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Los señala por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El Foro Morelense de Abogados denunció penalmente a 29 de los 30 diputados del Congreso de Morelos, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El presidente del foro, Pedro Martínez Bello, consideró que la aprobación de las pensiones y las diversas reformas legislativas para crear un “súper fiscalía” y beneficiar a familiares de altos funcionarios, no sólo no están justificadas, sino que devastan las finanzas públicas.

Al acudir a la sede de la Fiscalía General del Estado para iniciar la denuncia penal contra todos los diputados, con excepción del legislador del Partido Humanista Jesús Escamilla que votó en contra, Martínez Bello afirmó que será esta querella prueba de fuego para el fiscal estatal, quien deberá mostrar si de verdad es autónomo e imparcial en la búsqueda de la justicia, o si su cargo es una falacia e imposición para garantizar impunidad a los gobernantes salientes.

Consideró que “esta denuncia debiera prosperar y será la prueba de fuego del fiscal Uriel Carmona Gándara, pues así sabremos que está puesto de manera exprofesa por los diputados, por el gobernador, para brindar impunidad, o verdaderamente pretende llevar a cabo un trabajo de investigación imparcial”.

“Estamos haciendo las cosas bien y encontraremos la ruta jurídica para que se finquen responsabilidades en contra de los diputados que han devorado la economía morelense”.

En la querella, el Foro Morelense de Abogados rebatió la legalidad de las jubilaciones de personas allegadas al gobierno estatal que no tienen ese derecho adquirido, “admitiendo cierta documentación que pudiera ser falsa, sin investigar previamente su veracidad, por ejemplo la de Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda; Beatriz Ramírez, secretaria de Educación; la esposa del diputado del PRD, Francisco Navarrete Conde; y candidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD, Denia Flores. Además de Estefani Guzón André, responsable de relaciones públicas del gobierno de Graco Ramírez, cuando sólo contaba con escasos cuatro años en la administración pública”.

A ellas se agregan la jubilación de Anahí Bahena López, de apenas 37 años y esposa del secretario de Gobierno Ángel Colín; de Karina Arteaga Domínguez, militante de Movimiento Ciudadano; el ex titular del Idefomm, Francisco Velázquez Adán; Denia Flores, esposa del  diputado Francisco Navarrete Conde y ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Tepoztlán.

Martínez Bello también criticó la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales consideró no son necesarias.

En su querella también denunció como ilegal, la reforma que otorga al fiscal estatal la facultad de nombrar el fiscal anticorrupción, cuando ya existe el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción; así como la transferencia a la estructura de la fiscalía general de C-3, la procuraduría del menor, el centro de justicia para mujeres y los centros de asistencia social.

“En este afán de crear una súper fiscalía o darle beneficios a esta misma, está muy claro que lo que pretenden es generar beneficios para obtener impunidad al momento del salir; pero además lo hacen sin tener un proyecto que los justifique”, dijo.

Expresó que los diputados también aprobaron un incremento a más del doble el presupuesto de la fiscalía, al pasar de 330 a 710 millones de pesos, y favorecieron con un “salario vitalicio” al fiscal estatal, a la fiscal antisecuestro y al fiscal anticorrupción.

Otra de las irregularidades denunciadas, fue la creación de dos plazas de comisionado más en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a iniciativa del diputado Mario Chávez, y cuya esposa resultó designada comisionada.

Instó a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a presentar sus querellas ante la fiscalía estatal contra los diputados y pidió a los miembros de la legislatura electa emprender acciones legales.

El Secretario de Gobierno afirma que su cónyuge cumplió con la ley y está en su derecho.

El secretario de Gobierno, Ángel Colín López, argumentó que la jubilación que solicitó su esposa Anahí Bahena López es un tema que le compete al Congreso; aseguró que él no habló con ningún diputado, ni intervino para que se le aprobara. Asegura que la inscripción de su cónyuge como aspirante a una magistratura al mismo tiempo de pedir jubilación, fue una decisión personal y legalmente nada se lo impide.

Según lo señalado por el funcionario estatal, las dos solicitudes ya expuestas están dentro de la ley. En lo que se refiere a la jubilación, argumentó que la pensión no se le daría al 100 por ciento, y la norma vigente otorga a las mujeres la posibilidad de retirarse con menos años de servicio y a menor edad.

Cuestionado sobre las críticas que han surgido debido a que Bahena López tiene menos de 40 años de edad, con evidente molestia, el secretario expresó: “Me parece que es un tema que se ha sesgado... para jubilarte no necesariamente tiene que trabajar en el gobierno del estado nada más, tienes que acreditar un tiempo pertinente del servicio público. Yo no quiero entrar en detalles, lo único que les puedo comentar es que no es una jubilación al 100 por ciento, las mujeres tienen un tiempo menos para jubilarse que los hombres y las pensiones son de acuerdo al tiempo de trabajo y ella no tiene el 100 por ciento… Los detalles los conoce ella, es un tema que resolvió conforme a derecho el Congreso. Insisto, yo no metí las manos para que sucediera a favor de ella o que no sucediera”.  

