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Por lo menos serán once las legisladoras, de un total de 20 diputados locales.

A partir del 1 de septiembre, el Congreso del estado -con veinte diputados en total a partir del primero de septiembre- estará representado por al menos 11 mujeres, tras los resultados de las elecciones del 1 de julio, lo que significa que habría más mujeres que hombres como diputados locales.

Derivado de los resultados de la contienda electoral, la coalición Juntos Haremos Historia ganó los 12 distritos de mayoría relativa, seis estarán representados por mujeres en la LIV Legislatura.

Sin embargo, al haber ganado los 12 distritos y el mayor número de votos, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) podrían perder su derecho a una diputación por la vía plurinominal, además de Movimiento de Generación Nacional (Morena), pues estarían sobrerrepresentados en el Congreso del estado.

Con lo anterior, las ocho diputaciones de representación proporcional se distribuirían entre los siete partidos restantes que lograron el 3% de la votación general.

El próximo domingo, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) dará a conocer los resultados del cómputo final de la contienda electoral y la designación de las diputaciones plurinominales.

De confirmarse que habría mayoría de mujeres en el Congreso del estado, el tema podría ser motivo de impugnación por parte de los partidos políticos, pues no se estaría cumpliendo la paridad de género que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al respecto, la diputada panista Norma Alicia Popoca Sotelo coincidió que la lucha por la paridad tenía como finalidad lograr los mismos espacios públicos para mujeres y hombres.

Pretenden aprobar designaciones antes de que concluya su gestión; la sesión de ayer se suspendió.

Antes de terminar la LIII Legislatura, diputados locales pretenden impulsar designaciones del nuevo fiscal anticorrupción y de magistrados del Poder Judicial, pendientes desde el año pasado.

Tras un mes de parálisis en el Congreso del estado, ayer los legisladores reactivaron labores, luego de que 17 -de los 30 existentes- participaron en la contienda electoral del 1 de julio. Sin embargo, sólo 22 acudieron a la sesión ordinaria que no había podido concluirse desde el 7 de junio por falta de quórum.

El próximo 15 de julio concluirá el último periodo ordinario de sesiones y los diputados pretenden concretar la designación del nuevo fiscal anticorrupción, en lugar de Juan Salazar Núñez.

Además, buscan avanzar con la designación de dos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y de un magistrado en el Poder Judicial, entre otras designaciones en el mismo órgano.

El diputado del Partido Nueva Alianza (PNA) Francisco Santillán explicó que esos asuntos y otros pendientes, podrían desahogarse la próxima semana y de no alcanzarles el tiempo por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, podrían convocarse a un periodo extraordinario antes del 31 de agosto, cuando tendrán que dejar las curules.

Durante la sesión ordinaria de ayer, que fue la continuación de la agenda el 7 de junio, se abordaron decenas de solicitudes de jubilación de trabajadores del Poder Legislativo, Judicial y del Ejecutivo.

Sin embargo, los temas ingresados en el orden del día no se agotaron, pues por tercera vez dicha sesión se suspendió.

El 15 de julio concluirá el periodo ordinario de sesiones y los pendientes se acumulan, denuncia legisladora panista.

Esta semana, los legisladores locales cumplirán un mes sin sesionar, contrario a lo que señala el Reglamento para el Congreso del estado de Morelos y al acuerdo que los diputados aprobaron para sesionar una vez cada 15 días.

La vice coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Norma Alicia Popoca Sotelo, hizo un llamado a la presidencia de la Mesa Directiva para que convoque a sesión ordinaria, de manera urgente, esta misma semana.

Sostuvo que las campañas electorales ya terminaron y es necesario que se retome el trabajo legislativo, pues existen muchos pendientes por desahogar antes del 15 de julio, cuando concluirá el último periodo ordinario de sesiones de la LIII Legislatura.

Recordó que existe un acuerdo de la Junta Política y de Gobierno y de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos para sesionar este jueves de manera ordinaria y desarrollar una sesión solemne por el Día del Contador Público, pendiente desde el 25 de mayo.

"No hemos sido convocados, no puedo afirmar que no habrá sesión, es lo que presumiblemente esperamos que no va haber porque ya nos hubieran convocado. Sin embargo, habría la capacidad de convocarnos puesto que el orden del día de esa sesión está ya aprobado, está determinado por conferencia porque ya se había hecho la Junta Política para que tuviéramos sesión esa semana que no hubo quórum", agregó.

