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*En contra de ex funcionarios*

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dio a conocer que ha judicializado 11 carpetas relacionadas con las denuncias presentadas por el Gobierno de Morelos en contra de ex funcionarios de la anterior administración pública estatal; se realizaron cateos y se aseguraron bienes muebles.

Se informó que como parte de la investigación realizada por la FECC se han llevado a cabo varios cateos y el aseguramiento de bienes muebles; en tanto, 11 carpetas ya se encuentran en los tribunales para que los jueces resuelvan lo conducente.

En el documento referido también se anota que "la investigación realizada por la fiscalía anticorrupción ha sido objetiva e imparcial al integrar debidamente las carpetas de investigación de las denuncias presentadas por el Poder Ejecutivo Estatal; la dependencia refrenda su compromiso de imparcialidad en el ejercicio de sus atribuciones".

Además se agrega que "por respeto a los Derechos Humanos de los imputados y sus garantías constitucionales, esta Fiscalía no puede revelar nombres, así como por la estricta observancia al debido proceso, es que no se dan a conocer datos de las investigaciones".

*Hasta próximos días*

La designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) podría posponerse hasta próximos días, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, señaló hoy la diputada Alejandra Flores Espinosa.

Flores Espinosa refirió que a pesar de que este viernes vence el periodo de Jorge Arturo Olivares Brito al frente de la CDHEM, aún no hay un acuerdo para definir dentro de los 14 aspirantes a presidir el órgano.

La legisladora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recordó que la ley permite designar a un encargado de despacho si el Congreso no logra los acuerdos necesarios, por lo que podría darse dicha posibilidad.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reconoció hoy que hay varios funcionarios municipales que han expuesto que recibieron amenazas, no sólo alcaldes sino funcionarios de diferentes niveles.

No detalló quiénes ni cuántos, pero afirmó que se diseñó una estrategia para atender tanto el caso de Zacatepec como otros; entre dichas acciones está el despliegue de mayor número de efectivos en esa zona del estado.

De igual modo, Ojeda Cárdenas apuntó que ha dialogado con la alcaldesa de Zacatepec y junto con ella se definirá si habrá medidas especiales para la profesora: "A mí no me ha pedido protección, pero vamos a comentarlo con ella", refirió.

El primero de abril estará en operación la nueva estructura del gobierno del estado, pues algunas áreas como las de trabajo, turismo y ciencia están enviando propuestas sobre cómo quedarán con la compactación.

Al respecto, Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Administración, indicó que se ha tenido un ahorro con la desaparición de subsecretarías; agregó que además había más de 320 plazas que se crearon sin justificación y que están en proceso de cancelación.

La funcionaria estatal estimó que los titulares de dichas secretarías podrían eliminar más puestos de trabajo, porque se establecerá funciones específicas.

Finalmente, la secretaria de Administración apuntó que a la fecha llevan alrededor de 700 bajas y casi igual número de altas, pero se redujeron sueldos.

Este mediodía se celebró la firma de un convenio de colaboración y coordinación institucional entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Ejecutivo estatal.

El documento, explicó la titular de la Secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, tiene como fin garantizar los derechos de los trabajadores de la institución.

Al respecto fiscal general, Uriel Carmona Gándara, anotó que de esta forma se reconoce de manera tácita la autonomía de la FGE, al tiempo de destacar la participación del personal en esta labor.

Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo apuntó que el convenio es muestra de la voluntad de trabajar en unión por lo que demanda la sociedad, que es seguridad y paz.

Posteriormente y en entrevista, el titular de FGE refirió que el convenio de colaboración permite mayor apoyo del Sistema DIF Morelos en los seis albergues con los que cuenta.

En cuanto a recursos, mencionó que hay avances y mayor acercamiento: "No le podemos exigir más al Ejecutivo, porque tampoco está en las mejores condiciones financieras posibles", indicó.

De igual modo, Carmona Gándara informó que les han enviado ministraciones parciales y el gobernador le dio prioridad a la gente de la FGE; añadió que se han entregado alrededor del 30 por ciento de los recursos que se adeudaban del año pasado, con lo que han comenzado a comprar materiales para el Servicio Médico Forense (Semefo) y otros rubros prioritarios.

