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Alfonso de Jesús Sotelo responsabiliza a la dependencia por la falta de acciones para la limpieza de alcantarillas y barrancas tras el sismo de septiembre del año pasado.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, responsabilizó a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) por la falta de acciones para el desazolve de alcantarillas y barrancas en Jojutla, tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, lo que causó inundaciones en varias colonias del municipio.

El legislador sostuvo que las anegaciones registradas la madrugada del lunes fueron a causa de la intensa caída pluvial, pero también de la omisión de autoridades de la Ceagua para cumplir con la limpia de alcantarillas y barrancas.

De acuerdo al legislador del Partido Encuentro Social (PES), el Ayuntamiento sí cumplió con el retiro de escombros que dejó la contingencia del sismo del año pasado.

"Ceagua ha evadido su responsabilidad. Hemos contado más con Conagua, y Ceagua tiene presupuesto para hacer esos trabajos", agregó.

Sotelo Martínez informó que hasta ayer se habían contabilizado más de 400 familias afectadas por las inundaciones, incluidas la de los damnificados del terremoto y que viven en carpas.

Ante tal situación, refirió que es urgente que se implementen acciones que garanticen atención inmediata a la doble contingencia que vive el estado.

Con elementos del Ejército, agregó, se trabaja en la instalación de dos albergues en apoyo a los damnificados.

Mientras tanto, el diputado dijo que ya se fiscalizaron las zonas o colonias más vulnerables para atender situaciones de emergencia, pues se trata de las que también resultaron afectadas por el terremoto.

El dirigente camaral Antonio Sánchez Purón les pide evitar los “actos protagónicos” durante las comparecencias de los secretarios de despacho.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur), Antonio Sánchez Purón, pidió a los diputados locales hacer a un lado el "circo" y los "actos protagónicos" asumidos en las comparecencias de los secretarios de despacho, y cumplan con sus compromisos de investigar y castigar abusos cometidos en la pasada legislatura y en la actual administración estatal.

El empresario lamentó la poca seriedad que han asumido los diputados en las primeras comparecencias de integrantes del gabinete de Graco Ramírez para revisar el sexto informe de gobierno, y el poco interés por asumir temas que importan a la sociedad, como la desaparición de los fondos para la promoción turística, la competitividad y el empleo.

"Primero vemos a un secretario que abandona y donde se le gritan de cosas. Yo creo que el recinto no es el lugar donde se deba de tener esa actitud, y tampoco vemos acción contundente de los propios diputados que tanto estuvieron mencionando que iba a haber justicia y que se iban a hacer los actos de autoridad para aclarar por qué en este momento no hay ninguna averiguación levantada por algún acto de corrupción", aseveró Sánchez Purón.

El presidente de la Canaco dijo que es momento de que los diputados atiendan los compromisos de campaña e impulsen acciones para anular los excesos de la pasada legislatura.

Para ello, agregó que buscarán a los diputados locales para que atiendan la desaparición de los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), pues sostuvo que hasta el momento los legisladores no se han pronunciado al respecto, pese a que ya comparecieron los secretarios de Hacienda y Gobierno.

Consideran que parece “una huida” la del ahora extitular de la CES, quien debía comparecer ante el Congreso en días próximos.

El Foro Morelense de Abogados cuestionó la renuncia de Jesús Alberto Capella Ibarra como comisionado estatal de Seguridad antes de su comparecencia ante el Congreso local y señaló que antes de retirarse debió rendir cuentas sobre asuntos pendientes.

“No puede haber borrón y cuenta nueva”, aseveró el presidente de la agrupación de juristas, Pedro Martínez Bello, al considerar que se deben dilucidar algunos asuntos jurídicos como es el hecho de que el titular de esa dependencia en el gobierno entrante tiene un plazo legal de 30 días para llevar a cabo las observaciones administrativas correspondientes ante los órganos de la Contraloría del estado.

Recordó que con las modificaciones hechas en la actual gestión ya no es una secretaría sino una comisión que forma parte del organigrama de la Secretaría de Gobierno, de tal suerte que su salida anticipada podría parecer “un borrón y cuenta nueva con quien lo habrá de sustituir en ese cargo”.

“Parece más una huida que una salida por oferta de trabajo, como lo dijo en el video que difundió en redes sociales”, a decir del litigante, quien recordó que hay asuntos pendientes recientes como el multihomicidio ocurrido en el municipio de Temoac, donde mataron a familiares del alcalde electo. Subrayó también el multihomicidio de otra familia en el municipio de Temixco, sobre lo cual “el entonces comisionado no ha respondido”.

Expresó que el llamado del Foro Morelense de Abogados al próximo titular de Seguridad en la entidad, el vicealmirante José Antonio Guarneros, es a que se tomen las acciones administrativas y legales pertinentes con respecto a Capella Ibarra y todos aquellos funcionarios relacionados con hechos tales como los ya referidos.

La delincuencia –sostuvo– no disminuyó y en esa gestión hubo múltiples denuncias de abusos e irregularidades. Calificó el papel del ahora excomisionado como ineficaz y destacó que el afán por llevar al Mando Único pareciera que tuvo como motivo el manejar los recursos financieros de seguridad de los municipios, sobre lo cual también tendría que rendir cuentas el extitular.

A decir del presidente del foro, la prueba es que la prevención del delito “fue un fracaso rotundo” y por ello se les tendrá que fincar responsabilidad a Capella y a su equipo de trabajo.