Popoca Sotelo admitió que han violentado el reglamento del Congreso y también el acuerdo al que llegaron en la Junta Política y de Gobierno para sesionar una vez cada 15 días.

"El llamado del grupo parlamentario del PAN, es a que ya nos convoquen, apresurarnos porque el tiempo se nos viene encima ciertamente", agregó.

La legisladora panista afirmó que lo más urgente por desahogar, son los decretos pensionarios de los trabajadores del Poder Judicial "congelados" desde hace varios meses.

Subrayó que también se debe retomar el análisis de iniciativas pendientes para evitar dejar rezago legislativo a la próxima legislatura.

La SCJN rechazó la impugnación al nombramiento de la responsable del órgano interno de control del TJA.

El tribunal considera que se nombramiento viola su autonomía.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra la designación del Congreso de la titular del órgano interno de control.

De acuerdo con los estrados electrónicos del máximo tribunal del país, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda 110/2018 promovida por el órgano jurisdiccional, que pretendía revertir el nombramiento de Patricia Ariza Cuéllar, designada como responsable del órgano interno de control.

En su escrito de demanda, el TJA impugnó el decreto legislativo 2849 del 5 de abril pasado, por el cual el Poder Legislativo realizó el nombramiento, violentando la autonomía e independencia del tribunal.

El órgano jurisdiccional alegó que el Congreso incurrió en una imposición e invasión de competencia, además de violentar los principios que rigen al Poder Judicial. Sin embargo, la SCJC resolvió desechar la demanda, por considerar que el tribunal carece de legitimidad procesal activa para promover el recurso de control constitucional en contra de la decisión del Poder Legislativo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al gobierno de Morelos entregar de inmediato 20 millones de pesos al Instituto Electoral de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), y responder de manera integral la petición del órgano administrativo de una nueva ampliación presupuestal para la ejecución total de los comicios del próximo 1 de julio.

Al resolver el juicio electoral SUP-JE-30/2018, interpuesto por el Impepac, el pleno de la Sala Superior consideró que existe omisión del gobierno estatal de entregar al instituto local la totalidad de los recursos avalados por el Congreso local, mediante las ampliaciones presupuestales otorgadas.

De acuerdo con la sentencia, el gobierno de Morelos únicamente entregó al instituto los recursos correspondientes a los pagos de las dos primeras autorizaciones de ampliación, mientras que de la tercera transfirió solamente la mitad de la cantidad asignada y, por lo tanto, adeuda al Impepac la cantidad de 20 millones de pesos, la cual deberá ser entregada en un plazo de 72 horas.

La Sala Superior recalcó que las necesidades presupuestales del instituto derivan de la realización de las tareas de organización electoral, y la falta de recursos suficientes pone en riesgo la actividad sustantiva de la autoridad, como la distribución de la documentación y material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla para el día de la jornada electoral, o el transporte y logística de la entrega de los paquetes electorales a las dos mil 421 casillas que –aduce- se instalarán, así como para los recorridos de supervisión, atención de incidencias y los cómputos distritales y municipales.

Adicionalmente, la Sala Superior señaló que la autoridad no ha dado respuesta integral a la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Impepac, por el monto de 81 millones 217 mil 361 pesos con 24 centavos y, por ello, ordenó dar una respuesta fundada y motivada, a la brevedad posible, teniendo en consideración lo previsto en la Ley de Presupuesto y en el presupuesto.

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con lo ordenado, la Sala Superior impondrá una medida de apremio y adoptará las acciones que en derecho correspondan y, que resulten eficaces, a fin de lograr la ejecución de la sentencia.

También en la sentencia se vinculó al Congreso para dar cumplimiento al requerimiento de recursos del Impepac.

Esperan que con el apremio del TEPJF obtengan 16.5 millones más.

La Secretaría de Hacienda finalmente depositó los siete millones de pesos aprobados por el Congreso como ampliación presupuestal para el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió al gobierno estatal, sobre la aplicación de medidas de apremio si no cumplía con la dotación de recursos adicionales al órgano local.

El sesión privada, la Sala Superior ordenó la entrega del recurso a más tardar este 20 de junio o, de lo contrario, impondría medidas de apremio, como podría ser vincular al cumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que retenga de las ministraciones del Estado de Morelos la parte correspondiente al tribunal local y se la entregue directamente; dar vista al Congreso de Morelos, para que determine las responsabilidades de los servidores públicos involucrados; o bien dar vista a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda.

Ante la presión de la máxima autoridad electoral del país, el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado, informó que este martes, finalmente la Secretaría de Hacienda estatal transfirió los siete millones al tribunal.

