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Cinco organismos independientes solicitan ampliar su concesión.

El Congreso del estado analiza concesionar por 10 años el servicio de agua potable a organismos independientes de Jiutepec, tras una solicitud que presentó la administración municipal que encabezó Manuel Agüero Tovar. 
Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos y de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, autoridades municipales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los legisladores, se escucharon las propuestas de ciudadanos de cinco organismos para renovar sus títulos de concesión y mantener el control de la extracción y distribución del vital líquido por organismos independientes. 
La propuesta para renovar las concesiones se presentó ante el Congreso local desde la administración municipal pasada; sin embargo, el ayuntamiento llevará a cabo mesas de trabajo con los vecinos. 

A la par, el gobierno de Rafael Reyes Reyes presentará un dictamen ante el Poder Legislativo en el que expondrá elementos jurídicos, técnicos y socioeconómicos respecto a la operación de los sistemas de agua potable independientes, que significan una fuga de recursos financieros para el municipio y, a la larga, problemas sociales, como el que prevalece en Tejalpa, donde hay cortes del suministro del agua potable que el ayuntamiento debe atender. 
Los organismos que buscan ampliar su concesión son el Pedregal de las Fuentes, Residencial Sumiya 2, Progreso, Sierra Montenegro y Hacienda San José. 
El tema será analizado en los primeros días de marzo por las comisiones legislativas antes citadas para su dictaminación, a fin de que el asunto sea votado por el Pleno y se determine su posible aprobación. 

El próximo 22 de marzo se termina la gestión del actual titular.

El Congreso del estado emitirá la convocatoria para elegir al próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), ya que el próximo 22 de marzo se vence el período de Jorge Arturo Olivares Brito.
En sesión de la Junta Política y de Gobierno, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron emitir hoy la convocatoria, para el registro de los aspirantes a presidir el organismo público autónomo por un período de tres años.
En la misma convocatoria se permitirá el registro para los aspirantes a representar el Consejo Consultivo que supervisa el trabajo de la CDHEM, que está integrado por seis abogados y es un cargo honorífico. 
Una vez que se haya concretado el registro, que durará cerca de una semana, la Junta Política y de Gobierno recibirá a los aspirantes y validará si cumplen con los requisitos que marca la Constitución Política del Estado. 
Posteriormente, y una vez que la Junta Política y de Gobierno haya validado la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, se someterá a consideración del Pleno la elección del presidente y los consejeros de la CDHEM, para lo que se requerirá del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que Jorge Arturo Olivares Brito presentó ante el Congreso del estado su solicitud para ser ratificado en dicha representación por un período más de tres años. 

La crisis de operatividad del Legislativo estatal tiene su origen en los malos manejos financieros de la anterior legislatura, denuncian.

Luego de la contingencia permanente que vive el Congreso por la falta de recursos, trabajadores del Poder Legislativo pidieron a los actuales directivos del mismo que se obligue a los exdiputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta a devolver el dinero que desfalcaron mientras encabezaron a los diputados locales.

“No es justo que se haya tenido que pedir dinero prestado para pagar los aguinaldos 2018 si ya estaban presupuestados”, señalaron algunos de los inconformes, que pidieron el anonimato.

Indicaron que las condiciones en las que se trabaja actualmente en el Congreso son “poco honorables”, pues la falta de dinero ha afectado la operatividad, “pero eso afecta a los ciudadanos en general de alguna forma, sin embargo, a nosotros los trabajadores sí nos daña de manera directa, mientras esos tres sinvergüenzas siguen allí, como si nada”, indicó otra persona que labora en el Poder legislativo.

“Nos dejaron sin nada y todo comenzó desde la administración de Francisco Moreno, que no sólo es prepotente sino también un ratero, como sus compañeros”, indicaron quienes exigen que los tres mencionados, sean obligados a devolver el dinero desviado de las arcas del Congreso para hacer frente a la mala situación actual.

El presidente de la Mesa Directiva confirma que se catearon las viviendas de varios ex legisladores.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que el cateo a domicilios de ex integrantes de la LIII Legislatura se realizó por el presunto saqueo que se cometió a las oficinas del Poder Legislativo, antes de septiembre del año pasado.
En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) dijo que las revisiones a las casas de los ex diputados se realizaron a raíz de las denuncias que promovieron como LIV Legislatura en su contra ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Sotelo Martínez dijo que se presume el saqueo de las oficinas del Congreso del estado, pues no coincide el mobiliario que recibieron, con el inventario que la LIII Legislatura presentó como parte del proceso de entrega-recepción.
Además de muebles, cuadros y aparatos, los diputados reportaron la falta de documentación en cada una de las comisiones que integran y que sustentarían el trabajo que realizó la pasada legislatura.
Sotelo Martínez dijo que aportarán la información necesaria, para que se castigue a los responsables del presunto desfalco y saqueo que se cometió al Poder Legislativo.
"Se está avanzando, que bueno que se está avanzando, sobre todo en diligencias de esta índole y habremos de esperar a que sea la Fiscalía la que nos dé los resultados", agregó.

