La ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta habría desaparecido documentos oficiales, muebles y sistema de cómputo del Congreso del Estado, confirmó el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla Becerro.
En entrevista, el legislador local explicó que desde el año pasado, como presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, realizó observaciones a la ex diputada dentro del proceso de entrega-recepción, por la desaparición de documentos como dictámenes y actas de las sesiones de dicho órgano legislativo.
Además, refirió, se registró la pérdida de muebles y el sistema de cómputo que también pertenecían a la Comisión de Seguridad.
Ante tales observaciones, el pasado jueves, en la sesión de clausura de la Diputación Permanente se informó que Figueroa Peralta respondió a las observaciones hechas por la presidencia de la citada comisión.
Zapotitla Becerro dijo que se desconoce la respuesta que dio la legisladora, ante la desaparición de documentos y muebles propiedad del Congreso del Estado. Sin embargo, garantizó que se dará seguimiento a dicho proceso de investigación.
"Por escrito le he requerido al presidente de la Mesa me haga saber el contenido de ese documento y yo creo que en cuestión de horas, sabremos en qué términos respondió la diputada a estas observaciones en el proceso de entrega-recepción”.
“Hay que señalar que cuando se requiere información del contenido de esos dictámenes que fueron aprobados por la legislatura anterior, no tenemos el sustento jurídico; no hay actas, incluso no se puede hacer constar que se haya dictaminado, que se haya cumplido los procedimientos. Estamos hablando también de faltantes de patrimonio, sin embargo, ésta tiene que acreditarse si lo tuvo ella o no lo tuvo, porque al menos el contenido del acta habla de bienes muebles, sin embargo, en ningún momento estos fueron recibidos por la comisión actual", agregó. 

La diputada señaló que los municipios que expidieron constancias han solicitado prórrogas para rendir informes.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, adelantó que el proceso para anular las "pensiones doradas" llevará su tiempo, pues requieren de pruebas que confirmen que la LIII Legislatura violó la ley para favorecer a ex funcionarios que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez.
La también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social explicó que de acuerdo con el proceso de investigación que iniciaron, los ayuntamientos involucrados en la entrega de constancias de trabajo pidieron tiempo para entregar la documentación que confirme los años de servicio que supuestamente cumplieron los pensionados.
Señaló que el caso de Puente de Ixtla, de donde más constancias se expidieron, las autoridades pidieron una prórroga para cumplir con dicha información.
"Se le envió un oficio en que se le pide que por favor nos diera la documentación, pero el nuevo presidente dice que acaba de entrar, por lo tanto, que le demos oportunidad de que nos dé la información. Para nosotros poder culpar o señalar a alguien tiene que contestarnos el municipio, si tiene 10, 15 años, si está registrado en sus áreas de trabajo, su IMSS y en eso estamos, los presidentes municipales tienen unos días y nos piden un poco de oportunidad", explicó.
La legisladora del PT no señaló si el proceso de anulación de pensiones podría concretarse en este mes y tampoco cuál es la lista que podría anularse, aunque señaló que se trata de ex funcionarios de la administración anterior, de la Legislatura pasada y de otras dependencias. 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, confirmó que se canceló el aumento de servicios escolares en un 50 por ciento.

Dijo que tras un acuerdo tomado con la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), ayer se determinó cobrar los mismos costos por los diversos conceptos escolares; sin embargo, anotó que para el próximo semestre se analizará un aumento pero no del 50 por ciento.

Mientras tanto, Urquiza Beltrán aseguró que continuará el plan de austeridad para subsanar la crisis de la universidad.

El codirector del centro de investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez, señaló que los diputados merecen una calificación de tres (del uno al 10) por su trabajo en el primero periodo ordinario de sesiones.

Al acudir a la sesión solemne de apertura de periodo, el investigador consideró que los legisladores no han dado resultados a la sociedad y al contrario, ha habido poca transparencia.

Agregó que es momento que los integrantes de la LIV Legislatura se pongan a trabajar y dejen atrás sus diferencias políticas, además de que no piensen más en sus intereses personales.

La mañana de este viernes se lleva a cabo la sesión solemne de apertura del segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura.

Se encuentra presente el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, además de la mayoría de los secretarios de despacho, empresarios, rectores de universidades públicas, representantes de organizaciones sociales y líderes de partidos políticos, en el recinto legislativo.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez (Fotografía: Tony Rivera)

Al ser la primera en su intervención durante la sesión solemne y como representante del Partido Humanista (PH), la diputada Cristina Xochiquétzal Sánchez Ayala pidió a sus homólogos dejar a un lado las diferencias que atrasan el trabajo legislativo.

Sánchez Ayala además expresó que en el PH no se arreglan las cosas en lo oscurito, al tiempo de añadir que "el Congreso no puede ser arena de lucha entre rivales" ya que sólo mediante el diálogo y el acuerdo se puede avanzar.

La diputada del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Díaz Roca, sostuvo que el Congreso no es un campo de batalla ni se debe usar para satisfacer intereses personales y de grupo; señaló lo ocurrido la noche de este jueves, cuando "tuvimos que doblegar a algunos diputados" para la aprobación de la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria que, agregó, permitirá a los municipios indígenas acceder a las participaciones federales.

Díaz Roca invitó a sus legisladores a dejar a un lado las "vendetas políticas" y las agresiones políticos para avanzar en el trabajo legislativo; al gobernador del estado le pidió ser sensible ante las necesidades de las comunidades indígenas.

La coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez, pidió dejar a un lado los rencores y posiciones extremas para que a través del diálogo se busque un beneficio de la sociedad; si le va bien al gobernador le va bien al estado, dijo la legisladora.

Blanca Nieves Sánchez Arano, del Partido Nueva Alianza (Panal), defendió el paquete económico que aprobaron como G15 y apuntó que es en beneficio de la sociedad; condenó que sigan existiendo voces que descalifican el trabajo de las legisladoras y añadió que han sido víctimas de violencia de actores políticos por su labor, además de lamentar que sigan existiendo tales agresiones.

En medio del desarrollo de la sesión solemne, el gobernador abandonó el recinto legislativo para acudir a la sesión ordinaria de los Consejos Metropolitanos 2019; fue decretado un receso, alrededor de las 10:50 horas.

Posterior al receso, la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco, líder de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que ha faltado liderazgo en el Congreso, lo que ha causado una fractura y rezago; también defendió el presupuesto que aprobaron y aseveró que no pueden aprobar "cheques en blanco".

Rosalina Mazari Espín, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anotó que como Legislatura tienen una oportunidad de dejar atrás las diferencias y avanzar en temas como el presupuesto y la anulación de las pensiones doradas a ex funcionarios; atrás quedaron las campañas, indicó, y sostuvo que el Congreso y el resto de los poderes tienen en sus manos el estado.

Por su parte, Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), convocó a la "unidad de propósito" y respeto a la diversidad de opiniones.

Maricela Jiménez Armendáriz, del Partido Encuentro Social (PES), señaló la mala calificación de la ciudadanía a la LIV Legislatura como "la peor de la historia" por la falta de resultados, los conflictos y el divisionismo; agregó que el nuevo periodo es una oportunidad para refrendar y cumplir con los compromisos de campaña que se les olvidaron cuando tomaron protesta del cargo.

Además, Jiménez Armendáriz llamó a los legisladores a retomar el diálogo y a anteponer el interés de la sociedad.

José Luis Galindo Cortés, a nombre del Partido del Trabajo (PT), señaló que a 100 días de gobierno las cosas no están mal en Morelos pero podrían estar mejor; señaló la fractura que enfrenta la LIV Legislatura, por lo que consideró que es necesario se abra el diálogo para avanzar.

La diputada Ariadna Barrera, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habló de la agenda nacional de su partido.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, admitió que aún no han logrado los objetivos para los que fueron electos; empero, dijo que es momento de enmendar errores y de corregir el rumbo.

Apuntó que tienen una deuda pendiente, por lo que pidió avanzar en los pendientes como el presupuesto y el Plan Estatal de Desarrollo; refirió que si se quiere un cambio se empiece por el diálogo y se dejen atrás los rencores.

Ayer venció el plazo para presentar la solicitud; expriistas, experredistas y expanistas, los promotores de los registros, que serán autorizados hasta el siguiente año.

Ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) al menos 35 organizaciones solicitaron su registro como partido político.

Este jueves, se venció el plazo para que los ciudadanos organizados presentaran su propuesta de instituto político y la registraran ante el órgano local electoral.

El consejero electoral José Enrique Pérez Rodríguez informó que se trató de un proceso histórico, pues el número de solicitudes fue alto. 

Explicó que a partir de hoy se iniciará la evaluación de cada una de las organizaciones que deberán cumplir los requisitos establecidos por ley para poder instituirse como partido político, como llevar a cabo asambleas ciudadanas. 

"Durante todo este año van a llevar a cabo asambleas en las que nosotros vamos a dar la fe pública que se lleven conforme a la ley, es decir que en los municipios no haya cerca un grupo social, que no haya dádivas, que no esté cerca un programa social y extra que reúnan la cantidad de personas que se requiere conforme al padrón electoral en los municipios o distritos donde hayan decidido su registro", explicó el consejero. 

Refirió que será el próximo año cuando se validen los registros, para que en el proceso electoral del 2021 puedan participar. 

Las organizaciones que acudieron ante el Impepac estuvieron respaldadas por ex priistas, perredistas y panistas. Ayer, fue el caso de "Futuro" que conformó el perredista Fidel Demédicis Hidalgo. 

Priista denuncia falla en el proceso.

El grupo de 15 legisladores (G-15) en el Congreso del estado se volvió a imponer como mayoría y obligó a la aprobación, por la vía rápida, de la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria que permite la distribución de las aportaciones federales y estatales a los nuevos municipios de origen indígena. 

Sin embargo, el decreto podría carecer de legalidad, ya que no se sustentó en información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el número de pobladores para la asignación de los recursos financieros. 
Minutos antes de que concluyera el receso legislativo, y dentro del período extraordinario que se abrió el martes 22 de enero, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que impulsó el G-15,  ante las observaciones que realizó al decreto el Poder Ejecutivo al Paquete Económico que aprobaron los legisladores, el pasado 9 de enero. 
Dicho dictamen se integró en medio de una fuerte discusión entre las legisladoras del G-15 y la diputada priista Rosalina Mazari Espín, quien advirtió que la aprobación de la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria podría traer consecuencias legales, ya que no se tomaron en cuenta los datos oficiales del Inegi, en los que se deben basar para la distribución de las aportaciones federales y estatales. 
No obstante, la diputada del Partido Social Demócrata (PSD)nNaida Diaz Roca sostuvo en todo momento que cualquier error podría corregirse en  cualquier momento. 
Como medida de presión, el  diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro pidió a los pobladores de  Xoxocotla permanecer en el recinto legislativo para obligar a la aprobación de la ley, incluso, para evitar el inicio del período ordinario de sesiones en sesión solemne citada para hoy, a las 9 de la mañana. 
Finalmente, el Pleno Legislativo aprobó la distribución de las aportaciones para los municipios indígenas, de la siguiente forma: a Hueyapan le corresponderá un porcentaje del 3.4 del total de los recursos, Coatetelco 1.0 por ciento y Xoxocotla 1.2.
Los legisladores de oposición al Poder Ejecutivo aseguraron a los pobladores de Xoxocotla y Hueyapan, que estuvieron presentes ayer en el recinto Legislativo, que una vez aprobado el decreto y publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" les entregarían los recursos federales, aún y cuando no se ha desahogado la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 que también tienen obswrvaciones delEjecutivo. 
La Diputación Permanente se clausuró minutos después de las 12 de la noche de este 1 de febrero. 

Presentan alcaldes iniciativas de leyes de ingresos

De última hora, al menos 18 ayuntamientos del estado presentaron su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019.
A las 12 de la noche de este jueves venció el plazo para que los gobiernos municipales presentaran su propuesta, luego de que el Congreso del estado determinó rechazar las iniciativas de ley que impulsaron los ex alcaldes, por contener incrementos en los conceptos por el cobro de derechos, impuestos y servicios municipales.
El Congreso del estado deberá analizar y someter a votación del pleno las propuestas a más tardar el 28 de febrero, para su aplicación en el resto del año.
Los ediles esperaron al último día para presentar sus propuestas, como fue el caso del alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes que acudió ayer al Congreso del estado e informó que su iniciativa contempla reducciones en el cobro de derechos, servicios y otros conceptos, como es el caso del programa vial alcoholímetro.
El presidente de Cuernavaca, Antonio Villalobos también se presentó en el Poder Legislativo y ante la Comisión de Hacienda entregó la propuesta aprobada por el cabildo.

Hasta esta tarde y cerca de las 16:00 horas, 12 alcaldes han presentado su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal que transcurre.

Se trata de Miacatlán, Jantetelco, Temoac, Huitzilac, Jiutepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Tlaquiltenango, Yautepec, Amacuzac, Zacualpan de Amilpas y Temixco.