Consideró que “esto es el cumplimiento parcial, seguiremos insistiendo por lo que falta, nos oxigena de momento esta cantidad. Sin embargo no es suficiente y tampoco resuelve la situación financiera del TEEM”.

Adelantó que el próximo viernes, estarán en Morelos magistrados del TEPJF y el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong, quienes harán un pronunciamiento a favor del TEEM, con el fin de que le entreguen los recursos financieros para ejercer su jurisdicción con autonomía e independencia.

En 2017, el TEEM había solicitado en su proyecto 2018 de presupuesto 41.5 millones de pesos para hacer frente a la judicialización del proceso electoral. Sin embargo, sólo se le otorgaron 18 millones y esto obligó al tribunal local recurrir al TEPJF, quien ordenó al gobernador y legisladores dotar al TEE del total de recursos solicitados, es decir los 23.5 millones restantes.

Pese a las mesas de diálogo con los magistrados electorales, el Congreso sólo aprobó dar al tribunal local siete millones adicionales. Ahora el TEEM presionará para que se le doten de los recursos restantes por 16.5 millones para atender las impugnaciones.

La representación sindical ya interpuso la queja contra el director jurídico ante la presidencia de la Mesa Directiva.

El líder sindical de los trabajadores del Congreso del estado aseguró que sus representados padecen de abusos, restricciones y acoso por parte del director Jurídico, Humberto Serrano Guevara, quien les ha prohibido el uso de celular y moverse de sus oficinas en horario de trabajo. Incluso, son vigilados mediante cámaras de vídeo en las nuevas instalaciones del Poder Legislativo.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Jesús Román Salgado, confirmó que ya intervino ante la presidencia de la Mesa Directiva por lo que consideró son violaciones claras a los derechos de los trabajadores.

Informó que la semana pasada, luego del cambio de oficinas a la nueva sede, recibió quejas de los empleados de las áreas administrativas sobre abusos por parte del director jurídico, quien hasta les habría restringido su derecho a ir al baño.

"Obviamente sabemos que debe haber orden, pero abusos y acoso laboral no lo vamos a permitir. Ya tomé cartas en el asunto comentándole a la presidenta, a la diputada  Hortencia (Figueroa Peralta) que por supuesto ella no dio ninguna indicación ni sabía lo que estaba pasando", aseveró el líder sindical.

Román Salgado dijo que este martes se reunirán con la presidenta de la Mesa Directiva para atender las quejas de los trabajadores y evitar más abusos.

De acuerdo al líder del Sindicato de trabajadores, la diputada perredista no sabía sobre lo que sucede en el Congreso local, pues (las quejas) empezaron con el cambio de las áreas administrativas al nuevo edificio que se ubica en la colonia Amatitlán de Cuernavaca.

"Confiamos en que la diputada Hortencia tome cartas en el asunto y le diga al licenciado Serrano que no genere incertidumbre con los trabajadores", agregó.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Morelos, Ángel Adame Jiménez, informó que ya suman 35 quejas de comerciantes por el cobro irregular de uso de suelo que aplica el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Al respecto, informó que se han registrado muchos “abusos” en el cobro de derechos municipales (muchos de los que consideró ilegales), lo que ha provocado la clausura de negocios y el temor de muchos empresarios que han sido víctimas de hostigamiento por parte de la autoridad.

“Se habla de muchos actos de corrupción al interior del Ayuntamiento, en particular de uso de suelo, que están solicitando el mismo cuando la ley no les da la connotación (sic) para llevarlo a efecto. No puedes pedirle a un negocio uso de suelo cuando ya tiene su licencia de funcionamiento en orden y le quieres hacer retroactiva la ley… Hay negocios que tienen 30, 40, 50 años cuando no existía uso de suelo ni siquiera desarrollo sustentable”, manifestó Adame Jiménez.

Aseveró que la comuna capitalina debe recaudar derechos e impuestos con base en la Ley de Ingresos que aprobó el Congreso local y no por “ocurrencias”.

“Son varias las solicitudes de los empresarios para que intervengamos ante el Ayuntamiento y se terminen los abusos. El Ayuntamiento probablemente necesite recursos, pero deben saber administrarse conforme a la ley”, agregó.

Durante la sesión ordinaria de ayer, docentes en retiro protestaron ante el Pleno para exigir que les paguen la prima de antigüedad y otros derechos.