Trabajadoras del Instituto protestaron en el Congreso en reclamo a la anulación del nombramiento de Flor Dessiré León como directora del organismo.

Trabajadoras del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) exigieron la reposición inmediata del proceso de designación de la titular del organismo, luego de que anularon el nombramiento de Flor Dessiré León Hernández, que fue realizado por la LIII Legislatura.

En medio de la comparecencia del secretario de Gobierno, Ángel Colín López, las mujeres –que también son integrantes de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL)– afirmaron que la dirección del organismo se encuentra acéfala, pues con la reforma constitucional aprobada por los exlegisladores para declarar organismo autónomo al IMEM era obligatorio designar a un nuevo titular.

De acuerdo con las trabajadoras, que estuvieron acompañadas por Flor Dessiré, existe el riesgo de que se pierdan recursos financieros de programas federales para atender problemas como violencia de género. 

Lamentaron que el Juzgado Quinto de Distrito haya ordenado suspender el proceso y dejar “desprotegido” al organismo, encargado de implementar acciones a favor de derechos humanos de las mujeres.

En tal razón, las inconformes dijeron que es urgente que los diputados repongan el proceso de designación de la titular del IMEM y que se garantice continuidad en el trabajo del organismo.

Los diputados atendieron a las mujeres, a quienes garantizaron que próximamente se impulsará un nuevo procedimiento para nombrar a la directora del IMEM, de manera transparente y sin atender a intereses políticos.

El secretario de Hacienda compareció ante el Poder Legislativo, cuyos integrantes dudaron de las cifras ofrecidas.

Diputados locales reclamaron al secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, por la crisis financiera en la que dejará el gobierno de Graco Ramírez a Morelos, ante la deuda pública que se contrató en los últimos seis años y un presunto mal ejercicio de los recursos para negocios familiares.

Por la tarde, el encargado de las finanzas del estado compareció ante el Pleno del Congreso para explicar el sexto informe de Gobierno de Graco Ramírez y dio a conocer la situación financiera  en la que se encuentra Morelos en materia de deuda pública, que actualmente suma más de seis mil 600 millones de pesos y un presupuesto de cinco mil 900 millones a ejercerse en los meses que restan del año.

Los legisladores coincidieron en que se trata de datos falsos, pues la información con la que cuentan señala una realidad crítica para Morelos en materia financiera.

La diputada del Partido Movimiento Ciudadano Ana Guevara afirmó que la deuda que contrató la actual administración es superior a los nueve mil millones de pesos, con tasas de intereses muy altas.

La legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Elsa Delia González Solórzano cuestionó al funcionario el estado de crisis en el que dejará el Gobierno a la próxima administración.

A tal postura se sumó el legislador José Casas González –del Partido del Trabajo (PT)–, que aseguró que Morelos se encuentra en “estado de debilidad”.

“Siguen viniendo aquí delante de un poder soberano con cifras maquilladas, con obras inconclusas y, por supuesto, a todas luces los negocios familiares que se hicieron”, aseveró. 

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) Alfonso de Jesús Sotelo Martínez aseveró que Morelos registra cifras históricas de pobreza, similares a Tabasco y Guerrero. Sin embargo, el secretario afirmó que Morelos durante este año mantuvo un crecimiento económico del 4.7 por ciento.

Michel Luna respondió también a cuestionamientos sobre el manejo dudoso de los recursos para el pago de fundaciones que trabajan en la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo y confirmó que el gobierno estatal registra un atraso en el pago a estas fundaciones.

De acuerdo con el secretario, el gobierno del estado destinó más de 500 millones de pesos para la reconstrucción; sin embargo, se hizo a través de la contratación de deuda pública.

Al ser cuestionado sobre el destino de 400 millones de pesos de los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y de Competitividad y Promoción al Empleo (Fidecomp), insistió en que se redirigieron a la Fiscalía General del Estado, a raíz de una reforma para darle autonomía financiera. 

Los legisladores coincidieron en que el gobierno saliente falló en sus compromisos, que fueron “cambiados por la corrupción, la opacidad y un mal gobierno”.

Lo que requiere el organismo es más presupuesto para cumplir con sus responsabilidades legales, señala la comisionada presidenta.

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, recalcó que el órgano no necesita más comisionados, sino más presupuesto para ampliar el equipamiento y personal para continuar con el avance de la ley general y estatal en materia de transparencia y protección de datos personales.

Precisó que a petición de la nueva legislatura, el viernes pasado fue suspendida la sesión extraordinaria del Pleno del IMIPE en la que se tenían previstos cambios al reglamento interno del instituto para incluir a los dos nuevos comisionados y asignarles ponencia.

Explicó que -por escrito- el Congreso les solicitó frenar cualquier modificación a la normativa interna porque había en curso un juicio de amparo contra la designación exprés realizada por los anteriores legisladores, lo cual fue comunicado de inmediato a los nuevos comisionados Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez.

Señaló que espera la notificación oficial del Congreso respecto a la revocación realizada ayer de ambos nombramientos, pero el instituto continuará con las labores habituales con sus actuales comisionados y estará atento de las definiciones que sobre el tema hagan los legisladores.

Ratificó su postura de que el IMIPE no necesita más comisionados y que los tres en funciones son suficientes, y consideró que lo que sí necesita el órgano garante es más presupuesto para atender todas sus responsabilidades legales, dar continuidad o concretar programas y proyectos, así como evolucionar con las plataformas tecnológicas a 15 años de la fundación del instituto.

