En hashtag: auditoria

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización toleró irregularidades en auditorías a las cuentas públicas de nueve municipios.

El Congreso del estado detectó más irregularidades en las auditorías a las cuentas públicas de nueve municipios aplicadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), omisiones que ya fueron observadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
De una investigación que inició la Comisión que encabeza la diputada priista Rosalina Mazari Espín se detectó que podría haber graves omisiones en el trabajo realizado por la ESAF. 
La legisladora explicó que se trata de nueve municipios a los que la ESAF había aprobado sus auditorías a las cuentas públicas correspondientes al 2016 y 2017, sin haber señalado ninguna irregularidad ni haber aplicado sanciones a las autoridades municipales, pese a que se comprobó que se cometieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos en algunos casos. 
Sin embargo, y a pesar de las posibles faltas cometidas por la ESAF, el Congreso del estado le dio la oportunidad de resarcir las observaciones que le hizo la Comisión de Hacienda y explicar las causas de tales anomalías.
"Pudimos observar algunas situaciones que no estaban para ya poderlas dictaminar y pasarlas al Pleno para ser votadas en sentido positivo. En las propias cuentas públicas no había datos de sanciones administrativas, resarcitorias y contables, eso dice mucho. En el análisis que se hizo nos dimos cuenta que no coincidían los números con lo que había sido la aprobación de los ingresos con los egresos, más ciertos endeudamientos que tenían", explicó la legisladora.
Los municipios involucrados en la investigación que realizó la Comisión de Hacienda son Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 
Las cuentas públicas revisadas son de los años 2016 y 2017, pero también han llegado al Congreso auditorías a las cuentas públicas de 2012 y 2013. 

Detectan presuntas irregularidades en el manejo de recursos por cuando menos 300 millones de pesos de un supuesto fondo de pensiones.

Detectan anomalías en auditorías aplicadas a por lo menos 15 municipios.

Hay auditorías que no se han desahogado desde el 2014.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado realizó observaciones al trabajo realizado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), rezagado desde el 2014, pues se detectaron inconsistencias en las auditorías aplicadas a por lo menos 15 municipios.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de dicho órgano legislativo, dio a conocer que recibió un informe de la ESAF respecto a los resultados de las revisiones de las cuentas públicas de más de 15 municipios del estado, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2014, 2015 y 2016, para proceder a la aprobación de las declaratorias por el Pleno del Congreso. 
Sin embargo, explicó que dichos informes fueron regresados al órgano auditor para que atienda las observaciones hechas por la Comisión de Hacienda y evitar que se validen cuentas públicas que posiblemente presenten irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 
"Nosotros no somos nada más una legislatura de trámite, ni de acuerdos al amparo del poder, en lo obscurito. Como presidenta de la comisión les puedo decir que todo va a ser conforme a derecho y todo va a ser con mucha transparencia", dijo la legisladora priista. 
Manifestó que el rezago que enfrenta la ESAF es preocupante, pues existen auditorías que no se han desahogado desde el año 2014, y tampoco se conoce del ejercicio de los recursos públicos en municipios y otras entidades públicas de ejercicios fiscales recientes. 

Los actuales diputados denunciaron al inicio de su gestión un presunto desfalco por más de 80 millones de pesos cometido por la anterior legislatura.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) inició una auditoría a la cuenta pública 2018 del Congreso del estado a solicitud de los diputados locales y ante la sospecha de un mal ejercicio de recursos al cierre de la LIII Legislatura.
El encargado de despacho de la ESAF, Uriel González Sotelo, quien es auditor especial de la Hacienda Pública, notificó a los legisladores -mediante un oficio- del inicio del proceso de fiscalización a la cuenta pública del Congreso del estado, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
Aunque el oficio se presentó en correspondencia, al finalizar la sesión ordinaria de ayer se informó de manera extraoficial que dicha auditoría fue solicitada por los diputados a fin de revisar el ejercicio del presupuesto en el último año de la LIII Legislatura. 
Los integrantes de la LIV Legislatura denunciaron al inicio de su gestión un presunto desfalco por más de 80 millones de pesos cometido por los exlegisladores. 
Dicha fiscalización se concretará después de una fallida auditoría especial que ordenó en septiembre pasado la LIII Legislatura a la cuenta pública 2017 y parte del 2018, y de la que nunca se informó de los resultados por parte de la propia Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que entonces estaba a cargo de Vicente Loredo Méndez, quien en noviembre de 2018 presentó su renuncia al cargo. 

