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Se ha hecho saber a la autoridad educativa federal la urgencia de atender su responsabilidad con la Máxima Casa de Estudios de Morelos hasta el último día de su mandato, señala el Colegio de Profesores de la UAEM.

"Hacemos un llamado a todos los representantes de la administración pública federal y estatal para atender el rescate financiero no sólo para la UAEM, sino para más de diez universidades públicas estatales que están solicitando su intervención", dijo Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“La universidad es el pueblo, del cual los gobiernos actuales solicitaron su apoyo en tiempos electorales y lo que pedimos es no mezclar intereses políticos en el manejo de la crisis financiera de la UAEM", dijo Cuevas Olascoaga.

El también académico de la Escuela de Turismo expresó que ya se ha hecho saber a los actuales gobernantes la urgencia de atender su responsabilidad con la máxima casa de estudios hasta el último día de su mandato. “Que se dejen de intereses mezquinos y busquen de manera conjunta dar solución a esta crisis que afecta a los futuros profesionistas que hoy están sin clases”.

Miguel Ángel Cuevas también pidió a la nueva legislatura del Congreso local "que busque la manera de generar acuerdos para intervenir a favor de miles de universitarios y de todo un pueblo que pide apoyo”.

Manifestó su solidaridad con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) en su movimiento de huelga, "así como con todos los que han sido solidarios para abastecer de alimentos a quienes se encuentran en las guardias y continuar en la lucha por un trabajo digno y una educación pública gratuita".

En esta semana comenzarán notificaciones a los exdiputados responsables del manejo de las finanzas de la anterior Legislatura.

Los señalados son Francisco Moreno Merino, Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y quien fuera la titular de Finanzas, Patricia Banderas.

Luego de que la nueva legislatura local encontrara más de mil 200 millones de pesos no comprobados por el Congreso durante sus dos periodos anteriores, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, admitió que sí podría exigirse resarcir los recursos.

Destacó que “todavía en este momento no podemos hablar de resarcir, porque estamos en una primera etapa. Apenas se les va a notificar de lo anterior, ello a los responsables del manejo financiero, es decir Francisco Moreno Merino, Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y quien fuera la titular de Finanzas, Patricia Banderas”.

Reconoció que en una primera revisión, se encontró que no se justificaron muchos gastos del periodo solicitado. “Los nuevos procedimientos son claros, hay que solicitar la información por rubros, por ejemplo, que se destinaron 10 millones de pesos para tal o cual compra, se tendrá que probar que en efecto se hicieron las adquisiciones, de lo contrario, pues se va cuantificando lo no efectuado”, abundó.

Loredo Méndez manifestó que “se entregan las cédulas de revisión por partida. Contarán con 10 días para responder. Aún no hemos terminado, se notificará en la semana entrante. La ley obliga a ser profesionales”.

La semana entrante es sustancial para lo anterior, aclaró, porque si las observaciones no se cumplen, comienza ya una etapa de judicialización. “Pero quiero ser cuidadoso, hay que investigar de fondo y es el Tribunal de Justicia Administrativa el que sanciona”.

Pero reconoció que es la primera vez que se audita al Congreso. “Es histórico, quizás por las condiciones políticas, pero lo anterior no es privativo de Morelos, ello se da en las Cámaras de Diputados federales y senadores, donde sólo se revisan los gastos administrativos, no los políticos”. Lo anterior, derivado de una suprasubordinación que impide este tipo de acciones. Ahora, la misma legislatura actual ordenó la revisión y sobre ello se hizo, pero antes sólo se desarrollaban auditorías aleatorias.

“La entidad superior viene desarrollando el trabajo. Es posible que a media semana entrante ya se tengan listas las notificaciones. Dependiendo de las respuestas, el tema podría escalar a etapas más delicadas. Si ello ocurre, el asunto pasará ya al tribunal antes mencionado”, sentenció el auditor.

El Congreso busca el mecanismo para remover al fiscal general.

Los diputados locales acordaron impulsar una reforma a la legislación local para remover del cargo a Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado.

"El fiscal debe irse, hay un amplio consenso de mis compañeros de esta legislatura y generaremos las reformas que nos lleven a ver al fiscal fuera, porque si no lo tenemos fuera de esta fiscalía, lo seguiré reiterando, jamás solicitará una orden de aprehensión en contra de Graco y menos la va querer ejecutar para llevar a Graco a la cárcel", sostuvo el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil dijo que se analizan las vías jurídicas para impulsar la remoción del fiscal, toda vez que la pasada legislatura lo nombró por nueve años consecutivos y deter,inó que al término de su función reciba una pensión vitalicia y seguridad personal.

El legislador local aseveró que hasta el momento Carmona Gándara se ha negado a informar sobre el estado que guarda la Fiscalía, así como del avance en investigaciones que se encuentran abiertas.

Zapotitla Becerro refirió que ante tal opacidad también se insistirá ante el fiscal que rinda un informe detallado ante el Congreso del estado.

A la posible destitución de Uriel Carmona el diputado señaló que podría sumarse también la del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, que fue designado por el mismo fiscal general.

Hasta los de Morena votaron a favor de la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

El Congreso del estado creó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, con la que desaparecieron tres secretarías de despacho y se fortaleció la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que tendrá bajo su coordinación todas las dependencias de gobierno.

Tras varios días de jaloneo entre las fuerza políticas que en su momento conformaron la coalición "Juntos Haremos Historia", finalmente ayer se aprobó la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, con 19 votos a favor y uno en contra.