Diputados locales exhortaron al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo estatal a que garantice el pago de la prima de antigüedad a maestros jubilados que por más de ocho años han luchado por ese derecho.

Durante la sesión ordinaria de ayer, docentes en retiro protestaron ante el Pleno para exigir que les paguen la prima de antigüedad y otros derechos.

Se quejaron porque a pesar de que, en 2012, el Congreso del estado decretó el pago de la prima de antigüedad a favor de más de ocho mil trabajadores de la educación, a la fecha no se les ha terminado de cubrir toda la cantidad que por ley les corresponde.

Dijeron que el Poder Ejecutivo sólo pagó una cantidad fija por 25 mil pesos para cada uno de los maestros, cuando les correspondía un monto mayor. Además, a los profesores que recientemente se jubilaron se les ha negado el pago.

Ante dicha demanda, la diputada Hortencia Figueroa Peralta presentó un punto de acuerdo por el que se exhortó al Congreso de la Unión a que etiquete una partida presupuestal para el pago complementario de la prima de antigüedad de más de ocho mil maestros; también al Poder Ejecutivo y al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que se aumenten los recursos financieros para el pago de prestaciones al magisterio, como es el bono evolutivo que se entrega a los trabajadores jubilados.

Se buscará solución financiera al tema de jubilaciones y pensiones: Figueroa Peralta.

La diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta sostuvo que no existe presupuesto suficiente para el pago de las jubilaciones de los trabajadores del Poder Judicial, pero aseguró que el pasado martes el Congreso local inició la revisión de poco más de 20 dictámenes de aproximadamente 100 decretos pensionatarios pendientes de desahogar.

La diputada en funciones de presidenta de la Mesa Directiva afirmó que continúa una mesa de negociación con los poderes Ejecutivo y Judicial para buscar una solución financiera al problema de pago de pensiones de los trabajadores, ya que dicho problema se ha agravado en los últimos años.

Subrayó que es necesario que se busque una solución al tema de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del gobierno del estado; de lo contrario, en poco tiempo el problema que actualmente enfrenta el Poder Judicial lo tendrán el Legislativo y el Ejecutivo.

No obstante, Figueroa Peralta dijo que se trabaja para atender la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso local asignar el presupuesto necesario al Poder Judicial para el pago de las pensiones a los trabajadores cuyo retiro fue aprobado por el Legislativo.

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, el pasado martes inició la revisión de 23 dictámenes con proyecto de decreto pensionatario de los más de 100 asuntos pendientes por resolver.

Con el galardón, el Congreso del estado busca reconocer la labor de litigantes en la academia, diputados y abogados burócratas.

La Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Congreso del estado de Morelos lanzó la convocatoria del “Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama” para reconocer la labor de litigantes en la academia, diputados y abogados burócratas.

A través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Congreso emitió la convocatoria, que consta de siete categorías: mérito académico en la enseñanza del derecho; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Legislativo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Judicial; mérito en el ejercicio del derecho en los municipios del estado, órganos constitucionales autónomos y órganos autónomos; mérito en el ejercicio del derecho en la libre postulancia y en las causas sociales y mérito en el ejercicio del derecho en el servicio público de elección popular o designación por decreto legislativo.

El registro de los candidatos o propuestas institucionales deberán ser entregados en las oficinas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del estado, que están ubicadas en la Calle Acacias número 117 de colonia La Pradera de Cuernavaca, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el próximo 15 de junio.

Para aspirar al reconocimiento deberán cubrirse varios requisitos: carta personal de exposición de motivos; carta compromiso; currículum vitae; copia simple de cédula profesional de licenciado en Derecho y, en su caso, de otros grados académicos obtenidos en la ciencia del derecho.

Los resultados se darán a conocer a más tardar el 2 de julio y los reconocimientos se entregarán en el marco de los festejos por la celebración del “Día del Abogado” (12 de julio), con la presencia de los titulares de los tres Poderes del Estado y la invitación a los titulares de los municipios, órganos constitucionales y autónomos con participantes inscritos.

Le da de plazo diez días hábiles para que demuestre que cumplió en numerosos casos de pensiones de personal del TSJ a los que no ha asignado presupuesto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó un ultimátum al Congreso de Morelos por incumplir las sentencias en casi media centena de controversias constitucionales relacionadas con los decretos de jubilación de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En los estrados electrónicos fue publicado un acuerdo en el que la SCJN advirtió la contumacia del Congreso local para ejecutar 44 sentencias del máximo tribunal del país, pues si bien en dos ocasiones se le requirió el cumplir y envió copia certificada de una minuta de trabajo con diversos acuerdos celebrados entre los poderes del estado de Morelos, con el objetivo de dar cumplimiento a las sentencias dictadas en controversias constitucionales, esto no es suficiente para dar ejecutada las resoluciones.