El Congreso del estado recibirá documentos de los ayuntamientos hasta la medianoche.

Ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), 18 organizaciones han solicitado su registro como partido político.

Hoy se vence el plazo para que ciudadanos y organizaciones puedan iniciar el proceso de integración de un partido político, ante el órgano electoral.

Al respecto y de acuerdo con el consejero Enrique Pérez Rodríguez, es histórica la participación que se ha tenido.

Las organizaciones tienen hasta las 17:00 horas de este jueves para solicitar el registro; a partir de mañana, el Impepac iniciará la revisión de cada una de las solicitudes para valorar su procedencia.

A su vez, los aspirantes a un partido político deberán llevar a cabo asambleas que validen la participación de las personas que serán militantes del instituto político, y hasta el próximo año se definirá cuántos lograron el registro.

Autoridades presentaron a diputados, este jueves, el Plan Estatal de Desarrollo.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, hizo un llamado al Ejecutivo para que se implementen las acciones y proyectos que garanticen concretar la agenda 2030 impulsada desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para garantizar un desarrollo sostenible en Morelos.

El delegado federal Hugo Eric Flores Cervantes celebró que se haya presentado ya un Plan Estatal de Desarrollo, y manifestó el respaldo de la federación al gobierno del estado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, explicó que el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 garantiza la igualdad de género y el impulso para generar el desarrollo en la entidad.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, se comprometió a revisar a fondo dicho Plan y en su caso modificarlo, tal y como lo mandata la Constitución Política del estado; agregó que no será un documento de buenas intenciones, sino que se revisará que sea en beneficio de la sociedad.

Posteriormente, autoridades de gobierno manifestaron su disposición para sentarse a dialogar con los legisladores y negociar la aprobación del paquete económico, con base en las observaciones que se le hicieron al decreto que aprobó un grupo de 15 diputados.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, refirió que los legisladores ya fueron invitados a instalar una mesa de trabajo para desahogar el presupuesto 2019; empero, anotó que aún no hay fecha para ello pues esperan la respuesta de los diputados.

Por su lado, Villarreal Gasca apuntó que el reemplacamiento no es negociable y por seguridad de los ciudadanos debe aprobarse, de ahí que pedirán a los diputados del Partido del Trabajo (PT), que han manifestado su oposición, reconsideren su postura.

Además, el diputado del PES, Alfonso de Jesús Sotelo, aseveró que se buscan los consensos para avanzar en el tema; mientras tanto, la Comisión de Hacienda ha iniciado la revisión del paquete económico.

Se espera la remoción del cargo de Rodolfo Tapia López; también elegirán presidente de la Junta de Gobierno del organismo.

Este jueves, Rodolfo Tapia López podría ser removido como encargado de despacho del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm). En la lista de posibles sucesores se encuentran la excomisionada de Seguridad, Alicia Vázquez Luna; el exedil Jorge Toledo Bustamante y el actual secretario técnico del organismo, José Luis Téllez Hernández.

Los 36 alcaldes del estado fueron convocados a sesión del Idefomm a las cuatro de la tarde, en la que se elegirá al presidente de la Junta de Gobierno de entre los ediles y al próximo director del organismo, que será votado por los integrantes de la Junta.

Tapia López no logró reunir el apoyo necesario de los alcaldes que rindieron protesta el pasado 1 de enero y que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Idefomm, están obligados a sesionar en el presente mes para designar a la Junta de Gobierno y al director general.

Debido a que la citada ley no es clara sobre el proceso de elección del director, los presidentes municipales elegirán sobre las propuestas que ellos mismos impulsaron y en las que se encuentra la excomisionada estatal de Seguridad, el exedil de Mazatepec y el actual secretario técnico del Idefomm.

De manera extraoficial se ha informado que en la determinación de los alcaldes pretende incidir el extitular del Idefomm, Francisco Velázquez Adán, quien se encuentra en la lista de los exfuncionarios que se beneficiaron con una "pensión dorada" por la LIII Legislatura, apoyado por el exdiputado perredista, Julio Espín Navarrete.

El próximo director recibirá su nombramiento por tres años con posibilidad de que sea ratificado. En el caso del presidente de la Junta de Gobierno, tendrá que ser removido en un plazo de seis meses. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso dice que se buscan los consensos de sus homólogos para desahogar el tema en el segundo periodo de sesiones, que inicia el viernes.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que cumplirán con sus compromisos y anularán las "pensiones doradas" que se otorgaron a exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, así como las reformas "a modo" que aprobó la LIII Legislatura.
A unas horas de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) admitió que son muchos los pendientes que deben atender durante los próximos meses, principalmente, dar marcha atrás a los abusos de los exlegisladores y de la administración estatal anterior. 
"Tenemos que resolver pendientes que interesan a la ciudadanía y dejar a un lado los intereses personales... Sin duda tenemos varios pendientes que dejaron muy lastimada a nuestra legislatura y que seguimos pagando las consecuencias, como las pensiones doradas que encontramos una lista importante, de las responsabilidades que puedan tener los funcionarios que ya se fueron y, sobre todo, los temas legislativos, porque hay leyes que se hicieron a modo, se hicieron a la necesidad de unos personajes en particular", declaró. 
El legislador dijo que se preparan "contrarreformas" que no afecten a la sociedad y que tampoco satisfagan intereses particulares o de grupo. 
Afirmó que busca los consensos de sus homólogos para desahogar los temas durante el segundo periodo ordinario en el que, aseguró, permanecerá aún como presidente de la Mesa Directiva. 

Este día podrían instalarse las mesas de negociación entre diputados locales, para desahogar las observaciones que hizo el Ejecutivo al paquete económico que aprobó un grupo de legisladores.

En entrevista, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo que hay voluntad de sentarse a dialogar pero apuntó que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) se sostiene en su negativa de aprobar el reemplacamiento, concesionar el servicio de confinamiento final de la basura y otros temas.

Confirmó que en este conflicto surgido por el presupuesto sí se han dado actos de corrupción y el intento de compra de conciencias; sin embargo, refirió que el Ejecutivo debe entender que hay temas que no pueden transitarse.

Por su lado, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que las reuniones se darán en los próximos días y confió en que participen todos los legisladores.

A unos días de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones, el presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, manifestó su confianza en que se terminen las fracturas al interior del Congreso.

Lo anterior, para que se pueda avanzar en los pendientes de la agenda legislativa, según apuntó el diputado.

También sostuvo que no dejará la mesa directiva y buscará que se cumplan los compromisos hechos en septiembre pasado, como anular pensiones doradas y lo referente a las reformas aprobadas por la LIII Legislatura en perjuicio de los ciudadanos.

La mañana de este miércoles se realiza una reunión plenaria de diputados federales y senadores del Partido del Trabajo (PT), en Morelos; presentan la agenda nacional.

En rueda de prensa, los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, los diputados federales Reginaldo Sandoval Flores y Gerardo Fernández Noroña, así como la diputada local Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presentaron los temas a abordar en la agenda legislativa.

De igual modo, manifestaron su respaldo a la guardia nacional y a la iniciativa "3 de 3", para transparentar el ejercicio público; también dijeron estar comprometidos con presentar su declaración patrimonial.

Por su lado, Tania Valentina Rodríguez, coordinadora del PT en el Congreso local, aclaró que la fundación "Unidos Vamos por Morelos" no obedece a intereses personales ni de grupo, sino a impulsar la educación inicial en la entidad.

Sostuvo que se ha querido distorsionar el tema por la asignación de los 10 millones de pesos que se pretende hacer en el paquete económico 2019; sin embargo, insistió en que todo es transparente y consensuado.

Los senadores y diputados expresaron su respaldo al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y en las acciones que habrán de emprender.

Este miércoles tomó protesta el consejo directivo de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales (FCAP) 2018-2020; pidieron al gobierno estatal tomarlos en cuenta en proyectos y nombramientos públicos.

Daniel Espina Juárez fue designado como presidente y planteó una mayor participación ciudadana, a fin de crear programas sociales para Morelos.

También dijo que es urgente se apruebe una nueva Ley de Participación Ciudadana, propuesta desde la sociedad.

Con respecto al problema de la inseguridad, manifestó el respaldo de la FCAP para resolver dicha situación en Morelos, que aqueja a profesionistas y a la sociedad en general.

Los legisladores revisarán el perfil de los cinco comisionados que recibieron su nombramiento en septiembre del año pasado.

El Congreso del estado inició una investigación al proceso de elección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que llevó a cabo la Comisión de Selección que nombró la LIII Legislatura.
A través de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, los legisladores revisarán el perfil de los cinco comisionados que recibieron su nombramiento en septiembre del año pasado y que necesitan ser ratificados por el Congreso del estado para poder empezar a trabajar. 
Dicha investigación se inició esta semana, dos meses después de que el Pleno del Congreso del estado ordenara dicho proceso, a propuesta del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro. 
La diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Transparencia, informó que dicho retraso se debió que la mayoría de los diputados que integran el órgano legislativo se oponían a que se llevara a cabo, principalmente su homólogo Marcos Zapotitla.
"La intención es verificar que estén todos los documentos y que cumplan o hayan cumplido con lo que marca la ley. De ahí estaremos en disposición para tomarles protesta una vez que se corrobore la información", explicó la diputada. 
Ariadna Barrera manifestó su confianza en que este tema se desahogue en febrero y se pueda instalar el Comité de Participación Ciudadana o elegir a nuevos integrantes, de acuerdo a lo que determine la mayoría de los legisladores.
Mientras tanto, el 11 de febrero se llevará a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo que promovió el comisionado Roberto Coranguez Esquivel, electo como presidente del comité, en contra de la investigación que ordenó en noviembre el Congreso del estado. 

Destacan el combate al "pirataje", la inseguridad y el aumento a la tarifa del servicio colectivo.

Transportistas alistan los temas que llevarán al Consejo Consultivo del Transporte, que se instalará en febrero próximo, y resaltan el combate al "pirataje", la inseguridad y aumento a la tarifa del servicio colectivo.
El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, informó que el próximo mes se instalaría el Consejo Consultivo, a más de seis años de no funcionar, pese a que la ley determina que debe reunirse al menos cuatro veces al año.
El presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público, Víctor Mata Alarcón, informó que como concesionarios de la zona metropolitana preparan una propuesta para atenderse en el consejo y resolver los problemas del sector.
Plantearán que se concluya el proceso de regularización de taxis del 2014 y abatir el "pirataje", crear un padrón de concesionarios del transporte público, dar de alta a los vehículos en la Plataforma México y el registro de operadores de taxis, a fin de garantizar que no sean delincuentes quienes prestan el servicio público, además de subsidios fiscales. 
Mientras tanto, el presidente de la agrupación Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, dijo que además de requerir subsidios fiscales, plantearán se concrete un aumento a la tarifa mínima del servicio colectivo. 
Refirió que es un tema que se abordó al cierre de la administración estatal pasada y que se tiene que analizar en el Consejo Consultivo del Transporte. 
Otros temas que podrían tratarse en dicho consejo, en el que también participan autoridades municipales, empresarios y representantes de los tres Poderes del Estado, será la renovación del parque vehicular. 

Será un paquete económico de consensos, asegura el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que el Pleno del Congreso local podría aprobar un Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 de consenso, pero después de la primera quincena de febrero. 
En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) informó que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo con todos los legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo, a fin de desahogar las observaciones que se hicieron al Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores. 
Sin embargo, sostuvo que la intención es integrar un "presupuesto social", mediante el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. 
"Ya hay propuestas del Ejecutivo para generar mesas de trabajo y que finalmente podamos tener un Paquete Económico aprobado acorde a las necesidades de la sociedad, ese es todo el avance", declaró. 
Sotelo Martínez dijo que como Poder Legislativo usarán los 30 días que otorga la Constitución para analizar las observaciones que envió el Ejecutivo, a pesar de los problemas sociales que han surgido por la falta de una Ley de Ingresos y Presupuesto para este año. 
"Los 30 días que la ley establece a partir de que fueron recepcionadas (sic) las observaciones por parte del Legislativo, hasta en tanto no se cumpla ese período vamos a estar en condiciones de aprobar, que no tengamos que agotar, esperamos que podamos sacar antes este tema, será en beneficio de la sociedad", agregó. 
El legislador local recibió ayer a un grupo de trabajadores de la Fiscalía General del estado que se presentó en el Congreso del estado, para solicitar se apruebe un presupuesto que garantice recursos suficientes para la dependencia estatal y se mejoren sus condiciones laborales.

*Verificarán si cumplen con perfil*

La presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Anticorrupción del Congreso local, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, confirmó que esta semana dio inicio una investigación al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), para verificar si sus integrantes cumplen con el perfil requerido.

Pese a que dicho proceso se autorizó por el Pleno desde noviembre pasado, la legisladora dijo que había estado "congelado" por falta de consensos entre los integrantes de dicha comisión.

Refirió que se revisarán los perfiles de los cinco comisionados, que fueron cuestionados porque fueron electos bajo un proceso que autorizó la LIII Legislatura.

El líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erick González García, lamentó la determinación de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de aumentar costos en servicios escolares.

En entrevista, refirió que estos nuevos montos afectarán a la economía de los estudiantes, además de que dicha situación podría causar incluso deserción escolar.

González García confió en que el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, reconsidere los altos cobros que afectarán a la matrícula de la universidad.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron este martes al Congreso local.

Se reunirán con diputados para plantear su situación laboral y "para que seamos escuchados directamente", según anotaron.

Señalaron la necesidad de que se otorgue el presupuesto que corresponde a la institución, para dar cumplimiento a lo que han solicitado de forma general: incremento salarial y de personal, además de que se mejoren las condiciones laborales.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, acudió hoy a Palacio de Gobierno y refirió que es para solicitar se asignen los recursos necesarios a la institución.

De igual modo, el fiscal general sostuvo que se ha retenido presupuesto, lo que ha ocasionado un retraso en el pago de salarios.

Carmona Gándara rechazó que haya parálisis, pero sí descontento de los trabajadores.

*Por retención de presupuesto*

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, sostuvo que la institución enfrenta una parálisis a causa de que el Poder Ejecutivo ha retenido el presupuesto correspondiente al año pasado y al presente, además de que "se está poniendo en riesgo la operatividad".

En entrevista, Salazar Núñez refirió que esta mañana se reuniría con el secretario de Hacienda, para que explique acerca de la retención del presupuesto.

De igual modo, informó que el monto de los recursos que no se liberaron el año pasado supera los 400 millones de pesos y se suman los de este 2019; añadió que a la FECC le corresponde el cinco por ciento del total del presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Advirtió que si el Ejecutivo no cumple con la asignación del presupuesto promoverá acciones legales en contra, ya que la dependencia a su cargo se encuentra paralizada por falta de recursos.

Integrantes de la comunidad lésbico-gay acusaron al gobierno de Tepoztlán de discriminación, al haber designado a Nallely Navarro Flores en la Dirección de la Diversidad Sexual, quien es una persona heterosexual.

En rueda de prensa, acusaron que el alcalde Rogelio Torres Ortega ha rechazado un diálogo con la comunidad y ahora por intereses políticos designó a una persona externa a su movimiento, en un cargo por el que lucharon mucho tiempo.

Sostuvieron que es un retroceso y advirtieron que lucharán porque haya respeto a la diversidad sexual en Tepoztlán.

Hasta la mitad de las estaciones de servicio cierran de manera intermitente por falta de combustible.

Morelos mantiene problemas de abasto de combustible en aproximadamente el 50 por ciento de las estaciones de servicio, informó el presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros del Estado, César Ulloa López. 
En entrevista, el empresario dijo que el cierre de gasolineras se ha incrementado y se da de manera intermitente, ya que el combustible que llega al estado es insuficiente. 
Además, refirió que existe un problema en la logística de distribución del hidrocarburo, lo que evita la llegada rápida del combustible.
Ulloa López admitió que existe incertidumbre en el sector, ya que el cierre de gasolineras se ha registrado de un 30 a un 50 por ciento.
“Seguimos con el problema de abasto limitado o desabasto y no llega suficiente producto, esperamos pronta regularización. Entre el 30 y 50 por ciento de estaciones sin combustible en el estado, los cierres de gasolineras son intermitentes”, refirió.
De acuerdo con el empresario, sigue el desabasto de los hidrocarburos y se da principalmente en gasolina Premium, pues la mayoría de las estaciones de servicio sólo ofrece Magna a los vehículos particulares o del servicio público.

Se cuidará que la persona que reciba el nombramiento no tenga vínculos con partidos políticos, asegura diputada.

El Congreso del estado designará a un nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) el próximo mes. La diputada priista, Rosalina Mazari Espín, informó que en los primeros días de febrero, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes.
Ante el rezago que enfrenta el órgano fiscalizador, la legisladora local afirmó que cuidarán que la persona que reciba el nombramiento, cumpla con el perfil y también no tenga relación con ninguna fuerza política.
"Este tema se tiene que tratar en el mes de febrero para poder tener a un auditor que sea una persona de prestigio y que pueda dar certeza a la ciudadanía y a las diputadas y diputados, que sabrá cumplir su encomienda y, por supuesto, que sea una persona honorable y honesta", explicó.
Agregó que después de que inicie el periodo ordinario de sesiones, el próximo viernes 1 de febrero, se convocará a sesión de la Comisión de Hacienda para emitir la convocatoria.
La legisladora local confió en que la fractura que vive el Poder Legislativo no afectará para lograr los consensos necesarios y designar al próximo titular de la ESAF, tras la renuncia de Vicente Loredo Méndez, en noviembre del año pasado.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, Rosalina Mazari Espín, informó que en febrero se designará al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Al respecto, la diputada señaló que se prepara una convocatoria para el registro de aspirantes.

De igual modo, la legisladora sostuvo que se buscará que la persona que reciba el nombramiento, además de que cumpla con el perfil, no tenga relación con ningún partido político.

Integrantes del concejo municipal de Xoxocotla se reúnen hoy con la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Rosalina Mazari Espín.

En la reunión, los pobladores piden que ya se le asigne recursos al municipio indígena.

Sin embargo, Mazari Espín confirmó que la Ley de Ingresos de los municipios indígenas también fue observada por el Poder Ejecutivo, al igual que la Ley General de Hacienda.

La legisladora sostuvo que no es con violencia como se solucionan los problemas.

A casi cuatro años de su creación, no ha sido instalado en su totalidad; los diputados no han tomado protesta al comité de participación ciudadana que pondría en funciones a dicha estructura     

A casi cuatro años de que se creó en Morelos el Sistema Estatal Anticorrupción, sigue inoperante, ya que no ha podido instalarse en su totalidad.

El codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez, sostuvo que los integrantes de la LIV Legislatura han sido omisos en ese tema, ya que no han permitido la instalación del Comité de Participación Ciudadana.
Recordó que la LIII Legislatura designó  a una comisión de selección que, a su vez, eligió a los integrantes de dicho comité desde septiembre pasado.

Sin embargo, los diputados de la LIV Legislatura no han tomado protesta a dicho órgano, lo que impide que pueda empezar a funcionar.
"El sistema anticorrupción es una parte importante encabezada por el Comité de Participación Ciudadana. Se llevó a cabo un proceso por la legislatura pasada y, si bien, el comité que se eligió pudo haberse observado (sic) me parece que ya podría iniciar este comité de participación", explicó Ramírez Salinas.
El investigador sostuvo que es una grave omisión la que han cometido los diputados, pues han vuelto inoperante al Sistema Estatal Anticorrupción, ya que desde el 2015 no ha dado resultados a la ciudadanía en el combate a la corrupción.
"Nos estamos perdiendo la posibilidad de darle seguimiento a las instituciones como a la Contraloría, a la Auditoría, al Instituto de Transparencia. Se ha impedido también la participación ciudadana, porque a través del comité de participación, quienes tratamos estos temas de combate a la corrupción podríamos tener un canal de comunicación", añadió.

Esta semana los legisladores convocarán a mesas de trabajo para iniciar el análisis de las observaciones que realizó el gobierno del estado al proyecto aprobado por el G-15   

El Congreso del estado podría anular el decreto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 que fue aprobado el 9 de enero pasado por un grupo de 15 legisladores, ya que el Poder Ejecutivo señaló el documento como ilegal y carente de validez.

La primera observación que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo hizo al Paquete Económico del G-15 fue que se aprobó mediante un proceso legislativo viciado, fuera de lo que marca la ley, por lo que el decreto sería inválido.

Además,  señaló abusos en la asignación de presupuesto a diversos rubros, incluido el Congreso del estado, y malos cálculos en la distribución de ingresos.

Ante dichas observaciones, los diputados no descartan avanzar en un nuevo decreto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, pues de no modificar el aprobado por el G-15, el Poder Ejecutivo recurrirá a la controversia constitucional para impugnar el Paquete Económico, lo que llevaría varios meses de litigio.

Mientras tanto, esta semana los legisladores convocarán a mesas de trabajo para iniciar el análisis de las observaciones del Poder Ejecutivo y desahogar el tema después del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, este 1 de febrero.

De no hacerlo, estarían obligados a aplicar la normatividad del año pasado para el cobro de derechos y servicios públicos  

A cuatro días de que se venza el plazo constitucional para que los gobiernos municipales presenten su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, la diputada priista Rosalina Mazari Espín informó que ninguno ha cumplido y, de no hacerlo, estarían obligados a aplicar la normatividad del año pasado para el cobro de derechos y servicios públicos. 

La  presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública informó que algunas autoridades municipales de Cuernavaca, Tepoztlán y otros ayuntamientos, se han acercado para resolver dudas sobre el tema, pero ninguno ha presentado su propuesta.

Explicó que por haber iniciado su administración el 1 de enero, las nuevas autoridades tienen la facultad de presentar una nueva iniciativa de ley y no ejercer la que plantearon los gobiernos anteriores. Para ello, el Congreso del estado podrá analizar las propuestas durante febrero y aprobarlas antes de que termine el mes.

"Lo que considero es que la van a presentar prácticamente el mero día, el último día, es decir, el día jueves, y tendríamos nada más el mes de febrero... y los que no lleguen tendrán que aplicar la del 2018", refirió la legisladora priista.

La presidenta de la Comisión de Hacienda mencionó, incluso, que por la carga de trabajo del órgano legislativo -que además deberá revisar las observaciones del Poder Ejecutivo al Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores el 9 de enero pasado-, el Congreso del estado tendría que contratar un despacho externo.

En diciembre pasado, los legisladores determinaron rechazar las propuestas de leyes de Ingresos que presentaron los gobiernos que concluyeron administración en diciembre, al señalar posibles abusos en los derechos que se pretendían cobrar.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen los consensos de mayoría para que pueda modificarse el Paquete Económico 2019, una vez que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura.

En entrevista, sostuvo que a raíz de la visita del senador Ricardo Monreal Ávila, quien llamó a la unidad entre los poderes del estado, la postura del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha cambiado, lo que ayudará a que se apruebe una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 mediante consenso.

Sotelo Martínez lamentó que algunos de sus homólogos se nieguen a entablar diálogo para lograr acuerdos, como es el caso del Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal).

Sin embargo, dijo que existe la confianza de que en los primeros días de febrero, se pueda desahogar el presupuesto y avanzar en la agenda legislativa pendiente desde septiembre pasado.

Ayer viernes la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca Nieves Sánchez Arano, aseguró a que existe opacidad en la Mesa Directiva, pues a dos días de que el Poder Ejecutivo entregara las observaciones al Paquete Económico -que aprobó un grupo de 15 legisladores- no había recibido una copia.

Sostuvo que la actitud de su homólogo es lamentable y no abona al diálogo en el Congreso del estado.

Vecinos de Xoxocotla irrumpen a la fuerza en la sede legislativa.

Habitantes de Xoxocotla irrumpieron en la sede del Congreso del estado y a gritos y por medio de la violencia exigieron a los diputados que aprueben el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 y se asignen los recursos que corresponden al municipio indígena de nueva creación.
Cerca de las 12 del día, los pobladores liderados por Leonel Zeferino Díaz, presidente del Consejo Municipal, arribaron a la sede legislativa ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca. Por medio de empujones lograron entrar al inmueble. Uno de los guardias del lugar fue agredido a golpes, después de que trató de impedir el ingreso de la gente de Xoxocotla. El trabajador fue perseguido desde la explanada hasta el estacionamiento del Congreso.
Minutos después, los inconformes bloquearon los accesos al Poder Legislativo y afirmaron "nadie entra ni sale de aquí". También bloquearon la calle Guillermo Gándara, donde un automovilista fue agredido por los pobladores porque pidió - sin ningún éxito- el paso para la avenida Plan de Ayala. 
"No tenemos dinero, no tenemos sueldo, todos los gastos los está absorbiendo nuestro presidente (del consejo municipal), nosotros como trabajadores estamos dando el servicio a nuestra comunidad. Todos tenemos un cargo y estamos trabajando sin presupuesto y sin el apoyo de nuestros legisladores", manifestó una de las inconformes.
Rechazaron que la mayoría de la población se oponga a que gobiernen, como denunció un grupo contrario en el centro de Cuernavaca, donde también protestaron.
Media hora después de su irrupción y al notar que no había ningún diputado en el Congreso del estado, los manifestantes se retiraron del lugar y afirmaron que llevarían a cabo una asamblea en Xoxocotla para determinar las acciones a realizar en los próximos días. 

El presidente de la agrupación Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, dijo que es necesaria una mejora en la infraestructura vial de la zona metropolitana del estado.
Sostuvo que la administración estatal pasada se comprometió a mejorar las vialidades y a mejorar los paraderos de las "rutas", sin embargo, nunca se cumplió y estos espacios se encuentran en muy malas condiciones.
Informó que en la primera mesa de trabajo que tuvieron como líderes de Rutas Unidas con autoridades del gobierno estatal, se planteó la necesidad de mejorar la infraestructura y construir nueva que garantice menos problemas de tránsito en Cuernavaca y el resto de los municipios de la zona conurbada.
En el 2012 agrupaciones de transportistas como la Coalición de la Alianza de Transportistas presentó un proyecto al gobierno estatal, que encabezó Graco Ramírez, para construir y reubicar los paraderos de las rutas, evitando problemas de tránsito vehicular, pero nunca se concretó. 
También se planteó una modificación en el itinerario de las líneas del transporte colectivo, que nunca se atendió por el gobierno estatal. 