La diputada del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Díaz Roca, se pronunció en tribuna en contra de la modificación a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, pues aseveró que no existe un estudio que sustente su viabilidad. Además, se quejó porque no fue notificada en tiempo del dictamen que ayer se aprobó.

Además, reprobó la desaparición de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para incorporar sus atribuciones a un consejo.

Sin embargo, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) finalmente cedieron ante la propuesta del titular del Poder Ejecutivo, con la justificación de que no serán un obstáculo para el trabajo del gobierno estatal.

"Nosotros, el grupo parlamentario de Morena, somos parte de la Coalición Juntos Haremos Historia y asumimos desde el Congreso del estado esa responsabilidad, y porque lo dijimos desde el principio que vamos a acompañar a este gobierno legítimo encabezado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo", manifestó el diputado Héctor Javier García Chávez, a nombre de la bancada de Morena, que posteriormente participó del encuentro entre el gobernador del estado y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La nueva estructura orgánica estatal contempla las siguientes dependencias: Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Administración, Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Movilidad y Transporte, Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica.

Desaparecieron las secretarías del Trabajo, Cultura y la de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Dentro de las atribuciones de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura se encuentran las de coordinar el gabinete; ser el enlace institucional con los poderes del estado, la Federación y el resto de las entidades federativas; coordinar proyectos y hacerse cargo de la agenda del gobernador; así como impulsar políticas públicas sobre medios de comunicación, entre otras atribuciones.

A la Secretaría de Movilidad y Transporte se le devolvieron las facultades para coordinar el área de control vehicular.

Mientras tanto, el área de Reinserción Social del estado estará a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad, ya no más de la Secretaría de Gobierno, con lo que se abroga el decreto de la Coordinación de Reinserción Social.

En el decreto aprobado se estableció que en un plazo de 60 días, el personal y mobiliario de las secretarías que desaparecieron se adherirán a las dependencias existentes.

Asimismo, el Congreso del estado deberá crear las normas reglamentarias en un plazo de 30 días, a fin de que pueda empezar a funcionar la administración pública.

Los legisladores, sin oficinas por la deuda de 70 millones con constructora.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó la desaparición de documentación relativa a la situación financiera y administrativa en la que exdiputados dejaron al Congreso del estado.

La diputada priista dijo que presumen que los integrantes de la LIII Legislatura robaron documentos oficiales con la finalidad de ocultar las presuntas irregularidades que cometieron en el manejo del presupuesto del Congreso.

"Se llevaron toda la documentación que prácticamente a ellos les preocupaba y que eran indicios de corrupción impresionante. Falta mucha documentación y al faltar documentación se presume que la escondieron, se la llevaron y nosotros como Congreso estamos trabajando porque sí tenemos que llegar al fondo de la verdad", declaró.

La diputada priista informó que se investigan a fondo las acciones de la pasada legislatura para reunir los suficientes elementos que sustenten una denuncia penal y procesos administrativos en su contra. 

Mazari Espín refirió que desde la Comisión de Hacienda se ha iniciado una revisión para detectar cuáles son los documentos que hacen falta e iniciar procesos administrativos.

De igual forma, sostuvo que en próximos días se presentará una denuncia penal en contra de los exlegisladores, por el saqueo que cometieron en distintas áreas del Congreso, además del gasto excesivo e irregular del presupuesto durante los tres años.

Por otro lado, mencionó que aún no han podido ocupar todas las oficinas del Congreso del estado, pues la empresa "Ago Operadores", que construyó el edificio, se ha negado a entregar el 50% del inmueble, hasta que se le liquide el adeudo por más de 70 millones de pesos que dejó la pasada administración estatal.

"De todo el recinto legislativo sólo hay 19 oficinas que la constructora dio de alta y que están en condiciones de ocuparlas, 19 de 30 oficinas que se hicieron exclusivamente para el área de legisladores", agregó. 

El secretario de Hacienda dijo que el hallazgo de deudas no contabilizadas impide aportar recursos para el rescate de la UAEM.

La cifra mencionada es apenas lo que se descubrió el primer día de labores.

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, informó ayer martes que no existen condiciones para que el gobierno del estado haga una aportación de recursos, como lo planteó la Federación, para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El funcionario estatal informó que en el primer día de la administración, como parte de la entrega-recepción de la secretaría, encontraron cheques por pagar a proveeduría por 800 millones de pesos, y todavía quedaba por sumar lo encontrado a simple revisión en el segundo día, es decir, ayer martes en el área de Tesorería.

Apuntó que la información preliminar da cuenta de que ese monto es adicional al que se tiene en adeudos bancarios, que ascienden a alrededor de cinco mil 700 millones de pesos.

“Es la parte de los cheques que están emitidos, pero falta por hacer la conciliación con las cuentas bancarias y con cobros de proveedores y nos interesa saber cuáles son los que están en tránsito o en trámite, falta conocer a detalle lo que se tiene en egresos”, explicó, al comentar que hasta que se tenga esa información, se podrá conocer la suficiencia presupuestaria para cubrir esos adeudos.

Calculó que en dos o tres días más se conocerán también los adeudos que tienen registrados en cada una de las dependencias, en el proceso de recepción oficial.

De eso dependerá si es suficiente o no el monto de las asignaciones de participaciones federales que restan en el año.

A decir de Villarreal Gasca, será factible elaborar un paquete económico (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019) una vez que se conozcan en lo fundamental los rubros ya referidos sobre adeudos (bancario y a proveedores), pero confió en que en los primeros 15 días de noviembre sea factible entregar al Congreso local dicha propuesta.

