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Asegura que a través de la presidenta del TSJ reasigna jueces que no son favorables a sus intereses.

A través de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Verónica Cuevas López, el ex candidato a gobernador Rodrigo Gayosso Cepeda influye en la justicia local y promueve venganzas contra los enemigos de la administración anterior, aseguró la abogada Lidia Dalia Ereiva González.

Quien se presentó como integrante de la Asociación de Abogados Constitucionalistas señaló que, por consigna, Cuevas López remueve jueces “a diestra y siniestra, para perjudicar a los adversarios del gobierno anterior”.

Dijo que de forma ilegal obliga a los juzgadores a que sentencian, revoquen o resuelvan contra determinadas personas que ella señala y los jueces que no acatan las ilegales órdenes son removidos.

Ereiva González aseguró que detrás de esos movimientos se encuentra Gayosso Cepeda, a quien acusó de influir en la justicia morelense para salvaguardar sus propios intereses y afectar la de aquellos que no fueron sus incondicionales.

La abogada aseguró que la justicia resiente ya por esa conducta, y que los abogados de los casos afectados exhibirán ante el Poder Judicial federal.

“Si no fuera por la opción de recurrir a la justicia federal, lograrían sus oscuros fines, pero por lo menos logran perjudicar con los retrasos todos aquellos intereses que van en contra de los intereses de Gayosso y de la magistrada”, afirmó.

Por unanimidad, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FECAP), determinó otorgar al contador público y abogado, Roberto Coranguez Esquivel, la presea “Jaime Arau Granda” que se entrega cada año a profesionistas que destacan por su participación en las diferentes disciplinas y por su intachable conducta.  

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Salón Manuel M. Ponce del Jardín Borda, donde los representantes de los colegios de abogados, contadores, arquitectos, médicos y comunicadores, entre otros, votaron para que el ganador de la medalla en esta ocasión sea Roberto Coranguez Esquivel, quien tiene dos licenciaturas y dos maestrías. 

Luego de recibir la presea, Coranguez Esquivel agradeció a la FECAP la distinción y dijo que este reconocimiento es al mismo tiempo un gran compromiso de redoblar esfuerzos para servir a la sociedad desde cualquier trinchera. También agradeció a su esposa e hijos el apoyo para poder alcanzar sus metas profesionales y académicas.

En el evento estuvo presente Jaime Arau Roffel, nieto del ingeniero Jaime Arau Granda, quien fuera secretario de educación en el estado de Morelos, y cuya labor en favor de la sociedad hizo que se instituyera esta presea con su nombre para distinguir a los profesionistas destacados en territorio morelense.

Piden a Cuauhtémoc Blanco incluir a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Agrupaciones de abogados conformaron un bloque para solicitar a la nueva legislatura la derogación de diversas reformas aprobadas por los anteriores legisladores y someter a revisión los decretos de varias “jubilaciones doradas”, así como exhortar al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo a que incluya a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Jaime Castera Toscano, a nombre de al menos 11 organizaciones de litigantes, solicitó a los miembros de la LIV Legislatura reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato que sus antecesores derogaron pese a la oposición de la sociedad civil.

Condenó la aprobación exprés de la anterior legislatura de al menos 180 “pensiones doradas” a empleados de primer nivel y familiares de altos funcionarios sin que, al parecer, cumplieran con requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil.

Por ello “estamos solicitando se lleve a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes y, en su caso, sean iniciadas las denuncias a que dé lugar y, en su momento, se abroguen los decretos de jubilación en los que existan irregularidades”.

Las organizaciones de abogados se pronunciaron contra la nueva Ley del Notariado del Estado de Morelos y la asignación de patentes de notaría a personas que no cumplen con el perfil.

Pidieron la derogación de la normatividad que permite, de manera discrecional, la enajenación de inmuebles públicos; la reforma que extendió el periodo de los magistrados de 14 a 20 años; la concesión del estadio “Agustín Coruco Díaz”; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que estipuló que su titular durará en el encargo nueve años, así como la revocación de la designación por siete años de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción.

Los litigantes se pronunciaron por que los anteriores legisladores y el gobernador saliente sean sometidos a un juicio de responsabilidad política, por los agravios cometidos en contra de la sociedad y como parte de la cultura de combate a la corrupción.

Exhortaron a los diputados a que pongan a disposición de los profesionales del derecho los proyectos de ley que generen, con el propósito de aportar comentarios, observaciones o propuestas.

De igual forma, realizaron un llamado al  gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para que incluya entre sus colaboradores y miembros de gabinete a profesionistas morelenses, pues en las condiciones en las que recibirá el estado es imprescindible que cuente con personas no sólo capaces y que tengan el perfil profesional, sino que conozcan a la gente y sus necesidades.

El pronunciamiento fue respaldado por Abogados Unidos por México, Amigos de Cuauhnáhuac, Asociación de Licenciados en Derecho, Colegio de Mediadores del Estado de Morelos, Consejo Estatal de Abogados, Desarrollo Gradual Directo, Barra de Abogados, Jueces Jubilados del Estado de Morelos, Federación de Asociaciones Civiles y el Cuerpo Diplomático de los Derechos de Niños, Mujeres y Hombres. 

La reforma constitucional es válida en relación a la soberanía del estado de Morelos, en virtud de la libertad de legislar en la materia de forma autónoma, lo que ya fue decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tan es así que en el país, en 22 estados, los magistrados terminan su periodo de acuerdo a la edad de 75 años.