En próximos días se instalarán mesas de trabajo para discutir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año que transcurre.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que se encuentra todo listo para que los secretarios de despacho del Gobierno de Morelos comparezcan ante los integrantes de la LIV Legislatura estatal para analizar detalladamente el presupuesto del Paquete Económico 2019.
“Ya estamos en contacto con el Congreso del estado y yo creo que la siguiente semana se instalarán las mesas de trabajo con todos los diputados”, refirió el funcionario estatal.
Confirmó que estas reuniones entre secretarios y diputados estarán desarrollando un trabajo técnico específico para revisar y solventar dudas sobre las propuestas de programas y acciones, las cuales se ejercerán durante el año que transcurre.
Se espera que al concluir estas mesas se pueda autorizar en la brevedad posible el paquete económico completo, el cual incluye las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos presentadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
La Secretaría de Hacienda, dependencia que coordina estos trabajos con el legislativo estatal, indicó que dicho análisis partirá desde la propuesta presentada por el Ejecutivo estatal, la cual fue ajustada con base en el dictamen que realizó la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos.
Los principales temas que se abordarán en las comparecencias serán el reemplacamiento vehicular, las participaciones destinadas a los organismos auxiliares del Gobierno de Morelos y los recursos de programas federales que destinará al estado el Gobierno de México.
Sanz Rivera manifestó que hay confianza para que pronto se apruebe en consenso la propuesta, ya que se percibe voluntad política de ambas partes para que este tema pueda caminar por buen rumbo y, sobre todo, atender las principales necesidades de la ciudadanía.
La propuesta de Paquete Económico 2019 presentada por el Ejecutivo busca privilegiar principalmente áreas que contribuyan al desarrollo social, tales como educación, salud, cultura, deporte, agricultura y obra pública, con el fin de fortalecer el desarrollo económico y disminuir los índices de inseguridad en la entidad.

Se mantiene la deuda del Legislativo con el Instituto de Crédito.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pedirán un incremento al salario del 10 por ciento en las negociaciones del contrato colectivo 2019 que iniciarán a finales del presente mes. 
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, informó que se acordó con los diputados iniciar las negociaciones laborales en los próximos días, una vez que se haya desahogado el Paquete Económico 2019.
Refirió que la propuesta será del 10 por ciento de incremento al salario de cada uno de los 146 sindicalizados, sin embargo, el resto de las prestaciones sólo tendrán un ajuste en base al incremento salarial de este año.
Reyes Chávez manifestó su confianza en que en este año se logre un convenio de manera inmediata y no suceda como el año pasado, cuando el contrato se logró hasta el mes de agosto, días antes de que terminara la LIII Legislatura.
Refirió que a la fecha, la Mesa Directiva del Congreso del estado logró liquidar los adeudos que heredaron los exlegisladores en el tema de prestaciones laborales. Sin embargo, permanece la deuda con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que por más de un año "congeló" sus derechos ante dicho organismo. 

La medida, para buscar los muebles y documentos que fueron sustraídos de la sede legislativa; no se especificó el nombre de los afectados por esa medida.

Domicilios de varios ex diputados que integraron la LIII Legislatura fueron cateados por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a raíz de la denuncia que promovieron los actuales legisladores por la desaparición de mobiliario y documentos del Congreso del Estado.

Dicha información fue confirmada por la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, quien señaló que durante los últimos meses han aportado más información a la Fiscalía sobre el estado en el que se encontró al Congreso local y, además de muebles, también se reportó la desaparición de vehículos oficiales y documentación. 

"Se habla de que se habían llevado muebles. Tengo entendido que ya se hicieron los cateos pertinentes, estamos esperando los resultados que se hayan obtenido de esa situación", explicó. 

De acuerdo con la legisladora panista, hasta el momento desconocen lo que la Fiscalía encontró en cada uno de los domicilios cateados y que son propiedad de los ex diputados, pero se confirmó que los cateos fueron parte de las investigaciones en contra de los ex integrantes de la LIII Legislatura. 

Sin embargo, sostuvo que en este período ordinario de sesiones se trabajará para que se garantice un deslinde de responsabilidades por los abusos cometidos por sus antecesores. 