Con respecto al planteamiento que hizo el gobierno federal la noche del pasado lunes en reunión con representantes de la UAEM, en el sentido de que se liberarían recursos para un rescate financiero, pero con la condición de que el gobierno estatal realice una aportación del 50%, el responsable de las finanzas de la nueva administración local dejó en claro que no hay condiciones en las arcas locales para destinar fondos adicionales.  

Comentó que durante las mesas de trabajo para la transición, el gobierno de Graco Ramírez informó que ellos habían hecho las gestiones correspondientes, incluso, “él mismo lo dio a conocer así”, en el sentido de que conseguirían recursos, pero hasta la noche del lunes no había nada.

“Al margen de ello, el trabajo y la gestión debe ser por la misma universidad. Nosotros somos coadyuvantes nada más en el sentido de generar las condiciones para la solicitud de esos recursos; no compete a esta administración hacer la gestión de esos recursos. Sin embargo, hemos tenido muchas pláticas con el rector, gente de la administración de la UAEM y los estamos acompañando y atendiendo las peticiones que se han hecho al gobierno federal y a las dependencias de educación de la Federación”, abundó.

Reiteró que “en este momento no tenemos las condiciones para establecer que así lo podamos hacer”.

Dejó en claro que desde su punto de vista, será necesario que la universidad y sus sindicatos revisen los gastos de la institución en el marco de su autonomía. “Lo que es un hecho, y así lo hemos platicado con la parte sindical, es que tenemos que priorizar las cuestiones de cada una de las partes. El tema de incrementar la matrícula como se dio, de aumentar algunas cuestiones de la base, es de lo que tienen ellos que analizar. Dentro de lo que son las condiciones generales del contrato colectivo de trabajo, pedimos que también se vayan priorizando cada una de las partidas que se tienen ahí, para irlas sacando, porque son también corresponsables de las situaciones que se presentan en la UAEM. Ha sido quizá desproporcionado el crecimiento de la matrícula sin gestionar los recursos adicionales que se requieren para hacerlo, porque no es nada más recibir a los estudiantes nada más por recibir, se tiene que analizar en qué condiciones”.

Dejó en claro que “no se puede” adelantar participaciones del año que viene, y destacó que no tiene sentido estar haciendo anticipos sin una resolución de fondo, porque eso sólo alarga la complicación. Planteó que se tienen que tomar medidas –quizá- drásticas, si no, la situación de la universidad se irá haciendo cada vez más compleja. “Es como seguir pateando el bote para darle largas”, añadió.

Aseguran que fueron amenazados para no manifestarse.

Estudiantes de la Escuela Preparatoria de Cuautla, así como de la Escuela de Estudios Superiores Campus Cuautla, realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad en apoyo al paro de trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes exigen el pago de sus sueldos y prestaciones laborales. 

Los estudiantes, acompañados de sus padres, así como de algunos transportistas, partieron desde las instalaciones de la preparatoria de Cuautla -ubicadas en el recinto ferial, al oriente de la ciudad-, caminaron sobre la avenida Ejército Libertador, después por Gabriel Tepepa, llegaron a la Alameda y subieron por Insurgentes, para después incorporarse a la avenida Reforma y llegar al Parque Benito Juárez de Cuautlixco, donde realizaron un mitin.

“La educación es un derecho y venimos a reclamar que se cumpla. No se puede concebir que por una mala administración del gobierno federal y estatal, tengamos que salir a las calles a mendigar lo que por derecho nos corresponde”, señaló una de las voceras.

Calificaron de indignante que el gobierno en todos sus niveles muestre tanta indiferencia hacia los estudiantes, “sabiendo que somos más de 43 mil en riesgo de perder el semestre y orillándonos a acudir a la educación privada y poco a poco poner en quiebra a las universidades públicas, ya que hoy nos sumamos en el país a nueve universidades en crisis financiera”, agregó.

Exigieron a los diputados, tanto locales como federales, a garantizar recursos económicos para la UAEM. “Exigimos al Congreso del estado que tome en cuenta el gasto que nuestra educación amerita. Diputados que van a aprobar el presupuesto 2019, consideren que nuestra universidad requiere de un presupuesto atinado que no genere más deudas, y consideren también destinar recursos para el rescate”, añadió.

Los estudiantes señalaron que pese a las amenazas que recibieron a través de redes sociales, se decidieron a realizar esta manifestación para hacer evidente su descontento con las autoridades, a quienes culpan de no entregar los recursos económicos a la máxima casa de estudios, y con lo que atentan contra su derecho a la educación.

Señalan que a través de los grupos de redes sociales, en donde están incluidos todos los jefes de grupo, circularon amenazas como que iban a ser levantados por grupos provenientes de Guerrero. “Es por eso que muchos de los compañeros no acudieron a la manifestación”, indicaron. Sin embargo, dijeron que sus movilizaciones no pararán hasta que se resuelva el problema económico mediante un rescate financiero de la máxima casa de estudios. “A la nueva autoridad al frente de la SEP en nuestro estado, sepa que los estudiantes estamos dispuestos a salir a las calles a exigir que se cumpla nuestro derecho plasmado en el artículo tercero de la Constitución, una educación gratuita”.

Lamentan diputados falta de apoyo oficial a la máxima casa de estudios del estado.

Los diputados locales hicieron llamado a las autoridades del gobierno estatal a asumir su responsabilidad con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y ayudar a gestionar los recursos financieros extraordinarios que sean necesarios para evitar el paro total de la institución pública.