“(…) con ello no se satisface lo resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en cuanto a los efectos de la invalidez decretada; es decir, no hay evidencia de que se hubiera modificado el decreto impugnado, ni se establece, de manera puntual, quién se hará cargo de la pensión respectiva ni con qué presupuesto habrá de cubrirse, lo que evidencia su contumacia para acatar cabalmente lo ordenado en el fallo constitucional”, recalcó la SCJN en su acuerdo. 

Sostuvo que “es un hecho notorio” que, en las controversias constitucionales, la Segunda Sala de este Alto Tribunal ha requerido al Poder Legislativo de Morelos el cumplimiento, sin que a la fecha lo haya realizado.

“En consecuencia, se requiere, bajo apercibimiento por última ocasión, al Poder Legislativo de Morelos, por conducto de quien legalmente lo representa, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado en este proveído”, alertó.

Desde 2016, la actual titular del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cueva López, promovió una cascada de controversias constitucionales contra los decretos de jubilación de trabajadores judiciales, jueces y magistrados que fueron aprobados por el Congreso sin etiquetar recursos para su pago.

Pero a pesar de que la SCJN ordenó al Congreso destinar presupuesto para el pago de las pensiones de trabajadores en retiro aprobadas mediante decreto, hasta ahora no se han cumplido con las sentencias. Incluso, un grupo de trabajadores jubilados permanece en plantón, afuera del TSJ, en espera de que su situación se resuelva.

Las sentencias incumplidas son de las controversias constitucionales 128/2016, 222/2016, 223/2016, 226/2016, 238/2016, 239/2016, 242/2016, 243/2016, 107/2017, 117/2017, 119/2017, 122/2017, 125/2017, 137/2017, 139/2017, 142/2017, 147/2017, 157/2017, 159/2017, 160/2017, 163/2017, 177/2017, 178/2017, 181/2017, 188/2017, 189/2017, 192/2017, 195/2017, 194/2017, 198/2017, 199/2017, 208/2017, 219/2017, 232/2017, 234/2017, 235/2017, 240/2017, 244/2017, 248/2017, 250/2017, 251/2017, 254/2017, 255/2017 y 291/2017.

La sesión del Cabildo de Cuernavaca programada para este jueves al mediodía quedó suspendida por falta de quórum, debido a la inasistencia de los regidores, muchos de los cuales se encuentran participando en actividades electorales.

Ayer jueves, 11 de los 15 regidores de distintas fuerzas políticas prácticamente abandonaron su trabajo y continuaron con sus actividades proselitistas, toda vez que algunos de los munícipes buscan puestos de elección popular.

Los regidores ausentes fueron Amelia Fernández Aguilar y Gudelia Colín Moreno del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Juan Miguel Serrano Gastélum, del Partido Verde; Jorge Miguel Dada Guerrero, de Movimiento Ciudadano; Eduardo Bordonave Zamora y Pedro Ramón Linares del Partido Social Demócrata (PSD); Grethel Streber, del Partido Encuentro Social (PES); Rafael Domínguez Galindo, Eugenia Guadarrama González y Teresa Pardiña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, finalmente, Modesta Ruiz Santos, del Partido Acción Nacional (PAN).

En la mencionada sesión se aprobarían pensiones por jubilación a trabajadores al servicio del municipio y el corte de caja del mes de abril.

Asimismo, se sometería a discusión el trabajo de los regidores en los últimos meses, sin embargo, ante la falta de quórum, la síndica en funciones de presidente declaró la suspensión de dicha sesión, la cual se reprogramó para el próximo 30 de mayo.

La SCJN concedió al Legislativo estatal una suspensión para impedir la ejecución del acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa que habilitó a un secretario de acuerdos para ocupar la Segunda Sala, mientras los diputados designan al sustituto del magistrado retirado Orlando Aguilar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Congreso de Morelos una suspensión para impedir  la ejecución del acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que habilitó a un secretario de acuerdos para hacerse cargo de los asuntos de la Segunda Sala en tanto los diputados designan al sustituto del magistrado retirado Orlando Aguilar Lozano.

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Legislativo de Morelos para que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos se abstenga de ejecutar el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de 19 de abril de 2018, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente asunto.