De igual forma, se le preguntó sobre el hecho -que podría constituir un contrasentido- de que Anahí Bahena haya tramitado su jubilación y, por otra parte, se registró ante el Congreso local como aspirante a magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Con notorio enojo respondió a esta reportera: “Yo te pregunto si el tener tu pareja te limita a tomar tus propias decisiones, a mi esposa no; ella toma sus propias decisiones como persona, no está impedida para hacerlo”.

-Yo no vivo del presupuesto público, no es una falta de respeto, por eso le preguntamos y le pregunto en su derecho de réplica ante todas las críticas, se le cuestionó.

“No es un tema de réplica porque es un derecho que le corresponde a ella y que no está limitada por ser mi esposa para el pleno ejercicio de sus derechos”, respondió.

Por otra parte, Colín López informó que se avanza en la entrega-recepción y anotó que sí existe disposición, porque la ley así lo indica, de establecer la comisión de gobierno para la transición.

Este martes sostuvo una reunión con algunos de los integrantes de gabinete para abordar este tema, en el que el propósito es agilizar todos los procesos correspondientes.

Sin embargo, el funcionario estatal alegó que no se fijó fecha para el encuentro formal con el equipo del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque éste último no envió la lista con los nombres de quienes serán integrantes de la comitiva designada para tales trabajos.

Luego de que el delegado nacional del Partido Encuentro Social, Alejandro Sanz, señalara que no habían recibido una respuesta- hasta el pasado 13 de julio- para iniciar los trabajos formales, Colín López dijo este martes que ya respondieron, pero con algunas “observaciones”.  

“Hicimos algunas observaciones en cuanto a su requerimiento, pues todo lo que tenemos que hacer nosotros con ellos tiene que ser apegado a derecho, al programa de transición, al decreto que se publicó para tales efectos y les pedimos que nos ciñiéramos (sic) a ese decreto para poder transitar en este trabajo”.

Por tanto, dijo no saber cuándo se podría concretar la primera reunión oficial entre ambas comisiones.  

Elaboran agenda legislativa y planes de gobierno en coordinación con instancias nacionales.

La dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) inició este lunes la capacitación de legisladores locales y federales electos, y acordará temas que serán considerados en la agenda legislativa en coordinación con el gobierno estatal y el federal. Además, sus abogados comenzaron el análisis jurídico para revertir algunos de los asuntos aprobados por la actual Legislatura local, los que, consideran, dañan los intereses de la entidad.

El presidente del comité directivo estatal de Morena, Gerardo Albarrán Cruz, dio a conocer -en entrevista- que el equipo legal de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por su partido, Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), ya trabaja en la revisión de los acuerdos que de último minuto aprobaron los diputados en funciones, tales como la venta de predios del gobierno del estado, la aprobación de algunas jubilaciones, reformas que otorgan amplios privilegios y funciones al titular de la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Hizo notar que contarán con la mayoría en el Congreso del estado y, por lo tanto, tienen plena confianza en que será factible hacer frente legal a varios de los actos cometidos por los diputados actuales, “quienes han actuado de manera facciosa … y no son los tiempos. Los legisladores de la coalición están analizando qué procedimientos se van a seguir para echar abajo esos puntos. Cuando se renueven instancias como la auditoría, seguramente van a realizar los procesos correspondientes para poder resarcir los daños. Pero, evidentemente, las responsabilidades ahí están”.

Este lunes, Morena inició el proceso de capacitación a los diputados locales y federales, así como senadores electos, para dotarles de herramientas generales sobre aspectos jurídicos en temas que serán abordados en el corto plazo, entre ellos legislación en materia de entrega-recepción, elaboración de presupuestos, entre otros.

A la par, explicó el presidente de Morena, como grupo emanado de la coalición se avanza en la conformación de una agenda legislativa y la elaboración de plan de gobierno tanto con autoridades federales como locales.

Mencionó que a través de equipos de trabajo ya se realizan diagnósticos sobre rubros financieros, el análisis de los presupuestos de ingresos y egresos del año en curso, así como el análisis legal de laudos.

A partir de ese diagnóstico se tendrá una visión más clara de los temas que se propondrán como prioridad en la Legislatura. “En la dinámica de la coalición Juntos Haremos Historia estamos trabajando para generar aportación, opiniones y sugerencias para la elaboración del proyecto de gobierno del estado, en el que se incluye el presupuesto. Para ello estamos desahogando agendas internas de los partidos, como el tema de capacitación y, en breve, se dará la calendarización de las actividades conjuntas”, abundó el líder partidista.

Albarrán Cruz confirmó que Morena ya inició los recursos legales para pelear 24 regidurías (con propietarios y suplentes), pues no están de acuerdo en la aplicación de una fórmula que realizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en diez municipios, donde la coalición ganó y no se le han asignado las posiciones de representación proporcional que le corresponden, de acuerdo con la mayoría que obtuvo en la elección del pasado primero de julio. Recordó que resulta importante contar con mayoría en los cuerpos edilicios, para que también en los municipios se concrete el proyecto de cambio que se propuso en los comicios y por el cual la población votó.

Parientes de los legisladores logaron basificarse a pesar de tener unos meses de trabajo; también el ex líder sindical colocó a su hija, con sólo tres meses de antigüedad.

Diputados locales negociaron 20 plazas con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo. A cambio, acordaron 20 espacios más para familiares y allegados de los sindicalizados.