Habitantes de Xoxocotla se presentaron este viernes en el Congreso del estado para exigir que legisladores aprueben ya el presupuesto para dicho municipio indígena.

En el recinto legislativo no se encontraban diputados presentes; la sesión de la Diputación Permanente que se realizaría este día fue reprogramada por falta de quórum, para la próxima semana.

Los inconformes cerraron los accesos al edificio y también bloquearon la calle Gándara; finalmente, cerca de las 12:30 horas, se retiraron para efectuar una asamblea y acordar acciones.

Cabe agregar que otro grupo de habitantes de Xoxocotla, contrario al que se presentó en la sede legislativa, se manifestó en el centro de Cuernavaca.

La sesión de la Diputación Permanente, que se llevaría a cabo esta mañana, fue reprogramada.

A la sesión que se realizaría este viernes únicamente llegaron la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca Nieves Sánchez Arano, y el presidente Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

Por falta de quórum, la sesión fue reprogramada para la próxima semana.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, rechazó que haya opacidad en el Congreso y sostuvo que ya fue entregado el pliego de observaciones que hizo el Ejecutivo al paquete económico 2019.

Lamentó la actitud de algunos de sus compañeros que se niegan a entablar diálogo; sin embargo, aseguró que ha logrado consensos con algunas fuerzas políticas y citó el caso del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por otro lado, Sotelo Martínez dijo que será el próximo mes cuando reciban de manera total el recinto legislativo, ya que la empresa "Ago Operadores S. A. de C. V." continúa el proceso de rehabilitación y terminación del edificio.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Blanca Nieves Sánchez Arano, se quejó de opacidad por parte del presidente Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

Dijo que a casi dos días de que el Poder Ejecutivo presentó las observaciones correspondientes al paquete económico 2019, aprobado el 9 de enero pasado, a la fecha no han recibido una copia para empezar a revisarla.

Sánchez Arano lamentó el actuar del presidente y sostuvo que no abona al diálogo que pretende entablar para permanecer en la representación de la Mesa Directiva.

Anuncian nuevas medidas de seguridad en el Carnaval de Jiutepec 2019.

El alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, confirmó que alistan la firma de convenio del Mando Unificado con el Poder Ejecutivo, con lo que se convertiría en el segundo municipio en apoyar de manera oficial la estrategia estatal de seguridad.
El edil dijo que su gobierno respalda que la Comisión Estatal de Seguridad atraiga el control total de las Policías preventivas y de tránsito de los municipios, pues se trabajaría de manera coordinada con los municipios.
Refirió que los ayuntamientos se harán cargo de los asuntos administrativos de la Policía, mientras que el estado, de lo operativo.
"Por lo pronto vamos a firmar el tema del mando único y estaremos en espera de ver qué es lo que se delibera a partir de la guardia nacional y, seguramente, tendremos todos que sumarnos al mismo proyecto. Por lo pronto, yo ya estoy listo para firmar", declaró. 
Por otro lado, el edil informó que a partir de este jueves se aplicarán nuevas medidas de seguridad en el Carnaval de Jiutepec 2019, sobre todo en el horario de venta de bebidas alcohólicas.
"Lo que buscamos es que pase de ser la cantina más grande, a un carnaval familiar", explicó el presidente municipal. 
Refirió que se estableció un horario de 11 de la mañana hasta las 11 de la noche para el desarrollo del carnaval. Sin embargo, la venta de bebidas embriagantes se restringirá hasta las 9:30 de la noche. 

Presentan iniciativa para tipificar como delito esa práctica; detectan al alza casos del llamado "negocio de citas" en municipios como Jiutepec, Cuernavaca y Temixco, cuyas víctimas son menores de edad.

El Consejo Ciudadano de Seguridad alertó a los padres de familia sobre el incremento de casos de jóvenes menores de 16 años que se suman al "negocio de citas" o la moda de los famosos "sugar daddy" (como se le denomina a los adultos con dinero que establecen relaciones con mujeres jóvenes).
En el marco de la presentación de la iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Morelos para tipificar como delito el ciberacoso, el director de Prevención del Delito, Dante Chávez García, informó que se han detectado 10 casos de jovencitas o adolescentes homosexuales de los municipios de Jiutepec, Cuernavaca y Temixco, que acuerdan por medio de las redes sociales ser acompañantes de adultos a cambio de dinero, regalos o, incluso, a cambio de que paguen sus estudios.
"La alerta es para los padres de familia a que pongan mucha atención en las personas que están agregando en sus redes sociales y, sobre todo, que sepan cuáles son las intenciones de esas personas con sus hijos a través de éstas", manifestó. 
De acuerdo con la diputada del Partido Humanista Xochiquetzal Sánchez Ayala, el ciberacoso es otro de los problemas sociales que enfrentan los menores de edad hoy en día. 
Sostuvo que es necesario tipificar como delito el ciberacoso y castigar a las personas que persiguen por medio de las redes sociales a los jóvenes. 
La legisladora adelantó que en febrero próximo presentará la propuesta de reforma al Código Penal del estado para que se incluya el ciberacoso en el catálogo de delitos graves.
La propuesta plantea sanciones de cuatro a ocho años de prisión y 600 UMA de multa para los acosadores en el ciberespacio.
El delito de ciberacoso ya está incluido en el Código Penal Federal desde el año 2016.

Proponen reducir costo del reemplacamiento; el G-15 se fracturó.

El programa de reemplacamiento vehicular podría aprobarse por el Congreso del estado, pero a un costo de menos de 800 pesos, como planteó el Poder Ejecutivo, informó el presidente de la Mesa Directiva,  Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
El pasado miércoles, el Poder Legislativo fue notificado de las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo al Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 que aprobó un grupo de 15 legisladores, el pasado 9 de enero.
De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, se planteó el mismo Paquete Económico que se propuso el 15 de diciembre pasado, y se hicieron observaciones a los excesos que los diputados cometieron al incrementar 100 millones el presupuesto del Congreso, además de otras ilegalidades, como el proceso legislativo que se siguió para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos por la madrugada.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que buscan los consensos necesarios para modificar el Paquete Económico que aprobó el grupo de 15 legisladores y validar algunas propuestas del Ejecutivo, como el programa de reemplacamiento, y aumentar el presupuesto a algunas áreas del gobierno estatal, tal es el caso de la Oficina de la Gubernatura.
Agregó que de aprobarse el programa de reemplacamiento vehicular, se buscaría que se aplique a un menor costo para el ciudadano.
Sin embargo, adelantó que la discusión del Paquete Económico ante el Pleno se dará hasta febrero próximo, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura. Ante tal determinación, el periodo extraordinario que se abrió el pasado martes y en el que supuestamente se abordarían las observaciones, sería clausurado.
De manera extraoficial se ha informado que el grupo de 15 legisladores se fracturó y que el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el mismo diputado petista José Casas González se sumarían al gobernador del estado para aprobar su propuesta de Paquete Económico.
Dichas negociaciones se habrían logrado mediante el compromiso de posibles cambios en la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno.

El director del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), Diego Arturo Alcázar Pérez, dio a conocer que trabajan de manera coordinada con la Comisión Estatal de Seguridad (CES); añadió que pidieron se realicen operativos nocturnos en centros de diversión.

Refirió que se busca establecer medidas de seguridad a favor de los jóvenes que acuden a centros nocturnos a divertirse.

Alcázar Pérez señaló que sí preocupa la situación de inseguridad que se vive en el estado, y por ello también se han solicitado operativos nocturnos en los alrededores de estos centros de diversión.

El presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, informó que alistan la firma del convenio del Mando Único con el Ejecutivo.

Sostuvo que está de acuerdo en la estrategia que ha anunciado el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de hacerse cargo de toda la policía municipal, incluso la de tránsito, y que los ayuntamientos se hagan responsables de las cuestiones administrativas.

Por otro lado, Reyes Reyes informó que habrá una estricta regulación en la venta de alcohol en el carnaval que hoy inicia; agregó que se pidió apoyo de las fuerzas federales y estatales para resguardar la seguridad de los ciudadanos.

*La tarde del miércoles*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que la tarde de este miércoles fueron recibidas las observaciones al paquete económico 2019 realizadas por el Poder Ejecutivo.

Informó que valorarán si en un periodo extraordinario dichas observaciones se analizan y votan en el Pleno, o se revisan al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, el próximo primero de febrero.

Además, el legislador sostuvo que es momento de lograr consensos entre todas las fuerzas políticas y con ello avanzar en el tema presupuestal y otros pendientes.

Finalmente, apuntó que se analizará cada uno de los temas, como es el reemplacamiento, a fin de que no se cancele pero sí se reduzcan costos o bien que sea gratuito, para evitar afectaciones a la sociedad.

Esta mañana, la diputada del Partido Humanista (PH), Xochiquetzal Sánchez Ayala, presentó una iniciativa sobre el tema de "ciberacoso".

La legisladora explicó que con la propuesta se pretende tipificar como delito el ciberacoso hacia menores de edad.

Señaló que ha habido un aumento notorio de casos de menores víctimas de distintos delitos, a raíz de las redes sociales; anotó que uno de ellos es el acoso, debido a la falta de regulaciones en el uso de esos medios.

*A cambio de dinero o regalos*

El Consejo Ciudadano de Seguridad alertó a padres de familia sobre casos de jóvenes de secundaria o preparatoria que se "venden" a adultos a cambio de dinero o regalos, como el negocio de citas con "sugar daddies" en las que el contacto inicia a través de redes sociales.

Dante Chávez García, director de Prevención del Delito del Consejo Ciudadano de Seguridad, informó que se han detectado al menos 10 casos en los municipios de Jiutepec, Cuernavaca y Temixco.

El funcionario estatal añadió que los principales casos se dan en mujeres menores de 16 años.

De igual forma, Chávez García señaló que han detectado casos de jóvenes que realizan "retos" de alto riesgo, maltratando incluso su cuerpo.

Investigan la pérdida del archivo de control vehicular, el proceso de regularización de taxis del 2014, la falta de registro del padrón vehicular estatal ante el Repuve y presuntas irregularidades en el ejercicio de más de mil 300 millones de pesos que costaría el proyecto del Morebús.

Por presuntas irregularidades en el ejercicio de más de mil 300 millones de pesos que costaría el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo, conocido como Morebús, el gobierno estatal procedió penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de exautoridades de la administración que encabezó Graco Ramírez.
El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, informó que se promovieron cuatro denuncias ante la presunción de que se cometieron diversos delitos por exfuncionarios, y uno de los casos es el proyecto fallido del Morebús.
El Sistema Integrado de Transporte Masivo costaría más de mil 300 millones de pesos, que se asignaron de la deuda pública que adquirió Graco Ramírez durante su gobierno. Sin embargo, en abril del 2018, la LIII Legislatura determinó abrogar el proyecto para –supuestamente- destinar los recursos a la reconstrucción del estado, tras las afectaciones que causó el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Mercado Salgado dijo que también se iniciaron investigaciones por la pérdida del archivo de control vehicular, el proceso de regularización de taxis del 2014 y la falta en la que incurrieron exautoridades al no haber registrado el padrón vehicular ante el Registro Público Vehicular (Repuve).

Aunado a la falta de recursos, el órgano auditor sólo ha servido en Morelos a intereses políticos: Salinas Ramírez.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se convirtió en un "elefante blanco" que enfrenta un grave rezago en el trabajo de fiscalización y que sólo ha servido a intereses políticos, afirmó el codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez. 
El investigador dio a conocer ayer un estudio realizado al órgano auditor, que lo coloca como uno de los más castigados a nivel nacional en materia financiera, lo que ha derivado en un trabajo deficiente.
"El rezago es enorme. Lo último que ha publicado la Auditoría son siete auditorías concluidas en estos últimos años. No ha publicado un solo dato de auditorías, de posible recuperación de recursos, no hay nada; no hay transparencia en la auditoría", declaró.
Salinas Ramírez refirió que en el presupuesto de egresos del 2018, a la ESAF sólo se le asignaron 18.5 millones de pesos, y para este 2019, un grupo de 15 legisladores contempló un monto de 30 millones de pesos.
Aunado a la falta de recursos, dijo que el órgano auditor sólo ha servido para fines políticos y colocación de la nómina.
“Todo se debe a que el auditor se elige de forma discrecional y a través de cuotas y cuates de los diputados; esto debe cambiar, la forma en que se elige al auditor tiene que ser a través de proceso transparente y abierto. Los diputados le han metido mano a la nómina, a los recursos y le impiden hacer su trabajo”, agregó.
En el marco de la renovación de la titularidad de la ESAF, el investigador consideró urgente que se garantice autonomía financiera y operativa al órgano para que finalmente pueda dar resultados.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) es el órgano más castigado a nivel nacional y recibe un presupuesto raquítico comparado con otros órganos.