“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, estableció el acuerdo dictado por el máximo tribunal del país dentro de la controversia constitucional 93/2018, que fue promovida por el Congreso en contra del acto del TJA.

El pasado 19 de abril, después de un largo litigio con el Congreso local, entró en vigor el decreto de jubilación como magistrado de Orlando Aguilar Lozano, quien dejó vacante la Segunda Sala del TJA.

Ese mismo día, el Pleno de ese tribunal determinó necesario que el secretario de acuerdos José Juan Juárez Lago fungiera como encargado de despacho de la Segunda Sala para dar trámite a los expedientes en curso, mientras los diputados designaban al nuevo magistrado.

Sin embargo, el Congreso local, que desde meses atrás había iniciado el proceso para nombrar al sustituto de Aguilar Lozano, protestó contra la medida provisional tomada por el Pleno del TJA y controvirtió la decisión ante la SCJN.

Hortencia Figueroa afirma que se aplicarán sanciones.

Los diputados que no cumplan con la ley y falten constantemente a las sesiones ordinarias serán sancionados, afirmó Hortencia Figueroa Peralta, presidenta de la Mesa Directiva, quien admitió que el Congreso local enfrenta una parálisis por la ausencia de los legisladores que se encuentran en campaña electoral.

La legisladora local aseguró que existe un acuerdo que fue tomado en la Junta Política y de Gobierno, en el que se estableció un calendario para el desarrollo de las sesiones, el cual no se ha cumplido y ha causado la suspensión de las últimas sesiones ordinarias.

“Es importante exhortar, obviamente eso requiere de un mayor esfuerzo de parte de quienes estamos en el proceso electoral en alguna candidatura y además con la responsabilidad de atender nuestro trabajo legislativo; requiere un mayor compromiso, un mayor trabajo y también administrar los horarios para que se cumpla con las dos responsabilidades”, declaró.

Refirió que la Ley Orgánica del Congreso local establece que después de ocho faltas la Mesa Directiva podrá llamar al suplente del diputado. Mientras tanto, la próxima sesión ordinaria será el próximo 29 de mayo para dar continuidad a la asamblea de la semana pasada.

Por otro lado, la legisladora local rechazó que existan adeudos con los trabajadores de confianza y sindicalizados. Aseguró que se ha pagado la nómina completa y quienes han señalado lo contrario sólo buscan generar un cambio en la Mesa Directiva.

Tras la renuncia del diputado Mario Chávez Ortega al Partido Revolucionario Institucional (PRI), los integrantes del grupo parlamentario en el Congreso del estado designaron como coordinador a Francisco Moreno Merino.

La tarde de ayer se dio a conocer el acuerdo por el que los diputados priistas sustituyeron a su líder parlamentario, a más de un año de la designación de Chávez Ortega.

En su carta de renuncia al PRI de manera irrevocable, el diputado se declaró independiente durante los tres meses que restan de la LIII Legislatura.

En el documento, Mario Chávez informó que su renuncia se debió a que el PRI se encuentra muy alejado de los intereses y principios de quienes fundaron el partido en Morelos, como lo fue su abuelo Lauro Ortega Martínez, exgobernador del estado.

“Derivado de las traiciones directas de las que ha sido objeto mi familia, así como la falta de honestidad e incongruencia en la toma de decisiones de sus dirigentes, en las cuales se han antepuesto intereses particulares por encima de los intereses democráticos de la sociedad morelense”, señaló en el documento el legislador ahora independiente.

Dicha renuncia se dio horas después de que se hizo pública una fotografía de la madre del diputado, Ana Laura Ortega, con Cuauhtémoc Blanco Bravo, candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Diputada asegura que la paridad “llegó para quedarse”.

Zona sur.- Además de la paridad de género en las candidaturas, también deberá haber paridad de género en las próximas administraciones municipales, afirmó la diputada local y presidenta de la comisión de igualdad de género del congreso del estado Norma Alicia Popoca.

La legisladora destacó que actualmente, los partidos políticos debieron postular a igual número de hombres y mujeres en las candidaturas a ayuntamientos, por lo que incluso tuvieron que corregir sus registros de candidatos.

“Casi todos los partidos tuvieron que hacer ajustes en las candidaturas y por eso de último momento todavía cambiaron género en algunos casos. Habrá candidaturas mujeres y no solamente en lugares perdedores, sino en lugares en donde el partido tiene oportunidad de ganar. Ahora el asunto, que los ciudadanos estén atentos a las propuestas tanto de hombres como de mujeres y emitan su voto libremente”.