Además de haber aprobado pensiones "doradas", al cierre de la LIII Legislatura, los diputados lograron sindicalizar a familiares y amigos en el Congreso del estado.

Ayer, durante la renovación de la secretaría general del sindicato, se reveló que se abrieron 40 plazas y la mitad fueron repartidas entre los legisladores.

Hasta ayer sólo se pudo conocer el nombre de Marco Antonio Salgado Beltrán, hijo de la diputada priista Leticia Beltrán Caballero, a quien pocas veces se le vio por el Congreso, pero que supuestamente trabajó para su mamá durante toda la legislatura.

Aunque este lunes los trabajadores sindicalizados eligieron a Erick Alejandro Reyes Chávez  como su nuevo secretario general, antes de terminar su periodo, Jesús Román Salgado logró sindicalizar a su hermana, de nombre Maribel, quien había cumplido apenas tres meses de haber trabajado en el Congreso, cuando los estatutos marcan como antigüedad mínima seis meses para que un trabajador pueda sindicalizarse.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo acordó distribuir las 40 plazas de la siguiente forma: 10 por votación de los trabajadores sindicalizados; 10 más por acuerdo de asamblea, para incluir sólo a familiares, y 20 para los diputados.

Los 40 espacios en el Congreso del estado se suman a los 127 sindicalizados que ya trabajaban desde que inició la LIII Legislatura.

Firman acuerdo contractual 2018

Además de haber negociado nuevas plazas, el sindicato logró firmar el contrato 2018 y acordaron un incremento al salario del 5.5%, retroactivo al mes de enero.

Además, lograron incrementos en beneficios como despensas, becas para sus hijos, en apoyos para la compra de lentes y ocho espacios en el estacionamiento del Poder Legislativo.

No todos los diputados locales resultaron beneficiados al cierre de la Legislatura 

El diputado perredista Anacleto Pedraza Flores fue de los pocos legisladores que no se beneficiaron al cierre de la Legislatura. 

Mientras familiares y allegados de otros legisladores lograron su jubilación, a Anacleto Pedraza le fue negada su solicitud.

El diputado pretendía jubilarse con el sueldo de maestro en el Colegio de Bachilleres número 4 de Cuautla, pero no pudo acreditar los 20 años de servicio, sino 18 años, por lo que la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso dictaminó en sentido negativo su solicitud. 

Para tranquilizar a los representantes del sector privado, los legisladores aprobaron un exhorto que carece de sustancia porque los cambios ya habían sido publicados en el periódico oficial.

Empresarios se inconformaron ante el Congreso del estado por la desaparición de los fondos de Turismo y el de Competitividad y Promoción del Empleo. Afirmaron que impacta gravemente en proyectos turísticos e industriales y adelantaron que promoverán acciones legales para lograr que la reforma hacendaria no surta efectos.

Aunque el decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda, así como a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, entre otras normatividades, ya había sido publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ayer integrantes del Consejo Coordinador Empresarial acudieron al recinto legislativo y reclamaron a los legisladores que aprobaron una iniciativa por la vía rápida y sin conocer sus efectos y muchos menos haber tomado en cuenta a los empresarios sobre la desaparición del Fitur y el Fidecom.

"Nosotros lo que asumimos es un tema de ignorancia, no se documentaron en estos temas en el Fidecom y en el Fitur y es algo grave para el desarrollo económico del estado", manifestó Jorge Mátar Vargas.

Los líderes de las distintas cámaras empresariales se dijeron traicionados por el gobierno estatal, pues con la eliminación de los fondos antes mencionados se pretende también redireccionar 18 millones de pesos que se recaudaron del pago que las empresas hacen del Impuesto sobre la Nómina y el Impuesto sobre el Hospedaje.

"Es dinero de los empresarios, es dinero que los empresarios estamos de acuerdo en aportar desde hace años que se crearon los fideicomisos y sí se acordó el destino que se le iba a dar y el destino que se le tendría que dar es el desarrollo económico. No están afectando a los que estamos acá, se está afectando al desarrollo económico del estado y se está tratando de redireccionar un recurso que es propio del sector empresarial a otros intereses", agregó el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Uribe García.

Sin embargo, los reclamantes fueron engañados por los diputados, que aprobaron un exhorto al Ejecutivo para que vetara las reformas, a pesar de que ayer mismo entraron en vigor.

Incluso, los legisladores en tribuna se dijeron arrepentidos por haber aprobado un dictamen sin haberlo leído y hasta hicieron un llamado al Ejecutivo que antes de que se publicara el decreto fuera revisado con el Consejo Coordinador Empresarial.

Al salir molestos del Congreso, los empresarios afirmaron que promoverán acciones legales para anular la reforma hacendaria.

El Congreso del estado dejó sin efectos la convocatoria emitida el lunes pasado para designar a dos nuevos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y en un periodo extraordinario de sesiones los diputados podrían retomar el proceso de designación de dichas posiciones.

A raíz de la suspensión que ordenó un juez federal a los nombramientos de dos magistrados en el TJA, los integrantes de la LIII Legislatura determinaron anular la convocatoria que emitieron el lunes pasado, pero han propuesto modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que pudieran aprobarse hoy sobre el tema de la reestructuración a este órgano y que los legisladores impulsaron desde diciembre del año pasado.

