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Fue nombrada por Graco Ramírez y el Congreso decidió mantenerla en el cargo.

Los diputados locales recularon ante la decisión de revocar el nombramiento de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), que aprobó la LIII Legislatura, y acordaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

Las coordinadoras de las fuerzas políticas en el Congreso local acordaron ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno anular el decreto por el que se revocó el nombramiento de León Hernández, en cumplimiento a una orden del Juzgado Quinto de Distrito, instancia ante la que el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes promovió un amparo en contra del citado nombramiento.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, explicó que el juzgado notificó al Congreso del estado que Dagoberto Rivera se desistió del juicio de amparo, y en base a ello, determinaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

"Regresaremos al origen, como estaba el Instituto de la Mujer, por lo tanto la arquitecta Flor Dessiré seguirá siendo la directora del instituto, nosotros siempre apegados a derecho y a lo que nos mandate los jueces. Entonces este decreto ya se aprobó y entrará en la próxima sesión", agregó.

Diputados dan entrada a juicio político en contra de Graco Ramírez.

El Congreso del estado investiga el destino que tuvieron 18 millones de pesos que pertenecían a los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y que supuestamente se redireccionaron al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, la diputada Rosalina Mazari Espín, consideró que lo que hicieron los exdiputados con los fondos fue un desvío de recursos, por lo que adelantó que promoverán acciones legales una vez que concluya la investigación.

"Estamos analizando dónde quedó este fondo, nos queda claro que se desvió para otros fines. De repente se hizo la transferencia de esos recursos y que fueron a parar a otro rubro y en próximas fechas tendremos la oportunidad de decirles a dónde fue a parar este fondo", agregó. 

Aseveró que en próximas fechas señalarán a los exlegisladores que deberán asumir la responsabilidad por supuestamente haber desviado el recurso que se recauda del pago de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje.

Sin embargo, la diputada priista dijo que aún se analiza la viabilidad de que se reactiven el Fitur y Fidecomp, como lo han solicitado empresarios, pues sostuvo que se trata de acciones que impulsó el gobierno de Graco Ramírez.

"Van a ser considerados (los empresarios), pero realmente lo que decidan los diputados y diputadas de diferentes partidos políticos en base al análisis, a la discusión y a la aprobación del presupuesto, para ver si va a haber la oportunidad de que subsisten estos dos fideicomisos", agregó.

Señaló que se revisará si los fondos fueron bien utilizados durante el sexenio pasado y si cumplieron su objetivo de atraer turismo y generar empleos. "Aquí no nada más se trata de venir a pedir, sino basta el ser responsables al momento de analizar los pro y contras, atendiendo lo que dice la Ley de Responsabilidad Hacendaria en este tema", agregó. 

Diputados dan entrada a juicio político en contra de Graco Ramírez

La Junta Política y de Gobierno también determinó turnar la denuncia de juicio político que promovieron abogados y ciudadanos en contra del exgobernador Graco Ramírez por haber retenido 100 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el año pasado.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz refirió que el caso se turnará a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su análisis y determinar si es procedente.

El Congreso local exhortó a los ayuntamientos de la zona metropolitana del estado a que hagan cumplir la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado y se evite el cobro de estacionamiento en plazas públicas, centros comerciales y supermercados. 

El Pleno del Congreso del estado aprobó el punto de acuerdo, por el que se pidió a los gobiernos municipales a evitar más abusos hacia los ciudadanos que acuden a consumir en los centros y plazas, donde les cobran por estacionar sus vehículos.

Recordó que en el 4 de febrero del 2015, el Congreso del estado aprobó una reforma a la citada ley para evitar el cobro del aparcamiento de vehículos particulares en los centros públicos antes referidos.

Para el caso de los automóviles que no consumieran en dichos lugares, sí se establecería un cobro que sería mínimo.

En tanto, a los dueños de los lugares donde no se cumpla con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado se establecería una multa por parte del ayuntamiento, de acuerdo a lo que especifique la Ley de Ingresos del municipio.

"Nadie puede estar por encima de la norma jurídica sin importar los intereses económicos de por medio", manifestó la diputada Ana Gabriela Guevara Ramírez, quien propuso el punto de acuerdo. 