En el 2018, recibió sólo 18 millones de pesos; este año, el G15 pretende asignarle 30 millones de pesos y aún así es un presupuesto menor para su desempeño.

Roberto Salinas Ramírez, codirector de dicho centro, refirió que esa falta de recursos se ha visto reflejada en los pocos resultados que ha dado la ESAF.

De igual modo, señaló que en los últimos años sólo siete auditorías han sido concluidas y con gran opacidad; "el rezago es enorme", destacó Salinas Ramírez, además de indicar que el auditor debe ser elegido a través de procesos transparentes y abiertos.

El dirigente municipal del Partido del Trabajo (PT) en Cuernavaca, Silvestre Mendoza Villalobos, pidió a los diputados locales y al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo hacer a un lado los conflictos políticos y cumplir a la ciudadanía con los compromisos que hicieron en campaña.

Mendoza Villalobos sostuvo que la sociedad dio su voto a la coalición PT, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social (PES), y no han podido destrabar el presupuesto 2019.

También anotó que mientras no se pongan de acuerdo el Congreso local y el Ejecutivo, no habrá desarrollo en el estado.

Habitantes de Cuernavaca se manifestaron, la mañana de este miércoles, contra el comercio ambulante; llevaron a cabo un bloqueo en la avenida Plan de Ayala.

Son vecinos inconformes con el comercio informal que creció debido a la "Plaza Cristal" que se ubica en esa zona, y donde se instalaron las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Este día, luego de que un comerciante instaló un puesto de tacos y se negó a retirarlo, inició la protesta. 

El cierre a la circulación vehicular comenzó alrededor de las 10:00 horas, a la altura de las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), y duró aproximadamente 40 minutos.

Posteriormente, los manifestantes se movilizaron a un parque que se localiza en el sitio; denunciaron que ha incrementado el ambulantaje ante la llegada de la SMyT y pidieron a la autoridad que haya orden.

Esta mañana, integrantes de diversas agrupaciones de transportistas se reunieron con autoridades del gobierno estatal para atender la problemática del sector en Morelos.

Integrantes de la agrupación "Rutas Unidas" solicitaron que se emprendan acciones para abatir la inseguridad en el transporte público.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, pidió el apoyo de los transportistas y ciudadanos para abatir la delincuencia, pues dijo que de nada sirve tener policías o miles cámaras de videovigilancia si no se tiene el apoyo de la población.

De igual modo, el funcionario estatal sostuvo que "no les vamos a fallar y espero que ustedes no nos fallen como ciudadanos", manifestó.

Al término del encuentro, el líder de "Rutas Unidas", Aurelio Carmona Sandoval, dijo que también pidieron a las autoridades estatales estímulos fiscales en el pago de derechos, para aminorar las afectaciones por los altos costos en gasolina e insumos.

Agregó que hay confianza en que haya resultados por parte del gobierno, pero insistió en que se lleve a cabo el Consejo Consultivo del Transporte.

El 31 enero se termina plazo para solicitar registro como partido político: Impepac.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, recordó que el próximo 31 de enero se cerrará el registro para que organizaciones civiles puedan solicitar su registro como partido político.
En entrevista, explicó que el Impepac definirá a finales de este año si habrá registro de nuevos partidos políticos. Antes, explicó, las organizaciones deberán cumplir con todos los requisitos de ley.
León Trueba refirió que sólo cuatro organizaciones han solicitado su registro, y en base al reglamento emitido por el instituto que preside, a partir de febrero próximo deberán convocar a asambleas ciudadanas para lograr un requisito primordial, que es contar con el apoyo del 0.26 por ciento de los ciudadanos que integran la lista nominal.
Informó que el órgano electoral fiscalizará cada una de las asambleas para validarlas y constatar que la organización que aspira a conformarse en partido político ha cumplido con la ley.
Sostuvo que ninguna organización podrá estar integrada por ciudadanos que militen en otro partido político, de lo contrario se impedirá su registro ante el Impepac. 
"Cuando se haga el cotejo (de los ciudadanos que integran a la organización) tienen que estar en un solo partido, cuando se haga el cotejo no deben estar más que en una sola lista", agregó la consejera presidenta del Impepac.

Se confirmó que los decretos que favorecen a exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez son ilegales: Rodríguez Ruiz.

En una semana, la mayoría de las "pensiones doradas" que fueron aprobadas por la LIII Legislatura a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, y de esposas de exlegisladores, serán abrogadas, afirmó la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado.
La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno sostuvo que después de una investigación que duró más de tres meses, se confirmó que los decretos pensionarios fueron aprobados de manera ilegal.
"Un porcentaje muy alto trabajaba en Puente de Ixtla. Mandamos a hacer una investigación en Puente de Ixtla y un porcentaje altísimo tenía documentos de Puente de Ixtla", señaló. 
Explicó que –curiosamente- una gran mayoría de los trabajadores que se jubilaron con pensiones onerosas trabajaron en algún momento en el ayuntamiento de Puente de Ixtla, y así lo comprobaron con actas del mismo gobierno municipal.
Refirió que esa y otras irregularidades sustentarán la determinación que ha tomado el Congreso local de abrogar las "pensiones doradas" que autorizó la LIII Legislatura. 
La lista de los decretos pensionarios la integran: Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, exdirector del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).
También se encuentran Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

La coordinadora de ese partido en el Congreso local acepta que es posible aprobar el reemplacamiento y otras modificaciones solicitadas por el Ejecutivo.

La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, dejó abierta la posibilidad de que se permita el programa de reemplacamiento vehicular para este año y otras modificaciones al Paquete Económico 2019, que aprobaron como grupo de 15 legisladores el pasado 9 de enero.
Ayer martes, diputados locales abrieron un segundo periodo extraordinario de sesiones y tomaron protesta al Concejo Municipal de Hueyapan, que finalmente podrá instituirse como municipio indígena. Posteriormente declararon un receso legislativo para esperar a que el Poder Ejecutivo envíe las observaciones al decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.
En entrevista, la líder de la bancada de Morena dijo que analizarán cada una de las observaciones y sostuvo que existe toda la disposición para hacer los cambios que se consideren necesarios, como la autorización para que el Poder Ejecutivo lleve a cabo el canje de placas a vehículos particulares y de servicio público. 
Incluso, dijo que si es necesario, también se eliminará la asignación presupuestal que por 10 millones de pesos autorizaron a la fundación "Unidos Vamos por Morelos", que presidió la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
"Seguimos unidos en bien de los morelenses. Sí vamos a rectificar en algunos puntos, sí sería muy bueno porque no somos expertos en finanzas y paquetes económicos. Hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero los expertos son ellos, el secretario de Hacienda... que nos digan en qué podemos ayudarles y con muchísimo gusto", agregó. 
Incluso, dijo que existe la disposición de la mayoría de los legisladores (el G-15) de dialogar con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para que permanezcan en sus representaciones bajo consensos.
Sin embargo, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que mantendrán su postura en contra del reemplacamiento y de concesionar el servicio para el confinamiento final de la basura, pese a la postura de otras fuerzas políticas. 
No obstante, refirió que analizarán cada una de las observaciones del Poder Ejecutivo y consideró que en un plazo de una semana podría aprobarse un nuevo decreto del Paquete Económico.
Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari, informó que después de recibir las observaciones del Ejecutivo, convocará a mesas de trabajo para analizar la posibilidad de que haya cambios en el Paquete Económico.
El Poder Ejecutivo podría promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si los legisladores determinan rechazar sus observaciones.

*Rinde protesta concejo municipal de Hueyepan*

Este martes, diputados de la LIV Legislatura abrieron el segundo periodo extraordinario de sesiones.

Hoy los legisladores atienden la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), que resolvió reconocer a un nuevo concejo municipal de Hueyapan.

Se obtuvieron 18 votos a favor de reconocerlo.

Los diputados conocieron el dictamen por el que se integra dicho concejo y se tomó protesta a sus integrantes.

Santos Artemio Rodríguez Aragón, Berenice Soberanes Pérez, Pablo Alonso Rodríguez, Elizabeth Castillo Ariza, Guadalupe Ariza Pérez y Erick Germán Montero Lara son los integrantes del concejo que rindieron protesta.

Cerca de las 15:30 horas, fue declarado un receso en espera de que lleguen observaciones del Ejecutivo al paquete económico aprobado el 9 de enero pasado.

*Con gobiernos federal y estatal*

La senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lucía Meza Guzmán, pidió a todos los municipios sumarse de manera coordinada con el gobierno federal y estatal para abatir la inseguridad.

Dijo que es necesario que los alcaldes y el estado esperen a la aprobación de la Guardia Nacional para que inicie un trabajo coordinado en Morelos, ante la alta incidencia delictiva.

Meza Guzmán adelantó también que se legisla en el combate al huachicoleo, al tipificarlo como delito grave con base en la reforma que se prepara al Código Penal federal.

Esta mañana, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó su libro "El acceso de las mujeres a la justicia", en Cuernavaca.

Acompañado del alcalde capitalino, Antonio Villalobos Adán, y de sus compañeros de bancada, Lucía Meza Guzmán y Radamés Salazar Solorio, el senador comentó que su publicación da a conocer la lucha que una mujer debe enfrentar para tener justicia o un espacio en cualquier ámbito de la sociedad.

Monreal Ávila dijo que es necesario que se haga conciencia del problema de violencia que viven las mujeres y de su lucha constante por avanzar en la sociedad mexicana.

*Hasta que Ejecutivo notifique observaciones sobre paquete económico*

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) en el Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que mantendrán abierto el periodo extraordinario de sesiones hasta que el Poder Ejecutivo notifique de las observaciones respecto al paquete económico; aseguró que están abiertos a negociar sobre posibles cambios en éste.

De igual modo, Rodríguez Ruiz insistió en que no avanzan en el programa de reemplacamiento ni en concesionar el servicio de confinamiento final de la basura.

Sin embargo, la diputada Keila Figueroa Evaristo dijo que hay avances para que el reemplacamiento sea aprobado, por lo que se convocará a mesas de trabajo con el secretario de Hacienda, en los próximos días.

*En el periodo extraordinario que se abrirá hoy*

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que el Pleno del Congreso del estado está obligado a decretar un receso en el periodo extraordinario que hoy se abrirá.

Lo anterior, ya que el Ejecutivo no ha hecho observaciones al paquete económico, que es uno de los puntos a tratar.

Mazari Espín apuntó que hasta esta mañana el Ejecutivo no había notificado de ningún veto al presupuesto que aprobó un grupo de legisladores, por lo que no hay materia para legislar.

Priistas impulsan a Movimiento Alternativa Social (MAS) como instituto político.

Ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), al menos cuatro organizaciones civiles han solicitado de manera oficial su registro como partido político.
Este lunes, los priistas Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Ana Bertha Haro Sánchez y el abogado Enrique Paredes Sotelo, impulsaron a Movimiento Alternativa Social (MAS) como instituto político. 
"Hoy, después de 20 años de duros resultados, la política en el estado discurre alejada de los ciudadanos y de las ciudadanas y desconfían de la política y de los políticos. En el proceso de desgaste de los partidos políticos tradicionales, los ciudadanos vimos como éstos se fueron alejando cada vez más de la sociedad para constituirse en franquicias personales de un grupo o de una familia, sin compromiso con su militancia y mucho menos con la sociedad", manifestó Paredes Sotelo.
De acuerdo con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, cuatro organizaciones han solicitado registro como partido político, sin embargo, se les han hecho observaciones por no haber cumplido con los requisitos legales.
El pasado 7 de enero, descendientes del general Emiliano Zapata solicitaron el registro como partido político del "Partido Auténtico Zapatista".

La Secretaría de Movilidad y Transporte espera comenzar a cobrar  derechos del 2019 a partir de la próxima semana.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, confirmó que aún no inicia el cobro de refrendo del registro del vehículo, ya que todavía no se cuenta con la Ley de Ingresos 2019. 
En entrevista, el funcionario estatal pidió a la ciudadanía esperar a la próxima semana, pues manifestó su confianza en que los legisladores aprueben el programa de reemplacamiento vehicular, que estaría incluido en el cobro de derechos de control vehicular. 
Aseguró que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) sí cuenta con sistema informático, sólo que se ha puesto en espera el cobro del refrendo de vehículos hasta que se defina una Ley de Ingresos y una Ley General de Hacienda para el ejercicio fiscal 2019.
"El sistema ya está, ya nada más estamos esperando el Paquete Económico para que empecemos a cobrar los derechos del 2019. Ya estamos listos, a partir de la próxima semana para empezar a cobrar los derechos 2019, donde se les va a entregar todos sus datos, donde se va a registrar el reemplacamiento con el Repuve", explicó. 
Mercado Salgado insistió en que con el programa de reemplacamiento se logrará un registro de vehículos más seguro, a diferencia de lo que no se hizo en el gobierno que encabezó Graco Ramírez.
"En el Repuve tenemos registrados en un mismo domicilio hasta 50 propietarios, por eso se les ha dicho que el reemplacamiento es una cosa jurídica, que se debe tener en orden", agregó. 