Además, los diputados pretenden aprobar hoy una reforma al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, en materia del voto que tienen los 33 cabildos en la aprobación de reformas constitucionales.

Se ha informado de manera extraoficial que la sesión ordinaria que se suspendió ayer, pudiera ser reanudada hoy por la tarde y alargarla hasta la media noche para, finalmente, clausurar el periodo ordinario e instalar la Diputación Permanente.

También se informó de manera extraoficial, que los diputados iniciaron el proceso legal para liquidar a sus trabajadores de confianza a partir del 16 de julio, cuando iniciará un periodo de receso que terminará hasta el 3 de agosto.

El Legislativo omite aprobar decretos de pensión para 21 trabajadores del Poder Judicial y tampoco asigna presupuesto suficiente para garantizar este derecho a los burócratas jubilados.

El líder de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES), Efraín Esaú Mondragón Corrales, confirmó que el Congreso local ha incurrido en doble desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que no ha aprobado los decretos de pensión a favor de 21 trabajadores del Poder Judicial y tampoco ha asignado presupuesto suficiente para este órgano, a fin de garantizar el derecho de los burócratas jubilados.

El legislador local dijo que mientras sus homólogos pretenden convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar nuevos nombramientos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y en otros organismos públicos, 21 trabajadores jubilados del Poder Judicial siguen en espera de que se aprueben sus decretos pensionarios y se les empiece a pagar  lo que les corresponde por derecho desde hace más de un año.

Cuestionó, incluso, los decretos de jubilación a favor de funcionarios de alto nivel, que se aprobarán antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones (el próximo domingo), mientras que los diputados se han negado a aprobar las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial para no asignar más presupuesto.

El diputado explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó aprobar la pensión por jubilación a favor de más de 40 burócratas del Judicial, de los cuales sólo 21 se han sido validados por el Pleno, el resto se encuentran detenidos sin ningún argumento, más que la negativa de autorizar presupuesto extraordinario al Poder Judicial para este año.

La Suprema Corte amenaza con aplicarles los artículos 105 y 107 de la Constitución por incumplir al menos seis sentencias de amparo relacionadas con la jubilación de trabajadores del Poder Judicial, para cuyo pago debe dotar de presupuesto; la ley señala que se debe notificar la conducta al ministerio público federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amenaza a los diputados locales con aplicarles la destitución por incumplimiento de las sentencias asociadas a los decretos de jubilación y disposición de presupuesto para el pago de las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Según los acuerdos publicados en estrados, pese a que se le ha dado tiempo al Congreso de Morelos para dar cumplimiento a diversas controversias constitucionales, vinculadas al tema de las pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, ha incurrido en constante inobservancia en lo ordenado por el máximo tribunal del país.

“Visto el estado procesal del expediente, atento a que ha transcurrido el plazo que le fue otorgado al Poder Legislativo de Morelos, mediante proveído de 31 de mayo de 2018, y en razón de que con el escrito y anexos presentados por el delegado de la referida autoridad el 13 de junio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, no se da cumplimiento al fallo dictado en este asunto”.

“Debe decirse que la sentencia fue notificada al Poder Legislativo del Estado de Morelos el 22 de enero de 2018, de conformidad con la constancia que obra en autos, además, mediante proveídos de 15 de enero, 20 de febrero y 31 de mayo de 2018, se le requirió a efecto de que informara sobre el cumplimiento a la ejecutoria, sin que éste se haya acreditado”.

“Se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y túrnese el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, puntualizó la SCJN.

El artículo 105 establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito.

“Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En los listados recientes de la SCJN aparecen al menos seis acuerdos idénticos, en los que se advierte la contumacia de los diputados locales, quienes están obligados a etiquetar recursos para el pago de los decretos de jubilación de trabajadores en retiro del TSJ.

Cabe destacar que los diputados pretenden hacer nuevas designaciones de funcionarios de alto nivel, que incluyen dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que implicaría disparar el presupuesto de este órgano de 35 millones a casi 60 millones de pesos, sin contar que al magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano no ha recibido el pago de su jubilación porque los legisladores, en su prisa por vaciar y ocupar la vacante magistratura, por causa incierta no etiquetaron presupuesto para el pago.

Algunos trabajadores en retiro del TSJ cuestionaron que los diputados estén más concentrados en hacer designaciones que les beneficien, que atender el urgente tema de las jubilaciones de los trabajadores del Poder Judicial. 

A una semana de que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la LIII Legislatura, el Congreso del estado tiene pendiente por desahogar (como de urgente y obvia resolución) más de 100 decretos pensionarios, de los cuales 16 son a favor de trabajadores del Poder Judicial.

El jueves pasado se reanudó la sesión ordinaria que se suspendió desde el 7 de junio y en la que se abordarían 111 decretos para otorgar pensión a trabajadores del gobierno del estado. Sin embargo, por falta de diputados se volvió a posponer para la próxima semana.

Entre los decretos enlistados por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social están nueve que tienen observaciones del Poder Ejecutivo por inconsistencias legales. Los legisladores solventaron las observaciones y pretenden volver a aprobarlos para garantizar el derecho del trabajador, antes de que concluya la legislatura. 