El Congreso crea una comisión especial; indagarán sobre los ocho mil millones destinados a paliar los efectos del sismo.

El Congreso del estado iniciará una investigación en contra de la administración que encabezó Graco Ramírez, para esclarecer el uso de ocho mil 300 millones de pesos que fueron asignados por la Federación y el gobierno estatal para la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura hospitalaria y carretera, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Ayer, diputados locales instalaron la Comisión Especial de Reconstrucción del Congreso del estado, que llevará a cabo la investigación y promoverá posibles acciones administrativas y penales en contra de las ex autoridades responsables de presuntas irregularidades.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, como presidenta de la comisión dijo que se sospecha el mal uso de recursos financieros destinados para la reconstrucción, ya que de cada 100 casas afectadas sólo se reconstruyeron cinco y el mismo atraso registran en escuelas y hospitales.

La legisladora señaló que el gobierno federal entregó a Morelos, por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), siete mil millones de pesos que se sumaron a los mil 300 millones que el estado aportó por medio del fideicomiso "Unidos por Morelos".

En total, en Morelos 31 mil viviendas resultaron afectadas por el sismo, de las cuales 5 mil 370 fueron daño total. Hasta agosto de este año el gobierno de Graco Ramírez sólo entregó 232 viviendas; de mil 831 escuelas afectadas,y sólo en 400 planteles se iniciaron trabajos de recuperación.

"Durante los trabajos de investigación que desarrolle está comisión estaremos facultados para iniciar procedimientos penales, civiles y administrativos que haya lugar ante las autoridades competentes y en contra de quien resulte responsable, en caso de encontrar actos de corrupción en el uso, destino y aplicación de los recursos públicos", manifestó la diputada de Morena.

De igual forma, dijo que retomarán los trabajos de reconstrucción para apoyar a los afectados por el sismo lo antes posible.

A la instalación de la comisión, acudieron alcaldes de los municipios afectados por el terremoto, como es el caso de Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla. 

El presidente electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, propuso a los diputados realizar un nuevo censo de los damnificados por el temblor, para que se garantice el apoyo a las personas afectadas.

Señaló que es urgente que se retomen los trabajos porque hay muchas familias en las calles, pero también que se esclarezca qué pasó con los ocho mil 300 millones de pesos, pues el presidente electo Andrés Manuel López se comprometió a asignar 700 millones de pesos a Morelos para el mismo fin. 

El presidente municipal electo suplente de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, aseguró que no tiene considerado renunciar al cargo que le fue confiado por los ciudadanos el 1 de julio pasado.

Luego de que trascendiera información de un supuesto documento girado al Congreso del estado, en el que supuestamente dimite al cargo de presidente municipal, Villalobos Adán aclaró ayer en conferencia de prensa que no desistirá en su intención y dijo: “Aquellos que hoy se empeñan en que desista de tomar protesta el primero de enero próximo, les digo que pierden su tiempo, dinero y esfuerzo porque no lo voy a hacer".

Pidió a los diputados que no se dejen sorprender, pues les aclaró que no ha firmado y no va a firmar ninguna renuncia al cargo de presidente municipal constitucional electo de Cuernavaca.

Antonio Villalobos precisó –además- que ante un notario de Monterrey, “porque los de aquí están sometidos por el Ejecutivo”, hizo un video en donde dejó constancia de todas las amenazas de las que ha sido objeto para renunciar al cargo, incluida esta supuesta renuncia que le quieren "sembrar".

La firma se niega a entregar el inmueble, a pesar de que el edificio requiere remodelación por defectos en su proceso constructivo.

Los diputados sólo tienen acceso al 30% del inmueble.

La sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca, sigue a cargo de la empresa "Ago Operadores S. A. de C. V." que la construyó, a pesar que la administración pasada reportó que la obra fue entregada desde diciembre del 2017 por un costo superior a 460 millones de pesos.

Con la justificación de que la administración estatal que encabezó Graco Ramírez no le pagó 95 millones de pesos, de acuerdo al contrato firmado, la constructora no ha permitido a los diputados el uso de más del 30% de las instalaciones.

Además, no ha concluido la instalación de otras áreas para que puedan ser totalmente funcionales.