Dalila Morales presentó ayer la agenda de trabajo del Partido Acción Nacional para el segundo periodo ordinario de sesiones y afirmó que además de los ejes temáticos en materia de seguridad, educación y transparencia, buscará cumplir con los compromisos hechos al inicio de la legislatura.

La propuesta del Ejecutivo privilegiará áreas que contribuyan al desarrollo social como educación, salud, campo, cultura, deporte y obra pública.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo hizo un nuevo llamado a los integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado a trabajar por el bien de Morelos, por lo que es importante analizar a fondo y aprobar la propuesta de Paquete Económico 2019, el cual tiene un enfoque social a favor de la ciudadanía.
Recordó que a través del secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, ya se presentaron las últimas observaciones del Poder Ejecutivo y ahora solo queda esperar a que los diputados las revisen y sean aprobadas para iniciar con la planeación y ejecución de los recursos.
Blanco Bravo señaló que confía en la voluntad política de los diputados para analizar la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, mismo que pretende privilegiar áreas que contribuyan al desarrollo social como educación, salud, campo, cultura, deporte y obra pública.
Sin embargo, indicó que vigilará y no permitirá que personajes con intereses propios tomen parte en estas decisiones, ya que lo más importante es trabajar por el bienestar de las familias morelenses.
El mandatario estatal mencionó que espera que durante esta semana sea aprobado el presupuesto 2019, a fin de contar con los recursos necesarios para cumplir con los proyectos que ha programado la administración que él encabeza.

Analizan condiciones en que se concesionará el manejo de la basura; costo del reemplacamiento; monto de presupuesto para el Congreso del estado, entre otros rubros.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, indicó que avanza la revisión del paquete económico junto con diputados locales. Entre los puntos que se han analizado destacó la revisión de las condiciones en las que se concesionaría el manejo de la basura.

En este tema, comentó que se han planteado diversas alternativas, entre ellas la propuesta de legisladores en el sentido de que participen los municipios y, por otra parte, los plazos o periodos en los que estará concesionado el manejo de los residuos y su disposición final.

Comentó que el tema de la basura “ya nos alcanzó, por la complicación de los puntos finales de los desechos sólidos. Hay propuestas de modificación para no sacarlo; los legisladores plantean participar este proceso a los municipios y nos parece sensato; entonces, se podría modificar”.

En cuanto al reemplacamiento, dijo que ya se ha explicado que por norma se tiene que llevar a cabo. Refirió que algún legislador y algunos líderes empresarios sugerían que se hiciera igual que en la Ciudad de México, donde es prácticamente gratuito, pero hizo notar que ya se explicó a diputados que en la capital del país se cobra tenencia y en Morelos no. Entonces, sería un pago por única vez, no anual, y el costo tendría que ser menor, pero el necesario para los gastos de operación.

En lo referente a los salarios, el secretario de Hacienda destacó que en el Ejecutivo se han mantenido sin cambios por una década y media, tanto de mandos medios como de funcionarios superiores.

En cuanto al aumento de 100 millones de pesos al Congreso local, dijo que “todo es negociable, pero se ha planteado la necesidad de ajustarse… no podemos buscar cubrir un déficit porque nosotros tenemos un monto de diez mil millones de pesos y eso no sería posible, entonces tendrán ellos que generar condiciones de ahorros”.

Finalmente, el secretario de Hacienda dijo que se está revisando el monto asignado a la Fiscalía General del Estado, pues el Ejecutivo considera que la asignación de los recursos fue “arbitraria” porque ya hay, por reformas legales, disposición de asignación de recursos a la universidad del estado, al Poder Judicial y a otros entes de la administración, “y si vamos sumando, pues dejan sin oportunidad de recurso a otras áreas”.

Informó que de igual manera se ha puesto sobre la mesa la revisión del costo de emplacamiento, pero recordó que en Morelos no se paga tenencia y, por lo tanto, se requiere cubrir el costo operativo.

El funcionario estatal también apuntó que se irán revisando aspectos tales como los recursos asignados a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), conforme a la ley.

José Casas, del PT, insiste en que se busca reducir el costo del trámite.