Exhorto a favor de la seguridad de las mujeres

El Congreso del estado exhortó al Poder Ejecutivo a reforzar las medidas de seguridad a favor de las mujeres y se cumpla con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ante el incremento de hechos delictivos en contra de las féminas en Morelos.
Durante la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del estado aprobó el punto de acuerdo presentado por la legisladora priista Rosalina Mazari, quien consideró que es urgente se refuercen las medidas de seguridad en favor de las mujeres.
Ante tribuna, expuso que durante el 2018 se registraron 82 feminicidios y, en lo que va de este año, nueve, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Ante tal repunte de feminicidio, denuncias de desaparición y secuestros, la diputada señaló que el gobierno del estado debe atender las recomendaciones de la Conavim, en base a la Alerta de Violencia de Género que se emitió en ocho municipios del estado.
"La violencia contra las mujeres ha sido un tema que ha quedado pendiente y desatendido por administraciones pasadas, por lo que solicitamos desde esta tribuna al gobernador se dé prioridad a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestra entidad", manifestó la diputada.
En la misma sesión, los legisladores aprobaron un punto de acuerdo por el que se exhortó al gobernador del estado a crear la comisión de búsqueda de personas del estado, ante el repunte de denuncias por desaparición de mujeres, niños y adultos. 

Aunado a la falta de recursos, el órgano auditor sólo ha servido en Morelos a intereses políticos: Salinas Ramírez.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se convirtió en un "elefante blanco" que enfrenta un grave rezago en el trabajo de fiscalización y que sólo ha servido a intereses políticos, afirmó el codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez. 
El investigador dio a conocer ayer un estudio realizado al órgano auditor, que lo coloca como uno de los más castigados a nivel nacional en materia financiera, lo que ha derivado en un trabajo deficiente.
"El rezago es enorme. Lo último que ha publicado la Auditoría son siete auditorías concluidas en estos últimos años. No ha publicado un solo dato de auditorías, de posible recuperación de recursos, no hay nada; no hay transparencia en la auditoría", declaró.
Salinas Ramírez refirió que en el presupuesto de egresos del 2018, a la ESAF sólo se le asignaron 18.5 millones de pesos, y para este 2019, un grupo de 15 legisladores contempló un monto de 30 millones de pesos.
Aunado a la falta de recursos, dijo que el órgano auditor sólo ha servido para fines políticos y colocación de la nómina.
“Todo se debe a que el auditor se elige de forma discrecional y a través de cuotas y cuates de los diputados; esto debe cambiar, la forma en que se elige al auditor tiene que ser a través de proceso transparente y abierto. Los diputados le han metido mano a la nómina, a los recursos y le impiden hacer su trabajo”, agregó.
En el marco de la renovación de la titularidad de la ESAF, el investigador consideró urgente que se garantice autonomía financiera y operativa al órgano para que finalmente pueda dar resultados.

Analizan viabilidad de otorgar el 3.5 del presupuesto estatal a la Máxima Casa de Estudios del estado.

Legisladores locales analizan la viabilidad de incrementar el presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a fin de ayudar a resolver la crisis financiera que enfrenta, en base a la propuesta que presentó el rector Gustavo Urquiza Beltrán de aumentar de 2.5 a 3.5 el porcentaje que corresponde a la institución de los egresos totales del gobierno estatal.
El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que la propuesta, que también impulsaron estudiantes y consejeros universitarios, es revisada en base a las necesidades que existen en los distintos rubros, para determinar si hay condiciones financieras para impulsar la reforma constitucional que garantizaría un incremento presupuestal para la UAEM.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) lamentó la situación que enfrenta la máxima casa de estudios, pero reiteró que es un problema que está en manos de la Federación para que pueda resolverse.
Sin embargo, Sotelo Martínez sostuvo que es necesario que a la par de un posible rescate financiero que se negocia con la Federación y de un incremento presupuestal, la UAEM debe ser auditada para determinar las causas de la crisis financiera que enfrenta, y sancionar a los responsables.
"No es nada más ir, rescatar y pagar el problema que se tiene, y también saber si hay denuncias iniciadas, porque definitivamente no puede ser que haya un déficit tan grande y que no haya responsables y que no se haya fincado algún tipo de responsabilidad", manifestó.