Adelantó que el proyecto de presupuesto del instituto para 2019 prevé una solicitud de presupuesto de entre 28 y 30 millones de pesos, es decir, 15 millones más que en 2018, justamente para cumplir con todas la exigencias del sistema nacional de transparencia.

Juan Carlos Martínez Terrazas solicitó licencia para buscar su reelección, en noviembre.

Mario Ernesto Esponda Estrada tomó posesión de la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Morelos, en lugar de Juan Carlos Martínez Terrazas, quien solicitó licencia para buscar su reelección.

La contienda interna para el cambio de dirigencia se llevará a cabo el 11 de noviembre, tanto a nivel nacional como estatal.

De acuerdo a lo que establecen los estatutos de dicha institución partidista, quien ocupe la dirigencia podrá reelegirse, pero para ello deberá someterse a un proceso de elección, para lo cual debe solicitar licencia al puesto.

En lugar de Martínez Terrazas fue designado Mario Ernesto Esponda Estrada, quien ha sido militante del PAN desde hace 20 años. Ha sido consejero estatal del partido en el periodo del 2003 al 2005, del 2005 al 2008, del 2008 al 2011, y lo es actualmente.

Se agrega que fue secretario de vinculación social en el Comité Directivo Municipal de Cuernavaca, del 2007 al 2010, y secretario general adjunto de dicho órgano municipal de Cuernavaca.

También ha sido coordinador de varias campañas de candidatos postulados por el PAN y fue regidor de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Cuernavaca durante la administración 2003-2006.

Anuncia mesa de trabajo para atender el problema financiero de la institución.

Diputados locales instalarán una mesa de trabajo para atender de fondo el problema financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UEAM).

Mediante un punto de acuerdo, los legisladores se comprometieron ayer en sesión del Pleno a acompañar a las autoridades universitarias ante los gobiernos estatal y federal para gestionar presupuesto extraordinario a favor de la institución educativa para este mismo año, y se pueda pagar la nómina de trabajadores y atender la deuda con proveedores.

Los diputados exhortaron a los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), a que prorroguen el tiempo necesario la huelga a la que han emplazado.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín, quien dio lectura al acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, dijo que la mesa de trabajo será instalada por las Comisiones de Presupuesto, Hacienda y Cuenta Pública y la de Educación y Cultura con autoridades de la UAEM y los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos

"El Congreso del estado se compromete a caminar con las autoridades, aportando un análisis financiero que permita plantear la mejor solución a los problemas y diseñar las acciones a desarrollar en el corto, mediante y largo", añadió.

Los diputados cumplen resolución de juzgado y dan marcha atrás a los nombramientos facciosos de sus antecesores.

El Congreso del estado revocó los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) que realizaron los integrantes de la LIII Legislatura, el 29 de agosto pasado, a puerta cerrada y en lo oscurito.

Los diputados tomaron esa determinación en cumplimiento a las resoluciones que -por separado- emitió el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, derivado de dos juicios de amparo que promovieron los ciudadanos Ernesto Sánchez Cortés y Dagoberto Rivera Jaimes, en contra de las designaciones hechas en el IMIPE y en el IMEM, respectivamente.

Durante la sesión ordinaria de ayer, los diputados dejaron sin efecto el decreto 3444, por el que los exdiputados designaron a Roberto Yáñez Vázquez y a Marco Antonio Alvear Sánchez como comisionados del organismo de transparencia.

Posteriormente, revocaron el decreto 3445, por el que se nombró a Flor Dessiré León Hernández como titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que con la determinación tomada por el Pleno se responde a la exigencia de la ciudadanía de anular los excesos cometidos por los integrantes de la LIII Legislatura.

"Sabemos que las condiciones en las que se llevó a cabo las designaciones de dichos, fue en condiciones no muy claras, en condiciones de madrugada, en condiciones de opacidad", manifestó ante tribuna. 

El Congreso del estado no cuenta con presupuesto para el pago de la nómina a trabajadores sindicalizados y jubilados, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Informó que solicitaron al Poder Ejecutivo siete millones de pesos para el pago de la primera quincena de septiembre.

Con dos semanas de retraso, ayer la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, presentó toda la documentación del Congreso local en materia administrativa y financiera, como parte del proceso de entrega-recepción.

En dicho encuentro, que inició con dos horas de retraso a causa de la exdiputada perredista, Sotelo Martínez dijo que se les confirmó que sólo tendrán un presupuesto de 50 millones de pesos para ejercer de septiembre a diciembre. "Por eso hemos solicitado que de manera urgente se nos deposite para poder pagar a trabajadores", agregó.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) explicó que ante la crisis financiera que enfrenta el Congreso del estado, se implementará un reajuste administrativo que contemplará una reducción en el número de trabajadores, pues aún laboran empleados de la pasada legislatura "que yo los veo todos los días paseando y caminando, y que no sé si son trabajadores, y que de alguna manera ya hemos establecido que puede ser gente que sólo acostumbraba a venir los 15 y los 30".

Sostuvo que revisarán la documentación recibida ayer y, si se confirma que no está completa, y no se cumplió con la ley, el Congreso del estado procederá legalmente en contra de los exlegisladores.

Mientras tanto, el diputado mencionó que aún revisan la legalidad de las jubilaciones y nombramientos aprobados por la LIII Legislatura, para anularlos si no se cumplió con los requisitos. "Necesitamos darle resultados a la gente de manera inmediata", agregó.

