento para que se aplique un 20 por ciento sobre los montos por concepto de derechos.
De igual forma, Barrera Vázquez hizo un llamado a que los presidentes municipales que hayan sido presionados por diputados o legisladoras locales para asignar "moches" a cambio de la aprobación de las reformas a las leyes de Ingresos municipales denuncien.
"Estamos confiados en que haya los consensos, esperemos que en esta ocasión voten las diputadas que no estuvieron presentes en la sesión en las que fueron rechazadas las leyes de Ingresos (para el 2020)", añadió la diputada morenista.

Entrega Congreso del Estado Presea “General Emiliano Zapata Salazar” a migrantes destacados.

“Los migrantes merecen ser reconocidos, porque no es tarea fácil dejar familia, tierra, y amigos en busca de una mejor calidad de vida”, afirmó el diputado Andrés Duque Tinoco, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado, en el marco de la entrega de la Presea “General Emiliano Zapata Salazar”, entregada a migrantes morelenses destacados.

Cabe mencionar que la presea, instituida para conmemorar el Día del Migrante Morelense y su Familia, se entrega de manera conjunta por el Poder Legislativo, a través de dicha Comisión, y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, encabezada por Gilberto Alcalá Pineda, a través de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.

En esta ocasión, los galardonados fueron los migrantes morelenses Alfonso Seiva García, en la Categoría de Mérito Humanitario y Altruista; Victorino Torres Nava, en Mérito Cultural y Educativo; Pablo Antonio Castro Zavala, en Mérito Empresarial y Comercial; y Erika Portillo Mercado, en Mérito Comunitario.

Pese a Alerta de Violencia de Género, el fenómeno está latente, admite la diputada.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, sostuvo que es necesario revisar el trabajo de las autoridades en todos los niveles de gobierno, por su responsabilidad en el combate a los feminicidios.
Ante la alta incidencia de este delito a nivel nacional, la legisladora consideró que se deben revisar las políticas públicas que se aplican para atender el tema en Morelos y afirmó que el primer informe del gobierno estatal servirá para realizar dicho trabajo por parte del Congreso del estado y hacer las recomendaciones correspondientes.
La legisladora apuntó que pese a la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de la entidad, el problema se ha agravado.
De acuerdo con información de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) el 2019 fue el más violento para las mujeres.
Al respecto, la legisladora panista refirió que desde las autoridades municipales hasta las encargadas de la procuración e impartición de justicia han cometido fallas que han impedido combatir de fondo el delito.
Morales Sandoval señaló que más allá de medidas punitivas, como la condena de 60 años que se establece por el delito de feminicidio en Morelos, insistió en que se deben aplicar medidas preventivas.
"Tenemos que estar revisando el informe, tenemos que revisar todas las vertientes porque es toda una cadena este proceso, lo tenemos que hacer y en su momento, con la glosa, nos va a permitir esta situación, independientemente que podamos hacer expresiones específicas y sobre todo presentar propuestas específicas en el tema preventivo y no correctivo, que eso es lo más grave, estamos generando condiciones correctivas", declaró.

Los secretarios de despacho comparecerán ante el Pleno del Congreso el próximo mes.

La diputada afirma que hay fallas en el desempeño de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez; el Congreso analiza iniciar un nuevo proceso de remoción, señala.