Ahora bien, cabe remarcar que en el estado de Morelos no se aumentó el periodo por 20 años, en virtud de que se amplió el periodo por una ocasión por 6 años a los actuales magistrados y su justificación es una situación de aliviar la carga de jubilaciones para el estado, ya que es conocido la situación de que son alrededor de 16 los magistrados jubilados; los cuales implican una carga tanto para el estado como para el Poder Judicial, y es sabido que, si bien existe el haber por retiro, que no es estrictamente una jubilación, también lo es que crea una carga, aunado a que los magistrados que tengan derecho podrán jubilarse con el cargo de juez y el decreto por el cual se les amplía el periodo por seis años más pretende evitar, con la creación de un fideicomiso, que los próximos magistrados a retirarse sean una carga.

La reforma debe ser evaluada no solo en lo económico, sino también en lo político y jurídico, toda vez que la misma elimina la ratificación, que se ha convertido solo en una negociación de cargos, lo cual es inaceptable en los mismos y en lo jurídico, por tanto con designaciones correctas se  procurara  una mejor administración de justicia.

Cabe resaltar que el próximo presidente de la república, por voz de la ex ministra Olga Sánchez Cordero -próxima Secretaria de Gobernación- ha avalado por un lado la carrera judicial, es decir, no quedar en mano de gobernadores y diputados la designación de jueces y magistrados, y respetar los tiempos señalados por los Congresos en los periodos de designación de los mismos; cabe resaltar que en el estado de Morelos los jueces no tienen plazo de duración en el encargo, lo cual ha sido una situación aquí imperante en el estado desde hace ya muchos años, aunque a nivel nacional se pretende homologar la duración de los cargos.

No es de pasar por alto que –independientemente de la duración  en los cargos citados- se deben exigir resultados  para la sociedad en la administración de justicia; así  como cumplir con las obligaciones del encargo, y plazos y términos que señala la ley, obtener una administración de justicia de calidad.

Un juzgado federal otorgó una nueva suspensión provisional que trunca la pretensión del Congreso local de nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Esta vez, el juicio de amparo fue promovido por la organización civil Abogados Unidos de México, a la que el Juzgado Primero de Distrito le concedió la medida cautelar para que la legislatura que concluye en diez días se abstenga de hacer las designaciones de quienes ocuparán las recién creadas magistraturas.

Y es que en al menos dos ocasiones, la legislatura en ocaso intentó realizar la designación de manera exprés sin lograrlo, gracias a los juicios de amparo promovidos por el abogado Jaime Castera Moreno, uno de los aspirantes a ocupar una de las dos magistraturas del TJA en juego y quien se inscribió en las dos convocatorias lanzadas por el Poder Legislativo.

Con esta suspensión provisional otorgada a la asociación Abogados Unidos por México, cuyo representante legal es también Castera Moreno, suman ya tres medidas cautelares concedidas por jueces federales que frustran los nombramientos.

El líder del Consejo Estatal de Abogados no sólo considera ilegal la ratificación de Juan Salazar Núñez por siete años más, sino que considera que existe un conflicto de intereses por la relación del funcionario con la administración estatal que culmina.

El Consejo Estatal de Abogados rechazó la ratificación de Juan Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y advirtió la posibilidad de iniciar acciones para revocar el nombramiento.

El líder de la organización, Ricardo Popoca González, lamentó la decisión del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, de ratificar al otrora consejero jurídico del gobierno saliente, pese a que su nombramiento fenece hasta finales de este mes.

No sólo consideró ilegal la ratificación del fiscal anticorrupción por siete años más, sino que existe un evidente conflicto de intereses por la relación que Salazar Núñez tuvo con la administración estatal que culmina.

Criticó el desempeño del fiscal anticorrupción al no dar resultados exitosos, y por su protagonismo durante los polémicos procesos penales instaurados en contra del exrector Alejandro Vera Jiménez, quien -gracias a juicios de amparo- enfrenta en libertad dos procesos por presunto peculado y enriquecimiento ilícito.

Además, dijo, las organizaciones de abogados no fueron consultadas sobre un tema tan importante. “No andamos buscando trabajo, desde luego, pero es una fiscalía importante dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado que viene a ver lo de la corrupción que prevalece al interior del Estado. Entonces, esta designación o ratificación que hace el fiscal general, consideramos que fue totalmente ilegal”.

Incluso, miembros de diversas organizaciones de litigantes adheridas al consejo estatal, plantearon la posibilidad de iniciar acciones legales para someter a juicio político al fiscal estatal Uriel Carmona, y pedir a los diputados de la próxima legislatura anular el nombramiento y las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que facultaron al fiscal general para hacer la designación de Salazar Núñez, quien fue señalado como posible protector de funcionarios que en breve dejarán la administración pública estatal.

La seguridad pública y la inseguridad son dos temas distintos. La primero se encuentra claramente regulada como una garantía constitucional a cargo del Estado. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley

Por otra parte, el artículo 12º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé las funciones del Ministerio Público, entre ellas conducir las investigaciones de los hechos que pudieran constituir delitos y, en los casos que proceda, promover el ejercicio de la acción penal. El artículo 17º establece también quiénes son auxiliares del Ministerio Publico, como son todas las instituciones policiales, estatales y municipales; así mismo el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos precisa quién puede poseer o portar armas, dándonos sus características, estableciendo como excepción que los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.) y el articulo26 del mismo ordenamiento establece la posibilidad de adquirir las licencias particulares para la portación de armas, las cuales serán individuales para personas físicas o colectivas para las morales, cumpliendo con los requisitos establecidos.