*Para evitar remoción de comisiones legislativas*

El Juzgado Sexto de Distrito desechó el amparo que promovió el diputado local José Casas González, por el que pretendía evitar que lo removieran de las comisiones legislativas que integraba hasta antes de renunciar al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

El juzgado federal argumentó lo que señala la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en el sentido que cuando un diputado deja una fracción o grupo parlamentario deberá ser removido de las comisiones que representaba.

Al respecto, Casas González sostuvo que recurrirá al recurso de revisión, y buscará por otros medios que no le quiten sus derechos como diputado.

*Como el de las "pensiones doradas"*

A seis meses de que inició la LIV Legislatura, la Comisión del Trabajo no ha sesionado, sostuvo el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, quien hizo un llamado a su homóloga Tania Valentina Rodríguez Ruiz para que inicie los procesos de cancelación de las "pensiones doradas" que se otorgaron a ex funcionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, durante la LIII Legislatura.

El legislador local refirió que así como el tema de las pensiones doradas, hay varias solicitudes de jubilación y pensión pendientes en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Citó el asunto de la solicitud de pensión por viudez que presentó la esposa del policía Juan Carlos "N", quien fue atacado junto con otros compañeros en Temixco por presuntos delincuentes, el pasado mes de octubre, y pese a que cumplió con los requisitos no ha sido autorizada.

Zapotitla Becerro afirmó que es necesario que se desahogue el trabajo de la Comisión antes citada, y que haya resultados.

Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Administración, compareció este viernes en el Congreso local.

En el encuentro, la funcionaria informó a las diputadas en qué situación encontró la administración estatal, con un rezago de vehículos y otros recursos materiales.

De igual modo, habló sobre la reestructuración de la administración pública, respecto a la cual señaló que atendió a un mejor funcionamiento; agregó que se aplicaron lineamientos de austeridad para disminuir gastos del gobierno del estado.

Además, Zavala Zúñiga explicó que la fusión de secretarías generó un ahorro de 14 millones de pesos; añadió que también hubo ahorro al no pagar telefonía celular a los funcionarios.

Este viernes comparece ante diputados el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, en el Salón de Comisiones del Congreso local.

"Estamos cansados de tanta inseguridad", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, al fijar postura de apertura de la comparecencia del titular de la CES.

De igual modo, la legisladora sostuvo que el Congreso del estado será observador del trabajo que realiza la CES y de los resultados que dé la estrategia que emprenda.

En el informe que rindió el comisionado, refirió que al inicio de la administración estatal se detectó un daño mayor a los 34 millones de pesos por el mal manejo de los recursos públicos; agregó que existía un rezago en equipamiento y aún más en recursos humanos.

Indicó que se cometió fraude en los cursos de capacitación que debieron impartirse a policías, y no se cumplió; además, añadió que de las 600 cámaras de videovigilancia que debieron instalarse, sólo se encontraron 300.

Ortiz Guarneros apuntó que actualmente la CES cuenta con 636 elementos policiacos, al tiempo de anotar que se ha abierto un proceso de reclutamiento para llegar a mil 500 policías.

Agregó que se ha logrado poner en operación 900 cámaras de videovigilancia en el estado, e informó que se trabaja en la estrategia de Mando Coordinado policial en Morelos.

En la primera ronda de preguntas, los legisladores coincidieron en la falta de resultados en materia de seguridad pública y cuestionaron qué más se requiere para cumplir con la labor en la materia.

El diputado José Casas González preguntó al funcionario estatal si ya pactó con la delincuencia, porque no ven resultados; "yo no pacto con la delincuencia", respondió el comisionado a Casas González.

Antonio Ortiz destacó también que se requiere un cambio de estrategia de seguridad para inhibir la violencia, e indicó que hablar de una fecha para terminar con la inseguridad sería irresponsable; sin embargo, aseguró que están trabajando en atender el problema.

Insistió en que la falta de recursos es una limitación, pues sostuvo que la CES no tiene ni para pagar cursos a policías en Chile.

El vicealmirante también pidió la autorización del Congreso del estado para abrir mil plazas a policías; confirmó que municipios no han mandado a elementos policiacos a los exámenes de control de confianza por lo costoso, ya que cuesta ocho mil pesos cada prueba.