Hay irregularidades en mil 800 obras del sexenio pasado, confirma el titular de esa Secretaría.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés Román, confirmó que la extitular de esa dependencia, Patricia Izquierdo Medina, promovió un amparo contra actos de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, adelantó que hay más expedientes en revisión que podrían derivar en procesos. Por otra parte, aclaró que no han terminado los trabajos en el lugar donde se encuentra la estatua ecuestre de Emiliano Zapata.

El funcionario estatal informó que luego de las denuncias que presentó la actual administración por presuntas irregularidades que podrían constituir conductas ilícitas como peculado y ejercicio indebido del servicio público, entre otros, la exsecretaria formuló una demanda de protección de la justicia federal.

Giménez-Valdés Román también anotó que hay alrededor de mil 800 expedientes de obras en las que se lleva a cabo la revisión, y prácticamente en todas las que se han observado a la fecha se han identificado probables anomalías, como costos de mercado más bajo respecto a los contratados y pagado, entre otras.

De tal manera que siguen las auditorías y en cuanto haya resultados se iniciarán más denuncias, con el fin de cumplir con los procedimientos que marca la ley.

Reiteró que en lo personal, no tiene confianza en dicha Fiscalía Anticorrupción, pues han pedido copias de expedientes para "empapelar" los asuntos, al tiempo de advertir que no van a dejar que los delitos prescriban.

Por otro lado, el secretario fue cuestionado en torno a las críticas que han circulado en redes sociales en relación a las condiciones en las que se encuentra el sitio en el que fue reubicada la escultura del general Emiliano Zapata. Respondió que los comentarios negativos sobre el pedestal “son ignorancia técnica”.

Explicó que no se ha concluido la obra, y lo que se visualizaba -hasta este miércoles- era sólo la base, y sobre esa estructura se tienen proyectados acabados especiales.

Los diputados le atribuyen complicidad en irregularidades cometidas por la pasada legislatura.

El Congreso del estado iniciará un proceso de deslinde de responsabilidades en contra del extitular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por su presunta complicidad en el mal manejo de los recursos del Congreso del estado y protección a exdiputados de la LIII Legislatura.

Luego de que Loredo Méndez presentó su renuncia ante el Congreso del estado, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, informó que se inició una investigación por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que preside, a fin de determinar la posible responsabilidad del exauditor en un presunto mal manejo de recursos del Congreso local a unas semanas de que concluyera la LIII Legislatura.

El legislador local recordó que los exdiputados solicitaron un adelanto del presupuesto en septiembre pasado, que fue autorizado por el exsecretario de Finanzas, Jorge Michel Luna, cuyo ejercicio no fue transparentado y la ESAF tampoco reportó alguna anomalía.

Aunado a lo anterior, Casas González dijo que se presume una posible protección de Loredo Méndez a favor de exlegisladores como Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta y Francisco Navarrete Conde, como exalcaldes de Puente de Ixtla, Jojutla y Tepoztlán, respectivamente, ya que durante su ejercicio como ediles la ESAF no hizo observaciones al ejercicio presupuestal.

"Tenemos un retraso en la revisión de las cuentas públicas en algunos casos de hasta ocho años y sorprendentemente en los casos de los diputados que fueron alcaldes sus cuentas ya están hasta dictaminadas", agregó.

En lo que respecta a la persona que ocupará la titularidad de la ESAF, informó que en enero se emitirá una convocatoria para el registro de aspirantes al cargo, y en febrero, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones, se procederá al nombramiento.

Mientras tanto, señaló que quien fue designado como encargado de despacho es el auditor especial de la Hacienda Pública Estatal, Uriel González Sotelo.

El Congreso busca destituirlo luego de que ayer se negó a informar a los diputados.