De todo lo anteriormente previsto por nuestras leyes, podemos establecer que garantizar la Seguridad Publica es obligación del Estado.

Sin embargo, podemos señalar sin lugar a dudas que debido a diversos factores como la inseguridad que prevalece en nuestro país, nuestro estado y nuestros municipios, la inseguridad es cada día mayor, a pesar de que cada uno de ellos tiene perfectamente establecidas las personas responsables de cumplir con dicha garantía; no es un secreto que en nuestro estado se estableció por decisión del titular del Poder Ejecutivo el famoso “Mando Único Policial”, el cual a pesar de las estadísticas policiales oficiales, la sociedad se da perfectamente cuenta de que su acción ha sido fallida.

Basta leer los medios informativos escritos o redes sociales, que son estas las que se consideran que informan con mayor veracidad, en virtud de que no hay un control oficial sobre ellos, amén que también existe el temor de que nuestras policías y nuestros instituciones de gobierno tengan su función pública acotada por la delincuencia, es por ello que ante la desesperación, el temor, la angustia de todos y cada uno de los miembros de la sociedad se han visto obligados a organizarse en grupos que se conocen como autodefensas, aunque nuestro gobierno estatal los llama Grupos Comunitarios, a los cuales acepta tácitamente, pues de todos es sabido que les han proporcionado vehículos (patrullas), chalecos antibalas, toletes, etc., además de que se tiene conocimiento que se les ha dotado de armamento de forma clandestina, sin llenar requisito legal alguno para su posesión o portación, lo cual en el fondo consideramos que es una forma de eludir la responsabilidad constitucional a su cargo, fomentando con ello una posible insurgencia de personas no capacitadas, adiestradas, no disciplinadas y sin conocimiento alguno en la función pública, arriesgándolos a sufrir lesiones o hasta perder la vida en una tarea que no les corresponde, pero que se han visto obligados a realizar.

El Foro Morelense de Abogados presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el que se abstiene de investigar presuntos actos ilegales perpetrados por los legisladores al aprobar sendos decretos de jubilación de secretarios de despacho y familiares de funcionarios de primer nivel, así como violentar la Constitución.

Ayer, Martínez Bello acudió a los juzgados a presentar la queja, que tiene como objetivo buscar que un juez revoque el acuerdo y ordene a la Fiscalía Anticorrupción dar entrada a la denuncia promovida por el Foro Morelense de Abogados en contra de 29 de los 30 legisladores locales el pasado 18 de julio.

Detalló que ese día, después de iniciar la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado envió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, la que “en un tiempo récord, pasando solamente cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción emite un acuerdo, en donde se abstiene de investigar y decide que no hay ningún delito de parte de los diputados”.

“Esto es una acción ilegal que nosotros estamos combatiendo. Acabamos de presentar una queja ante el juez de control para que sea, mediante audiencia, que el juez de control, quien obligue al fiscal anticorrupción a investigar tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política, relacionado con el 131 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es decir, no es de que quieran, tienen que entrarle a la investigación”.

Indicó que hay un sesgo evidente para defender a los diputados, que están a unos días de dejar de serlo, e hizo un llamado enérgico al gobierno estatal, al Tribunal Superior de Justicia y a los legisladores para que saquen las manos y dejen que el juez de control emita un fallo para que se obligue a que haya una investigación de hechos ilegales y de corrupción.

El presidente de la Barra de Abogados ofreció apoyo a los grupos de ciudadanos organizados contra la inseguridad.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, llamó a no romper el Estado de derecho y ofreció apoyo a los grupos de ciudadanos organizados contra la inseguridad, pero siempre y cuando actúen al amparo de la ley. Además, exigió al gobierno estatal redoblar esfuerzos, lo que incluye retirar escoltas a altos funcionarios y que los elementos regresen a realizar su trabajo en las comunidades asoladas por la delincuencia.

Lamentó las protestas de este lunes, principalmente en la zona oriente de la entidad, donde comerciantes, productores agrícolas, transportistas y pobladores de municipios como Tlalnepantla, Tetela del Volcán, Ocuituco y Yecapixtla se manifestaron contra la escasa acción de las instituciones para frenar la criminalidad y a los delincuentes que les exigen pago de “piso”.

Consideró legítima la inconformidad de los pobladores, pero también innecesario llegar al grado de estrangular la economía y el turismo de la zona, al bloquear vías de comunicación y establecer retenes ilegales.

Pidió respeto al Estado de derecho y no tomar la justicia por su propia mano, pero también exhortó al gobierno de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad a redoblar esfuerzos en la recta final de esta administración, pues recordó la promesa que desde campaña realizó Graco Ramírez de devolver la seguridad a la entidad.

Sostuvo que la reciente visita a Morelos de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, “vino a alborotar” a los grupos organizados de ciudadanos, “que de ninguna manera pueden erigirse como autodefensas porque eso está fuera de la ley”.

Afirmó que lo ocurrido este lunes obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos en materia de seguridad, lo que incluye disminuir el número de escoltas asignados a funcionarios del gobierno estatal, y que esos elementos regresen a patrullar las comunidades que son asoladas por el crimen y que lanzan un grito de alerta.

Indicó que el gobernador Graco Ramírez y el titular de la CES, Alberto Capella, están obligados a dar resultados y evitar que en la recta final de esta gestión se genere un conflicto mayor, producto de la impunidad y la incompetencia del Estado para garantizar el derecho a la seguridad pública.