Por orden de un juez, el Congreso del estado debe desahogar 16 decretos pensionarios a favor de trabajadores del Poder Judicial. 

No obstante, también se encuentran en lista de espera, 61 decretos de trabajadores que colaboraron con los diputados, e incluso algunos que son familiares o allegados.

También está –entre otras- la solicitud de jubilación de la secretaria de Educación Beatriz Ramírez, que ayer se sumó a los pendientes de la Comisión del Trabajo.

No obstante, también hay jubilaciones pendientes por desahogar que son urgentes, como dos decretos de jubilación a favor de hijos de trabajadores que ya fallecieron.

La Corte anula destitución de tres alcaldes acusados de incumplir laudos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las órdenes de destitución contra los presidentes municipales de Cuernavaca, Jojutla y Temoac, e invalidó sólo para estos tres casos concretos, la aplicación de la Fracción II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, que faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) castigar, hasta con la deposición, a quienes incumplan sus laudos.   

Al resolver las controversias constitucionales 121/2017, 173/2016 y 67/2016, el pleno de la SCJN declaró la invalidez de la norma impugnada, porque cuando fue expedida no cumplió con el requisito del refrendo del secretario del ramo, adicionalmente al secretario de Gobierno, que exigía la legislación del estado de Morelos.

De acuerdo con las sentencias, la norma impugnada fue expedida en agosto de 2000 y en el análisis del proceso legislativo se estimó que no cumplió con el requisito de validez exigido por los artículos 76 de la Constitución local y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.

En ese entonces, la ley  establecía que los decretos que expidiera o promulgara el Ejecutivo para que fueran obligatorios, requerían del refrendo del secretario general de gobierno, del procurador general de justicia y ─en su caso─ del secretario o secretarios a cuya dependencia competía el asunto, “no obstante ello, el impugnado no aparece refrendado por el secretario encargado del ramo, que entonces lo era el Secretario de Desarrollo Económico, además del refrendo del Secretario de Gobierno”.

En consecuencia, se declaró la invalidez de la Fracción II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, pero únicamente aplicable para los casos concretos de los alcaldes de Cuernavaca, Cuauhtémoc Bravo; Edith Cornejo Barreto del municipio de Temoac; y Alfonso de Jesús Martínez Sotelo de Jojutla, así como revocó las tres órdenes de destitución emitidas por el TECA en su contra.

Las sentencias del pleno de la SCJN tuvieron como antecedentes las resoluciones emitidas también por sus salas, quienes han resuelto al menos 20 controversias constitucionales promovidas por ayuntamientos en contra de las destituciones de ediles e, incluso, de cabildos completos.

El criterio adoptado en salas, es que la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil no contraviene el artículo 115 de la Constitución federal, pues si bien faculta al TECA sancionar hasta con la destitución a los funcionarios que incumplan sus resoluciones, no establece que incluya a los miembros de los cabildos, quienes pueden ser destituidos únicamente por el Congreso (por ser representantes de elección popular) bajo los procedimientos previstos en la ley.

En estos casos ha declarado la validez de la norma impugnada y revocado las órdenes de deposición del TECA, razón por la cual varios ediles y regidores se han mantenido en su cargo, ante la imposibilidad o la negativa de pagar los laudos.

Representante legal asegura que desde el año 2012, a más de 300 descendientes de revolucionarios se les ha negado el beneficio.

Ayer, los integrantes del llamado Frente Zapatista de la República protestaron ante Palacio de Gobierno para exigir el pago de lo que –aseguran- por derecho les corresponde a más de 300 descendientes de los revolucionarios, a los que se les ha negado desde el año 2012, cuando se emitió un decreto por el Congreso del estado para apoyarlos en necesidades básicas como salud, alimentos y seguridad social.

Arturo Castañeda Paredes, representante del Frente, informó que ayer presentaron un escrito en la oficina de Palacio de Gobierno en el que se pide el pago de las pensiones a los descendientes de zapatistas antes de que concluya la presente administración.

Aunado a lo anterior, Castañeda Paredes dijo que recientemente se nombró a nuevos encargados de la comisión creada para atender a los descendientes de revolucionarios, lo que les hace pensar que es una acción para retrasar aún más el cumplimiento de la pensión y dejar ese pendiente a la próxima administración, con el riesgo de que tampoco le dé seguimiento.

"...no sólo se trata de un recurso que tengamos que recibir, sino la dignificación de los revolucionarios que participaron al lado del general Emiliano Zapata", agregó el representante del Frente Zapatista.

La parálisis la provocaron legisladores que incumplen los acuerdos de sesionar cada 15 días en el proceso electoral; la actitud de los incumplidos deja sin resolver asuntos sociales urgentes, como los decretos pensionatorios.

El Congreso del estado enfrenta una parálisis legislativa a causa de proceso electoral. Ayer, la sesión que se tenía programada a las 9 de la mañana se suspendió por falta de quórum.

A pesar que por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno se estableció que los legisladores sesionarían una vez cada 15 días, ayer sólo siete diputados llegaron al Salón de Plenos a la hora que les fue citado por acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.

La presidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, pidió que se hiciera el pase de lista a las 9:03 de la mañana y al no haber mayoría de diputados para la sesión, dio cinco minutos más de tolerancia en los que tampoco se logró quórum y a las 9:08 suspendió la asamblea.