El Congreso del estado podría aprobar el programa de reemplacamiento vehicular, confirmó el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, quien dijo que se trata de una norma federal que el gobierno del estado debe cumplir.
En entrevista, el legislador local rechazó su salida del PT a causa de haber negociado la aprobación del Paquete Económico a favor del Poder Ejecutivo, como se ha especulado.
Sin embargo, admitió que como diputados estarían a favor del canje de placas en vehículos particulares y del servicio público, si se confirma que se trata de una obligación federal.
"Hay un mandato federal que ordena estar reemplacando. Efectivamente, la administración anterior no dio de alta los registros y tenemos más de 10 mil casos de placas clonadas y, obviamente, se tiene que hacer una revisión, pero ésta tiene que ser acorde a la economía de la sociedad", señaló. 
Casas González sostuvo que se buscará que el costo del programa de reemplacamiento sea menor al que propuso el Poder Ejecutivo, por un monto de aproximadamente 800 pesos.
Mientras tanto, la legisladora priista Rosalina Mazari Espín dijo que las negociaciones en las mesas de trabajo que se instalarán con el Ejecutivo serán una oportunidad para integrar un presupuesto en consenso. 
Refirió que hay temas que no son negociables, como no permitir que se concesione el servicio de tratamiento final de la basura y la enajenación de bienes inmuebles del estado. 
La diputada manifestó que deben hacerse a un lado las diferencias para que se pueda desahogar el tema presupuestal. 
En cuanto a su posible remoción de la presidencia de la Comisión de Hacienda, dijo que legalmente no será posible porque un juzgado federal otorgó la suspensión definitiva al amparo que promovió para evitar el proceso que inició la Junta Política y de Gobierno. En la misma situación, dijo, está el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien logró una suspensión definitiva para no dejar dicha representación. 

En los próximos días se instalarán mesas técnicas para integrar el Paquete Económico en consensos, anuncia.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aseguró que este mes se aprobará un presupuesto en acuerdo con los tres Poderes del Estado y que no afecte a la economía de los ciudadanos.
La también coordinadora del Partido del Trabajo (PT) confirmó que ya inició el diálogo con el Poder Ejecutivo y en los próximos días se instalarán mesas técnicas para integrar el Paquete Económico en consenso.
En esas mesas de trabajo dijo que también se convocará a los representantes del Poder Judicial, y a los órganos y organismos que han solicitado audiencia ante el Congreso para revisar el presupuesto que se les asignó en el Paquete Económico que aprobaron el pasado 9 de enero.
"Esperamos una mesa formal en el Congreso del estado para hablar con los poderes, hacer mesas de trabajo... con el tribunal, hay varios que quedaron con algún pendiente. Está el Poder Judicial que quiere revisar su presupuesto, está el Impepac, el Tribunal Estatal Electoral, hay muchos que quedaron con algún pendiente. Esperamos las mesas de diálogo con el Ejecutivo y que todos podamos participar y juntos podamos revisar las observaciones", agregó. 
Mientras tanto, sigue en negociación la aprobación del programa de reemplacamiento vehicular, tema que rechazó el grupo de 15 legisladores en el paquete que aprobaron en enero. Sin embargo, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, dijo que no se descarta que lleguen a un acuerdo con el Ejecutivo en los siguientes días.

El gobernador participó en la sesión solemne de apertura del segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional de la LIV Legislatura local.

Para alcanzar un verdadero desarrollo y crecimiento económico que se refleje en el bienestar de la ciudadanía, Morelos requiere de la unidad y trabajo coordinado de los poderes de Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, afirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Esta mañana el mandatario estatal participó en la sesión solemne de apertura del segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional de la LIV Legislatura local.
Afirmó que el Ejecutivo local se mantiene abierto al diálogo permanente con todos los sectores sociales, el Congreso y Tribunal Superior de Justicia, para concretar acuerdos que coadyuven al bienestar del estado y sus habitantes.
Cuauhtémoc Blanco recordó que el trabajo conjunto también se realiza con el gobierno federal y de los municipios desde el inicio de su administración, en busca de soluciones a los problemas que más aquejan a la entidad.
En sus intervenciones, las diputadas y diputados de las fracciones parlamentarias de los distintos partidos políticos coincidieron en la necesidad de hacer a un lado las diferencias, generar sinergias y buscar un equilibrio, tanto al interior de la LIV Legislatura como con el resto de los poderes, en busca del bien común de los morelenses.
En tal sentido, el gobernador reiteró el respeto absoluto del Ejecutivo estatal a los poderes Legislativo y Judicial, los cuales son fundamentales para que Morelos avance hacia su desarrollo.
En la sesión solemne participaron también integrantes del gabinete, alcaldesas y presidentes municipales.