Dijo que sólo tienen un helicóptero y no funciona al 100 por ciento, pues el otro que tenían está retenido por el proveedor porque se le deben 25 millones de pesos.

También refirió que no todos los policías tienen seguro, pero no detalló cuántos de los elementos están en dicha situación; añadió que no tienen detectores de armas porque la empresa que contrató la administración pasada está demandada por más de 50 millones de pesos, porque no funcionaron.

El comisionado admitió que se pidió el respaldo de la federación por los carnavales del estado, y que el tiempo que estarán las fuerzas federales en Morelos no está definido.

Este mediodía se lleva a cabo la instalación de la coordinación estatal del Programa Nacional de Reconstrucción.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a nombre de los sobrevivientes y damnificados, agradeció los esfuerzos en pro de la reconstrucción.

Señaló que la firma del convenio con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se concreta hoy, permitirá recobrar condiciones de desarrollo.

De igual modo, el mandatario aseguró que el estado se mantendrá vigilante de tiempos y aplicación de recursos.

Por su parte, el titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón, anotó que ya pasó más de un año del sismo, al tiempo de asegurar que desde el proceso de transición, la actual administración federal comenzó a trabajar de una nueva manera, contando con elementos técnicos que aseguren que los trabajos de reconstrucción sean correctos.

Meyer Falcón también indicó que el convenio formaliza el mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Apuntó que en los censos se observa que hubo 16 mil viviendas afectadas, y este año se invertirán 720 millones de pesos; añadió que todavía efectúan el cruce de información que dejó la administración pasada, con revisión en campo.

El funcionario federal reconoció al gobernador de Morelos por aceptar el convenio para llevar a cabo la formalización de las labores de reconstrucción.

Tras haber sido expulsada del Partido Social Demódrata (PSD), la diputada Naida Díaz Roca confirmó que impugnará dicha determinación, ya que no estuvo sustentada.

En entrevista, la legisladora dijo que el documento que envió el PSD al Congreso no cuenta con sello que lo formalice, por lo que nada está concretado y buscará que sus derechos políticos queden a salvo.

Incluso, Díaz Roca refirió que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) no le ha notificado de su remoción, tanto del órgano político como de las comisiones que integraba.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que la próxima semana iniciarán el trabajo de realización de la glosa del primer informe de gobierno.

Refirió que este viernes concluyen las comparecencias de los secretarios de despacho, y sólo se canceló la del secretario de Movilidad y Transporte.

Por otro lado, la legisladora señaló que ayer la JPyG concretó la remoción de sus comisiones a los diputados José Casas González y Naida Díaz Roca, por no tener partido político.

*Para aumentarlo de 2.5 a 3.5 por ciento*

Esta mañana, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación dictaminaron el proyecto de reforma constitucional para aumentar de 2.5 a 3.5 por ciento el presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Lo anterior, como parte de la autonomía financiera de dicha institución educativa.

Además, los legisladores dictaminaron a favor la minuta de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para avalar la extinción de dominio.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, explicó que el aumento presupuestal para la UAEM se aplicará hasta el 2020, ya que el del ejercicio fiscal 2019 ya se aprobó.

Dichos dictámenes se espera sean presentados hoy, durante la sesión ordinaria en el Congreso local.

Sobre el tema de la UAEM, la diputada Dalila Morales Sandoval anotó que se buscan los consensos para que "el 2020 sea mejor para ellos".

*Será desplegado en coordinación con CES*

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que anoche arribaron 200 elementos de fuerzas federales a Morelos, con capacidades operativas y que cuentan con vehículos y armamento propio.

Apuntó que el personal federal será desplegado en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Respecto a la firma del convenio de Mando Coordinado de la Policía Estatal Morelos, el encargado de la política interna refirió que fue suscrito por 33 municipios y restan tres: Cuermavaca, Ocuituco y Tepalcingo.

En el caso de dichos municipios, según anotó el funcionario estatal, continuará la vigilancia pero no se homologarán los sueldos del personal; añadió que esperan que en próximos días se sumen.

En otro tema, Ojeda Cárdenas indicó que serán atendidas las recomendaciones de comisiones de derechos humanos relacionadas con fosas clandestinas.