Ante el estallamiento a huelga por parte de trabajadores académicos, que responsabilizaron al gobierno estatal de haber abandonado a la UAEM, la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, lamentó la situación en la que se encuentra la universidad del estado y que ni las autoridades estatales ni las federales han intervenido para que se logre un rescate financiero.

"Nosotros lamentamos y aquí hicimos y hemos hecho un exhorto, un llamado porque se le tiene que ver a la educación como una inversión. Yo creo que es un derecho de los jóvenes, ese derecho que se reclama a tener una educación que sea de calidad y que es una obligación del Estado mexicano, y que yo realmente vuelvo hacer un llamado a que se tenga sensibilidad política de los actores, tanto estatales como federales, para que se den los recursos necesarios para poder evitar que nuestra casa de estudios se encuentra hoy en un paro de actividades académicas", manifestó la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso.

Por su lado, Rosalina Mazari Espín, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que es urgente que haya un rescate, pues los depósitos que han hecho a la UAEM sólo son un remedio temporal al problema.

Por su lado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que se insistirá en la instalación de una mesa de trabajo con autoridades de la UAEM, trabajadores y el gobierno del estado, a fin de atender la crisis de la universidad de fondo, aunado a un llamado para que de manera inmediata las autoridades estatales y federales atiendan la crisis que enfrenta no sólo la UAEM, sino nueve universidades públicas más en el país.

El diputado reiteró que existe toda la disposición del Congreso local para participar en las negociaciones con el gobierno federal para que se autorice el rescate financiero por más de mil millones de pesos a favor de la máxima casa de estudios en el estado.

Los integrantes de la LIII Legislatura habrían engañado a la SCJN para evadir su responsabilidad, afirma el presidente de la Mesa Directiva.

Los integrantes de la LIII Legislatura habrían engañado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evadir su responsabilidad en más de 20 juicios, los que ahora deberán atender los actuales diputados para impedir su destitución.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que "de manera dolosa, la pasada legislatura señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México" ante la SCJN y no se estableció el domicilio oficial del Congreso del estado.

Explicó que el domicilio que se señaló ante la autoridad dejó de atenderse, por lo que la LIV Legislatura no se ha enterado de las notificaciones oficiales.

Para el legislador, dicho actuar por parte de los exlegisladores no sólo es una omisión, sino que se trata de una "venganza política". 

Sin embargo, Sotelo Martínez afirmó que atenderán de manera puntual cada uno de los requerimientos o sentencias que emita la SCJN en los 26 procesos legales que heredó la pasada legislatura, en su mayoría causados por controversias constitucionales que promovió el Poder Judicial en contra de decretos pensionarios. 

Citó uno de los juicios que la pasada legislatura no atendió, que es el radicado en el expediente 146/2017, y por el que debió responder la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta. 

"Una vez más, los diputados de la pasada legislatura fueron omisos en atender los requerimientos formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar cumplimiento a la sentencia dictada en la referida controversia constitucional, lo cual sólo evidencia, una vez más, las diversas irregularidades e incumplimientos por parte de estos entonces legisladores de atender no sólo las múltiples demandas y exigencias ciudadanas, sino también de hacer caso omiso a los requerimientos judiciales", declaró.

El titular de la Ceagua dice que los Ayuntamientos no desazolvaron los canales.

Continuarán las intensas lluvias en los próximos días, alertaron autoridades estatales de Protección Civil (PC) y de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), al dar a conocer que la afectación registrada en viviendas de Jojutla y Tlaquiltenango la madrugada de este lunes, se debió a taponamientos de canales y coladeras, cuyo desazolve es responsabilidad de los ayuntamientos.

El titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos (CEPCM) Javier Bermúdez Alarcón indicó por la mañana que en el recuento oficial se tiene registro de 150 viviendas afectadas en 15 colonias de Jojutla y tres más en Tlaquiltenango, debido a la torrencial lluvia de la noche del domingo.

La precipitación pluvial en Jojutla fue de 96.2 milímetros por lo que se clasifica como una lluvia torrencial, las “moderadas” son consideradas entre 25 y 50 milímetros, es decir la cantidad de líquido que cae por metro cuadrado en la superficie; en esa clasificación oficial de 50 a 75 milímetros se catalogan como “muy fuertes” y arriba de ese indicador se consideran “torrenciales”, que son las que se observan cuando se presenta un huracán en alguna zona del país.

Lo anterior fue explicado por el titular de la Ceagua Juan Carlos Valencia Vargas. En El Higuerón, una de las zonas afectadas, hubo más de 85 milímetros. Por lo tanto, la cantidad de lluvia que cayó en la zona fue muy importante y en poco tiempo.

Hizo notar que por las acciones de desazolve que se han hecho con anterioridad los ríos subieron su nivel, pero se mantuvieron dentro del cauce y no hubo desbordamientos.

A decir de dicho funcionario, lo que provocó la inundación fueron algunos canales, particularmente el que se conoce como “séptima toma” de esa zona que era agrícola, que eran de riego y donde había sembradíos de arroz y caña de azúcar y donde ahora se encuentra un conjunto habitacional.

Advirtió que desde el sismo se colapsó una barda perimetral de la zona habitacional y el material de ésta quedó en el referido canal, el cual no fue desazolvado como –dijo- se alertó al ayuntamiento.

Valencia Vargas aseveró que de igual manera en la zona limítrofe con Tlaquiltenango hay un canal que cruza la carretera en el que se observa creciente con las lluvias.