Los diputados que llegaron fueron las perredistas Silvia Irra Marín y Hortencia Figueroa; Norma Alicia Popoca Sotelo y Héctor Hernández Castillo; del Partido Social Demócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno y Manuel Nava Amores; así como Jesús Escamilla Casarrubias, del Partido Humanista (PH).

La vice coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Norma Alicia Popoca, confirmó que los legisladores faltistas no presentaron ninguna justificación, aunque también admitió que será muy difícil que reciban alguna sanción por no cumplir con su obligación.

Incluso, dijo que para evitar más suspensiones de las sesiones, se establecerá que los trabajos del Congreso local se reanuden posterior a las elecciones del próximo 1 de julio.

Aseguró que para entonces se reforzará el trabajo legislativo, previo al cierre del periodo ordinario de sesiones (el 15 de julio) y desahogar pendientes urgentes como la aprobación de decretos pensionarios a favor de trabajadores del Poder Judicial, que llevan varios meses esperando a que se les garantice ese derecho. Hay que recordar que LIII Legislatura concluirá el próximo 31 de agosto. 

La representación sindical ya interpuso la queja contra el director jurídico ante la presidencia de la Mesa Directiva.

El líder sindical de los trabajadores del Congreso del estado aseguró que sus representados padecen de abusos, restricciones y acoso por parte del director Jurídico, Humberto Serrano Guevara, quien les ha prohibido el uso de celular y moverse de sus oficinas en horario de trabajo. Incluso, son vigilados mediante cámaras de vídeo en las nuevas instalaciones del Poder Legislativo.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Jesús Román Salgado, confirmó que ya intervino ante la presidencia de la Mesa Directiva por lo que consideró son violaciones claras a los derechos de los trabajadores.

Informó que la semana pasada, luego del cambio de oficinas a la nueva sede, recibió quejas de los empleados de las áreas administrativas sobre abusos por parte del director jurídico, quien hasta les habría restringido su derecho a ir al baño.

"Obviamente sabemos que debe haber orden, pero abusos y acoso laboral no lo vamos a permitir. Ya tomé cartas en el asunto comentándole a la presidenta, a la diputada  Hortencia (Figueroa Peralta) que por supuesto ella no dio ninguna indicación ni sabía lo que estaba pasando", aseveró el líder sindical.

Román Salgado dijo que este martes se reunirán con la presidenta de la Mesa Directiva para atender las quejas de los trabajadores y evitar más abusos.

De acuerdo al líder del Sindicato de trabajadores, la diputada perredista no sabía sobre lo que sucede en el Congreso local, pues (las quejas) empezaron con el cambio de las áreas administrativas al nuevo edificio que se ubica en la colonia Amatitlán de Cuernavaca.

"Confiamos en que la diputada Hortencia tome cartas en el asunto y le diga al licenciado Serrano que no genere incertidumbre con los trabajadores", agregó.

Los diputados del Congreso del Estado de Morelos, se pronuncian para que las 32 legislaturas locales se solidaricen con la Secretaria de Marina-Armada de México con relación a los hechos ocurridos en Cd. Guzmán Jalisco del pasado 5 de junio del año en curso, en donde miembros relacionados al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agreden de manera cobarde, dolosa e irresponsable a un grupo de marinos mexicanos a quienes tratan de manera soez, primitiva e imprudente, en el marco de una supuesta manifestación pacífica en el lugar y día referidos. 

Los diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, sus distintas fracciones desaprueban dichos hechos, excitando a las demás legislaturas a pronunciarse bajo los siguientes términos: 

1.- A favor de la paz entre los mexicanos;
2.- Al respeto hacia las instituciones;
3.- Particularmente se solidarizan con el alto mando de la Armada de México por su responsable decisión de no incurrir en provocaciones; 
4.- Piden el esclarecimiento de los hechos y la consignación e identificación de los responsables ante las autoridades civiles conducentes y; 
5.- Reconocer públicamente el acto de gallardía y prudencia de los marinos afectados. 

Esta legislatura en voz de la Presidenta en funciones, la Diputada Hortencia Figueroa Peralta, accede a la petición del Dip. Francisco Moreno Merino como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PARA QUE LOS HECHOS NO SEAN OLVIDADOS Y SÍ SEVERAMENTE CASTIGADOS. 

MÉXICO NO ESTA EN MOMENTO DE LUCHAS FRATICIDAS, EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES DEBEN SER RESPETADAS A CABALIDAD.

ATENTAMENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

Mediante el ordenamiento buscan reforzar las acciones jurídicas e institucionales para abatir la violencia y la discriminación.

El Congreso del estado creó una nueva Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con la que se busca reforzar las acciones jurídicas e institucionales para abatir la violencia y la discriminación en contra de la mujer.

Los legisladores locales abrogaron la ley que existía en la materia, como parte de un proceso de armonización con la legislación federal, y se creó una nueva, que consta de 37 artículos y establece nuevos ordenamientos legales para promover la perspectiva de género,  reforzar las facultades del actual Instituto de la Mujer, instaurar los instrumentos necesarios que combatan la discriminación en contra de las féminas, entre otros.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Norma Alicia Popoca Sotelo, explicó que se requería fortalecer al Instituto de la Mujer a fin de dotarlo de más instrumentos legales para combatir la violencia de género.