Destacó también que se reformó la ley orgánica municipal, para que al integrar su equipo de trabajo, los nuevos presidentes y presidentas deban integrar sus direcciones también al 50% de hombres y mujeres. “Los próximos alcaldes y alcaldesas, tendrán que poner un gabinete en paridad, es decir mujeres en las direcciones generales. Este tema ya es ley”.

Asimismo, aseguró que en esta legislatura, se aprobó una ley donde se tipifica la violencia mediática, la violencia a través de espectaculares o de publicaciones que ofendan principalmente a las mujeres.

“El otro tema pendiente, tiene que ver con una propuesta de una unidad de género en el Congreso, que justamente atienda de manera particular los derechos de las mujeres, combatir la violencia y demás, no solamente desde el instituto de la mujer. El Congreso tiene que seguir impulsando más leyes para que las mujeres, por ejemplo, ganen igualdad en salario a igualdad de trabajo. En la práctica, todavía hoy hay mujeres que ganan mucho menos haciendo la misma labor.

Trabajadores jubilados mantienen plantón por la falta de pago de sus pensiones; magistrados expresan su inconformidad por la reelección de la titular del TSJ.

Por segunda ocasión, Carmen Cuevas López rindió su informe de labores en medio de protestas y críticas de trabajadores jubilados a los que no se les pagó su pensión y magistrados inconformes con la reelección.

Vestidos de negro, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas, junto con trabajadores jubilados, colocaron en la estatua de Temis (diosa griega de la justicia) una ofrenda floral fúnebre en la que se leía la leyenda: “Descanse en paz la justicia”.

A la protesta se unieron miembros de la asociación civil “Gustavo Salgado Delgado”, quienes lamentaron que a trabajadores del Poder Judicial en retiro se les escamoteen sus pensiones.

Ivonne Islas Dueñas, quien junto con un grupo de jubilados mantienen desde hace un mes un plantón afuera del Palacio de Justicia, consideró inédito el problema que hoy tiene bajo presión económica a los trabajadores en retiro y de cuyos ingresos depende el bienestar de sus familias.

Dijo que el préstamo de 30 mil pesos que les otorgó la magistrada presidenta a varios afectados por la falta de pago, les será descontado de sus pensiones una vez que el Congreso local autorice el presupuesto adicional al TSJ.

Dijo que son 43 jubilados sin pago de pensiones, y otros 90 jubilados -cuyos pagos no fueron suspendidos- están bajo la amenaza de que en cualquier momento podrían ser suspendidos sus pagos por falta de presupuesto.

“Nos hemos plantado aquí en el tribunal para manifestar que necesitamos nuestro dinero, que necesitamos nuestra pensión, que de eso subsistimos. Algunos quizá no tengamos una situación tan incómoda, pero hay familias que están padeciendo realmente por la falta de pago de la pensión”, dijo.

Afirmó que  no retirarán el plantón hasta que se resuelva integralmente el problema, que incluye denunciar al Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el incumplimiento de sentencias en controversia constitucional, al no acatar la orden del máximo tribunal de etiquetar presupuesto para el pago de los decretos de pensiones de trabajadores judiciales retirados.

Hizo un llamado al Congreso para que autorice a la brevedad los recursos y se deje de agobiar a decenas de familias.

En este tema, el magistrado del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, afirmó que se espera que en los próximos días el Congreso autorice recursos adicionales por 6.5 millones para el pago de pensiones de 23 trabajadores jubilados, y dijo esperar que a la postre se solucionen los casos restantes.

Por su parte, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas Ángeles, previo al informe de Cuevas López, mantuvieron firme su postura crítica e inconforme con la reelección.

Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta cometió muchos yerros durante su administración, tales como la subordinación de la administración de justicia a otros Poderes del Estado, el debilitamiento de la carrera judicial y la opacidad en el manejo de las finanzas de la institución.

Lamentó que en lugar de permitir el ascenso de trabajadores, haya preferido dar nombramientos en diferentes puestos a personas “recomendadas” por magistrados o personas ajenas al tribunal; que haya realizado rotación de jueces sin aprovechar su especialización, al pasar a los jueces penales a civiles y viceversa; y que no haya dado cuentas de cómo se manejan las finanzas del TSJ.

Aseveró que es difícil que Cuevas López pudiera mostrar un cambio de actitud, y consideró que sólo un cambio de gobierno hará posible que se audite el Poder Judicial y se le exijan cuentas a la presidenta.