Por lo pronto, señaló que la Barra de Abogados está dispuesta a apoyar con asesoramiento jurídico, capacitación y talleres de prevención del delito a los grupos organizados de ciudadanos, pero, siempre, con la condición de mantener el respeto absoluto a la ley.

Los señala por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El Foro Morelense de Abogados denunció penalmente a 29 de los 30 diputados del Congreso de Morelos, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El presidente del foro, Pedro Martínez Bello, consideró que la aprobación de las pensiones y las diversas reformas legislativas para crear un “súper fiscalía” y beneficiar a familiares de altos funcionarios, no sólo no están justificadas, sino que devastan las finanzas públicas.

Al acudir a la sede de la Fiscalía General del Estado para iniciar la denuncia penal contra todos los diputados, con excepción del legislador del Partido Humanista Jesús Escamilla que votó en contra, Martínez Bello afirmó que será esta querella prueba de fuego para el fiscal estatal, quien deberá mostrar si de verdad es autónomo e imparcial en la búsqueda de la justicia, o si su cargo es una falacia e imposición para garantizar impunidad a los gobernantes salientes.

Consideró que “esta denuncia debiera prosperar y será la prueba de fuego del fiscal Uriel Carmona Gándara, pues así sabremos que está puesto de manera exprofesa por los diputados, por el gobernador, para brindar impunidad, o verdaderamente pretende llevar a cabo un trabajo de investigación imparcial”.

“Estamos haciendo las cosas bien y encontraremos la ruta jurídica para que se finquen responsabilidades en contra de los diputados que han devorado la economía morelense”.

En la querella, el Foro Morelense de Abogados rebatió la legalidad de las jubilaciones de personas allegadas al gobierno estatal que no tienen ese derecho adquirido, “admitiendo cierta documentación que pudiera ser falsa, sin investigar previamente su veracidad, por ejemplo la de Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda; Beatriz Ramírez, secretaria de Educación; la esposa del diputado del PRD, Francisco Navarrete Conde; y candidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD, Denia Flores. Además de Estefani Guzón André, responsable de relaciones públicas del gobierno de Graco Ramírez, cuando sólo contaba con escasos cuatro años en la administración pública”.

A ellas se agregan la jubilación de Anahí Bahena López, de apenas 37 años y esposa del secretario de Gobierno Ángel Colín; de Karina Arteaga Domínguez, militante de Movimiento Ciudadano; el ex titular del Idefomm, Francisco Velázquez Adán; Denia Flores, esposa del  diputado Francisco Navarrete Conde y ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Tepoztlán.

Martínez Bello también criticó la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales consideró no son necesarias.

En su querella también denunció como ilegal, la reforma que otorga al fiscal estatal la facultad de nombrar el fiscal anticorrupción, cuando ya existe el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción; así como la transferencia a la estructura de la fiscalía general de C-3, la procuraduría del menor, el centro de justicia para mujeres y los centros de asistencia social.

“En este afán de crear una súper fiscalía o darle beneficios a esta misma, está muy claro que lo que pretenden es generar beneficios para obtener impunidad al momento del salir; pero además lo hacen sin tener un proyecto que los justifique”, dijo.

Expresó que los diputados también aprobaron un incremento a más del doble el presupuesto de la fiscalía, al pasar de 330 a 710 millones de pesos, y favorecieron con un “salario vitalicio” al fiscal estatal, a la fiscal antisecuestro y al fiscal anticorrupción.

Otra de las irregularidades denunciadas, fue la creación de dos plazas de comisionado más en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a iniciativa del diputado Mario Chávez, y cuya esposa resultó designada comisionada.

Instó a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a presentar sus querellas ante la fiscalía estatal contra los diputados y pidió a los miembros de la legislatura electa emprender acciones legales.

Exigieron mejorar la infraestructura judicial, aplicar la ley a quienes hayan ejercido un mal gobierno, mejorar la seguridad pública y esclarecer homicidios de litigantes ocurridos en este sexenio.

Durante la conmemoración del “Día del Abogado”, organizaciones de litigantes exigieron mejorar la infraestructura judicial, aplicar la ley a quienes hayan ejercido un mal gobierno, mejorar la seguridad pública y esclarecer homicidios de litigantes ocurridos en este sexenio.

En el marco del festejo, rindió protesta la nueva mesa directiva de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, encabezada por Cristian Velasco Alcocer, quien expresó la disposición del gremio de coadyuvar con las instituciones para que se aplique ley de manera justa, igualitaria y sin margen para la impunidad.

También pidió mejorar la infraestructura judicial y mayor capacitación, pues es “la exigencia a nuestras autoridades judiciales, en lo que a la modernización de infraestructura se refiere, es una de las demandas más sentidas de la Barra de Abogados”.

En una ceremonia alterna, en la que estuvo como invitado el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió el próximo titular del Poder Ejecutivo cumplir con su promesa de campaña de someter a juicio a todos los malos servidores públicos.

Llamó a las autoridades electas a frenar la inseguridad y presentó un listado de actos que, desde su punto de vista, deben ser revisados y corregidos.

“Ya no queremos más muertes violentas de los abogados… pero tampoco queremos feminicidios, extorsiones, secuestros, desaparecidos. Se requiere un cambio urgente en el gabinete de seguridad pública”, dijo, y consideró que la agenda pública del gobierno estatal electo debe encaminarse también a revertir la reforma que permitió las magistraturas vitalicias y la enajenación de bienes del gobierno estatal sin permiso del Congreso.