Se espera que tomen protesta al Concejo Municipal de Hueyapan.

En espera de que el Poder Ejecutivo envíe las observaciones hechas al Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores (G-15), este martes los diputados locales abrirán un segundo periodo extraordinario de sesiones.

Hasta la tarde de ayer, el Poder Ejecutivo no había notificado del veto a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 al Congreso del estado. De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, esperarían al día 24 del presente mes para enviar las observaciones.

Mientras tanto, el periodo extraordinario de sesiones al que convocó la Diputación Permanente el viernes pasado, se abrirá hoy a las 12 del día. 

En el periodo extraordinario se analizará la determinación del Poder Ejecutivo con respecto al Paquete Económico que aprobó el G-15, el pasado 9 de enero, a pesar que un grupo de cinco legisladores señaló como ilegal el decreto de Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos, ya que no se respetó el procedimiento legislativo.

Para analizar y revisar las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, los legisladores contarán con un plazo de 30 días. 

Este martes se espera que el Pleno del Congreso tome protesta al Concejo municipal de Hueyapan que validó el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

*En tanto se decide sobre reemplacamiento*

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, pidió a los ciudadanos esperar al pago de derechos en control vehicular, en tanto se pueda llegar a un acuerdo con el Congreso del estado para que se autorice el reemplacamiento

Insistió en que dicho programa es en beneficio de la sociedad, para lograr un registro del padrón vehicular ante el Registro Público Vehicular (Repuve), de ahí que insistirán ante el Legislativo sobre la necesidad de que éste se lleve a cabo.

De igual modo, el funcionario estatal pidió esperar a la próxima semana a que se defina el tema, y empezará el cobro de derechos.

Mercado Salgado aseguró que sí hay sistema y que la ciudadanía puede pagar licencias de conducir y altas de vehículos.

Ciudadanos solicitaron registro como partido político de Movimiento Alternativa Social (MAS), este lunes, ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepec).

Se trata del ex diputado federal Matías Nazario Morales; la ex alcaldesa de Temoac, Ana Bertha Haro Sánchez, y el abogado Enrique Paredes Sotelo, como líderes morales del citado partido.

Al respecto, señalaron que es un proyecto ciudadano para sacar adelante al estado.

*Por el gobierno pasado*

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, confirmó que 200 afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 están en total abandono porque nunca fueron censados por el gobierno pasado.

Dijo que se tiene un cálculo de cuatro mil afectados por el terremoto y de este número 200 fueron ignorados, por lo que el ayuntamiento inició un nuevo censo de damnificados.

El edil pidió a las autoridades estatales y federales cumplir esta vez con la reconstrucción, a diferencia del pasado que se contó con recursos y hay decenas de personas que aún viven en la calle.

Flores Bustamante también anunció que presentará su Ley de Ingresos ante el Congreso local para apoyar en licencias de construcción.

El alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, confirmó la remoción del titular de la policía en el municipio, Martín García Meraz, a causa de la alta incidencia delictiva en las últimas semanas.

En entrevista, el edil dijo que será el gobierno del estado el que designe al nuevo secretario de Seguridad, con base en la estrategia del Mando Único.

De igual modo, Aguilar Palma admitió que el problema de seguridad se agravó desde diciembre a la fecha, cuando fue designado el titular del área, por lo que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) determinó su remoción.

*En el tema de aprobación del presupuesto 2019*

Integrantes del Colectivo Cuernavaca exigieron este lunes a los diputados no anteponer sus intereses personales y dejar a un lado las confrontaciones con el Ejecutivo, en la aprobación del presupuesto del 2019.

Los activistas pidieron a los legisladores que se apeguen a la política de austeridad del gobierno federal y no busquen sólo sus intereses.

De igual modo, lamentaron que el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo afecte a los habitantes de Morelos en general, por lo que pidieron a las autoridades lleguen a un acuerdo "por el bien de la sociedad".

También está pendiente resolver desfalco en el Legislativo, reestructurar plantilla laboral, entre otros asuntos

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió a sus homólogos avanzar en los compromisos que hicieron como LIV Legislatura, uno de las cuales es la anulación de las "pensiones doradas" que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de alto nivel de la administración que encabezó Graco Ramírez.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) sostuvo que continuará con el juicio de amparo que promovió para evitar su remoción de la presidencia de la Mesa Directiva, pues insistió en que es un acto de ilegalidad. Sin embargo, hizo un llamado a los legisladores del grupo de los 15 a dejar a un lado las diferencias políticas y trabajar en la agenda legislativa que se fijaron desde septiembre pasado.

"Lo que Morelos está esperando no es un pleito al interior del Poder Legislativo, lo que Morelos espera es que les demos resultados en temas como las pensiones doradas, en temas como los que se sindicalizaron con montos muy altos. Creo que tenemos una memoria muy corta, esos son temas realmente importantes, que ahí es donde nos vamos a meter en el debate y es ahí donde no vamos a quitar el dedo del renglón", manifestó. 

Sotelo Martínez cuestionó el hecho de que la anulación de las "pensiones doradas" a favor de exfuncionarios sea aún un pendiente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y que de ese asunto no se mencione nada por el G-15.

De igual forma, mencionó que el órgano político no ha iniciado el proceso para nombrar a un nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), dependencia que se encuentra acéfala desde noviembre pasado, cuando Vicente Loredo Méndez presentó su renuncia.

Admitió que está pendiente por resolver el desfalco que presuntamente cometieron los integrantes de la LIII Legislatura, y generar una reestructuración en la nómina del Congreso del estado, debido al número de aviadores que heredaron los exdiputados y que se ha atendido desde septiembre pasado.

Reiteró que buscará los consensos con sus homólogos para permanecer en el cargo y desahogar el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 1 de febrero. 

Anuncian que iniciarán proceso legal para conseguir las concesiones que Graco cobró, pero nunca entregó

Taxistas preparan una lucha jurídica en contra del gobierno estatal por el incumplimiento en el proceso de regularización de taxis que inició en el 2014 y que dejó pendiente el gobierno de Graco Ramírez.

El presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público, Víctor Mata Alarcón, informó que esta semana se registrarán como agrupación ante un notario público y, posteriormente, promoverán juicios de amparo para exigir las placas y los títulos de concesión de los taxis que participaron del proceso de regularización y cuyos propietarios fueron defraudados por autoridades anteriores.

"No puede ser de otra manera. Los que hicieron el relajo, hablando de los funcionarios, los vemos muy tranquilos, y a los actuales no los vemos actuando en contra de los que hicieron el relajo y quieren enjaretarle la medallita al ciudadano", aseveró. 

Mata Alarcón se quejó de que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ha emprendido operativos de supervisión para detener a los vehículos que operan con permisos para circular vencidos. "Los multan por circular con permisos vencidos, pero los detienen y los llevan al corralón y la multa es de 48 mil pesos", explicó. 

Ante dicha situación, dijo que también procederán legalmente, pues sostuvo que las multas que impone la SMyT son inconstitucionales y resultan impagables para los transportistas cuyos ingresos son totalmente inferiores a una infracción de 16 o 48 mil pesos.

Líderes de ruteros y de taxistas temen afectaciones graves a la economía si el problema no se atiende  

 El presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, manifestó su preocupación por el desabasto de combustible en la zona metropolitana, lo que podría causar afectaciones al desarrollo económico del estado.

En entrevista, el líder transportista informó que hasta el momento no han presentado graves complicaciones para cargar sus unidades de combustible, pues el diesel sólo ha escaseado en algunas gasolineras de la zona metropolitana de Cuernavaca.

Sin embargo, dijo que es importante que las autoridades admitan el problema de desabasto y lo atiendan. "Que no se den datos alegres y se admita el problema", sobre todo porque la Asociación de Empresarios Gasolineros confirmó el desabasto en el 30 por ciento de las abastecedoras.

Rivera Jaimes dijo que la mayor preocupación es que el problema se complique, "porque paralizaría toda la economía".

La Coalición de Representantes del Transporte Público informó que hasta el momento sólo los taxis se han enfrentado a gasolineras cerradas y largas filas para cargar combustible. Sin embargo, Víctor Mata Alarcón, presidente de dicha agrupación, admitió que el problema se puede complicar si no se atiende.

"… el problema es grave y dirán que es asunto del gobierno federal el desabasto, pero también corresponde al estado”.

Los diputados locales acordaron abrir un segundo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del estado para el 22 de enero próximo.

Los temas que se abordarán antes del 1 de febrero serán: las observaciones que hará el Poder Ejecutivo al Paquete Económico que aprobaron el 9 de enero pasado y la designación del nuevo Concejo Municipal de Hueyapan.

En la sesión de la Diputación Permanente, los legisladores se adelantaron a la determinación que tomará el Ejecutivo y establecieron sesionar de manera extraordinaria para atender y, en su caso, validar las observaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Sin embargo, los legisladores cuentan con 30 días para revisar cada punto vetado por el Ejecutivo.

En el mismo periodo extraordinario, los diputados locales tomarán protesta al Concejo Municipal de Hueyapan, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos validó el que el pueblo eligió para remover como líder a David Montes Rosales, hermano del ex diputado perredista Javier Montes.

De esta manera, el municipio indígena de reciente creación podrá instituirse, al igual que lo hicieron Xoxocotla y Coatetelco el pasado 1 de enero.

La Junta Política y de Gobierno desechó el proceso en su contra luego de que estos se ampararon.

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado desechó el proceso de remoción en contra del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, que inició el pasado lunes 14 de enero.
La determinación fue tomada por las ocho coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias que iniciaron el proceso, después de que Sotelo Martínez y Mazari Espín recurrieron a la justicia federal para ampararse y evitar su remoción.
Sin embargo, los legisladores del grupo de los 15 advirtió que no desistirán y buscarán otras vías jurídicas para quitar de dichas representaciones a los dos legisladores, que ya no son reconocidos ni aceptados por la mayoría del Congreso del estado.
"Es histórico que en el Congreso se ampare el presidente del Congreso y la Comisión de Hacienda. Es lamentable que un compañero tenga que ampararse y no reconocer cuando ya no tienes la aceptación, el respeto, el cariño y la legitimidad de tus compañeros que te eligieron", manifestó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
De la determinación de la Junta Política y de Gobierno fue notificado el Pleno de la Diputación Permanente y, a su vez, se le comunicará al Juzgado Primero de Distrito.
En entrevista, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz consideró que los diputados Alfonso de Jesús Sotelo y Rosalina Mazari Espín deben admitir que no cuentan con el apoyo de la mayoría de los diputados y renunciar a su representación.
Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva sostuvo que no renunciará a su representación y pidió a sus homólogos hacer a un lado los intereses políticos y trabajar por el bien del estado, pues hay muchos temas pendientes en el Congreso por desahogar.
Incluso, dijo que ha buscado el consenso de sus compañeros y ya no son 15 los que respaldan su remoción, sino tres diputados encabezados por Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
Insistió en que se trata de un asunto de legalidad y afirmó que no cometió ninguna falta que motive dejar la presidencia del Congreso.

*Y ponerse a trabajar por el bien de Morelos*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió a sus homólogos ponerse a trabajar por el bien del estado y dejar a un lado intereses políticos.

Sobre el tema de la demanda de amparo presentada, Sotelo Martínez anotó que es un asunto de legalidad y no de aferrarse a su representación.

Por su parte, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que el órgano político determinó dejar sin efectos el acuerdo por el que se removería al presidente de la Mesa Directiva y a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín. 

Sin embargo, dijo que insistirán en su remoción pues es lamentable que se hayan amparado cuando ya no tienen el reconocimiento de la mayoría de legisladores.

Diputados del G-15 exhortaron este viernes al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a cumplir con la Constitución y que integre su gabinete con base en la equidad de género.

En rueda de prensa, pidieron también no tratar de imponer el programa de reemplacamiento, con base en la ilegalidad y que rechazaron en el presupuesto que aprobaron.

Sostuvieron que han sido responsables en su actuar y en lo que han aprobado; sin embargo, dijeron estar abiertos a las observaciones que haga el Ejecutivo al paquete económico.

Por otro lado, lamentaron que el presidente de la Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de Hacienda se aferren en el cargo mediante juicios de amparo, cuando ya no tienen el reconocimiento de la mayoría de los legisladores.

Posteriormente, en sesión de la Diputación Permanente, los legisladores convocaron a un nuevo periodo extraordinario de sesiones para analizar las observaciones del Poder Ejecutivo al paquete económico que aprobó un grupo de 15 diputados

Además, aprobaron el exhorto presentado por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, para que el gobernador designe un gabinete con equidad, mitad mujeres secretarias y mitad hombres.

En el punto de acuerdo, se advirtió al gobernador que no cumplir es una falta grave a lo que mandata la Constitución y dejaron ver que podría iniciar juicio político.