Por presuntamente dar protección a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, el Congreso del estado evaluará la permanencia del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara y del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez.
A más de un año del inicio de la LIV Legislatura, los diputados locales analizan iniciar un nuevo proceso de remoción en contra de los llamados "fiscales carnales", ante la falta de resultados en su trabajo, principalmente en las investigaciones iniciadas por presuntos actos de corrupción en la pasada administración estatal.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín sostuvo que está claro que el fiscal general y Juan Salazar Núñez no han cumplido con su evaluación, por lo que el Congreso debe hacer uso de sus facultades e iniciar un proceso para su destitución.
"Nada más ahí están, pero no dan resultados. Tienen un encubrimiento a los servidores públicos del anterior gobierno, entonces esos son los que se deben de ir y esos sí les toca al Congreso" aseveró la legisladora local.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que después de un año de gestión estatal, es momento de evaluar el desempeño de los fiscales, por lo que sólo esperarán a las comparecencias de Uriel Carmona Gándara y de Juan Salazar Núñez para que los diputados tomen una determinación sobre dichos nombramientos.
"Nosotros esperamos como legislatura que se le dé celeridad a las carpetas de investigación que iniciamos con motivo de lo que encontramos de la anterior legislatura y es lo que esperamos, que haya resultados", apuntó el diputado local.
En diciembre del 2018 los integrantes de la LIV Legislatura iniciaron un proceso de remoción en contra del fiscal general y el fiscal anticorrupción, a solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que los funcionarios no habrían cumplido con los exámenes de control de confianza para su nombramiento. Sin embargo, los funcionarios se ampararon y, finalmente, el Congreso mandó a la "congeladora" el caso.
Uriel Carmona Gándara fue nombrado fiscal general del estado por nueve años, durante la LIII Legislatura, en febrero del 2018. En agosto de ese mismo año, Juan Salazar Núñez también fue designado fiscal por un periodo de siete años por los mismos diputados.

Desmienten aumento de hasta 20 por ciento en derechos municipales; el viernes buscan formalizar el rescate financiero de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos del estado serán revisados por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) como parte de las negociaciones que los alcaldes iniciaron con el Congreso local para impulsar un rescate financiero a favor de los municipios.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que no se trata de ninguna consigna ni de una "persecución política", sino de que los ediles garanticen una transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que han buscado el apoyo del Congreso local para tener más ingresos en este 2020.
El legislador local aseguró que existe toda la disposición del Congreso y del Poder Ejecutivo de apoyar a los gobiernos municipales. Sin embargo, insistió en que también debe haber apertura por parte de los ediles.
"La intención es que no sea una consigna o una situación en particular, sino que tiene que ser una cultura dentro de la política en Morelos. Vamos a establecer los mecanismos para que no se piense que es una persecución. Sí, nosotros como diputados estamos poniendo el ejemplo. Si el gobernador ya dio su informe, creo que los demás funcionarios (deben hacerlo) con mucha más razón", afirmó el presidente de la Mesa Directiva.
Sotelo Martínez refirió que el acuerdo para aumentar un 15 por ciento el cobro de derechos municipales se mantiene a favor, no así el de un 20 por ciento, como se ha informado que ahora es la intención de los alcaldes.
"Lo que nosotros acordamos con los alcaldes fue que sería el 15 por ciento, eso es lo que unificó a por lo menos 10 diputados y lo que vamos a comentar, que cada alcalde pueda generar los consensos con los diputados", añadió.
Por ello, apuntó que el próximo viernes se concretará, finalmente, la mesa de trabajo con alcaldes y las autoridades del gobierno del estado.

Congreso aguarda resolución de la Suprema Corte.

Tras la resolución judicial que favoreció al magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norberto Calderón Ocampo para que el Congreso del estado garantice su ratificación al cargo por 20 años, el diputado José Luis Galindo Cortez, aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resolverá a favor de terminar con los abusos en el Poder Judicial.
El diputado pesedista afirmó que el caso del magistrado Norberto Calderón no fija ningún precedente, pues la Corte analiza de fondo el tema, luego del decreto que aprobó el Congreso para anular la permanencia por 20 años de los magistrados del Poder Judicial.
Apuntó que sólo es cuestión de tiempo para que el máximo tribunal del país resuelva el caso que propició la LIII Legislatura, cuando autorizó ratificar a los actuales es magistrados por 20 años, cuando la Constitución Política del Estado señala que el período máximo es de 14 años.
"En cuanto resuelva el acto de no constitucionalidad la Suprema Corte en relación a los 20, en automático queda sin efectos este amparo. Es así de sencillo, y no deja ningún precedente", explicó Galindo Cortez, quien impulsó el acuerdo para anular la disposición que garantizaba la permanencia por 20 años en el cargo de los magistrados.
Se espera que esta semana, el Pleno del Congreso del Estado emita un acuerdo para garantizar el derecho del magistrado Norberto Calderón a su ratificación por 20 años, en cumplimiento a una resolución judicial.

A través del Fondo de Aportaciones Estatales Concursable, al menos nueve ayuntamientos podrán acceder a una bolsa de 50 millones de pesos para el pago de laudos.