Se realizará el próximo jueves, con los temas: seguridad, deuda, desarrollo urbano, servicios municipales y desarrollo social.

Asociaciones de abogados organizan un foro para conocer y debatir las propuestas de los aspirantes a presidente municipal de Cuernavaca en torno a cinco ejes fundamentales para el rescate urbano y financiero de la ciudad.

Con la participación de 11 agrupaciones de litigantes, el próximo 14 de junio se realizará el foro en las instalaciones del Colegio Jurista, en el que hasta el momento la mayoría de los candidatos ha confirmado su asistencia, con excepción de José Luis Borbolla, debido a que hace apenas dos días el Tribunal Estatal Electoral validó su registro como candidato de la coalición “Junto Haremos Historia”.

Los temas que los abogados pretenden abordar son los siguientes: seguridad y justicia; formas de solución al endeudamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca; desarrollo urbano sustentable; servicios públicos municipales y desarrollo social.

En rueda de presa, los representantes de las organizaciones expusieron que hay un interés por parte de los profesionales del derecho en coadyuvar a la solución de los problemas que mantienen en una situación crítica a la ciudad y su gobierno. Sin embargo, para poder hacerlo es necesario conocer cuál es el plan de gobierno que propone cada uno de los candidatos.

“Nos interesa porque queremos un Cuernavaca seguro y lo más importante ahorita es saber quién va a ser nuestro acalde, quién va a dirigir los destinos de los ciudadanos, independientemente de los foros que ya están haciendo otras asociaciones con candidatos a gobernador.

“Lo primordial para las organizaciones de juristas es que queremos un Cuernavaca próspero, un Cuernavaca seguro, un Cuernavaca con un desarrollo económico como antaño”, dijo.

Carlos Gibrán Haro, presidente del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, explicó que la dinámica estará encaminada a conocer las propuestas y cómo pretenden aplicarlas, y no se permitirán ataques.

“Se les hace la invitación a que no haya insultos, que no haya denostación, que no haya esa guerra sucia”, sostuvo.

Los representantes de las organizaciones coincidieron en que el próximo alcalde debe tener un perfil basado en la honestidad, el trabajo y arraigo en la ciudad para devolver a Cuernavaca su prosperidad y combatir la corrupción.

Los agrupaciones organizadoras son el Colegio de Abogados del Estado de Morelos; la Asociación de Abogados Postulantes en Materia Civil; la Asociación de Académicos; la Asociación de Jueces Jubilados; la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales; el Consejo de Juristas; la Barra de Abogados; Abogados Unidos por México; la Asociación de Licenciados en Derecho y la Asociación de Abogados Agraristas.

Los reportes de hurto no son subidos inmediatamente a las plataformas policiales.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado, Cristian Velasco Alcocer, alertó del aumento en Morelos de la venta de vehículos robados en otras entidades, debido a que los reportes de hurto no son subidos inmediatamente a las plataformas policiales.

Explicó que, en teoría, al denunciar el robo de vehículo los reportes deben ser subidos a las plataformas policiacas en un plazo máximo en 48 horas, pero esto no ocurre sino hasta 15 o 30 días después, lo que da un margen amplio de maniobra a los delincuentes para comercializar los automotores en entidades como Morelos.

“Ahora se están dando mucho que de la Ciudad de México vienen a vender acá los autos que tienen reporte de robo y que por los tiempos no suben al Repuve (Registro Público Vehicular) el reporte. Lo compran, cambian su vehículo y, cuando ven, compraron un vehículo robado”, dijo.

Dijo que el modus operandi de los delincuentes es robar el automóvil en la Ciudad de México y de inmediato lo trasladan estado de Morelos. Los vehículos que, por ejemplo, generalmente tienen un valor comercial de 200 mil pesos, se ofrecen en 150 mil o menos. “La persona se emociona, lo compra pensando en que es una ganga y no, no es un ganga. Lo que está comprando es un vehículo con reporte de robo”, detalló Velasco Alcocer.

Calculó que podría haber al menos 30 denuncias mensuales con este modus operandi y es necesario alertar a los ciudadanos para no caer en el garlito.

“No se dejen sorprender con ese tipo de precios que llegan y piensan que están agarrando una oferta. Más vale que vayan a las agencias o que le compren el vehículo a algún conocido que sepan que lo tiene más de un año. Es lo que nosotros recomendaríamos para que no se metan en ese tipo de problemas.

“No comprar vehículos y menos a gente de otros estados porque de verdad nada más vienen aquí, dejan el vehículo y el problema es que ya no se acredita sólo un robo de vehículo, sino que se convierte en fraude u otro delito”, señaló.

Además, Cristian Velasco expresó que los compradores de buena fe no podrán disponer de los vehículos, lo que agravia el patrimonio personal y encontrar a los responsables del delito será difícil.

Trabajadores jubilados mantienen plantón por la falta de pago de sus pensiones; magistrados expresan su inconformidad por la reelección de la titular del TSJ.

Por segunda ocasión, Carmen Cuevas López rindió su informe de labores en medio de protestas y críticas de trabajadores jubilados a los que no se les pagó su pensión y magistrados inconformes con la reelección.

Vestidos de negro, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas, junto con trabajadores jubilados, colocaron en la estatua de Temis (diosa griega de la justicia) una ofrenda floral fúnebre en la que se leía la leyenda: “Descanse en paz la justicia”.

A la protesta se unieron miembros de la asociación civil “Gustavo Salgado Delgado”, quienes lamentaron que a trabajadores del Poder Judicial en retiro se les escamoteen sus pensiones.