En Morelos están convocados para noviembre alrededor de dos mil 500 maestros.

Ante la incertidumbre que han generado varias versiones, y luego de la aprobación por mayoría de un punto de acuerdo para que el Congreso federal hiciera un exhorto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dejó en claro que los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido.

En Morelos, como en otras entidades, algunos grupos del magisterio han llamado a los docentes a no presentar la evaluación de permanencia, en tanto que otros grupos les han pedido que sí se presenten para evitar sanciones. La confusión creció el pasado martes, cuando circuló por redes sociales el anuncio parcial en el sentido de que los diputados federales por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se impusieron y, en mayoría, votaron un punto de acuerdo para “echar abajo la reforma educativa” y posponer la evaluación; incluso, se divulgaron mensajes en el sentido de que ese fue el primer triunfo contra la llamada “reforma punitiva”.

Lo que no se precisó en esos mensajes es que se trató de un acuerdo sólo para que la Cámara de Diputados federal emitiera un exhorto al gobierno federal para que éste analice posponer la próxima etapa de evaluación de desempeño, que comenzó en algunas etapas y cuyo examen está programado para el mes de noviembre.

Cabe destacar que para dicha etapa, en Morelos han sido convocados alrededor de dos mil 500 maestros.

En respuesta, la SEP emitió un comunicado en el que detalla que no se suspende la evaluación y que todos los procesos programados para este año seguirán en curso en el calendario ya dado a conocer. En pocas palabras, no habrá marcha atrás.

El documento precisa que “en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los lineamientos del INEE y el derecho de los docentes a participar en ellos, todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido”.

La SEP argumenta que con fundamento en lo dispuesto por el artículo tercero de la Constitución, así como por las leyes generales de Educación y del Servicio Profesional Docente y por la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los procesos relacionados con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes al Sistema Educativo Nacional están claramente establecidos y regulados por el orden jurídico vigente.
Señala que el mismo artículo, en su fracción IX, deja claro que “corresponde al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y emitir los lineamientos a los que se sujetarán todas las autoridades educativas para realizar las evaluaciones que les correspondan en el marco de sus atribuciones, incluyendo la evaluación del desempeño de docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y supervisión”.
Refiere que el INEE aprobó y publicó el pasado 7 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño del cuarto grupo de docentes y técnicos docentes, así como del personal con funciones de dirección y supervisión; y del personal que presenta su segunda y tercera oportunidad en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2018-2019 (LINEE-07-2018 y LINEE-08-2018) que, entre otras cosas, disponen lo siguiente:
“Artículo 7. La evaluación del desempeño de Docentes y Técnicos Docentes se llevará a cabo de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en los presentes lineamientos, mismos que son de observancia obligatoria para las autoridades educativas locales, y serán sujetos a la verificación normativa que determine el Instituto para vigilar y dar seguimiento a su cumplimento.”
También se específica que el “Artículo 35. La evaluación del desempeño de docentes y técnicos docentes en Educación Básica para el ciclo escolar 2018-2019 se realizará en los periodos siguientes: el informe de responsabilidades profesionales, del 15 de octubre al 2 de noviembre de 2018.
El segundo, que corresponde al Proyecto de enseñanza, del 3 de septiembre al 26 de octubre de 2018.
Y subraya que el examen de conocimientos didácticos y curriculares (docentes y técnicos docentes en Educación Básica) se realizará del 3 al 25 de noviembre de 2018.
Enfática, la SEP dio a conocer este miércoles que “las Autoridades Educativas y las Autoridades Educativas Locales deberán realizar los procesos de evaluación con apego a los presentes lineamientos; en materia de evaluación educativa, todos los lineamientos que emita el Instituto, con sus distintas denominaciones y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con la Ley General del Servicio Profesional Docente y con la Ley General de Educación, son obligatorios para las mismas”.

Advierte que “las Autoridades Educativas y de las Autoridades Educativas Locales que incumplan con las obligaciones establecidas en los presentes Lineamientos, serán sujetos a la legislación en materia de responsabilidades administrativas correspondientes… podrán hacerse acreedores a las responsabilidades administrativas correspondientes, en términos del presente Capítulo”.
La dependencia federal agrega a sus argumentos que la participación en los diversos procesos de evaluación es también un derecho de los docentes, y “nadie puede impedirles su ejercicio pleno de conformidad con el marco legal vigente”.
“Finalmente, es importante reiterar que, de acuerdo con los lineamientos del INEE, el modelo de la evaluación del desempeño deberá tener como referente a la escuela o plantel y estar vinculado a su contexto; estar referido a las características del entorno y del grupo de alumnos, y ser pertinente, buscando que sirva a la mejora de la práctica docente, con el propósito de asegurar que sea una evaluación transparente, justa y válida”, concluye.

Cabe señalar que -por su parte- el INEE dio a conocer este mismo miércoles un comunicado en el que expone la postura del organismo, en el sentido de que la evaluación educativa debe tener un enfoque intercultural que reconozca y valore la diversidad cultural del país, ya que las herramientas aplicadas tomen en cuenta varios aspectos, como la desigualdad en el entorno educativo.

El instituto informó que la consejera del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, participó en el Encuentro Internacional de Educación Indígena 2018, organizado por la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ahí aprovechó para exponer que “el propósito de la evaluación es contribuir a mejorar la educación y que los resultados de ésta, con enfoque intercultural, deben disminuir las brechas de desigualdad en el logro educativo para favorecer la construcción de una sociedad que valore su diversidad”.