El Congreso local puede iniciar esta semana el proceso legislativo necesario para impulsar un "rescate financiero" a favor de los municipios del estado.
Los legisladores procesarán, primero, una reforma a las leyes de Ingresos de 32 de los  municipios del estado, a fin de imponer un ajuste al alza del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales, con lo que se calcula que lograrían un ingreso anual de aproximadamente 500 millones de pesos.
Además, el Poder Legislativo, en coordinación con el Ejecutivo y los municipios, establecerán las reglas de operación para la creación del Fondo de Aportaciones Estatales Concursable, en el que al menos nueve municipios podrán acceder a una bolsa de 50 millones de pesos para el pago de laudos.
De acuerdo con información de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, los municipios que accederán de manera urgente a dichos recursos son: Amacuzac, Ayala, Jantetelco, Tetecala, Jonacatepec, Temoac, Yautepec, Yecapixtla y  Xochitepec.
Sin embargo, también el gobierno de Puente de Ixtla se encuentra en apuros, e incluso el año pasado los integrantes del cabildo se vieron obligados a promover juicios de amparo para evitar su destitución.
Las bases del rescate financiero a favor de los municipios se establecerán hoy, en una mesa de trabajo entre los diputados locales, las autoridades del Poder Ejecutivo y los alcaldes.
La aprobación de la reforma a las leyes de ingresos municipales podría lograrse a finales de febrero o a más tardar en los primeros días de marzo, según los acuerdos que se concreten en dicho encuentro.

Las diputadas buscaron el amparo del tribunal al verse desplazadas de sus comisiones y quedarse sin personal.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) se declaró incompetente para resolver los supuestos agravios cometidos por el Congreso del estado en contra de las diputadas que integran el G-7 (grupo de siete)  a las que se les retiró las comisiones que presidían y se les disminuyó el personal a su cargo. También se declararon infundados los señalamientos de violencia política en contra de las siete legisladoras.
En sesión del Pleno, este viernes, los magistrados electorales atendieron los siete juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC) promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Erika García Zaragoza, del Partido del Trabajo (PT); Keila Figueroa Evaristo; Maricela Jiménez Armendáriz y de Movimiento Ciudadano (MC), Naida Josefina Díaz Roca.
El pasado 27 de noviembre, el Pleno del Congreso resolvió por mayoría remover a las siete diputadas de las comisiones que presidían y consecuentemente, la presidencia de la Mesa Directiva removió a todo el personal que trabajaba en dichos órganos.
Al considerar que los agravios promovidos por las legisladoras no son materia electoral sino de derecho parlamentario, el TEEM se declaró incompetente y señaló como infundado el señalamiento de las legisladoras como supuestas víctimas de violencia política.
"Este tribunal considera que el fondo de la problemática planteada por las actoras no es materia electoral, sino que corresponde al derecho parlamentario, de la misma manera que las consecuencias correspondientes, esto es, la disminución del personal que tenían a su cargo al 22 de noviembre del 2019, en función de las comisiones a las que pertenecían", señala parte de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Electoral.  

El Congreso busca que la población conozca la forma de operación del organismo que sustituyó al Seguro Popular.

El Congreso del estado llevará a cabo foros informativos  sobre el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ante la incertidumbre que existe en la ciudadanía sobre la prestación de los servicios de salud .
El diputado José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, refirió que es importante que la gente conozca qué es el Insabi, pero sobre todo que los servicios seguirán siendo gratuitos.
Refirió que el Insabi sólo sustituyó al Seguro Popular e insistió en que no habrá perjuicio para la sociedad.
Explicó que aún no se tiene fecha para la realización de los foros, pero que se programarían para los primeros días de marzo.
"Queda claro que es gratuito al 100 por ciento para toda la ciudadanía que no sea derechohabiente a ningún servicio de salud. El presidente de la República asegura que habrá abasto de medicamentos en el ínter de que se regularicen las cosas, estamos hablando de que sólo es una cuesta, es un cambio y todo cambio tiene sus pros y sus contras", refirió.
El diputado local agregó que también buscará reunirse con el secretario de Salud estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas, a fin de que también informe sobre el convenio que firmó el estado con la Federación para poder sumarse al Insabi, y sobre todo que haya garantía en los servicios y en el abasto de medicamentos.
"Que haya atención gratuita y que tengan los medicamentos necesarios para poder atender cualquier mal que aqueje a la ciudadanía", agregó.