La mañana de este miércoles se llevó a cabo el acto protocolario de entrega y firma del convenio de Mando Coordinado de la Policía Estatal Morelos.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo agradeció a las y los presidentes municipales por acudir y firmar dicho convenio, que permitirá conjuntar esfuerzos y recursos para que Morelos retome su potencial productivo, para ser un sitio de paz y anfitrión del mundo.

De igual modo, el mandatario estatal expuso que con esta estrategia, establecida por acuerdo mutuo, también mejorarán las condiciones en las que laboran los policías.

"Nadie está por encima de la ley", sentenció Blanco Bravo, al referir que el fin de semana pasado ocurrió un incidente en el que un hombre actuó de forma prepotente cuando iba a ser revisado porque su vehículo tenía vidrios polarizados.

Agregó que ciertamente es su vecino, pero nadie tiene porqué faltar al respeto a los policías; además, reconoció a los uniformados que actuaron con paciencia y respeto.

Al final del acto, Amalia y María Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, joven secuestrado y asesinado en el 2013, llamaron al gobernador, quien se acercó y escuchó su demanda de que sean cumplidas las recomendaciones de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.

Cuauhtémoc Blanco escuchó la demanda de familiares de Oliver Wenceslao (imagen: Silvia Lozano) 

El alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, argumentó hoy que no había firmado el convenio de Mando Coordinado porque no había sido llamado para ello, pero manifestó estar dispuesto a que ese municipio participe en la estrategia.

De igual modo, el alcalde comentó que se solicitó hacer precisiones en el documento, como el detallar los recursos con que se pagarán los salarios homologados a los policías.

Aguilar Palma añadió que de igual manera se analizaba la propuesta de quién ocuparía la comandancia en Tránsito.

Este miércoles se lleva a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Constantino Maldonado Krinis, ante diputados en el Congreso local, como parte de la integración de la glosa del primer informe de gobierno.

El funcionario estatal confirmó que las cuatro plantas de valorización que puso en marcha el gobierno de Graco Ramírez, hoy en día son "elefantes blancos".

Al respecto, refirió que se etiquetaron 140 millones de pesos para la operación de seis plantas que estaban proyectadas y sólo cuatro arrancaron; añadió que, de esas, sólo la de Xochitepec operó dos días.

El secretario también apuntó que se desconoce en dónde están los 140 millones de pesos que eran recursos del estado.

Maldonado Krinis informó, durante su comparecencia ante diputados, que vigilan de cerca el proyecto de la termoeléctrica, aunque actualmente está en manos del gobierno federal.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que el gobierno federal no ha negado el envío de fuerzas de seguridad a Morelos, como lo solicitó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

A decir del funcionario estatal, hubo confusión por parte del representante de la Policía Federal, quien en su reciente declaración se refería a la solicitud de apoyo para vigilar el carnaval de Yautepec.

Por otra parte, Ojeda Cárdenas informó que este jueves se realizará el acto protocolario de la firma del convenio de operación del Mando Coordinado, en 28 municipios.

Cuernavaca, argumentó el encargado de la política interna, no ha respondido oficialmente, por lo que todavía es factible que se incorpore a este esquema; los otros municipios que no firmarían el referido convenio serían Ocuituco, Tepalcingo, Tlaltizapán y Emiliano Zapata.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que hasta el momento no han tenido ningún avance en las denuncias que presentaron en contra de los ex diputados de la LIII Legislatura.

Dichas denuncias, por la presunta comisión de delitos en el uso de recursos públicos.

Al respecto, el legislador señaló que en la comparecencia que se llevará a cabo del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, se le cuestionará por la falta de resultados.

Este martes comparece ante legisladores el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Gilberto Alcalá Pineda, como parte de la integración de la glosa del primer informe de gobierno.

Alcalá Pineda confirmó que presentaron una denuncia por un presunto desvío de recursos del programa Empresas de la Mujer Morelense.

En entrevista, el funcionario estatal anotó que desaparecieron 48 millones de pesos para 800 mujeres, por lo que se determinó proceder penalmente.

En cuanto a los talleres creados para la fabricación de uniformes, el secretario refirió que en la Sedeso no se detectó ninguna irregularidad, pues todo el programa estaba en manos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).