Ambas instancias alertaron que en los próximos días continuarán las lluvias y las que se registran en septiembre “son la más peligrosas”, toda vez que para estas fechas el suelo ya está saturado, hay poca absorción y por ello se esperan escurrimientos que implican mayor riesgo de inundaciones o deslaves.

Precisó que en esta temporada los registros de precipitación han estado por arriba del promedio habitual y se espera el mismo panorama para este mes. “Tenemos un pronóstico de precipitaciones severas y las lluvias van a terminar hasta el mes de octubre”, apuntó.

Hay 160 puntos considerados por el gobierno estatal como zona de riesgo por inundación, donde están asentadas más de 16 mil personas.

Ángel Colín López abandonó el recinto tras los cuestionamientos de los legisladores acerca de temas de seguridad y de reconstrucción; analizarán proceder legalmente en su contra.

Tras confrontarse con diputados por los cuestionamientos que le hicieron en temas de seguridad y reconstrucción, el secretario de Gobierno, Ángel Colín López abandonó la comparecencia a la que fue citado ayer ante el Pleno del Congreso del estado para resolver dudas sobre el sexto informe del gobernador Graco Ramírez.

El encargado de la política interna del estado argumentó “falta de condiciones” para seguir respondiendo a las preguntas de los legisladores, tomó sus cosas y se marchó del Congreso, en medio de rechiflas de los presentes en el salón de plenos y gritos de los diputados para exigirle respeto e incluso hasta lo llamaron “cobarde”.

La comparecencia del secretario de Gobierno inició alrededor de las 11 de la mañana. Colín López presentó un resumen de lo que consideró fueron los “logros” del gobierno estatal durante los últimos seis años en materia de seguridad, reinserción social, recursos naturales, atención a víctimas del delito y protección civil.

Posteriormente, en la ronda de preguntas, respuestas, réplicas y contrarréplicas, el funcionario se dedicó a contestar a medias y en muchas ocasiones a evadir las respuestas en temas sobre reconstrucción, atención a víctimas, seguridad y gobernabilidad.

Desde la primera pregunta que hizo la diputada Erika García Zaragoza –del Partido del Trabajo (PT)– sobre la instalación de la alarma sísmica en todo el estado como parte de las acciones en materia de protección civil, el secretario se negó a responder, al referir que no correspondía al informe, “por lo que no ha lugar” la pregunta.

Maricela Jiménez Armendáriz –del Partido Encuentro Social (PES)– lo cuestionó en dos ocasiones sobre el presupuesto con el que actualmente cuenta el fondo de atención a víctimas y Colín López trató de evadirla, incluso titubeó sobre los datos que proporcionaba y al final informó que dicho fondo cuenta con poco más de un millón de pesos, de un presupuesto anual de 32 millones.

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue tema recurrente en las preguntas de los diputados y el secretario se negó a responder sobre el gasto ejercido hasta el momento de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pues aseveró que es información que compete a la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, a los afectados del sismo se les han entregado el 95% de paquetes de materiales de construcción comprometidos, se han reconstruido 200 casas y 500 sólo iniciaron.

La priista Rosalina Mazari lo cuestionó acerca de las obras públicas que fueron inauguradas por el gobernador antes de julio, en un total de 38 giras, de las cuales la mayoría están inconclusas. Al respecto, Ángel Colín aseguró que la mayoría ya están terminadas, pero es información que tiene la Secretaría de Obras.

Ante señalamientos de parte del diputado de Morena Héctor Javier García Chávez sobre la situación de ingobernabilidad que vive el estado, por las fallas en materia de seguridad, el funcionario le recordó que fue perredista y que también trabaja en el actual gobierno.

Asimismo, ante tribuna, el funcionario estatal justificó la renuncia del comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, pues dijo estaba en su derecho de dejar el cargo “después de haber cumplido con su obligación”. Añadió asimismo que fueron motivos personales los que lo obligaron a irse, a unos días de comparecer ante el Congreso.

En una segunda ronda de preguntas, Tania Valentina Rodríguez Ruiz le preguntó a Colín si estaba satisfecho con sus resultados en el gobierno, pues su rostro decía lo contrario, a lo que el secretario afirmó que está contento con lo hecho. 

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, cuestionó al secretario por el uso de recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) para la renta de patrullas, cuando pudieron comprarse, tema que generó discusión entre ambos legisladores. 

La diputada de Morena Keila Figueroa Evaristo pidió respeto al secretario de Gobierno y lamentó la situación de ingobernabilidad que vive el estado.

Finalmente, Ángel Colín subió a tribuna para responder a la diputada y volvió a dirigirse a Alfonso de Jesús Sotelo, a quien señaló que él sí ha cumplido con su obligación y destacó la ausencia del exedil de Jojutla en la contingencia a causa del sismo.

El presidente de la Mesa pidió respeto al funcionario; acto seguido Colín, determinó retirarse, ante supuesta falta de condiciones.

“Si con respeto entiendes que no puedo hablar con la verdad y dirigirme a lo que conocemos como realidad, lo lamento, presidente. Y si no hay condiciones, les contestaré por escrito. No hay ningún problema; seguimos atendiendo lo que ustedes determinen”, manifestó el secretario.

Por último, los diputados acordaron emitir un extrañamiento por el actuar del secretario de Gobierno y anunciaron que analizarán proceder legalmente en su contra.

Legisladores de Morena se quejan de exclusión y anuncian el fin de la alianza con el PES y el PT.

El Congreso del estado se fracturó por la distribución de las comisiones legislativas. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se quejaron de haber sido excluidos, una vez más, de las negociaciones y acusaron a sus homólogos de ser autoritarios.