Al participar en el panel Lenguas indígenas, lenguas nacionales y la asignatura lengua indígena ¿Evaluación diferenciada?, la consejera “destacó que se han registrado avances en el enfoque intercultural de la evaluación y que, en el caso de la estandarizada de alumnos, PLANEA, ésta no tiene consecuencias sobre escuelas, docentes y alumnos; se utiliza para identificar desigualdades, y se centra en aprendizajes fundamentales que todos los alumnos deben dominar, independientemente de su origen cultural y lingüístico”.

Los secretarios de Gobierno y de Hacienda acudirán al Congreso el viernes.

Ante el Pleno del Congreso local comparecerán 15 secretarios de despacho del gobierno estatal para explicar a detalle el sexto y último informe del gobernador Graco Ramírez, que presentó el pasado 31 de agosto.

Tras el acuerdo tomado por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta Política y de Gobierno para pedir cuentas al gabinete de Graco Ramírez, ayer el Pleno aprobó el calendario de las comparecencias.

Como ya se había adelantado, los secretarios de Gobierno y Hacienda, Ángel Colín López y Jorge Michel Luna, respectivamente, tendrán que presentarse el próximo viernes 14 ante el Pleno. El lunes 17 de septiembre tocará turno a Patricia Izquierdo Medina, de Obras Públicas, y Beatriz Ramírez Velázquez, de Educación.

El martes 18 de septiembre comparecerán Blanca Estela Almazo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), y Cristina Faesler Bremer, de Cultura. El miércoles 19, Ángela Patricia Mora, de Salud, y Juan Carlos Salgado Ponce, de Economía. El jueves 20, Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad, y Adriana Flores Garza, de la Contraloría.

El viernes 21, Tolpintzin Contreras, de Desarrollo Sustentable; el encargado de Turismo, Óscar Muñoz; el de Movilidad y Transporte, José Ascensión Monter, y Brenda Valderrama Banco, de Innovación, Ciencia y Tecnología. El lunes 24, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruiz Silva, y la titular de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Miriam Rodríguez Galindez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseveró que los secretarios deberán rendir cuentas de los seis años de gestión del gobernador, si así lo consideran los diputados.

Refirió que el objetivo es integrar la glosa del informe, pero también resolver dudas que los ciudadanos han tenido durante la gestión de Graco Ramírez.

El mandatario estatal presentó su último informe de gobierno el pasado 31 de agosto, ante los integrantes de la LIII Legislatura. Sin embargo, tocó oportunidad a la LIV Legislatura de revisarlo.

Tania Valentina Rodríguez niega que se excluya a los diputados de Morena en el reparto de los espacios.

La presidenta de Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, rechazó que se haya excluido de las negociaciones para la integración de las comisiones legislativas a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Hasta ayer, los legisladores no habían logrado acuerdos para la integración de los 31 órganos, mediante los cuales se desahogará la agenda legislativa.

La también coordinadora del Partido del Trabajo (PT) dijo que se buscará lograr consensos este miércoles, para que mañana el Pleno designe a los integrantes de las comisiones.

Informó que el lunes pasado lograron los primeros acuerdos, pero se espera que hoy se concreten con la inclusión de todos los legisladores.

"Las convocatorias son abiertas, se han desarrollado aquí (en la Junta Política) y a nadie se le ha cerrado la puerta", respondió Rodríguez Ruiz a las declaraciones del diputado por Morena Héctor Javier García Chávez, quien aseveró que no habían sido incluidos como bancada en la negociación para integrar las comisiones.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno admitió que el jaloneo se ha dado en las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Puntos Constitucionales y Legislación, así como en la de Gobernación y Gran Jurado. 

Tampoco descartó la fusión de comisiones para reducirlas a 21 o 23.

Diputados locales pidieron cuentas al gobierno estatal sobre el avance en la reconstrucción de las escuelas que resultaron dañadas por el sismo del año pasado.

Diputados locales pidieron cuentas al gobierno estatal sobre el avance en la reconstrucción de las escuelas que resultaron dañadas a causa del sismo del 19 de septiembre pasado. Además, lo exhortaron a que junto con la Federación genere de manera urgente un rescate financiero para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En la segunda sesión ordinaria, los integrantes de la LIV Legislatura también hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para que garantice el pago del aguinaldo a trabajadores de la educación y de los salarios y otras prestaciones que no se han pagado durante esta administración.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, presentó dos puntos de acuerdo en materia educativa. En el primero, aprobado por la mayoría del Pleno, se pidió al titular del Poder Ejecutivo, Graco Ramírez; al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (IEIEM) que entregue al Congreso local un informe detallado de las escuelas dañadas por el sismo, el avance para su rehabilitación o reconstrucción y la inversión que se ha ejercido para dicha finalidad.

En el exhorto que se hizo de manera "enérgica", también se pidió información de las fechas en las que estarán listas las escuelas para usarse. 

Dicho punto fue aprobado mientras padres de familia y autoridades de la Escuela Secundaria "Benemérito Benito Juárez" protestaron porque el gobierno detuvo la reconstrucción del plantel, ya que sufrió daño total por el terremoto.