“Es una armonización para incluir –por ejemplo– términos como igualdad sustantiva, diferenciar lo que es igualdad de equidad; se incluye el tema de banco de datos estatal que es muy importante por aquellos que comenten feminicidios o violencia hacia la mujer; la perspectiva de género, lenguaje incluyente… Básicamente es lo que tiene esta ley”, agregó.

Al hacer uso de la tribuna en el marco de la aprobación de la citada ley, la legisladora aprovechó para señalar al presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, quien criticó a las mujeres que han estado a cargo del Instituto de la Mujer y la falta de resultados.

Popoca Sotelo lo acusó de violencia de género y lo retó a presentar pruebas sobre los señalamientos en su contra y de otras mujeres, pues admitió que hace falta mucho por hacer en el tema, pero aseguró que no es responsabilidad sólo de una mujer sino de varias autoridades, como son los presidentes municipales y de la sociedad en general.

“Ahora resulta que sólo los institutos de la mujer con titulares mujeres somos las únicas que hemos fallado en la materia. ¿Y la sociedad misma? ¿Y las familias? Todo eso se tiene que ver en forma integral y no parcial, porque a todas luces se nota querer señalar personas”, manifestó.

El Congreso del estado no etiquetó recursos para solventar la pensión del magistrado en retiro, reclama el Pleno del TJA.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió una controversia constitucional para impugnar el decreto jubilatorio del magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano, que fue expedido por el Congreso del estado sin etiquetar recursos exprofeso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 105/2018, en la que el TJA solicitó la invalidez del decreto número 2609, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5593, el 18 de abril de 2018, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Aguilar Lozano con cargo al presupuesto destinado al Tribunal.

También demandó la invalidez de los artículos 24, fracción XV; 56; 57, último párrafo; 47, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante decreto número 218, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5056, el 17de enero de 2013.

Esencialmente, el Pleno del TJA determinó combatir el decreto jubilatorio en el que se ordenó el pago de una pensión al 90% del último salario que el magistrado en retiro recibió como juzgador en activo, porque el Congreso no etiquetó recursos para que el TJA pudiera solventar el pago.

Un magistrado gana poco más de 100 mil pesos; tomando en cuenta el porcentaje de la pensión aprobada por el Congreso, el TJA tendría que pagar al año al magistrado en retiro casi un millón 400 mil pesos, que comprende 12 mensualidades, más tres más por concepto de aguinaldo.

Aun cuando el TJA solicitó recursos adicionales tanto al Poder Legislativo como a la Secretaría de Hacienda estatal para pagar a Aguilar Lozano su pensión, ninguna de las dos instancias autorizó una ampliación presupuestal.

Y es que tanto el Congreso como el gobierno de Morelos se encuentran bajo presión de la SCJN, que recientemente lanzó un ultimátum para dar cumplimiento a casi 50 controversias constitucionales en las que se ordenó etiquetar recursos para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, incluso, llevan más de dos meses en plantón afuera del Palacio de Justicia en espera que lleguen sus pagos.

Según el TSJ, el Congreso aprobó los decretos de jubilación, pero tampoco le proporcionó presupuesto para solventar las pensiones de los trabajadores judiciales.

Se espera que en breve la SCJN determine la admisión o no de la controversia constitucional promovida por el TJA y, en su caso, si procede la aplicación de una medida cautelar.

El secretario de Gobierno contestó al pronunciamiento de la asociación de tribunales electorales.

El secretario de Gobierno, Ángel Colín López, respondió al pronunciamiento de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), que llamó al Ejecutivo estatal a entregar recursos suficientes al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM); también negó que exista desacato a la resolución judicial porque el Congreso local es la autoridad responsable.

En entrevista, el funcionario estatal refirió que en las mesas de trabajo con legisladores y magistrados del TEEM se acordó una ampliación de siete millones de pesos, la cual –reconoció– tampoco se ha entregado. Argumentó que esto se debe a que había un proceso legal en trámite que el propio tribunal promovió.

Colín López refirió que además el Congreso del estado les notificó hasta el pasado jueves que “no había lugar a otorgar esa ampliación”, por lo que el Ejecutivo se ha mantenido en apego a las disposiciones legales.

El funcionario señaló que se analizaron los gastos y al hacer la suma se definió el monto de siete millones de pesos; anotó que el Ejecutivo revisó el proyecto de aplicación de recursos y no está de acuerdo en que se considere el pago de rubros tales como “bonos”, ni tampoco en la ampliación o remodelación de sus instalaciones. Aseveró que desde el año pasado a ese órgano se le otorgaron recursos para efecto de que se condicionaran las oficinas, pero se usó en otro concepto.

Finalmente, el encargado de la política interna en el estado negó que exista desacato a la resolución judicial porque el Congreso local es la autoridad responsable. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se revisara la posible ampliación y esta decisión sería tomada por el Poder Legislativo.

De igual forma, argumentó que el TEEM interpuso un recurso porque se inconformó con la ampliación por el monto de siete millones de pesos; por lo tanto, están en espera de que los tribunales correspondientes determinen si la cantidad es aplicable para poder liberar ese recurso que se había acordado en mesas de trabajo.