Aunado a lo anterior, la LIV Legislatura tendrá que invertir para la rehabilitación del nuevo edificio, ya que representa un riesgo para quienes lo ocupan por diversas fallas en la construcción, de acuerdo a la opinión técnica que emitió el Colegio de Ingenieros Civiles del estado a los diputados.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que procederán legalmente en contra de la constructora y de los responsables de que la sede no esté concluida y entregada. Además, dijo que se exigirá que sea la misma empresa la que solucione todas las fallas estructurales del nuevo edificio. 

La gestión de más de tres años de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Delito ha sido improductiva, sostienen colectivos de víctimas; la funcionaria está ratificada en su cargo por tres años más.

Colectivos de víctimas del delito solicitaron al Congreso del estado la destitución inmediata de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Delito, Nadxiieli Carranco Lechuga, por falta de resultados. También solicitaron la creación de la "comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas".

Ayer, las madres y hermanas de las víctimas de desaparición, homicidio y feminicidio acudieron al Congreso del estado, para pedir a los diputados atiendan las demandas que han planteado, desde hace varios meses, ante diversas instituciones y no se les ha dado respuesta.

Dijeron que es urgente la aprobación de una armonización en la legislación local con la federal y se cree una comisión estatal que atienda las desaparición de personas en base a la Ley Federal de Desaparición Forzada.

Afirmaron que en Morelos existe una cifra oficial de mil personas desaparecidas y mil más en cifra negra, de ahí la importancia de que se cree una comisión especial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, solicitaron a los diputados, emprendan acciones legales para destituir a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Delito, Nadixiieli Carranco, pues afirmaron que no ha dado los resultados para apoyar a familiares de víctimas.

"Queremos que sea separada del cargo Nadxiieli Carranco, no ha dado resultados y ya lleva más de tres años en el cargo y no sirve", señaló Edith Hernández, hermana de Israel Hernández Torres secuestrado en el 2012 y después de cuatro años fue encontrado en las fosas de Tetelcingo.

Carranco Lechuga fue ratificada en el cargo hace unos meses por el Congreso local por tras años más, tras la reforma legal que modificó la integración y operación de la comisión ejecutiva.

Mediante un escrito que dejaron a la Mesa Directiva del Congreso local, se pidió a los legisladores que intervengan para que la Fiscalía General del Estado reabra el proceso de exhumación de cadáveres en el panteón municipal de Jojutla, para que finalmente todos los restos sean inhumados en el panteón Jardines del Recuerdo de Cuautla.

Anuncian el cese de más de 40 empleados contratados por la anterior legislatura; plantean reducir presupuesto de la cámara de diputados para el 2019.

El Congreso del estado despidió a cerca de 46 trabajadores contratados en la LIII Legislatura, de los cuales al menos 10 eran aviadores.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que la medida se tomó como parte del ahorro que pretenden generar para resolver la crisis del Poder Legislativo.

Al respecto, sostuvo que se planteó la reducción del presupuesto del Congreso para el 2019, como parte del Programa operativo Anual (POA) que entregaron al Poder Ejecutivo.

Dicha disminución en los recursos obligará a un reajuste administrativo y financiero, mediante un plan de austeridad.

"El tema de los sueldos tiene que ser ya un tema secundario, por lo menos la postura de un servidor no ha sido primordial... Estamos en esa revisión y será la Junta Política la que tenga la última palabra, quienes van a decidir de qué forma se reduce", declaró. 

Sotelo Martínez confirmó que además de los despidos de trabajadores que fueron contratados en la pasada legislatura, también habrá cambios en los nombramientos que recientemente hicieron en áreas administrativas del Congreso, ante la inconformidad de las coordinadoras de las bancadas, como fue el caso de la Dirección de Recursos Humanos, asignada hasta la semana pasada a Ivonne Zavala Zúñiga.

Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, dijo que en los próximos días iniciará el análisis y discusión del Paquete Económico 2019 y leyes de ingresos municipales. Sostuvo que no se permitirá incremento en la deuda pública y se exigirá que se implementen acciones de austeridad a nivel estatal y municipal.

La diputada refirió que se hará un cotejo de las leyes de ingresos que se aprobaron para este 2018 y las propuestas para el 2019, a fin de evitar más abusos en contra de la ciudadanía.