La tarde de ayer, los legisladores locales reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del estado para fusionar las comisiones legislativas y reducir su número de 31 a 27.

Sin embargo, la integración de dichos órganos legislativos provocó un pleito entre los diputados de Morena y el grupo G-14 que crearon los legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y del Partido del Trabajo (PT) con las del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Humanista (PH), Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal).

Los acuerdos sólo beneficiaron al G-14, que se distribuyó las presidencias de las principales comisiones.

El PT presidirá siete comisiones: Trabajo, Previsión y Seguridad Social, al igual que Desarrollo Económico, por Tania Valentina Rodríguez Ruiz; Gobernación y Gran Jurado, así como la de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, José Casas González; las de Salud y Desarrollo Agropecuario, José Luis Galindo Cortez, y Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Erika García Zaragoza.

El PES encabezará cuatro comisiones: Justicia y Derechos Humanos y Atención a Víctimas, por Alfonso de Jesús Sotelo Martínez; Planeación, Desarrollo Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Maricela Jiménez Armendariz, y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, Andrés Duque, quien también tendrá Desarrollo y Conflictos Agrarios.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la tendrá la priista Rosalina Mazari Espín; y Puntos Constitucionales y Legislación, y Seguridad Pública y Protección Civil, Marcos Zapotitla, quien es de Morena, pero respalda al G-14.

Educación y Cultura, la diputada del Panal, Blanca Nieves Sánchez Arano; Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, la panista Dalila Morales Sandoval, al igual que la de la Familia, y la de Ciencia e Innovación Tecnológica, Naida Díaz Roca, del PSD.

Mientras que Morena sólo presidirá cuatro comisiones: de Igualdad de Género, por Keila Figueroa Evaristo; Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, por Ariadna Barrera Vázquez; Diversidad Sexual, por Alejandra Flores Espinoza, y Ética Legislativa, Héctor Javier García Chávez. 

Ante la aprobación por mayoría de la integración de las comisiones, los morenistas utilizaron la tribuna para quejarse de que no fueron tomados en cuenta en la negociación y acusaron a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez, de haber violado la ley y "comprado" a sus homólogos para lograr mayoría en la votación.

El diputado Héctor Javier García Chávez acusó a sus homólogos de autoritarios.

Ante tales señalamientos, la diputada Rodríguez Ruiz afirmó que los diputados de Morena son quienes se han excluido de las reuniones de la junta, pues se les ha convocado a todas para tomar acuerdos.

Tras haber sido ignorados en sus quejas, los diputados de Morena abandonaron el Pleno y, en rueda de prensa, anunciaron que la coalición Juntos Haremos Historia se terminó.

Incluso, pidieron a la ciudadanía observar el trabajo del resto de los legisladores que se impusieron ante Morena, a pesar de ser la primera minoría. 

Deberán quedar conformadas este jueves.

Diputados locales deberán integrar hoy las comisiones legislativas para poder desahogar las comparecencias de 15 secretarios de despacho, a quienes citaron a partir de mañana para que aclaren dudas del sexto Informe de Gobierno que entregó el gobernador Graco Ramírez.

Hasta la tarde de ayer, los diputados no habían definido la integración de todas las comisiones, ya que se pretende disminuir el número de órganos a través de su fusión. 

Para ello, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, adelantó que se reformaría la Ley Orgánica del Congreso del estado antes de votar la composición de cada una de las comisiones.

Sin embargo, también se planteó que permanezca el número de órganos, que son 31 en total, y modificar la ley posteriormente para generar economía parlamentaria.

Es que para que los diputados puedan desahogar la agenda legislativa y, principalmente, escuchar en comparecencia a los secretarios de despacho, como parte del análisis del último informe de Graco Ramírez, deberán integrarse las comisiones, que son los órganos encargados de atender el trabajo legislativo. 

En dichas negociaciones no participó la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, por lo que la distribución de las principales comisiones se concretará entre las fuerzas políticas que representan la minoría en el Congreso, encabezadas por el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT).

El presidente de la Confederación, Ricardo Esponda Gaxiola, lamenta que exdiputados se hayan ido sin asumir responsabilidades por sus excesos.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Esponda Gaxiola, se pronunció por que haya castigo para los integrantes de la LIII Legislatura que fueron responsables de un presunto mal uso de los recursos financieros del Congreso del estado.

En entrevista, el empresario dijo que es lamentable que los exdiputados hayan dejado sus cargos sin asumir ninguna responsabilidad por la deuda que heredaron a la LIV Legislatura por más de 65 millones de pesos y el saqueo que cometieron en el Congreso del estado.

“Es una vergüenza, una burla y no sabemos dónde están… Habrá que ir a Cancún; otros están en otros lados, pero no es posible que esos que se denominan representantes del pueblo, ahora resulta que entreguen estas cuentas, no solamente económicas: entregaron cuentas pésimas en su labor legislativa”, sostuvo.

El presidente de la Coparmex manifestó su respaldo a los actuales diputados para que investiguen a fondo los excesos cometidos por sus antecesores y se castigue a los responsables.

“Si esto sucedió en el Legislativo, ¿qué va a pasar en el Ejecutivo? Se van en unos días. Este clamor popular de que se haga justicia, de que se haga rendición de cuentas, que haya claridad y transparencia, cada vez tiene mayor vigencia”, sostuvo.

El jueves  pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, convocó a organizaciones civiles, de abogados y contadores a sumarse al Congreso del estado para impulsar una investigación a la LIII Legislatura y proceder penal y administrativamente por el saqueo cometido por sus antecesores.