Durante su informe, Cuevas López destacó el avance de la construcción de la Ciudad Judicial y la aplicación de políticas de equidad e igualdad de género, cuyos proyectos heredó de la administración anterior.

También destacó los nombramientos definitivos a 175 empleados del Tribunal Superior de Justicia que tenían entre 12 y 15 años de laborar con nombramientos temporales; la implementación -a través de la Escuela Judicial- de cursos, talleres, seminarios y diplomados, con la finalidad de mejorar la administración de justicia; y la fusión de juzgados y reducción de recintos jurisdiccionales en arrendamiento, con lo que logró atender la demanda social a través de la apertura del Departamento Regional de Orientación Familiar de la zona oriente.

“En este periodo demostramos conciliación y acción, los fantasmas de la especulación acabaron en el tintero de las anécdotas, los hechos son la mejor argumentación, la justicia se administra con determinación y sólidas decisiones, destruimos los miedos con la fortaleza de un Pleno unido y democrático”, dijo al agradecer a sus colaboradores cercanos y su familia por su apoyo.

Al informe acudieron el gobernador Graco Ramírez y representantes de diversas dependencias estatales y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin embargo, fue notaria la ausencia de algunas organizaciones de abogados, de algunos representantes de otros tribunales y del representante de la Comisión de Derechos Humanos, que usualmente acudían al informe de labores.

Hortencia Figueroa informó que la próxima semana podría realizarse la ocupación total del nuevo edificio.

Diputados locales ultiman detalles para la instalación total de todas las áreas administrativas en el nuevo recinto legislativo. La presidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, informó que la próxima semana podrían trasladarse de manera total.

Al respecto, la legisladora explicó que aun cuando la construcción del nuevo edificio del Congreso del estado, que se localiza en el poblado de Amatitlán, fue terminado de construir hace varias semanas, hasta días recientes no se contaba con servicios básicos como el agua potable.

De acuerdo con Figueroa Peralta, durante las últimas semanas se han contratado pipas para el desarrollo de las sesiones ordinarias en el salón de Plenos. Sin embargo, dijo que esta semana estaría resuelto  ese problema para que la próxima pueda concretarse el traslado de todas las áreas administrativas.

“Lo que ha detenido un poco el traslado es el habilitar los servicios públicos; se estaban haciendo pruebas por Comisión Federal de Electricidad y también tenemos pendientes. Aunque ya fueron solicitadas la instalación de las tomas de agua, es un tema pendiente. Esperemos que se concrete la próxima semana y que sería muy importante para desocupar los actuales edificios”, declaró.

La presidenta de la Mesa Directiva aseguró que con el nuevo edificio se tendrá un ahorro de 200 mil pesos mensuales, monto que pagan por la renta de los inmuebles que actualmente sirven como instalaciones del Congreso del estado, a excepción de la sede conocida como “Casa Cataluña”.

Afirmó que no se comprará mobiliario para las nuevas oficinas, sino que se usará el que tenían en el recinto de la calle Matamoros del primer cuadro de Cuernavaca, el cual está guardado en una bodega actualmente.

El Congreso tomó protesta a los concejos municipales que gobernarán Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan a partir de enero.

Los integrantes de los Concejos Municipales de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco rindieron protesta ante el Congreso del estado como autoridades de los nuevos municipios indígenas, que entrarán en funciones el 1 de enero de 2019. Sin embargo, está pendiente Tetelcingo, cuya situación jurídica está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso local tomó protesta a las autoridades municipales que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por los legisladores el 18 de abril pasado. En las próximas semanas, los Concejos designarán a una comisión para proceder a la separación de los nuevos municipios a los que actualmente pertenecen, que son Puente de Ixtla, Tetela del Volcán y Miacatlán, respectivamente.

El diputado Javier Montes Rosales explicó que los ciudadanos de los municipios indígenas pueden votar en las próximas elecciones, aunque sus autoridades municipales serán los integrantes de los Concejos que ayer rindieron protesta.

Explicó también que en octubre próximo los Concejos deberán presentar su iniciativa de Ley de Ingresos ante el Congreso para que se les asigne presupuesto para 2019.

Por otro lado, informó que buscan un acuerdo político con las autoridades de Cuautla para que desistan de su lucha jurídica y se permita la creación de Tetelcingo como municipio indígena.

Aseguró que existen muchas posibilidades, ya que la negociación se lleva con las autoridades suplentes, pues el alcalde Raúl Tadeo Nava se encuentra en campaña para diputado federal.