Cancelan contrato con empresa que alimentaba sitio web

Por la tarde, los diputados informaron mediante un comunicado de prensa que dentro de las irregularidades detectadas de la pasada legislatura se detectó un adeudo con la empresa que daba mantenimiento al sitio oficial de internet del Congreso del estado, por lo que decidieron cancelarlo mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Mientras tanto, el sitio oficial www.congresodemorelos.gob.mx estará suspendido hasta que se llegue a un acuerdo con otro proveedor.

El gobernador lanzó un comunicado luego de que se hiciera público que el ex secretario de Hacienda Jorge Michel Luna promovió un amparo para evitar ser detenido.

El ex secretario de Hacienda en el gobierno de Graco Ramírez, Jorge Michel Luna, inició una solicitud de amparo ante el Juzgado Tercero del Poder Judicial de la Federación, según consta en el número de expediente 1671/2018, con fecha de acuerdo 18/10/2018 contra actos del Congreso del Estado.

Al respecto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo manifestó que es tiempo de hacer valer la justicia “caiga quien caiga”.

En un comunicado, el Ejecutivo estatal fijó su postura: "El Gobierno de Morelos no solapará los actos de corrupción cometidos por el gobierno de Graco Ramírez en agravio de los morelenses; la Ley se debe aplicar ‘caiga quien caiga’, es momento de hacer valer la justicia”, sentenció el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Así lo expresó, luego de que el ex secretario de Hacienda Jorge Michel Luna solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, esto con el fin evadir la acción de la justicia.
Cuauhtémoc Blanco reiteró que su único compromiso es cumplir y no fallarle a Morelos, sobre todo a los sectores más desprotegidos, ya que son los más afectados por la corrupción del gobierno anterior, que tanto lastimó a la entidad dejándola hundida en la inseguridad y la pobreza.

“Es momento de un verdadero trabajo entre ciudadanía y autoridades. Es por ello que he instruido a los integrantes del gabinete legal y ampliado a trabajar de manera cercana a la gente, escucharla y atender sus necesidades de manera directa, sin intermediarios”, indicó.

En cada una de las secretarías de despacho del gobierno de Morelos continúa la revisión exhaustiva del estado financiero que guardan; al momento se han detectado irregularidades como importantes desvíos de dinero, falta de pago a proveedores, obras públicas inconclusas, entre otras.

Cuando se concluya la minuciosa revisión y se tengan todos los elementos probatorios, el gobierno de Morelos estará en condiciones de iniciar denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables, para exigir la reparación del daño causado a los morelenses.
 
Cuauhtémoc Blanco Bravo reiteró el llamado a los integrantes de su gabinete, a conducirse con honestidad y realizar un trabajo impecable, conservar ante todo su dignidad intacta; que su impulso diario sea mejorar las condiciones en las que se encuentra el Estado.

Cabe señalar que el ex funcionario Jorge Michel Luna, inició la demanda de amparo ante el Juzgado Tercero del Poder Judicial de la Federación, según consta en el número de expediente 1671/2018 con fecha de acuerdo 18/10/2018”.

Un grupo de abogados y ciudadanos lo acusan de haber retenido 100 millones de pesos de las participaciones federales de la UAEM en el 2017.

Un grupo de abogados y ciudadanos solicitaron juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez ante el Congreso del estado. Lo acusan de haber retenido, de forma indebida y dolosa, 100 millones de pesos de las participaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el año 2017.

Como catedráticos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, los abogados acudieron al Poder Legislativo y presentaron la demanda para enjuiciar políticamente al exmandatario, pues afirmaron que la retención de las participaciones federales de los meses de julio y agosto del año pasado fue lo que agravó la situación financiera de la institución.

"Esta retención vulneró los derechos de 40 mil estudiantes y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios, al violentar los derechos humanos a la educación y al trabajo que se contemplan en el artículo 3 y 5 de la Constitución Política federal", sostuvo el abogado Enrique Paredes Sotelo.

Los catedráticos presentaron como pruebas en contra del exgobernador perredista, el corte de caja y los informes financieros que demuestran que la determinación del gobierno estatal afectó gravemente la operatividad de la universidad. 

Paredes Sotelo pidió a los diputados locales imparcialidad en la revisión de su demanda, pues dijo que el año pasado no la promovieron porque estaba en funciones "una legislatura a modo y creímos que no iba a prosperar".