En otro orden de ideas, el secretario fue cuestionado en torno a la Marcha Por la Paz a la que convoca para este día la Diócesis de Cuernavaca; dijo que “sería ingenuo pensar que no existen delitos en el estado; sin embargo, más allá de lo que diga una persona o un personaje, existen cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indican que tenemos abatimiento en delitos de secuestro y extorsión en alrededor del 90 y 73 por ciento, en ese orden… Hemos avanzado sustancialmente en los delitos de alto impacto”, aseguró.

También dijo que “lo que le hemos pedido siempre al obispo es que se conduzca con respeto a la ley, que en el ejercicio de su función como clérigo que tiene que regular la Secretaría de Gobernación, pues los asuntos del Estado corresponden al Estado y de la Iglesia a la Iglesia”, expresó el responsable de la política interna.

En cuanto al desarrollo de esta movilización en tiempos electorales, el secretario expresó que el gobierno no podría fijar alguna postura en relación con el desarrollo de la marcha –a la que se ha llamado a participar los fieles católicos para este sábado–, pues todavía no conocen los pronunciamientos que harán los manifestantes; consideró que tendrían que “ver si lo acompañan algunos personajes… después de la marcha, cuando veamos con quién se involucra la marcha, podríamos tener un juicio más concreto”.

Añadió que “la invitación a todos, a los partidos políticos, ciudadanos, el gabinete, a mis compañeros funcionarios, a todos, es dejar que el proceso siga su curso… Es un proceso democrático con los ciudadanos, y lo que nos compete en el ámbito de nuestras funciones es garantizar que se lleve a cabo. Los temas político-electorales se resuelven en la cancha política; ya los órganos electorales deberán tomar cartas en el asunto”.

El Congreso del estado reformó la Ley de Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco.

En Morelos ya no se podrá fumar en el interior de los vehículos automotores donde se encuentren menores de edad. Así lo estableció el Congreso local mediante una reforma a la Ley de Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos.

Durante la sesión ordinaria, el martes pasado, los legisladores aprobaron diversas adecuaciones a la citada ley a fin de establecer sanciones para las personas que consuman tabaco en el interior de un automóvil que transporte menores de 18 años.

Los diputados locales establecieron el arresto de 36 horas como sanción más grave para los que incurran en dicha falta, a excepción de las personas que circulen en un vehículo particular, pues primero se harán acreedores a una amonestación; de reincidir, se establecerá una multa que va de los 50 a las 400 veces del valor diario de la Unidad Mínima de Actualización vigente en Morelos.

La reforma se aplicó al artículo 26, en su fracción XII, y se adicionó la fracción XIII para establecer que queda prohibido fumar “dentro de cualquier tipo de vehículo automotor en compañía de menores de edad”.

Con lo anterior, los diputados afirmaron que se protegerá la salud de un menor, aun cuando se trate de un familiar el que pretenda fumar en el vehículo.

El Congreso del estado rechazó la solicitud de ampliación presupuestal que presentó el Tribunal Electoral del Estado.

El Congreso del estado rechazó la solicitud de ampliación presupuestal que presentó el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), pese a la crisis que, advirtieron magistrados, se puede registrar en este órgano por la falta de recursos financieros.

Durante la sesión ordinaria de ayer se dio a conocer que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública dictaminó en sentido negativo el asunto, tras cerca de dos meses de negociación con los magistrados electorales y el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, explicó que dentro del dictamen que emitió la Comisión de Hacienda se establecieron las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para reasignar recursos del presupuesto 2018 con base en las necesidades que tiene el TEEM para atender los recursos de impugnación en este proceso electoral.

Dijo que dependerá del Ejecutivo determinar si existe suficiencia presupuestal para reasignar recursos financieros al Tribunal, derivado de la advertencia que hizo el magistrado presidente, Francisco Hurtado Delgado, sobre un posible colapso administrativo en el mencionado órgano.

“Ya existe un consenso de cuáles son los recursos que se pueden disponer para poder garantizar el funcionamiento del Tribunal y en ese sentido ya va a corresponder al propio Poder Ejecutivo atenderlo”, añadió.

Hace apenas una semana, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Éder Rodríguez Casillas, aseguró que se reformaría la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 del gobierno del estado para asignar recursos extraordinarios al TEEM; sin embargo, ayer mismo los legisladores determinaron que no era viable y que es facultad del Poder Ejecutivo.

La determinación del Congreso se dio a pocas horas de que venciera el plazo que dio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los poderes Legislativo y Ejecutivo para atender las necesidades del TEEM.

El Congreso del estado ha ganado momentáneamente la partida al Tribunal de Justicia Administrativa, al lograr que un juez federal deje sin efecto la habilitación de un secretario de acuerdos para que se haga cargo de los asuntos de la Segunda Sala en tanto los diputados designan al sustituto del magistrado retirado Orlando Aguilar Lozano.

Desafortunadamente ese conflicto no beneficia en nada a los ciudadanos, ya que el Congreso promovió esa acción para dejar el campo libre al nombramiento de un magistrado que sea afín y no el mejor profesionista en su especialidad.

Por lo menos, quienes integran el Tribunal de Justicia Administrativa deben esforzarse por demostrar su técnica jurídica para sostener ante los tribunales federales la postura que defienden.