El Congreso del estado buscará remover al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por supuestamente haber protegido a exlegisladores y a autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez en el mal manejo de recursos públicos.
Ayer, el auditor compareció ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes confirmó que la ESAF fue por muchos años una agencia de colocaciones y se aceptaron a aviadores del Congreso del estado y del Poder Ejecutivo.
De igual forma, admitió que de manera extraordinaria recibió más de dos millones de pesos al presupuesto de la ESAF del periodo de enero a junio del 2018, cuando se desarrollaba un proceso electoral, monto que nunca explicó a los legisladores en qué se ejerció.
El auditor Loredo Méndez fue citado por los diputados para que entregara información respecto a la revisión de las cuentas públicas a los municipios y al gobierno del estado, que durante los últimos dos meses se ha negado a entregar a los legisladores, pese dos exhortos hechos por el Pleno del Congreso. Sin embargo, ayer también se negó a responder a los legisladores la mayoría de las preguntas, con la justificación de que la ley le prohíbe aportar datos de las auditorías.
No obstante, los diputados señalaron al auditor no sólo las omisiones en las que ha incurrido en el cargo, sino que también lo acusaron de haber protegido a los exdiputados en un presunto mal manejo de recursos financieros.
José Casas González, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el titular de la ESAF ayudó a exdiputados de la pasada legislatura a "salvar" auditorías aplicadas en el 2015 a las cuentas públicas de los municipios de los que fueron alcaldes, tal es el caso de Julio Espín Navarrete, en Puente de Ixtla; Hortencia Figueroa Peralta, en Jojutla; Alberto Martínez, en Tetecala; Javier Montes Rosales, en Tetela del Volcán, y Francisco Navarrete Conde, en Tepoztlán.
Además, la diputada Rosalina Mazari Espín puso en duda las auditorías que se aplicaron por la ESAF al ejercicio de un crédito por más de dos mil millones de pesos contratado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez al inicio de su administración estatal.
Al finalizar el encuentro, el titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización calificó como un "circo" la comparecencia a la que ayer acudió.
Mientras tanto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que la comparecencia de ayer fue el inicio de un proceso para destituir a Loredo Méndez del cargo, aún y cuando fue designado en el 2015 por un periodo de ocho años.

Existe desabasto en varios municipios: diputada.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que impulsará un punto de acuerdo para que se apliquen auditorías a los organismos de agua potable en el estado, ante el desabasto que existe del servicio público en varios municipios.

De acuerdo a la legisladora, la carencia de agua que registran varias colonias de Cuernavaca se vive en otros municipios de la entidad, ya que la mayoría de los organismos operadores enfrentan problemas financieros severos.

Ante tal situación, dijo que impulsará un punto de acuerdo para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) aplique auditorías en los sistemas de agua potable de manera urgente.

Mientras tanto, sostuvo que los alcaldes tienen que hacer frente al problema y resolverlo de inmediato, pues es su obligación cumplir con los servicios públicos que además pagan los ciudadanos.

"No es un tema exclusivo de Cuernavaca. Nos hemos enterado que varios municipios están en la misma situación y mucha gente está careciendo del vital líquido que es el agua potable. Es una bomba de tiempo que ya explotó y esperemos que el presidente cumpla, porque se puede complicar aún más si no dan solución y la solución es que se les lleve el agua de la manera que sea a los hogares", manifestó.

La legisladora local señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe ser sensible y buscar una solución para que el municipio de Cuernavaca y otros gobiernos puedan pagar las deudas que tienen con la paraestatal. 

Es presunto cómplice del desfalco durante la pasada legislatura, señala diputado.

El Congreso del estado citará a comparecer al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, en los próximos días, para que informe sobre el avance o resultados de las auditorías aplicadas a los gobiernos municipales e instituciones estatales.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, informó que presentó un oficio a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para que se fije la fecha de la comparecencia del funcionario, como presunto cómplice del mal ejercicio de los recursos del Congreso del estado durante la pasada legislatura.

El legislador sostuvo que el titular de la ESAF estaba obligado a denunciar del posible delito en el que incurrieron los exlegisladores al haber aprobado las últimas cuentas públicas del Congreso, cuando no presentaron un informe oficial a la auditoría.

Además, Casas González reiteró que el titular de la ESAF no ha cumplido con los informes que el Pleno del Congreso local le solicitó al inicio de la LIV Legislatura, sobre el avance o los resultados de las auditorías a los gobiernos municipales e instituciones estatales.

"En la sesión anterior se le fijó un término de tres días que se vence esta semana y estaremos insistiendo. Ya le solicité a la presidenta de la Comisión de Hacienda que lo cite a comparecer ante este recinto legislativo y, en caso de que siga reincidiendo, se inicien los procedimientos administrativos y de responsabilidad a que haya lugar", declaró el legislador local.

El auditor de la Entidad Superior de Fiscalización, Vicente Loredo Méndez, informó que Francisco Moreno Merino, Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste tendrán que devolver mil 200 millones de pesos del presupuesto de tres años que le fue autorizado al Poder Legislativo, por no haber comprobado su gasto.
En entrevista, Loredo Méndez dijo que en dos ocasiones les requirió la información y, ante la negativa, emprenderá acciones resarcitorias en contra de los exlegisladores, así como acciones penales.