*Dos de la UAEM, Cobaem y Conalep*

El titular de la Coordinación de Conciliación, Previsión Social y del Trabajo (CCPST), Arturo Flores Solórzano, informó que han emplazado a huelga cuatro sindicatos de instituciones educativas: dos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Al respecto, Flores Solórzano dijo que se trabaja en un plan de conciliación para evitar que haya paro de labores.

Los emplazamientos a huelga vencen en febrero, de acuerdo con el funcionario estatal.

Ana Cecilia Rodríguez González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), refirió que el 70 por ciento de los negocios en Morelos son informales.

La funcionaria estatal dijo que este problema se presenta en todo el estado y trata del comercio ambulante, así como negocios que no están regularizados.

Admitió también que trabajan en atraer empresas, al señalar que el problema de la seguridad sí ha afectado a las empresas, por lo que se les ha pedido se sumen al plan de pacificación.

En rueda de prensa, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo también dio a conocer la Feria del Empleo, que inicia hoy y se realiza hasta el 23 del presente mes; se ofertarán dos mil plazas a nivel nacional y se abrirán principalmente en prestación de servicios, incluso hay vacantes en Estados Unidos.

En febrero podrá ser ocupada en su totalidad por los diputados.

A casi un año de su inauguración, la empresa constructora "Ago Operadores S.A. de C.V." inició la rehabilitación de la sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán, para que finalmente pueda ser ocupada de manera total por los diputados locales.
El edificio no sólo no fue terminado, sino que a menos de un año presenta fallas estructurales graves, de acuerdo con una opinión técnica que el Colegio de Ingenieros Civiles emitió a la LIV Legislatura.
Los diputados locales también se quejaron ante la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal por las irregularidades detectadas en el inmueble, a poco tiempo de que rindieron protesta, lo que sucedió el 1 de septiembre pasado.
Después de que la Secretaría de Obras pagó 25 de los 50 millones de pesos de deuda que el gobierno que encabezó Graco Ramírez heredó a la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, finalmente Ago Operadores S.A. de C.V. empezó con los trabajos de rehabilitación del edificio para entregarlo al cien por ciento.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que la Secretaría de Obras se comprometió a que en febrero estará listo el inmueble para que pueda ser ocupado en su totalidad por los diputados.

Es confuso y tiene muchos candados, señala activista.

Organizaciones no gubernamentales reclamaron a los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) que no tomaron en cuenta a la sociedad para la creación del Reglamento de Participación Ciudadana, con el que ciudadanos podrán aplicar figuras de consulta como el plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, la difusión pública, cabildo abierto, entre otras.
En una reunión con consejeros electorales, integrantes del colectivo "Morelos Participa" se dijeron traicionados, pues a una semana de que se instalaran mesas de trabajo para presentar sus propuestas con respecto al reglamento, dicha normatividad fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el pasado martes.
"No (no lo aprobamos). Había cosas que podían ser perfectibles y que podíamos tener un reglamento fácil de aplicar y claro para la ciudadanía y ya no podemos hacerlo. Hacerle modificaciones implicará un trabajo de ocho meses más, cuando en el Congreso está en el horno una nueva Ley de Participación Ciudadana", manifestó Ana Casas Pérez, integrante del citado colectivo.
La activista sostuvo que el reglamento de Participación Ciudadana es "confuso y tiene muchos candados" para la ciudadanía, lo que complicará la aplicación de los mecanismos de participación, a dos años de que se aprobara la ley en la materia.
Sin embargo, Ana Casas Pérez adelantó que con otras organizaciones se sumarán propuestas para que la LIV Legislatura apruebe una nueva Ley de Participación Ciudadana en la que se incluya la figura de revocación de mandato.
Al respecto, la consejera electoral, Itzel Mendoza Aragón, dijo que desde mayo pasado se creó el reglamento, como una facultad del Impepac, y ninguna asociación civil solicitó su participación, por lo que se solicitó al Poder Ejecutivo su publicación en el periódico oficial.
Sin embargo, aseguró que los ciudadanos aún pueden hacer propuestas para que se hagan las modificaciones correspondientes al citado reglamento.
Los medios de participación ciudadana que podrá usar la sociedad son 12, y se trata de la asamblea ciudadana, la audiencia pública, el cabildo y congreso abierto, la colaboración ciudadana, la consulta ciudadana, la difusión pública, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la rendición de cuentas y la red de contraloría.

La revisión de las observaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 se extenderá hasta febrero, con la apertura del segundo periodo ordinario de la LIV Legislatura.

De manera histórica, la LIV Legislatura podría abrir su segundo periodo ordinario de sesiones con la discusión del Paquete Económico 2019, luego de que el Poder Ejecutivo confirmó que vetará la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobó un grupo de 15 legisladores. 
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, aseguró que revisarán las observaciones que haga el Ejecutivo y no descartó modificaciones al Paquete Económico que aprobaron la madrugada del miércoles 9 de enero.
De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, las observaciones que harán al decreto presupuestario se basarán en irregularidades que supuestamente cometieron los legisladores y que deben corregirse o, de lo contrario, promoverán una controversia constitucional para evitar que el Presupuesto de Egresos que aprobaron los legisladores se aplique para este año.
Zapotitla Becerro reiteró que no aprobaron un presupuesto "a modo", y aseveró que mantendrán su postura de no aprobar el reemplacamiento e incrementos millonarios al presupuesto de las secretarías de Hacienda y de Administración y de la Oficina de la Gubernatura.
La revisión y discusión de dichas observaciones por el Congreso del estado podría prolongarse hasta el próximo mes, cuando se abrirá el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura, que ha estado fracturada desde su inicio, el 1 de septiembre pasado.

*A más tardar*

El presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, informó que a más tardar el 20 de febrero se habrá liquidado la segunda parte del aguinaldo de los policías que hoy protestaron.

De igual modo, el alcalde refirió que esta semana se les entregarán vales de despensa pendientes.

Reyes Reyes también señaló que las condiciones del Ayuntamiento de Jiutepec aún son complicadas, pero se trabaja en ajustes para resolver la situación.

*En la zona oriente de Morelos*

Integrantes del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que se cancelen los proyectos de la termoeléctrica y el gasoducto que se llevaron a cabo en la zona oriente del estado.

En rueda de prensa, afirmaron que ambos proyectos son una bomba de tiempo, considerando la cercanía con el volcán Popocatépetl, por lo que pidieron se someta nuevamente a consulta de la ciudadanía, ya que la mayoría se opone.

También informaron que el Juzgado Sexto de Distrito otorgó la suspensión definitiva que impide a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descargar al río Cuautla las aguas de las torres de enfriamiento de la termoeléctrica, que contaminarían a dicho río.

Finalmente, sostuvieron que son más de tres millones de personas afectadas por ambos proyectos, además de que los daños alcanzan a los estados de Puebla y Tlaxcala, según indicaron.

Organizaciones No Gubernamentales reclamaron a consejeros electorales que no se les tomó en cuenta para la creación del Reglamento de Participación Ciudadana.

Se dijeron traicionados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) porque ayer se publicó el reglamento y la semana pasada se instaló una mesa de trabajo para incluir propuestas de la sociedad civil en la nueva normatividad.

Ana Casas Pérez, del colectivo Morelos Participa, dijo que los consejeros les propusieron corregir el reglamento, lo cual llevará más tiempo.

Sin embargo, adelantó que se reunirán con otras organizaciones para que se les tome en cuenta, pues el citado reglamento no es entendible y complica su aplicación para hacer uso de las figuras de participación ciudadana.

Por su lado, la consejera electoral Itzel Mendoza Aragón apuntó que es facultad del Impepac crear el reglamento y tomar en cuenta a las organizaciones para su perfección.

Además, Mendoza Aragón indicó que el reglamento se hizo desde mayo y antes ninguna organización se acercó a presentar propuestas.

Hasta el 50 ciento de parque vehicular está detenido y se reduce el horario de servicio, señala Ruta 13.

Se quejan de cuantiosas afectaciones económicas y piden a las autoridades atender la contingencia.   

Transportistas de la región oriente del estado aseguran que han tenido que parar hasta el 50 por ciento de sus unidades y reducir el horario de servicio público, debido a que en esa zona de la entidad han sufrido el desabasto de combustibles debido a la sobredemanda de vecinos del Estado de México.
Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13, que opera en Yautepec y Cuautla, aseguró que sí hay desabasto de combustible en la zona oriente del estado, y las afectaciones económicas son cuantiosas, por arriba del 50 por ciento de sus ingresos, por lo que pidió al gobierno del estado tomar medidas para resolver el problema.
En entrevista, el concesionario explicó que el problema de desabasto se complicó el fin de semana pasado, cuando la Coordinación Estatal de Protección Civil prohibió en las gasolineras la venta del combustible en garrafas, porque con ese método ellos se abastecían. 
Además, refirió que las gasolineras determinaron vender sólo 20 litros por vehículo, que no es suficiente para que sus unidades circulen durante todo el día, en un horario de cinco de la mañana a nueve de la noche. 
"Nos están condicionando el combustible y no nos alcanza para el día. A menos de medio día ya se terminó la gasolina y tenemos que hacer cola hasta dos o tres horas. La gente se siente agraviada y ¿qué hacemos? mejor pues parar las unidades a que nos quedemos a medio camino o que, en su defecto, la gente diga: porque se quedó sin gasolina", declaró Tiscareño Martínez.
La Ruta 13 cuenta con 250 unidades y la mitad se encuentran detenidas hasta que se normalice el abasto del hidrocarburo.

Defienden la asignación de 10 millones de pesos a la Fundación "Unidos vamos por Morelos".

Diputados del grupo de los 15 acusados por autoridades del gobierno del estado de haber pedido "moches" a cambio de aprobar el presupuesto que propuso el Poder Ejecutivo, informaron que presentarán una denuncia por difamación.
En entrevista, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa y Marcos Zapotitla Becerro, y el petista José Casas González, rechazaron haber pedido 30 millones de pesos a cambio de apoyar el Paquete Económico que propuso el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para el ejercicio fiscal 2019, y pidieron a los secretarios de despacho que afirmaron lo contrario que presenten pruebas sobre sus dichos.
Los legisladores de Morena coincidieron en que dichas acusaciones en su contra se deben a que no aprobaron un presupuesto "a modo" del Poder Ejecutivo.
Incluso, Zapotitla Becerro sostuvo que desde el gobierno del estado se ofrecieron dádivas a los diputados para que aprobaran su propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, el legislador local defendió la asignación de 10 millones de pesos que hicieron a favor de la Fundación "Unidos Vamos por Morelos", que presidió la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pues afirmó que "hay niveles de corrupción" cuando el Ejecutivo pretendió asignar 200 millones de pesos a la Oficina de la Gubernatura o 100 millones más a la Secretaría de Hacienda.
También cuestionó el programa de reemplacamiento y que supuestamente se asignó de manera ilegal la contratación de una empresa para la producción de las placas, que se encuentra inhabilitada.
La diputada Alejandra Flores refirió que procederán legalmente en contra de quienes los difamaron.
No obstante, señaló que no están negados a revisar las observaciones que hará el Poder Ejecutivo al Paquete Económico, pero adelantó que no accederán a que se hagan cambios que impliquen incrementos desproporcionados a favor de algunas dependencias del gobierno estatal.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y el presidente de la Mesa Directiva detienen el proceso para separarlos de sus cargos.

Los diputados Rosalina Mazari Espín y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez recurrieron a la justicia federal para evitar su remoción como presidentes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de la Mesa Directiva del Congreso local, respectivamente.

El pasado lunes 14 de enero, los dos legisladores promovieron por separado juicios de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito y un día después se les otorgó la suspensión provisional que evitará que la Junta Política y de Gobierno continúe con el proceso de remoción. 

En sesión de la Junta Política y de Gobierno, el lunes pasado, ocho coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron iniciar un proceso de remoción de los presidentes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta por supuesto desacato, al haberse retirado de la sesión extraordinaria del 8 de enero, en la que un grupo de 15 legisladores aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2019.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta del órgano político, informó ese día que dieron un plazo de 24 horas para que el presidente de la Mesa Directiva convocara a sesión de la Diputación Permanente en la que, a su vez, se abriría un periodo extraordinario de sesiones para someter a consideración del Pleno, los cambios en la presidencia del Congreso y de la Comisión de Hacienda.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez determinó ampararse, al igual que su homóloga priista Rosalina Mazari, con lo que obligaron a detener el proceso de su remoción hasta que el juzgado federal emita una resolución sobre el caso.

El presidente de la Mesa Directiva fue nombrado en el cargo por un periodo de un año, tiempo que vencerá en septiembre próximo.

*Les otorgan suspensión*

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presentaron una demanda de amparo ante un juzgado federal.

Por parte de Sotelo Martínez, la demanda se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito, el pasado 14 de enero, y quedó radicada en el expediente 55/2019, contra su remoción de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado, proceso iniciado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG), a solicitud de algunos diputados.