El también integrante de la Federación de Asociaciones Civiles, Organizaciones y Movimientos Sociales explicó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos establece un año para que se pueda someter a proceso a los exfuncionarios que cometieron algún tipo de violación. 

Además, refirió, para poder enjuiciar a un servidor público que tuvo fuero, primero se debe iniciar proceso de desafuero; de lo contrario, ningún proceso legal podría prosperar.

La solicitud de juicio la firmaron también el abogado Bismarck Rentería Flores y el líder transportista Enrique Rodríguez Zagal.

Son señalados por presunto desvío de recursos, omisiones y actos constitutivos de posibles delitos en perjuicio del Congreso local.

El Congreso del estado promoverá acciones legales en contra de los exdiputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín, por presunto desvío de recursos, omisiones y actos constitutivos de posibles delitos en perjuicio del Congreso local.

Durante la sesión ordinaria de ayer, el Pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo para promover una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, por el presunto desvío de los recursos derivados de las aportaciones hechas por los trabajadores del Congreso local al Instituto de Crédito.

De acuerdo al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, existen elementos probatorios de que desde el inicio de la LIII Legislatura se desviaron las aportaciones de los trabajadores y nunca se entregaron al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

Por tal razón, agregó, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que encabeza también iniciará una revisión del caso para enjuiciar políticamente a los exdiputados, de acuerdo a lo que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El legislador local dijo que los responsables de las presuntas irregularidades son los exdiputados Francisco Moreno y Beatriz Vicera, quienes fungieron como presidentes de la Mesa Directiva; Hortencia Figueroa Peralta, como vicepresidenta; Julio Espín Navarrete, presidente de la Junta Política y de Gobierno, y Silvia Irra Marín, como presidenta del Comité de Vigilancia.

Sostuvo que los diputados aprobaron las cuentas públicas de su gestión, pese a que existen elementos para señalar que el presupuesto del Congreso del estado se malversó.

Los señalamientos del diputado se sustentaron en informes que solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la de Administración.

Las responsabilidades de los posibles delitos cometidos podrían alcanzar hasta al exsecretario de Finanzas, Jorge Michel Luna, quien estuvo involucrado en el supuesto desvío de recursos.

Enumeran excesos y delitos de los diputados de la anterior legislatura.

Los integrantes de la LIV Legislatura promovieron la primera denuncia penal en contra de sus antecesores, por diversos delitos cometidos en el uso de recursos del Congreso del estado durante los últimos tres años.

La mañana de ayer, los legisladores acudieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentaron la denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en el proceso iniciado se señala a los integrantes de la LIII Legislatura por la presunta comisión de diversos delitos, como el haberse autovendido 32 vehículos último modelo por un monto total de 850 mil pesos.

También presentaron pruebas de que los exdiputados se gastaron de manera ilegal los recursos obtenidos de las aportaciones que realizan los trabajadores ante el Instituto de Crédito, del dinero que retuvieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y para el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de un seguro de vida. La cantidad que presuntamente se desvió fue de 34 millones de pesos.

Los exdiputados fueron acusados de haber expedido cheques a su favor por más de ocho millones de pesos al final de la LIII Legislatura.

El presidente de la Mesa Directiva refirió que la denuncia es la primera de otros procesos penales que podrían promover debido a las irregularidades que han detectado en el proceso de entrega-recepción, como el robo de documentos del sistema contable que sirve para cotejar las cuentas públicas.

Sotelo Martínez dijo que pese a todas las irregularidades antes citadas, los exdiputados se aprobaron las cuentas públicas sin haberlas informado ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). De esta ilegalidad también fue informada la Fiscalía General del Estado.

Diputados locales también determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de sus antecesores, por los excesos cometidos durante la LIII Legislatura.

Diputados locales aprobaron un acuerdo más para investigar las jubilaciones y pensiones aprobadas por la LIII Legislatura durante los últimos tres años en los tres Poderes del Estado y en los ayuntamientos.

En sesión de la Junta Política y en la Conferencia para la Dirección de Programación de los Trabajos Legislativos, las coordinadoras parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acordaron crear otra comisión especial que investigue todos los expedientes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos municipales. 

También determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de los exdiputados por los excesos cometidos.

Sin embargo, no determinaron el día en que acudirán a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, y tampoco se especificó qué tipo de acciones administrativas llevarán a cabo, tal y como lo adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

Ayer se cumplió un mes y medio de que inició la LIV Legislatura y, a la fecha, los diputados no han hecho observaciones al proceso de entrega-recepción del Congreso del estado.

El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

Integran nueva asociación de jubilados 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

La esposa de Andrés Duque Tinoco fue designada directora del ICTSGEM.

Tras la designación de su esposa Fabiola del Sol Urióstegui Alvear como directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), el diputado Andrés Duque Tinoco rechazó que se trate de un pago de favores por haber renunciado Al partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para sumarse al Partido Encuentro Social (PES).

"No ha habido ninguna negociación, como se dijo en un inicio, que la presidenta del partido (Morena, Yeidckol Polevnsky) que Cuauhtémoc nos había comprado. No, Cuauhtémoc no compró a nadie", sostuvo el diputado, quien admitió que la contratación de personal para esos cargos debería darse por convocatoria o concurso, y de acuerdo a los perfiles.

"Mi esposa es una mujer preparada, ella metió currículum desde hace algunos meses. No hay ninguna negociación aquí, lamento mucho que esto esté pensando porque al final de cuentas ella está trabajando de aquel lado y yo aquí en el Congreso, no la tengo aquí en el Congreso", añadió.

También en el Congreso del estado fue designada como directora de Recursos Humanos a Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de Administración del gobierno estatal Mirna Zavala.

Dicho cargo fue ocupado anteriormente por Karina Arteaga Gutiérrez, quien también integra la larga lista de beneficiarios de las "pensiones doradas" que aprobó la pasada legislatura.

La legislación que aprobaron los anteriores diputados los dejó inamovibles en el cargo.

Notarios públicos que fueron beneficiados por la LIII Legislatura con la aprobación de una nueva Ley del Notariado que los dejó inamovibles en el cargo, ayer acudieron al Congreso del estado y pidieron participar de la creación de la legislación que pretenden aprobar los actuales diputados. 

Molestos porque los integrantes de la LIV Legislatura no les han informado del dictamen que sería votado ayer en la sesión ordinaria que finalmente se suspendió, la comisión de seis notarios presentó un oficio para ser tomados en cuenta como principales interesados.

"No se nos ha informado, no tenemos conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento a través de redes sociales", señaló Manuel Carmona Gándara, notario uno del estado. 

Los abogados sostuvieron que no les preocupa nada de la nueva ley que podría votarse esta misma semana, sin embargo, la legislación que crearon los exdiputados les garantizó inamovilidad.

La Ley del Notariado que aprobaron los exlegisladores eliminó la facultad del titular del Poder Ejecutivo para sancionar o relevar a los notarios. Dicha atribución se otorgó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Además, la LIII Legislatura estableció requisitos más rigurosos para que un abogado pueda ser notario público, y de esta forma garantizar mayor permanencia en la representación de los actuales notarios.

Carmona Gándara aseguró que de la ley actualmente vigente tampoco participaron para su creación, motivo por el cual también quisieron acudir al Congreso del estado.

"No es una preocupación, es una ocupación", manifestó Carmona Gándara, quien dijo que sí se requieren cambios en la ley para modernizar el notariado.

La diputada Tania Valentina Rodríguez dijo que el procedimiento usado por sus antecesores está lleno de vicios y errores y debe volverse a realizar.

El Congreso del estado repondrá el procedimiento jurídico por el que la pasada legislatura creó a los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco, Xoxocotla y Tetelcingo, aseguró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 

Debido al conflicto social que se vive en el municipio indígena de Hueyapan, por la integración del Concejo Municipal que gobernará a partir del 1 de enero del 2019, la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que es necesario que la creación e institución de los municipios indígenas en Morelos se concrete apegada a derecho.

"Se pueda regresar y dar al origen como estaban las comunidades indígenas... Si ustedes quieren su municipio indígena (que) se haga con un nuevo proceso, se haga desde origen bien las cosas, que se haga apegado a las reglas que marcan los reglamentos nacionales e internacionales de cómo se establecen y se llevan a cabo los municipios indígenas", aseveró la diputada ante decenas de pobladores de Hueyapan y Xoxocotla que se manifestaron ayer en el Congreso local.

