Según el Coneval [1] en 2015 la pobreza de México abarcó al 46% de nuestra población (55 millones) y la pobreza extrema o alimentaria al 21% (24 millones). La persistencia secular de la pobreza puede explicarse como el resultado de una industrialización urbana a costa de la mano de obra barata de origen rural. Pues, a pesar del crecimiento acelerado de la industria de exportación de productos ensamblados, iniciado en 1988 y quintuplicado a la fecha, el ingreso per cápita se estancó y el empleo precario se mantuvo en el 60% de la PEA [2]. Por su parte, la migración juvenil a EUA fue el alivio de la miseria rural mediante el envío de las remesas con un monto anual de 25 mil millones de dólares (USD) y un ingreso promedio de 5 mil USD por familia pobre, equivalente a 8 mil pesos mensuales, dividido entre cinco personas, con un monto menor de dos dólares diarios per cápita.

Para que los más pobres superen su miseria será necesario que inviertan en pequeñas empresas familiares o tengan empleo fijo en un mercado que los sostenga de manera estable, con un valor mayor que los susodichos 25 mil millones de dólares. El gasto combinado de Sedesol y Sagarpa para 2017 fue aprobado en 176 mil millones de pesos (casi 9 mil millones de USD) pero principalmente se reparten en forma de limosnas (subsidios) que no siempre llegan a los pobres y mucho menos en forma de inversiones productivas sostenibles. Por lo tanto, el problema no es financiero sino de administración honesta y efectiva de los programas para combatir la pobreza.

La distribución de la limosna dedicada a sostener un nivel precario de consumo tiene un efecto político inmediato, porque es el sustento de las clientelas electorales que han mantenido en el poder a la burocracia gubernamental, pero no han permitido superar la miseria antes descrita. Esto explica por qué el voto duro del PRI se ha mantenido, por más de 80 años, entre la población rural más pobre.

Las importaciones alimentarias compuestas de maíz, soya, frijol, leche en polvo, carne de oveja y frutas, son del orden de 10 mil millones de dólares anuales y en su mayor parte podrían ser sustituidas por productos nacionales. Eso si la economía campesina aumentase su productividad media a 2 toneladas de grano por hectárea con un mayor valor agregado para justificar esta productividad. Por ejemplo: por la producción de productos derivados de la leche o la carne y por la producción doméstica de hortalizas destinadas al consumo nacional, pero integradas a cadenas comerciales modernas y con certificación de calidad. Por otra parte, las industrias textil, automotriz y electrónica, podrían aumentar su grado de integración nacional ya que el 70% de los componentes ensamblados son de origen extranjero y muchos de ellos pueden integrarse en cadenas con participación de las PYMES nacionales, en forma similar a la maquila interna de países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y China. Pero, en todos esos casos se han requerido redes efectivas de capacitación y asistencia, en cooperación con las industrias medianas o grandes, para poder formar cadenas de proveeduría con mano de obra nacional. Si los países asiáticos pudieron, no hay razón para que nosotros no podamos emularlos. La superación de la pobreza no sólo es un asunto de justicia y estabilidad social, es un asunto estratégico. En este tema nos jugamos una carta esencial para sobrevivir frente a la amenaza del proteccionismo y los prejuicios culturales que han surgido en EUA y pretenden someternos mediante el chantaje comercial y migratorio.

[1][1] Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social http://www.coneval.org.mx/paginas/principal.aspx

[2] [1] PEA = Población Económicamente Activa. Son el 42% de 120 millones de habitantes