En el caso de Mazari Espín, la demanda es para que no la remuevan de la presidencia de la Comisión de Hacienda.

A ambos legisladores les fue otorgada la suspensión.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, negó que hayan pedido "moches" para aprobar el presupuesto que propuso el Poder Ejecutivo; además, indicó que defenderán el paquete económico que aprobaron.

Casas González también pidió a las autoridades estatales que presenten pruebas de sus afirmaciones.

El legislador local señaló que defenderán el paquete económico que aprobaron, además de que esperarán a recibir las observaciones que haga el Poder Ejecutivo.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, lamentó que legisladores sólo aprobaron 30 millones de pesos para la operatividad del órgano, cuando la solicitud fue de 95 millones.

En entrevista, dijo que el Impepac requiere más recursos para poder organizar la elección de ayudantes municipales, así como la integración de posibles nuevos partidos políticos.

Ante tal situación, León Trueba señaló que están buscando la posibilidad de que se modifique el presupuesto que aprobó un grupo de legisladores, ya que no se ha publicado el decreto, y que se incrementen los recursos para el órgano electoral.

La partida es menor a la del año pasado; el órgano jurisdiccional planteó una suma de 41 millones de pesos; le autorizaron 33.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se inconformó ante el Congreso del estado por el presupuesto asignado en el Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores por 33 millones de pesos, dos millones menos en relación con el 2018.
Mediante un oficio remitido a la LIV Legislatura, los magistrados del TJA solicitaron que se acate la resolución de un juez que ordenó asignar el presupuesto necesario para cubrir el pago de salarios y los gastos del tribunal.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos que aprobó el G-15 el 8 de enero pasado, sólo se autorizaron 33 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que la propuesta que los magistrados presentaron era mayor a los 41 millones de pesos.
Aunado a la reducción del presupuesto a dicho tribunal, ayer, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó que el G-15 no había etiquetado recursos para el TJA, así como tampoco para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).
Tras haberse dado cuenta de su error y, mediante el "Anexo 29", que se envió al Poder Ejecutivo el pasado lunes, los legisladores asignaron presupuesto a los dos órganos; al primero, 33 millones de pesos, y al segundo, 18 millones.
La legisladora priista sostuvo que dicha omisión es un error grave, ya que el anexo que incluyeron en el Paquete Económico se envió fuera del periodo extraordinario de sesiones que se abrió exclusivamente para desahogar el tema presupuestal.

El G-15 la desconoce como presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.

Ella reitera que el presupuesto que aprobó el grupo de 15 diputados es ilegal.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, reiteró que el Paquete Económico aprobado por un grupo de 15 de diputados, el pasado 8 de enero, es ilegal e improcedente.
La legisladora convocó ayer a una reunión de trabajo de la comisión que preside, para concluir el proceso de revisión del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2019, y concluyó que por falta de condiciones políticas y de disposición de la mayoría de los legisladores, no se aprobó un dictamen con proyecto de decreto.
Mazari Espín envió un informe a la presidencia de la Mesa Directiva para dejar por sentado que ocho de los 12 integrantes de la Comisión de Hacienda no acudieron a las reuniones de trabajo a las que convocó para integrar un dictamen del presupuesto.
Reiteró que como presidenta de dicho órgano es la única facultada para aprobar un dictamen y remitirlo a la Mesa Directiva para su votación en el Pleno. Por tal razón, agregó que el dictamen que se hizo en lo "oscurito" y en una sesión a la que convocó el secretario de la comisión es improcedente, y su aprobación en el Pleno por sólo 15 de los 20 diputados es ilegal.
Sin embargo, refirió que el Poder Ejecutivo es el único facultado para observar, y como presidenta de la Comisión de Hacienda estará atenta a lo que se determine. Mientras tanto, agregó, sigue vigente la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2018, por lo que "no hay parálisis financiera".
De igual forma, la legisladora priista afirmó que resultaría improcedente que los 15 legisladores la remuevan de la presidencia de la Comisión de Hacienda, así como al presidente de la Mesa Directiva, ya que no existen causales para tal determinación.

El G-15 desconoce a Mazari Espín en la presidencia de la Comisión de Hacienda 
El grupo de los 15 legisladores informó que desconocen a Rosalina Mazari como presidenta de la Comisión de Hacienda, por lo que no responderán más a sus convocatorias.
Mediante un comunicado de prensa, enviado desde la coordinación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), el G-15 informó que retiraron su respaldo a Mazari Espín.
Lo anterior, en respuesta a la reunión de trabajo que llevó a cabo la diputada priista ayer de la Comisión de Hacienda.

*Tras inasistencia a reunión de trabajo*

Este día, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, llevó a cabo reunión de trabajo con la que, dijo, se confirma que el paquete económico que aprobó un grupo de legisladores es ilegal.

Lo anterior, tras "la inasistencia de las diputadas y de los diputados en esta reunión de trabajo y que en consecuencia no existen dictámenes de la Ley de Ingresos, de la Ley de Presupuesto, de la ley para reformar varios artículos de la Ley de General de Hacienda, del Código Fiscal y de la Ley de Coordinación Hacendaria", ya que se había votado que la comisión se constituyera en sesión permanente para el análisis, estudio y aprobación del paquete económico 2019, según expuso Mazari Espín.

Refirió que será el Poder Ejecutivo el que proceda en consecuencia y de cualquier forma se aplica la ley del 2018, por lo que no hay parálisis financiera.

En cuanto a la intención de removerla de la Comisión de Hacienda, y también al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, apuntó que sería improcedente.

Maestros jubilados protestaron afuera del Congreso del estado; los inconformes exigen su prima de antigüedad.

Los jubilados piden al Poder Legislativo y Ejecutivo que se destrabe el conflicto político por el tema presupuestal, para que puedan recibir su pago por concepto de la prima de antigüedad.

Este martes, los profesores acudieron al Congreso local por enésima ocasión, para manifestar su preocupación porque el paquete económico que aprobaron 15 legisladores está "congelado".

Señalaron que el grupo de 15 diputados asignaron una partida de cinco millones de pesos para que finalmente se les cumpla un derecho por el que han luchado durante años.

La jueza de control de primera instancia de juicios orales, Gabriela Acosta Ortega, rechazó que sea protectora de delincuentes, como lo señalaron magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), e insistió en que tiene "las manos limpias".

En rueda de prensa, Acosta Ortega habló del caso de Crispín Gaspar Cortés, quien fue detenido por narcomenudeo; sin embargo, se le señala como presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jueza sostuvo que ella llevó dicho caso sólo por el delito de menudeo y dicha persona fue puesta en libertad en la audiencia inicial porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no aportó elementos para que se le impusiera una medida cautelar de prisión preventiva, pero no fue por falta de pruebas.

De igual modo, indicó que si el imputado está relacionado con otros delitos lo desconoce y es la FGE la encargada de informar qué sucede con las otras carpetas de investigación, si es que existen.

"No me parece justo que se ensucie mi nombre", dijo la jueza, quien insistió en que tiene "las manos limpias" y lamentó publicaciones hechas este año, a las que calificó como falsas, y otras hechas en periódicos reconocidos, como una de fecha 9 de enero.

Finalmente, anotó que no procederá porque no hay delito pero pidió que se aclare.

El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla Becerro.

El proceso de destitución que inició el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado en contra de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, perdió validez legal desde diciembre pasado, por desidia de los mismos diputados que lo respaldaron.
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el proceso de remoción caducó en diciembre del año pasado, pues los integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas no le dieron seguimiento "por alguna extraña razón" y, ahora, el Poder Ejecutivo deberá promover uno nuevo, mediante otras causales, si pretende la salida de los dos fiscales.
"Vale la pena que le pregunten al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por qué la detuvo, que le pregunten a los iniciadores de esta situación. Tenían un plazo de 15 días hábiles para resolver y se venció este plazo el 18 de diciembre. De tal manera que la Comisión de Justicia que tanto buscó tener en sus manos una resolución de este dictamen, pues de repente paró el tema, llama la atención. Lo cierto es que legalmente se venció el plazo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) quienes impulsaron el proceso para remover del cargo a los llamados "fiscales carnales".
Zapotitla Becerro informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación continúa la investigación que inició en contra de los fiscales, para sustentar su destitución y evitar que permanezcan en el cargo dos funcionarios que fueron designados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez.

Estudio concluye que con base en el número de habitantes y, en comparación con otros estados, el Congreso de Morelos debería tener un presupuesto de 201 millones de pesos, pues en la entidad viven más de un millón 903 mil personas y la LIV Legislatura tiene sólo 20 diputados.

De aplicarse el presupuesto de 498 millones programado para 2019, el Legislativo estatal costaría a cada habitante 262 pesos y, cada diputado, 24.9 millones de pesos al año.

La LIV Legislatura es una de las más caras a nivel nacional, ocupa el cuarto lugar por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con un estudio que el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" realizó en base al presupuesto que un grupo de diputados aprobó para el Congreso de Morelos -la semana pasada- por 528 millones de pesos.
Las estadísticas que emitió el centro de investigación señalan que de entrar en vigor el Paquete Económico 2019 que autorizaron los 15 legisladores, el Congreso del estado costaría a cada habitante 262 pesos, y por diputado 24.9 millones de pesos al año, tomando en cuenta que hay más de un millón 903 mil habitantes y son 20 los representantes populares.
"Morelos Rinde Cuentas" realizó un comparativo del presupuesto que gastarán las legislaturas locales de todo el país y, mientras a cada ciudadano de Quintana Roo le costará 312 pesos mantener a su Cámara de Diputados; en Baja California, 301 pesos, y en la Ciudad de México, 265; en Morelos, el costo será de 262 pesos.
El estudio concluye que tomando en cuenta el número poblacional y en comparación con otros estados, el Congreso de Morelos debería tener un presupuesto de 201 millones de pesos, pues en el estado viven más de un millón 903 mil personas y su presupuesto será de 498 millones (restando los 30 millones que corresponden al órgano auditor), mientras que Querétaro tiene más de dos millones de habitantes y su legislatura costará poco más de 305 millones de pesos.
A pesar de que el número de diputados en Morelos disminuyó de 30 a 20 legisladores, su presupuesto es de 100 millones de pesos más en relación con el año pasado, de acuerdo con el Paquete Económico aprobado la semana pasada.

En un periodo extraordinario de sesiones también buscan destituir a Rosalina Mazari Espín como presidenta de la Comisión de Hacienda.

El grupo de los 15 legisladores en el Congreso del estado formalizó el proceso de remoción del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, a través de la Junta Política y de Gobierno, que solicitó un periodo extraordinario de sesiones para concretar dichos cambios en esta semana.
Siete de las 10 coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias en el Congreso local avalaron, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno la solicitud que "legisladores presentaron para proceder a la remoción del presidente de la Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de Hacienda.
"La principal razón es que incurrieron en desacato a lo que el Pleno ordenó la sesión del 8 de enero, donde se aprobó el presupuesto 2019 y otras leyes. En lugar de permanecer en el recinto y presidir la sesión, se ausentaron sin causa justificada, desobedeciendo lo que ordenó el pleno", explicó Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno.
De acuerdo con lo que señaló la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), la Junta Política dio un plazo de 24 horas (contados a partir de ayer) para que la Diputación Permanente convoque a sesión extraordinaria y se proceda a la remoción de su actual representación al diputado del Partido Encuentro Social (PES) Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y a la priista Rosalina Mazari.
Por otro lado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz sostuvo que defenderán la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobaron el martes pasado para el ejercicio fiscal 2019. 
Afirmó que aún y cuando el Poder Ejecutivo decida vetar el Paquete Económico mediante observaciones que realizará al mismo, el Poder Legislativo se mantendrá en su postura y no hará ningún cambio.
La petista defendió y justificó la asignación que hizo a la fundación "Unidos Vamos por Morelos" –que ella controla- por 10 millones de pesos, al señalar que es necesario se destinen recursos para educación inicial. 
Pese a que admitió que presidió la organización en el 2012, rechazó que haya un conflicto de interés. 

El diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, pidió al Poder Ejecutivo asumir su responsabilidad y atender el conflicto social en el municipio indígena de Hueyapan a causa de la instalación del concejo municipal.

El legislador lamentó que el gobierno estatal haya minimizado el problema en los municipios indígenas por la designación de sus autoridades administrativas.

Sin embargo, Zapotitla Becerro insistió en que debe darse la importancia que amerita y que así puedan empezar a operar los cuatro municipios de reciente creación.

El presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, aseguró que el próximo 15 de enero depositará la nómina a trabajadores del ayuntamiento.

Tras haber sido increpado por trabajadores en la ceremonia de honores a la bandera que se llevó a cabo en el zócalo de Jiutepec, la mañana de este lunes, el edil les informó que la anterior administración dejó una deuda de 43 millones de pesos en salarios y prestaciones no pagadas.

Reyes Reyes señaló que se busca la forma de cumplir con el pago a sindicalizados; en el caso de los integrantes del gabinete municipal, se les cubrirá hasta febrero próximo.