Keila Celene Figueroa afirma que buscarán presidir algunas de las comisiones más importantes en el Legislativo.

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Celene Figueroa Evaristo, aseguró que no hay fractura en el Congreso del estado, pese a que las fuerzas con minoría de diputados lograron imponerse en la distribución de los órganos de control.

La diputada sostuvo que la elección de las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno se lograron por el consenso de la mayoría de los diputados y, finalmente, quienes encabezan estos órganos son diputados que emanaron de la coalición "Juntos Haremos Historia".

Las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno fueron designadas a los diputados Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, del Partido Encuentro Social (PES), y a Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT). Mientras que a Morena sólo le correspondió una secretaría en la Mesa y una vocalía en la Junta.

"No es que nos haya importado o no, esto es de trabajo, de pláticas, de consensos. Aquí, como marca la ley, las dos terceras partes del Congreso decidieron, aunque nosotros no logramos tener más diputados estamos logrando unidad, no es que no nos haya importado, sí nos importa y estamos trabajando para ello", aseveró.

Mencionó que buscarán presidir comisiones como es la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Puntos Constitucionales y Legislación, entre otras que consideran de mayor relevancia.

Adelantó que impulsarán la creación de un nuevo órgano que será la Comisión Investigadora de la Reconstrucción, ya que no se ha cumplido a los damnificados del sismo del 19 de septiembre que se quedaron sin casa, y tampoco se tiene claridad en qué se ejercieron los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y que se administraron en el órgano desconcentrado "Unidos por Morelos".

En conferencia de prensa, los actuales legisladores informaron de la magnitud del saqueo; dejaron la nueva sede sin mobiliario y se llevaron los autos de uso oficial.

Aseguran que sus antecesores se repartieron en los últimos días 46 millones de pesos.

Los integrantes de la LIII Legislatura aprovecharon hasta el último día de su gestión para saquear al Congreso del estado. El viernes 31 de agosto se repartieron 46 millones de pesos, se llevaron los vehículos y dejaron el recinto legislativo sin muebles.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en las cuentas bancarias del Congreso del estado sólo encontraron dos mil pesos y deudas que ascienden a 65 millones de pesos.

Asimismo, refirió que no tienen muebles para ocupar las oficinas, ni tampoco vehículos para realizar las labores legislativas.

Al respecto, dijo que lo que sí encontraron fue un contrato de compraventa firmado por la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de vicepresidenta de la Mesa Directiva, por el que vendió un vehículo tipo Jetta, modelo 2013, propiedad del Congreso, a su compañero de bancada Javier Montes Rosales, por un monto de 50 mil pesos. Sotelo Martínez mencionó que se presume que hay más contratos de ese tipo.

Aseguró que dicha información la obtuvieron de una investigación que han hecho por cuenta propia, ya que los exdiputados se han negado a entregar la documentación correspondiente a la situación administrativa y financiera del Poder Legislativo.

Refirió que ayer sostuvieron un encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que les informó que no tenía la documentación requerida y que será hasta el 12 de septiembre cuando estará en condiciones de cumplir.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que se presume la intención de los exlegisladores de retrasar el proceso de entrega-recepción, para que la LIV Legislatura no pueda actuar legalmente en su contra ante la comisión de un posible delito o falta administrativa.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo subrayó que procederán penal y administrativamente en contra de los exdiputados, de confirmarse que cometieron delitos por el presunto mal uso de los recursos públicos. 

Para ello, indicó que convocarán a las asociaciones de abogados y contadores para que apoyen al Congreso del estado en una investigación a fondo de la gestión de la LIII Legislatura y que haya un deslinde de responsabilidades.

Anularán diputados nombramientos hechos fuera de la ley

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva informó que en la próxima sesión ordinaria procederán a la anulación de los nombramientos que aprobó la LIII Legislatura sin estar apegados a derecho.

Para ello, refirió que cuentan con el apoyo de asociaciones de abogados que han pedido a la LIV Legislatura ayudar en contra de los abusos cometidos por sus antecesores.

A dos días de irse, los exdiputados nombraron a dos comisionados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y a los titulares de los órganos de control en la Fiscalía General (FGE) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La expresidenta de la mesa directiva no cumplió el martes pasado con la entrega de la información sobre la situación financiera y administrativa en la que la anterior legislatura dejó al Congreso local.

Integrantes de la LIV Legislatura establecieron como plazo este jueves para que los exdiputados entreguen información respecto a la situación financiera y administrativa en la que dejaron el Congreso del estado.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la Mesa Directiva, confirmó que fracasó el primer encuentro para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción, que se tuvo el martes pasado, ya que los exlegisladores no cumplieron con la entrega de la documentación requerida.

Informó que se acordó un nuevo encuentro para hoy "como un acto de buena voluntad" y la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, pueda cumplir con su obligación.

Sánchez Arano explicó que la información requerida a la LIII Legislatura tiene que ver con el presupuesto que tiene el Congreso del estado para lo que resta del 2018, las deudas con proveedores y con los trabajadores, los problemas jurídicos y el estado estructural del edificio legislativo.

"Todo lo que implica la parte de las finanzas que es elemental, las condiciones del edificio. Sabemos que tiene que haber por ahí los contratos, la obra con la constructora que es la responsable de todo esto. Desconocemos el expediente técnico, las etapas que lo conforman y a partir de eso tendremos elementos y dejar a un lado la especulación", declaró.

Afirmó que una vez que tengan toda la información requerida a los ex diputados se impulsará una auditoría especial y, de confirmarse irregularidades, aseguró que se procederá legalmente. 

