Suelen ser unas cuantas figuras las que orientan y alimentan el esfuerzo mediante iniciativas de reformas que generalmente vienen acompañadas e impulsadas por los partidos políticos o el Poder Ejecutivo.

Lo que el documento en cuestión deja ver, es que no se aprecia gran diferencia en el trabajo final de cada legislatura, entre periodos anteriores, que se conformaban con un menor número de diputados y la actual de 30 representantes populares.

En cada fase hay un importante número de integrantes del cuerpo legislativo con mínimos índices de conocimiento en materia de leyes. Más de la mitad llega al recinto para aprender y son conducidos por quienes al menos cuentan con formación profesional, que son los menos.

La valoración en el tema se hizo a fin de darle sustento a la propuesta de reducir en una tercera parte el número de curules, haciéndose énfasis en que lo mismo pudiera haberse pensado en unos 12 y al final, el resultado tampoco sería muy distinto, sin embargo la carga presupuestal sí es muy elevada hoy día, a fin de darle cabal funcionamiento al honorable recinto.

El argumento más utilizado para hacer avanzar el proyecto va en el sentido de que se trata de un reclamo popular de hace buen tiempo, además de que ello reduciría gastos.

Por eso esperamos que en lo que se refiere a dinero, los 20 diputados locales que quedarán no deben ejercer el mismo techo financiero, porque entonces acabarían logrando mayores ventajas económicas personales, porque la repartición sería entre menos.

También se advierte de algunas estrategias de parte de partidos políticos con mayor control, que de acuerdo a sus pronósticos electorales, la recomposición les garantizaría amplias posibilidades de obtener resultados electorales favorables en esa redistribución.

AUTONOMÍA MUNICIPAL, EL ABUSO

Pero otro de los temas que cobra cierta relevancia al interior del mismo Congreso es el referente a la autonomía municipal, porque para algunos asesores de la Cámara, se ha convertido más en un instrumento de abuso que de libertad para bien de los gobernados.

Y se ponía el ejemplo de Tepalcingo, cuyo cabildo, por mayoría e incluso en contra del presidente municipal, decidió autoasignarse un ingreso por regidor de 90 mil pesos, más gastos ilimitados de representación y viáticos, que sumados, fácilmente representan un gasto mensual de 120 o 130 mil pesos por cada uno.

Lo anterior se ha estado reproduciendo en muchos ayuntamientos, porque esa autonomía les permite tomar determinaciones por encima del estado o la Federación y entonces se aprovecha a la ley para legitimar ambiciones personales, más allá del interés general.

Es un exceso que el cuerpo edilicio de alcaldías como la de Tepalcingo, cuyo territorio enfrenta toda clase de necesidades y presenta altos niveles de pobreza y marginación en buena parte de sus comunidades, absorba el recurso público para unos cuantos, no corresponde a la realidad.

Pero en ello también el Poder Legislativo se antoja complaciente, porque hace ya bastante tiempo –en legislaturas pasadas- se intentó, de parte de algunos diputados de tendencia democrática, promover cambios y establecer candados en lo referente a la fijación de ingresos en los ayuntamientos.

La idea era disponer de tabuladores en esa materia, con mínimos y máximos en lo relacionado al pago por los servicios de síndicos, regidores y alcaldes. La propuesta desde luego nunca logró prosperar y en aquel entonces quien la impulsó acabó hasta con amenazas de su propia bancada.

Sí hay formas de control si se contara con voluntad de quienes pueden hacerlo, para ir impidiendo acciones legaloides que muestran el apetito de muchos “servidores públicos” sin vocación de servicio, que llegan a cargos de elección con el único propósito de resolver su vida económica.

El estudio al respecto es interesante, porque deja ver que particularmente a nivel de alcaldías, no hay avances positivos en el desempeño de los mismos al paso de los años y prevalecen toda clase de vicios, empezando por la designación de funcionarios carentes de los perfiles profesionales o conocimientos para el buen desempeño en los respectivos cargos.

Los presidentes municipales en su afán por manejar a su antojo aquellas posiciones clave de la administración, ofrecen a los miembros del cabildo, cargos de menos trascendencia para lograr que les validen los nombramientos, al final las estructuras  del gobierno municipal  responden a toda clase de intereses, menos al de trabajar por la sociedad a la que dicen representar.

La conclusión es clara, se ha perdido control con la autonomía y la corrupción es el signo visible de nuestros tiempos, cada final de tres años se habla de escándalos en el ejercicio del poder municipal, porque los cabildos tienen las manos sueltas y se despachan bastante bien.

Eran tiempos distintos, claro, pero en esas observaciones se reconoce que cuando, desde el gobierno estatal se manejaba el poder total -y se citan gobiernos como el de Lauro Ortega y Antonio Rivapalacio- no se llegaba a tanta perversión, pero se justifica considerando que es el costo de la democracia, que al pueblo no acaba de llegar, porque continúa siendo rehén de los políticos que lo ven como botín para enriquecerse sin límite.

Reiteramos, lo anterior no es nada nuevo, lo vemos con bastante claridad, pero el Poder Legislativo debería considerar ya generar normas de mayor control, que a pesar de esa autonomía, posibiliten ejercicios de gobierno menos perversos.  Sin embargo, no pocos legisladores se ven en un mañana cercano como alcaldes y desean disponer de espacios para poder hacer lo mismo que los ediles hoy día.