Eso ha permitido dar los resultados que la ciudadanía necesita: Sotelo Martínez

Al asistir al junto con las y los diputados integrantes de la LIV Legislatura, a la presentación del Primer Informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, hizo un reconocimiento del esfuerzo de coordinación que ha encabezado el titular del Ejecutivo a lo largo de este primer año de actividades, para poder dar los resultados que la ciudadanía necesita.

Sotelo Martínez resaltó que el mandatario estatal ha dejado de manifiesto su voluntad política y social, al mantener un diálogo permanente “con todos quiénes hoy formamos parte del ejercicio de Gobierno. Desde las distintas encomiendas, hemos estado reunidos para atender muchos temas, porque lo que hoy Morelos necesita es la unidad de todos los Poderes en una constante relación”.

El presidente del Poder Legislativo informó que durante la próxima Sesión Ordinaria, la Mesa Directiva dará cuenta al Pleno del Congreso de la presentación del Primer Informe de Gobierno, mientras que la Junta Política procederá a la calendarización de las comparecencias de los secretarios de despacho del Gobierno Estatal, como parte de la glosa del Informe.

Un grupo de legisladores analiza combatir la resolución dictada por la justicia federal.

Crearán Fondo de Aportaciones Estatales Concursables.

La próxima semana, el Congreso del estado, el Poder Ejecutivo y los alcaldes acordarán la ruta para impulsar un rescate financiero para los municipios del estado que enfrentan graves problemas económicos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que el lunes próximo se concretará el encuentro con los presidentes municipales y las autoridades del gobierno estatal.

Explicó que se busca establecer la ruta jurídica para avanzar en la propuesta que impulsaron los ediles e incrementar en un 15 por ciento el cobro de derechos municipales.

"Es poder tomar una decisión de parte de las y los legisladores que no deje en estado de indefensión a los ayuntamientos, esa es la postura que hemos venido trabajando y ya habrá de ser esa reunión con el ánimo de generar una propuesta consensuada, una ruta previamente establecida, porque ha quedado claro que sí hay voluntad del Poder Legislativo", manifestó el diputado pesedista.

De igual forma, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, explicó que en este encuentro se trabajará en la creación del Fondo de Aportaciones Estatales Concursable, que ayudará a los municipios al pago de los laudos heredados por otras administraciones municipales.

La diputada morenista Alejandra Flores Espinoza refirió que en una primera etapa sólo ocho municipios se verán beneficiados, para evitar destituciones de las autoridades municipales por el incumplimiento en los pagos.

Citó el caso de Puente de Ixtla, Cuautla, Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata, entre otros.

Ordena el Congreso auditorías especiales a las cuentas del Impepac, IMIPE, CDHEM, TJA y el Colegio de Morelos.

Por la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, el Congreso del estado autorizó la realización de auditorías especiales a el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Colegio de Morelos.
En sesión ordinaria de Pleno que se desarrolló la tarde de este miércoles, los legisladores instruyeron a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) a que inicie las auditorías especiales a  los cinco organismos constitucionalmente autónomos y revise sus cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.
En el punto de acuerdo aprobado por mayoría de votos, el Congreso del estado señaló a los organismos citados por su falta de transparencia en la aplicación del presupuesto y por no haberse sujetado al proceso de fiscalización.
"No se identificó que las cuentas públicas de los  ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, correspondientes a los entes ya mencionados, como fue el Impepac, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Colegio (de) Morelos y el IMIPE se hayan sujetado al proceso de fiscalización que permita conocer de manera clara cómo se manejaron los recursos públicos que les fueron autorizados y suministrados", expuso el diputado Casas González al presentar el punto de acuerdo.
El legislador citó el caso del Impepac, en donde se presume un conflicto de intereses entre los consejeros y la posible responsabilidad de la encargada del órgano de control interno, Blanca Estela Aldana Alejandré, que no ha transparentado de manera correcta el gasto del organismo.
La ESAF tendrá que informar en los próximos meses al Congreso de los resultados de dichas auditorías especiales.