"Eso (el retraso de la información) da pie a una mala lectura, pero no podemos llegar a la confrontación porque eso no construye y no da buenos resultados", agregó.

Por su lado, se confirmó que hoy, a las nueve de la mañana, los integrantes de la Mesa Directiva se reunirán con exlegisladores para concretar el acta de entrega-recepción, conforme a lo que la ley en la materia determina. 

Plantean crear una comisión por diputado, para que existan sólo 20 que atiendan los distintos temas.

Diputados locales reducirían a 20 el número de comisiones legislativas, mediante una fusión de las que actualmente existen, supuestamente para generar un ahorro en el gasto del Congreso del estado.

En un plazo de 30 días, los diputados locales deberán ponerse de acuerdo en la integración de cada una de las comisiones. De acuerdo a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, se hará una fusión de los 27 órganos que actualmente existen para el desahogo de la agenda legislativa.

Explicó que se busca crear una comisión por diputado para que existan sólo 20 que atiendan los distintos temas.

La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) dijo que con la reducción de comisiones también se logrará una disminución de la nómina, pues no habrá necesidad de contratar a un gran número de asesores por diputado.

Hasta el momento, cada fuerza política ha hecho sus propuestas de las comisiones que pretenden presidir, a fin de que se integren antes de que concluya el mes de septiembre. 

En tanto, diputados locales no pueden usar de manera total la sede del Poder Legislativo, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca, ya que la empresa que la construyó, "Ago Operadores, S. A. de C.V., no la ha entregado de manera total, ya que el gobierno del estado no ha pagado la totalidad de los 472 millones de pesos que costó la obra, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

El diputado informó  que ya tuvo el primer acercamiento con representantes de la empresa y le confirmaron que el Poder Ejecutivo no ha liquidado lo acordado en el contrato.

Además, explicó que al no estar liquidado el proyecto, la empresa determinó no entregar la obra en su totalidad, lo que significa que los legisladores no podrán usar todas las oficinas construidas para la operatividad del Congreso local.

Sin concretar, proceso de entrega-recepción

Mientras tanto, el proceso de entrega-recepción no ha podido iniciar de manera formal para que los diputados conozcan el estado en que los integrantes de la LIII Legislatura dejaron el Congreso del estado.

Ayer, el presidente de la Mesa Directiva tuvo un primer encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que se les informó de la documentación que recibirán. Sin embargo, será hasta mañana cuando se firme el acta de entrega y recepción.

Esta mañana, los coordinadores de los grupos parlamentarios se reunirán en sesión de la Junta Política y de Gobierno en la que se les informará sobre el citado proceso y de la información que recibirán en materia administrativa y financiera, sobre el estado en el que se encuentra el Poder Legislativo. 

Ramsses Agustín Pérez Muciño se quedó con un cargo en el Congreso del estado.

Ramsses Agustín Pérez Muciño, perredista y otro colaborador de la exdiputada Beatriz Vicera Alatriste, fue afianzado como funcionario del Congreso local al ser designado como liquidador del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

El mismo día de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 31 de agosto, entró en vigor el acuerdo legislativo por el cual se atribuyó a Pérez Muciño la responsabilidad de tramitar la liquidación del fondo que fue eliminado por la víspera del cambio de administración estatal y para redireccionar recursos hacia la Fiscalía General del Estado y varios tribunales.

Según uno de los últimos acuerdos expedidos por la Junta Política y de Gobierno de la LIII Legislatura -que culminó el viernes pasado-, el liquidador estará en funciones el tiempo que dure el proceso de extinción del fondo, es decir, hasta concluir las obligaciones administrativas, económicas y jurídicas contraídas.

Los recursos humanos serán liquidados conforme a los derechos laborales, mismos que serán respetados en términos de la legislación de la materia, incluidos sus derechos en materia de seguridad social.

Los recursos materiales del fondo serán transferidos al Congreso del estado, y los documentos y archivos que al organismo correspondan quedarán bajo el resguardo del liquidador durante el tiempo legal indispensable, por tanto, será el responsable de la custodia y conservación de los referidos archivos.

Los recursos financieros que conforman el patrimonio del fondo serán transferidos al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, para su reasignación de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda.

Carecen de condiciones para que allí trabajen los diputados y se ignora el presupuesto disponible.

Los integrantes de la LIV Legislatura, que tomaron protesta el sábado pasado, aún no tienen oficina para trabajar debido a que las instalaciones del nuevo Congreso del estado todavía no están en condiciones de usarse.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín informó que hoy iniciará el proceso de entrega-recepción y adelantó que requerirán información inmediata sobre las condiciones en las que se encuentra el Congreso del estado, ya que aún no pueden usarlo en su totalidad. 

Refirió que en una primera reunión entre los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, se les informó que las instalaciones del Poder Legislativo no están en condiciones óptimas para que puedan despachar allí.

Explicó que tendrán que acondicionarlas lo antes posible para que puedan instalarse junto con sus trabajadores.

"Quedamos que en estos días íbamos a hacer un recorrido porque están los espacios, están cerrados... por lo mismo de que está incompleto este recinto legislativo todavía no han sido ocupadas esas oficinas", declaró.

Sin embargo, sostuvo que deberán conocer la situación financiera del Congreso, pues desconocen el presupuesto que dejaron los integrantes de la LIII Legislatura.

Agregó que ya cuentan con luz y de agua, servicios que no se tenían en el Congreso local al final de la anterior legislatura.