Maestros y autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también acudieron al Congreso del estado para respaldar la exigencia de los legisladores al Poder Ejecutivo de que cumpla con el pago de sus salarios y prestaciones. Sin embargo, los profesores se inconformaron porque pidieron a los diputados que se aprobara un exhorto en contra de la reforma educativa y de que el gobierno estatal, que encabezará Cuauhtémoc Blanco, cese a los maestros que no apliquen o pasen dicho proceso.

Los diputados también aprobaron un punto de acuerdo, impulsado por la panista Dalila Morales Sandoval, por el que se exhortó al gobierno estatal y al federal para atender la crisis económica que atraviesa la UAEM.

Fue su propuesta luego de reunirse con el rector Gustavo Urquiza.

"Vamos a platicar con el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, para presentar un punto de acuerdo a favor de la UAEM, con el que se atienda, gestione y generen los mecanismos que den pronta solución al tema financiero de la universidad", declaró Brenda Espinoza López, diputada federal por Morelos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de sostener una reunión  con Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Dijo estar "consciente de que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene que resolver varios problemas y situaciones financieras que se han venido acumulando de administraciones anteriores, por lo que necesita el apoyo de todos los funcionarios y se puedan solventar sus compromisos laborales y educativos con más de 41 mil estudiantes".

La diputada Brenda Espinoza se comprometió a "generar un punto de acuerdo para que los diputados de la LIV legislatura del Congreso del estado de Morelos, así como el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo y el gobernador actual, Graco Ramírez Garrido, apoyen a la UAEM".

Dijo que el subsidio por alumno de 48 mil pesos que recibe la UAEM es menor a la media nacional, de 60 mil pesos, por lo que abogó para que la universidad tenga un presupuesto justo, de acuerdo a sus resultados, necesidades y matrícula.

"El mensaje para los universitarios es que apoyen a su universidad, que se ha hecho todo lo posible para atender la crisis y que se informen de lo que está sucediendo, pues se necesita el apoyo de todas las autoridades para solventar los compromisos laborales y educativos con más de 43 mil estudiantes”, comentó Espinoza López.

Lamentó que las instancias, tanto federales como estatales, no hayan entregado de manera oportuna los recursos para que la UAEM pueda solventar sus compromisos laborares con los sindicatos académico y administrativo, así como su operatividad en la formación, la investigación y la extensión universitaria. 

Luego de las acusaciones de la presidenta de Morena en contra del gobernador electo, Cuauhtémoc respondió mientras los diputados de Morena aseguraron que no buscan crear problemas ni abandonar los principios de su partido.

Pidieron más comunicación con los representantes del próximo gobierno.

La dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y diputados de ese instituto político llamaron al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, a dialogar para generar condiciones que permitan llevar la agenda común de la coalición Juntos Haremos Más Historia, en favor del estado.

El presidente estatal de Morena Gerardo Albarrán Cruz rechazó que hayan exigido al futuro gobernador el 50% de los puestos en la estructura gubernamental. Expresó que sí consideraron que en un gobierno de coalición habría espacios para las diferentes fuerzas políticas que la conformaron para participar en la contienda, pero aseguró que no es su finalidad “pelear por puestos”.

Por su parte, la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo -coordinadora de la bancada morenista en el Congreso local- aseguró que apoyan al gobernador electo y no tienen ánimo de entorpecer el trabajo del Ejecutivo estatal, al tiempo de considerar que las diferencias son producto de la falta de comunicación. Manifestó que “de ninguna manera van a traicionar los principios morenistas”.

Consideró que las diferencias existentes entre legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social se derivan de una falta de comunicación que podría ser subsanada: "se han suscitado varias cosas por falta de comunicación… estamos dando la cara para que se sepa que los diputados de Morena están dispuestos a trabajar”.

A decir de la coordinadora, las y los diputados morenistas no han generado conflictos, pues rechazó que su objetivo sea el de quedarse con comisiones legislativas o espacios en el gobierno estatal. Subrayó que no hay ánimo de que se rompa la coalición y exhortó a que se abra el diálogo para aclarar cualquier desencuentro.

Barragán Cruz insistió que en este conflicto -que tuvo notoria expresión en las declaraciones de la lideresa nacional de Morena Yeidckol Polevnski contra el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo y el delegado nacional del PES José Manuel Sanz Rivera-, no fue provocado por ellos.

Argumentó que la intención en ese partido, es que el gobierno sea conformado por personas que garanticen llevar a buen puerto el proyecto de nación que ofertó la coalición en las elecciones a la población: "estamos aspirando a que el gobierno tenga cualidades para generar estabilidad en el estado”.

En la conferencia que se realizó en las oficinas del comité estatal de Morena, señalaron que no tienen conocimiento de que se les hayan ofrecido prebendas por parte de José Manuel Sanz Rivera para cambiarse de partido.

Expusieron que a través del acuerdo dado a conocer en la asamblea de los diputados electos de la coalición, se deberá seguir una agenda legislativa común.

El diputado Héctor Javier García Chávez reprochó que el PT y el PES han preferido negociar con el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hasta con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que con Morena. Consideró que ejemplo de ello, fue el proceso de elección de la mesa directiva del Congreso local, así como la conformación de la Junta Política y de Gobierno, en donde ese grupo quedó desplazado.

Gerardo Albarrán Cruz responsabilizó al PES de poner en riesgo la coalición en Morelos, al generar más acuerdos con otros institutos políticos, y, por lo tanto, de una posible ruptura.