Por otra parte, diputados locales aprobaron la paridad constitucional en toda estructura gubernamental, lo que obligará a que el Poder Ejecutivo, los tribunales del Poder Judicial, el Congreso del estado, los organismos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos y  las candidaturas electorales se integren y distribuyan con el mismo porcentaje de hombres y de mujeres.
En la sesión ordinaria de este miércoles, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en las que se establece la paridad total para la distribución de espacios públicos y la obligación de los partidos políticos de postular en sus candidaturas al mismo número de hombres y de mujeres.
La citada reforma se derivó de la disposición federal que el año pasado aprobó el Congreso de la Unión, y que tuvieron que atender los legisladores locales.
Una vez aprobada, la minuta será enviada al Constituyente Permanente, para la aprobación del 50 por ciento más uno de los 36 cabildos municipales.
La reforma constitucional había sido una de las demandas principales de las organizaciones civiles, a fin de avanzar en la equidad de género en Morelos y que las mujeres puedan ocupar el mismo número de espacios públicos que los hombres.

Diputada insiste en que a la par se consideren beneficios para los ciudadanos, como el estacionamiento gratuito en plazas comerciales.

Mediante una reforma a sus leyes de Ingresos, 32 municipios concretarán ajustes de hasta un 15 por ciento al alza en los conceptos de  derechos.
Ante el riesgo legal que representaba la propuesta de los alcaldes para que el Congreso del estado discutiera y votara nuevamente las 32 leyes de Ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2020 -que el Pleno rechazó el pasado 28 de enero-  finalmente, el Poder Ejecutivo y los ediles acordaron presentar al Congreso del estado sus iniciativas para reformar las disposiciones del 2019 que se aplicarán para este año con incrementos.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, admitió que la intención de los ediles sigue siendo la misma, que los diputados les autoricen un ajuste del 15 por ciento en el cobro de derechos.
Sin embargo, adelantó que el Congreso del estado también impulsará modificaciones a las leyes de los municipios, a fin de que también se consideren beneficios para los ciudadanos, como el que se obligue a las plazas públicas a garantizar dos horas gratuitas en los estacionamientos.
La diputada afirmó que aunque su voto es en contra de más aumentos en perjuicio de los ciudadanos, existe una mayoría de legisladores locales que apoyan a los municipios para que puedan obtener mayores ingresos para este año, luego de que la Corte ordenó anular el cobro del impuesto adicional, que fue declarado inconstitucional.
La diputada adelantó que las modificaciones a las leyes de Ingresos 2019 de los 32 municipios se concretará en los próximos días, una vez que los ediles presenten sus propuestas.

La justicia federal dio revés a los procedimientos que se aprobaron el año pasado y amparó a los exfuncionarios beneficiados.

El Congreso del estado inició, por segunda ocasión,  los procedimientos de cancelación de 40 "pensiones doradas" que la LIII Legislatura autorizó de manera ilegal a ex funcionarios del Congreso del estado y del gobierno de Graco Ramírez.
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, aseguró que existen elementos legales para que el Congreso del estado reponga los procedimientos y sean canceladas las onerosas pensiones  con las que se beneficiaron los ex servidores públicos.
"Yo hice la denuncia de que mi compañera Tania Valentina había violentado el procedimiento. ¿Cómo lo violentó? Se subió a la tribuna y dio lectura de quiénes estaban siendo investigados en cuestión de jubilación dorada y provocó que se viniera una lluvia de amparos, el 90 por ciento de esas jubilaciones se amparó y el juez está pidiendo que se devuelvan esas jubilaciones doradas", manifestó.
El legislador dijo que la Comisión del Trabajo inició nuevas investigaciones del caso, a fin de reunir los elementos necesarios para cancelar las pensiones.
"Si bien es cierto que fueron amparados porque se les violentó el procedimiento no lo fueron por el tema de los documentos que presentaron para obtener esa jubilación. Entonces estamos haciendo un análisis y pidiendo informes de las constancias de trabajo", explicó.
El legislador adelantó que se busca que en este mismo período ordinario, que concluirá el 15 de julio, se concreten los procedimientos, pues con el amparo de la justicia federal los ex funcionarios siguen cobrando al erario público.