Ivonne Islas Dueñas, quien junto con un grupo de jubilados mantienen desde hace un mes un plantón afuera del Palacio de Justicia, consideró inédito el problema que hoy tiene bajo presión económica a los trabajadores en retiro y de cuyos ingresos depende el bienestar de sus familias.

Dijo que el préstamo de 30 mil pesos que les otorgó la magistrada presidenta a varios afectados por la falta de pago, les será descontado de sus pensiones una vez que el Congreso local autorice el presupuesto adicional al TSJ.

Dijo que son 43 jubilados sin pago de pensiones, y otros 90 jubilados -cuyos pagos no fueron suspendidos- están bajo la amenaza de que en cualquier momento podrían ser suspendidos sus pagos por falta de presupuesto.

“Nos hemos plantado aquí en el tribunal para manifestar que necesitamos nuestro dinero, que necesitamos nuestra pensión, que de eso subsistimos. Algunos quizá no tengamos una situación tan incómoda, pero hay familias que están padeciendo realmente por la falta de pago de la pensión”, dijo.

Afirmó que  no retirarán el plantón hasta que se resuelva integralmente el problema, que incluye denunciar al Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el incumplimiento de sentencias en controversia constitucional, al no acatar la orden del máximo tribunal de etiquetar presupuesto para el pago de los decretos de pensiones de trabajadores judiciales retirados.

Hizo un llamado al Congreso para que autorice a la brevedad los recursos y se deje de agobiar a decenas de familias.

En este tema, el magistrado del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, afirmó que se espera que en los próximos días el Congreso autorice recursos adicionales por 6.5 millones para el pago de pensiones de 23 trabajadores jubilados, y dijo esperar que a la postre se solucionen los casos restantes.

Por su parte, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas Ángeles, previo al informe de Cuevas López, mantuvieron firme su postura crítica e inconforme con la reelección.

Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta cometió muchos yerros durante su administración, tales como la subordinación de la administración de justicia a otros Poderes del Estado, el debilitamiento de la carrera judicial y la opacidad en el manejo de las finanzas de la institución.

Lamentó que en lugar de permitir el ascenso de trabajadores, haya preferido dar nombramientos en diferentes puestos a personas “recomendadas” por magistrados o personas ajenas al tribunal; que haya realizado rotación de jueces sin aprovechar su especialización, al pasar a los jueces penales a civiles y viceversa; y que no haya dado cuentas de cómo se manejan las finanzas del TSJ.

Aseveró que es difícil que Cuevas López pudiera mostrar un cambio de actitud, y consideró que sólo un cambio de gobierno hará posible que se audite el Poder Judicial y se le exijan cuentas a la presidenta.

Durante su informe, Cuevas López destacó el avance de la construcción de la Ciudad Judicial y la aplicación de políticas de equidad e igualdad de género, cuyos proyectos heredó de la administración anterior.

También destacó los nombramientos definitivos a 175 empleados del Tribunal Superior de Justicia que tenían entre 12 y 15 años de laborar con nombramientos temporales; la implementación -a través de la Escuela Judicial- de cursos, talleres, seminarios y diplomados, con la finalidad de mejorar la administración de justicia; y la fusión de juzgados y reducción de recintos jurisdiccionales en arrendamiento, con lo que logró atender la demanda social a través de la apertura del Departamento Regional de Orientación Familiar de la zona oriente.

“En este periodo demostramos conciliación y acción, los fantasmas de la especulación acabaron en el tintero de las anécdotas, los hechos son la mejor argumentación, la justicia se administra con determinación y sólidas decisiones, destruimos los miedos con la fortaleza de un Pleno unido y democrático”, dijo al agradecer a sus colaboradores cercanos y su familia por su apoyo.

Al informe acudieron el gobernador Graco Ramírez y representantes de diversas dependencias estatales y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin embargo, fue notaria la ausencia de algunas organizaciones de abogados, de algunos representantes de otros tribunales y del representante de la Comisión de Derechos Humanos, que usualmente acudían al informe de labores.

Un grupo de integrantes de la organización designó como nuevo presidente a Ricardo Popoca González.

El Consejo Estatal de Abogados se fracturó luego de que, en circunstancias poco claras, un grupo de agremiados relevó a Jaime Serna Pérez como presidente de la organización y lo sustituyó en votación exprés por Ricardo Popoca González.

A través de las redes sociales, Popoca González difundió un comunicado en el que se presentó como nuevo dirigente de la organización y reconoció la gestión de Jaime Serna, así como se comprometió a representar dignamente a los agremiados.

“A todos los socios e integrantes del de Consejo Estatal de Abogados, los invita a que fomentemos la unidad, paz y tranquilidad de esta organización, y nos sumemos al trabajo para que todos pongamos en alto el nombre del CEAM”, dice el documento.

Pero algunos miembros de la organización cuestionaron la forma en la que ocurrió el relevo, que fue orquestado por un grupo de abogados que originalmente convocó a una reunión informativa y, en presencia de 15 de los poco más de 40 asociados del CEAM, decidió declararse en asamblea para elegir al nuevo líder.

El Consejo Estatal de Abogados existe desde casi dos décadas, pero hasta hace unos meses comenzó su proceso de protocolización para convertirse en una organización legalmente constituida. Según los estatutos, el representante del consejo durará un año en su encargo, pero en esta ocasión los asociados decidieron que Serna Pérez –que culminó su periodo a finales de 2017– continuara al frente hasta concluir el proceso de formalización del consejo.