Argumentó que no han encontrado eco en José Manuel Sanz Rivera para darle solidez a la coalición y a la agenda común, e hizo un llamado a las dirigencias partidistas y a los legisladores a sentarse para cumplir con el acuerdo de dar continuidad al trabajo conjunto.

El líder partidista argumentó que Rabindranath Salazar Solorio ha construido la coalición y rechazó que tenga la culpa de las diferencias entre los partidos, y reiteró que la dirigencia local del PES es quien no ha cumplido con acuerdos de las directivas nacionales de los tres institutos políticos.

Consideró que el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no ha tenido quizá la información correcta, por lo que le llamaron al diálogo para sentar las bases de un gobierno de coalición y una agenda común, como se ha acordado a nivel nacional.

En dicha conferencia se dio a conocer un audio del presidente del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, en el que expone que hay un acuerdo firmado para seguir la agenda de la coalición en el país y en todos los estados, y se aseguró que dicho documento rebasa cualquier interés personal o de partidos y grupos.

Alejandra Flores hizo mención de que el presidente del PES nacional expresó que en muchos congresos locales, hay quienes pretenden romper el bloque parlamentario de "Juntos Haremos Historia" y destacó que en este grupo parlamentario hay disposición de sostener la alianza y concretarla en el quehacer legislativo. 

Legisladores de Morena se quejan de exclusión.

Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) advirtieron inestabilidad en el Congreso del estado ante una posible ruptura de la coalición "Juntos Haremos Historia", por la designación de los órganos de control.

En rueda de prensa, los legisladores de Morena convocaron al diálogo y a evitar una ruptura de la coalición. 

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Keila Figueroa Evaristo, hizo un llamado al diálogo y a la unidad al interior del Congreso del estado, pues reprochó que en las negociaciones para la composición del Congreso del estado han sido excluidos como bancada.

Por su lado, el diputado Héctor Javier García Chávez aseveró que los diputados del Partido Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) han preferido negociar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) "e, incluso, con el PRD", antes que con Morena, pese a la conformación de la coalición que les dio el triunfo en las elecciones del pasado 1 de julio. 

"Quien está poniendo en riesgo la coalición Juntos Haremos Historia es el Partido Encuentro Social, porque ha privilegiado la alianza con los partidos que no representan la mayoría", sostuvo el diputado.

García Chávez subrayó que Morena es el partido político que tiene mayoría de legisladores en el Congreso del estado y, pese a ello, "ha sido reemplazada, desplazada en las posiciones que le corresponden".

Advirtió que si el PES no cede a dialogar y lograr acuerdos con Morena, la coalición desaparecerá.

Rechazan diputados haber sido comprados por el PES y PT

A la par, los diputados José Casas González, del PT, y Andrés Duque Tinoco, del PES, rechazaron haber sido comprados por estos partidos para renunciar a Morena, partido que les dio el triunfo en las pasadas elecciones.

Los legisladores exigieron a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, pruebas de los presuntos actos de corrupción que cometieron al haberse pasado a otros partidos, y convocaron a sus ex compañeros de partido a "no llorar como niños lo que no defendieron como hombres".

Casas González señaló que -en dos ocasiones- informó a la líder Nacional de Morena lo que sucedía en el partido en Morelos, y no tuvo respuesta, por lo que determinó dejar Morena e integrarse al PT en el Congreso del estado.

"Lo único que hemos recibido de Cuauhtémoc Blanco y del señor Sanz son atenciones y respeto", dijo Casas, y agregó: "El buen juez por su casa empieza, por lo tanto, que nos explique el destino de 12 millones de pesos que Morena recibió de enero a junio de este año y que no han sido comprobados". 

Diputada rechaza la “intromisión” de la dirigencia nacional de ese partido en el Congreso del estado.

Diputados locales podrían concretar hoy, en sesión ordinaria, la integración de las comisiones legislativas. Una vez más, los acuerdos sólo se lograron entre los diputados del Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT) y el resto de las fuerzas políticas de minoría en el Congreso del estado, e hicieron a un lado a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dentro de los acuerdos que se habrían concretado la tarde de ayer entre los legisladores que representan la minoría en el Congreso, está mantener la composición de las 33 comisiones, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso del estado.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín explicó que hay temas urgentes que atender por el Poder Legislativo, como revisar el último informe de gobierno de Graco Ramírez y, para ello, se requiere de la integración de las comisiones.

Al respecto, dijo que aprobada hoy la composición de los órganos legislativos, el viernes iniciarán la pasarela de secretarios de despacho para que comparezcan ante el Congreso del estado y detallen sobre el sexto informe de gobierno.

Los secretarios de Gobierno, Ángel Colín López, y el de Hacienda, Jorge Michel Luna, serán los primeros en comparecer este viernes.

Es que ayer, en reunión de la Junta Política y de Gobierno, se informó a los coordinadores parlamentarios del informe que presentó Graco Ramírez al cierre de su administración y, para ello, citarán a los secretarios que consideren conveniente los legisladores. 

Los legisladores del PES y el PT habrían logrado acuerdos para presidir las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Puntos Constitucionales y Legislación. También estaban en disputa la de Gobernación y Gran Jurado, así como la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Rechazan intromisión de Morena

Mazari Espín aseveró que el Congreso del estado rechaza -de manera tajante- cualquier intromisión de la dirigencia nacional de Morena en el Congreso del estado.

"Considero delicado que una dirigente nacional quiera, a través del insulto, quiera a algunos del Poder Legislativo estar tratando de causar, de exigir las condiciones que consideran o las más importantes a favor del partido de Morena", manifestó.