Rodríguez Ruiz subrayó que el procedimiento que llevó a cabo la LIII Legislatura para crear los cuatro municipios indígenas estuvo plagado de irregularidades, incluso, dijo que no se respetaron tratados internacionales y, en lo que respecta a la elección de los concejos municipales, no se cumplieron los usos y costumbres de los poblados.

Afirmó que el Congreso del estado respetará los usos y costumbres de los pueblos indígenas, sin intentar imponer a ninguna autoridad.

Para ellos, agregó, hoy se presentará ante el Pleno un acuerdo para dar marcha atrás a las decisiones de los exlegisladores.

Los pobladores de Hueyapan se movilizaron ayer en el Poder Legislativo y bloquearon, por cerca de dos horas, el carril con dirección al norte de Cuernavaca de la avenida Plan de Ayala, a la altura de El Vergel. 

Una vez más, exigieron que se tome protesta a los integrantes del Concejo Municipal que recientemente fueron electos por la mayoría de los habitantes que están en contra de David Montes Rosales, hermano del exdiputado perredista Javier Montes, quien impulsó la creación de los municipios indígenas. 

Advirtieron de un conflicto social, pues cuentan con el apoyo del resto de los municipios indígenas y manifestaron que no aceptarán que se violenten sus usos y costumbres.

Ven riesgo de que se agote el plazo de 45 días para fincarles responsabilidad.

Diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señalaron que a más de un mes de que inició la LIV Legislatura, no ha habido transparencia respecto a la situación financiera y administrativa que enfrenta el Congreso del estado.

La diputada Alejandra Flores Espinoza dijo que como bancada solicitaron de manera formal a la presidencia de la Mesa Directiva, entregue información respecto al proceso de entrega-recepción, ya que hasta el momento no ha habido claridad de lo que entregaron los integrantes de la LIII Legislatura. 

Sostuvo que les preocupa que existe un plazo de 45 días (contados desde el inicio de la LIV Legislatura), para que se realicen las observaciones necesarias ante posibles irregularidades cometidas por los exlegisladores.

"A casi 45 días de haber iniciado esta legislatura no tenemos información de la entrega-recepción. Hasta la fecha, no nos han hecho llegar nada de información y, al parecer, ni en la Junta Política ni en la Conferencia se ha hecho ésta, no se les ha dado a conocer esta información", explicó la legisladora de Morena.

La diputada dijo que también desconocen quiénes integran el grupo jurídico que se dedica a revisar la situación del Congreso local, que al parecer sólo ha procurado otros asuntos, más que atender los problemas legales que heredó la pasada legislatura.

"No hay una apertura total de la información, incluso, aportamos con nuestros asesores para hacer este trabajo, sin embargo, nunca se les llamó. Sí es preocupante porque estamos en términos para poder hacer los señalamientos de las anomalías o inconsistencias que hay en la entrega recepción", añadió Flores Espinoza.

El Congreso plantea reducir de cinco a tres el número de comisionados del órgano garante.

Diputados locales acordaron impulsar la contrarreforma necesaria para reducir de cinco a tres el número de comisionados que integran el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Tras haber revocado los nombramientos de los dos comisionados del IMIPE que realizó la LIII Legislatura, los diputados locales preparan un dictamen para modificar la Constitución Política del Estado y restablecer el número de integrantes del citado órgano a como se encontraba antes del mes de julio.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval, quien impulsó la propuesta de reforma constitucional, informó que en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se trabaja en un dictamen para revertir los abusos que cometieron los exlegisladores.

Refirió que la propuesta podría desahogarse al mismo tiempo con la iniciativa de reforma constitucional que propuso la semana pasada para que aplique la afirmativa ficta, en caso de que la mayoría de los ayuntamientos no se pronuncien respecto a la modificación a la Constitución del estado.

"El objeto de retirar esta afirmativa se impulsó desde el PAN, pero para detener los matrimonios igualitarios, pero no fue aprobada, y cuando fue necesaria para otros fines, entonces la desempolvan, la sacan y la aprueban", explicó la diputada local, al referirse a las determinaciones tomadas por la LIII Legislatura.