Sin embargo, un grupo de agremiados convocó a la reunión que luego se convirtió en asamblea y, literalmente, aplicó un “madruguete” a Jaime Serna para ser relevado. De acuerdo con algunos miembros de la organización, el problema de fondo fue la forma en la que ocurrió, ya que a la supuesta asamblea sólo acudió una minoría de 15 agremiados y se sumaron otros litigantes que no están asociados o personas que no pertenecen al gremio.

A ello se sumó que no hubo una convocatoria para la elección del presidente de la CEAM, a pesar de que los abogados Aída Hernández, Rocío Carrillo Pérez y Antonio Yáñez Bello tenían intención de lanzarse a la contienda por la presentación del consejo.

Desde hace al menos tres meses, el tema de la dirigencia del CEAM generó discusiones internas y el grupo que consumó el relevo de Jaime Serna presionaba para convocar a la elección.

La califican de “antidemocrática e inmoral” y cuestionan que no se cumplió el debido proceso.

Abogados calificaron de “antidemocrática e inmoral” la reelección de Carmen Cuevas López como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al haber cometido un “agandalle” e impedido la competencia.

El presidente del Consejo Estatal de Abogados, Jaime Serna Pérez, afirmó que es una reelección cuestionada porque ocurrió de manera sorpresiva, precipitada y sin dar oportunidad de competir por la presidencia a otros magistrados.

Expresó que el periodo de Cuevas López fenecía hasta el 17 de mayo y había tiempo para un proceso de elección abierto y transparente; sin embargo, la reelección que fue consumada el viernes pasado dejó muchas dudas porque quienes la apoyaron ni siquiera explicaron cuáles fueron los criterios para elegir por un segundo periodo a la titular del TSJ.

Consideró que la reelección “es un abuso de poder, es un agandalle, de que se preparan las cosas para que te quedes tú y eliminar al rival… Me parece que debió hacerse con justicia, con equidad, como lo marca aquí la dama de la justicia (en alusión a la estatua de la diosa Temis en el Palacio de Justicia). ¿Cuál es el temor? Si tenía tantos votos a su favor, ¿por qué hacerlo de esa forma?”, cuestionó.

Serna Pérez dijo que los integrantes del Consejo Estatal de Abogados solicitaron hacer público el descontento con la reelección,  que se perpetró con total ausencia de democracia, equidad y justicia.

Por su cuenta, Enrique Paredes Sotelo, expresidente del Colegio de Abogados de Morelos, lamentó también las circunstancias en las que fue designada Cuevas López como representante del Poder Judicial por un segundo periodo.

“Es legal, pero no moral. Porque al final de cuentas estamos ante una circunstancia en la que, si bien tuvo los votos suficientes para hacerlo, creo que no se cumplió con el debido proceso para la elección.

“Es decir, no había acabado su mandato –le faltaban 14 días–, convoca a una reunión el mismo día sin las 48 horas para llevar a cabo la sesión (solemne de Pleno) y se reeligió… Yo creo que las apariencias se deben de aguardar y en este caso no se guardaron; se vio muy apresurada en su designación, pero la final de cuentas ya fue reelegida”, dijo.

Consideró que no hay posibilidad de impugnar la reelección, sobre todo porque el grupo disidente es pequeño, pero afirmó que “ahora el llamado a los integrantes del Poder Judicial es que se reorganicen y que trabajen en conjunto porque la justicia no puede parar”.

Abogados denuncian que en la institución prevalecen actos de corrupción de servidores públicos.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos pidió al nuevo fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, realizar una “limpia” en la institución y echar a los servidores públicos que incurren en malas prácticas y obstaculizan la justicia.

Luego de la reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), abogados barristas expusieron que en la institución prevalecen malas prácticas alentadas por servidores públicos sin ética, que buscan beneficios personales y a quienes no les importa quebrantar la ley.

El presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete, señaló que “queremos que hoy la fiscalía tenga esa cara de sensibilidad, de puertas abiertas, de una institución que imparta procuración de justicia, pero le exigimos también una limpia”.

Al respecto, Rosete dijo: “Urge una limpia, urge que despida y corra al personal que no ha dado respuesta, que no ha dado el resultado que necesitan los morelenses, eficaz y eficiente. Creo que es importante escuchar el clamor de la Barra de Abogados; sabemos que tiene la buena intención y la buena fe, pero necesitamos acciones concretas y que genere una limpia que dé confianza a la sociedad”.

Explicó que entre las malas prácticas o actos de corrupción más comunes dentro de la institución son el cobro de dádivas para la realización de trámites e integración de carpetas de investigación, el condicionamiento para obtener la libertad, el rezago intencional de los expedientes e indagatorias y la colusión de fiscales o funcionarios con algunos abogados que se convierten en “socios” para asuntos desde el interior de la fiscalía.

Miguel Ángel Rosete recalcó que es necesario que el fiscal tome medidas tangibles para que la sociedad recupere la confianza y se incentive la denuncia del delito.

Manifestó que en la Visitaduría de la FGE existe una lista de quejas contra servidores públicos que deben revisarse y resolverse conforme a derecho para sancionar y cesar a los malos funcionarios.

En este sentido, refirió que “la Barra de Abogados se compromete a documentarle algunos actos, algunas quejas, para que, principalmente, el fiscal no tenga nada más la queja verbal sino tenga el soporte para iniciar los procedimientos correspondientes”.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos denunció que desde el 21 de julio de 2017 la Secretaría de la Función Pública encontró actos y omisiones cometidos por servidores públicos relacionados con la construcción del Paso Exprés y que siete meses después no hay funcionarios sancionados.