Incluso, en un comunicado de prensa, el Congreso del estado manifestó su repudio a los señalamientos hechos por la dirigente Yeidckol Polevnsky Gurwitz, "que de manera indebida pone en entredicho la integridad moral de los miembros del Poder Legislativo". 

Asegura funcionario estatal que dicho adeudo se debe a que la empresa está obligada a instalar el equipo técnico para la operatividad de las oficinas.

El gobierno estatal adeuda 95 millones de pesos a la empresa “Ago Operadores, S.A. de C.V.” por el desarrollo del proyecto de construcción de la nueva sede legislativa, admitió Víctor Manuel Escobar Lagunas, subsecretario de Infraestructura de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal.

El funcionario estatal dijo que dicho adeudo corresponde a la última parte del proyecto, ya que la empresa está obligada a instalar el equipo técnico para la operatividad de las oficinas del Congreso local.

No obstante, aseguró que el proyecto fue concluido hace meses y la obra está totalmente realizada.

“El edificio está completo… son pruebas que competen a la funcionalidad de todo el equipamiento que se le metió y es parte de lo que se adeuda a la empresa”, explicó.

Incluso, el subsecretario destacó el funcionamiento del Congreso local, el pasado sábado 1 de septiembre, en la instalación de la LIV Legislatura, cuando tuvo los servicios de energía eléctrica y agua potable.

La Secretaría de Obras Públicas enlistó dentro de las obras concluidas y entregadas a la nueva sede del Poder legislativo, ubicada en el poblado de Amatitlán.

Sin embargo, semanas antes de que concluyera la LIII Legislatura, los diputados acusaron a la empresa “Ago Operadores” de haber cortado el suministro de luz por el adeudo que aún tiene el gobierno del estado. La entonces diputada Hortencia Figueroa Peralta confirmó que la obra fue parcialmente entregada y que aún no estaba concluida.

Durante el foro “Desafíos de una agenda legislativa para los mexicanos en el exterior”, celebrado el 5 de septiembre en la Cámara de Diputados, los legisladores se comprometieron a hacer trabajo de cabildeo con coordinadores de bancadas de los diferentes partidos para que los migrantes puedan tener diputados y senadores en el Congreso de la Unión.

Y esto beneficiaría a todos los estados que tienen migrantes en Estados Unidos, entre ellos Morelos, quien tiene en la Unión Americana a más de 250 mil connacionales.

En esta reunión en donde participaron migrantes mexicanos y diferentes agrupaciones y organizaciones relacionadas con el tema migratorio, se concluyó que el ejercicio pleno de los migrantes de votar y ser votados no podría esperar a la instalación de la nueva legislatura y debía ser un tema que se debe atender de inmediato.

El diputado petista Benjamín Robles Montoya consideró viable la propuesta de Jorge Mújica Murias, integrante de la Coalición de Migrantes Mexicanos, que pidió 25 diputaciones y cinco senadurías, todos migrantes.

"No queremos que ustedes nos representen, queremos elegir a nuestros representantes migrantes", insistió en su participación y dijo que para ello cuentan con 15 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y tienen derecho a elegir quién haga valer su voluntad en el Congreso.

Otro de los temas que llamó la atención de los asistentes fue el de las deportaciones, ya que de acuerdo con Ana Laura López, del colectivo “Deportados Unidos en la Lucha”, quien vivió en Chicago 16 años y fue deportada hace dos años, se están realizando 600 deportaciones todos los días y para el primero de diciembre serían 18 mil deportaciones, por lo que urgió a esta legislatura que no espere a que la próxima entre en funciones y tomé cartas en el asunto.

Los asistentes al foro llamaron “de manera enfática que el enjaulamiento de las familias se detenga y se acelere el proceso de reunificación en Estados Unidos”.

Los migrantes exigieron que un porcentaje de las remesas que envían de Estados Unidos a los diferentes lugares del territorio mexicano donde viven sus familias, se destinen a programas sociales en favor de los migrantes y sus familias: “Nos descuentan en Estados Unidos y en México, pero nunca vemos un peso de esas remesas que mandamos”, aseguraron.

Estuvieron presentes legisladores federales de diferentes partidos como Maribel Martínez Ruiz, Clementina Martha Bécquer Gómez, Maricruz Robledo Gordillo, Brenda Fabiola Gutiérrez, Margarita García, Claudia Domínguez Vázquez, Ana Carina Rojo Pimentel, Santiago González Soto y Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo. Además de Saraí Núñez Cerón, Janet Melanie Murillo Chávez y María Eugenia Leticia Espinoza Rivas del Partido Acción Nacional; Graciela Sánchez Ortiz de Movimiento de Regeneración Nacional, entre otros.

Los diputados que asistieron al foro coincidieron en hacer suyos los temas de los migrantes e incluirlos en sus agendas.

Al final los asistentes invitaron a los legisladores de todos los partidos a que acudan al foro que se realizará en los Ángeles California el 20 de octubre,

En la declaratoria del foro, los legisladores y demás asistentes acordaron reunirse cada dos meses y a unir esfuerzos para que los mexicanos en el exterior cuenten con una sexta circunscripción electoral, así como tener una representación en el Congreso de la Unión; buscar que la reunificación familiar sea una realidad en México construyendo las condiciones para que este país los pueda reintegrar; luchar porque las familias no sean tratadas como criminales por haber migrado, entre otras.