Miguel Ángel Rosete, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, informó que esa agrupación interpuso dos quejas en contra de la obra del Paso Exprés, ejecutada por empresas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Una de las quejas fue presentada antes de la tragedia del socavón, donde murieron los dos tripulantes de un vehículo que cayó al fondo del agujero.

“Son dos quejas que se interpusieron, una fue previa al socavón, fue previo al incidente que tuvimos, donde se perdieron la vida dos morelenses, en el cual se señalaban las irregularidades del Paso Exprés. Es decir, que no contaba con los carriles de seguridad que toda autopista debe de contar, no tenía los carriles de acotamiento, no tenía los accesos ni las salidas del Paso Exprés a la zona urbana y que estas salidas y entroncamientos que había con la zona urbana estaban a 90 grados, es decir que era un riesgo latente para las personas”, dijo.

La segunda queja fue presentada después de la tragedia y en ella los abogados solicitaban investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades en la construcción de la obra.

De acuerdo con Rosete, el 21 de julio de 2017 el Órgano Interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondió a las quejas.

En el oficio, informó el abogado, la dependencia federal aceptó la posibilidad de responsabilidad por acciones y omisiones de funcionarios involucrados en la construcción del Paso Exprés.

“Tuvimos una respuesta mediante oficio número 09/200/2619/2017 firmado por la licenciada Blanca Estela Mejía Espíndola, quien es la titular del área de quejas de la Secretaría de la Función Pública, en la que textualmente indica: una vez que se agotaron los extremos de la investigación con esta misma fecha emito acuerdo en el que se determinó que existen elementos para presumir que servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presuntamente incurrieron en actos y omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa”, expresó Rosete.

Para los litigantes, el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca es un monumento a la corrupción e impunidad.

“Consideramos es una burla, es un robo, es un monumento a la corrupción, a la impunidad, puesto que la obra no es funcional para los cuernavacenses, no es funcional para las personas que cruzan la ciudad de Cuernavaca y por supuesto es una obra, es una vía que trae más riesgos que beneficios y todo aunado a una corrupción en la cual se presentó la denuncia ante la PGR, siendo que esta institución ha sido omisa en investigar y dar sanción a los probables responsables y llevar tras las rejas a estos responsables de estos hechos”, dijo Rosete.

Sin embargo, siete meses después la investigación y las sanciones –agregó- permanecen detenidas.

“Hay los elementos para considerar que había omisiones y delitos de acción por parte de funcionarios de SCT y pareciera ser que alguien detuvo, escondió o paró o frenó la sanción, de la cual SCT ya había dado cuenta que sí correspondía”, dijo.

A través de la Fiscalía General del Estado las familias de las dos víctimas mortales del socavón del Paso Exprés, alcanzaron un acuerdo reparatorio con la SCT y las empresas encargadas de la construcción de la obra.

Con ese acuerdo, de acuerdo con los abogados de las familias, se dio carpetazo a la investigación penal por el delito de homicidio culposo, pero no a las investigaciones administrativas.

El presidente de la Barra de Abogados plantea que el tema lo resuelva la SCJN, o que se discutan en una mesa de trabajo abierta los alcances de la reforma constitucional.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos pidió prudencia a los magistrados enfrentados por la reforma constitucional que afecta al Poder Judicial, y planteó dos alternativas: que el tema lo dirima la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o que se abra una mesa de diálogo, pero condicionada a la participación de la sociedad civil organizada, para analizar jurídicamente qué es o no viable de la polémica reforma.

Miguel Ángel Rosete Flores, dirigente de los barristas, lamentó que la reforma -cuya declaratoria fue emitida por el Congreso el 24 de enero, y aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo- haya generado encono entre los magistrados, y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se encuentre fragmentado.

Explicó que la Barra de Abogados realiza un estudio técnico de la reforma que modifica la estructura y operatividad del Poder Judicial, para tener elementos de debate y fijar una postura clara respecto a lo que es rescatable y viable, y lo que es erróneo e, incluso, violatorio de preceptos constitucionales.

Consideró que en este momento hay dos vías para dirimir la polémica que se ha generado por la reforma que desaparece al Consejo de la Judicatura para crear un nuevo órgano de administración, prevé la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, reduce a sólo una sala al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y lo anexa a la estructura del Tribunal Superior de Justicia, entre otros puntos.

El primer escenario, dijo, es que de inmediato se promulgue la reforma y que el Poder Judicial promueva la controversia constitucional, para que la SCJN debata y resuelva de fondo el asunto.

El segundo escenario es que sea abra una mesa de diálogo y debate con los integrantes de los tres Poderes del estado, pero abierta a la participación de organizaciones de la sociedad civil y especialistas jurídicos, porque lo que se tiene que discutir no sólo son los cambios en el funcionamiento y la estructura, sino el impacto que tendrá en las finanzas públicas la centralización de decisiones y la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial, el cual ha sido criticado por la sociedad por su opacidad.

Pidió prudencia a los magistrados para que las divergencias no impacten la administración de la justicia e insistió en que la Barra de Abogados concluirá en breve el análisis de la reforma para fijar una postura seria y objetiva, además de debatir el tema con responsabilidad y argumentos sólidos.

El presidente del Foro Morelense de Abogados afirma que hay acoso laboral contra trabajadores activos y jubilados y pide frenar el hostigamiento.