En medio de señalamientos pero también de llamados al diálogo y a trabajar en unidad entre los diputados, ayer viernes inició el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura.
Durante la sesión solemne que inició pasadas las 10 de la mañana y a la que asistió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, los legisladores aprovecharon la tribuna para señalar lo fracturado que se encuentra el Poder Legislativo, sin embargo, admitieron que el segundo periodo ordinario de sesiones es una oportunidad de trabajar en unidad y cumplir con los compromisos que hicieron en campaña.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, hizo un llamado a sus homólogos para dejar atrás los rencores y avanzar en la deuda que tienen pendiente con la sociedad, como la aprobación del presupuesto o el análisis del Plan Estatal de Desarrollo.
La diputada del Partido Encuentro Social (PES) Maricela Jiménez Armendáriz señaló que debido a la falta de acuerdos y a que han prevalecido los intereses personales y de grupo, la ciudadanía se encuentra desilusionada y los consideran como "la peor legislatura de la historia".
La diputada del Partido Humanista (PH) al ser la primera en subir a tribuna manifestó "el Congreso no puede ser arena de lucha entre rivales", y pidió que mediante el diálogo y el acuerdo se pueda avanzar.
La diputada del Partido Social Demócrata (PSD) Naida Díaz Roca sostuvo que el Congreso no es un "campo de batalla" ni debe usarse para satisfacer intereses personales y de grupo, e inmediatamente después sostuvo que la noche del pasado jueves, un grupo de 15 legisladores "logramos doblegar a unos diputados" para aprobar la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria y definir la distribución de las aportaciones federales a los municipios de origen indígena.
Y posteriormente invitó a sus homólogos a dejar a un lado las "vendetas políticas" y las agresiones políticas para avanzar en el trabajo legislativo.
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara, pidió dejar a un lado los "rencores y posiciones extremas", para que a través del diálogo se busque un beneficio de la sociedad.
La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, sostuvo que defenderán a como dé lugar el Paquete Económico que aprobaron como G15, el pasado 9 de enero, pues reiteró que es en beneficio de la sociedad.
Solicitó al gobernador Blanco Bravo mejorar los canales de comunicación, pues dijo que es evidente que ambos poderes fallaron en ello.
Mientras, la perredista Rosalinda Rodríguez Tinoco refirió que ha faltado liderazgo en el Congreso, lo que ha causado la fractura. La priista Rosalina Mazari Espín dijo que como legislatura tienen una oportunidad de dejar atrás las diferencias y avanzar en temas como el presupuesto y la anulación de las pensiones doradas a ex funcionarios.
José Luis Galindo a nombre del Partido del Trabajo (PT) señaló que a 100 días de gobierno "las cosas no están mal en Morelos pero podrían estar mejor".
Dijo que es momento de abrir el diálogo con la sociedad y los poderes del estado y cumplir con las promesas de campaña para garantizar el desarrollo del estado.
En medio de la sesión solemne, un grupo de ciudadanos lanzó porras al grupo de cinco legisladores que integran el PRI, PAN y PES, y constantemente abucheó a los legisladores del grupo de 15, lo cual fue calificado por la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz como "circo".

La ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta habría desaparecido documentos oficiales, muebles y sistema de cómputo del Congreso del Estado, confirmó el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla Becerro.
En entrevista, el legislador local explicó que desde el año pasado, como presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, realizó observaciones a la ex diputada dentro del proceso de entrega-recepción, por la desaparición de documentos como dictámenes y actas de las sesiones de dicho órgano legislativo.
Además, refirió, se registró la pérdida de muebles y el sistema de cómputo que también pertenecían a la Comisión de Seguridad.
Ante tales observaciones, el pasado jueves, en la sesión de clausura de la Diputación Permanente se informó que Figueroa Peralta respondió a las observaciones hechas por la presidencia de la citada comisión.
Zapotitla Becerro dijo que se desconoce la respuesta que dio la legisladora, ante la desaparición de documentos y muebles propiedad del Congreso del Estado. Sin embargo, garantizó que se dará seguimiento a dicho proceso de investigación.
"Por escrito le he requerido al presidente de la Mesa me haga saber el contenido de ese documento y yo creo que en cuestión de horas, sabremos en qué términos respondió la diputada a estas observaciones en el proceso de entrega-recepción”.
“Hay que señalar que cuando se requiere información del contenido de esos dictámenes que fueron aprobados por la legislatura anterior, no tenemos el sustento jurídico; no hay actas, incluso no se puede hacer constar que se haya dictaminado, que se haya cumplido los procedimientos. Estamos hablando también de faltantes de patrimonio, sin embargo, ésta tiene que acreditarse si lo tuvo ella o no lo tuvo, porque al menos el contenido del acta habla de bienes muebles, sin embargo, en ningún momento estos fueron recibidos por la comisión actual", agregó. 

La diputada señaló que los municipios que expidieron constancias han solicitado prórrogas para rendir informes.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, adelantó que el proceso para anular las "pensiones doradas" llevará su tiempo, pues requieren de pruebas que confirmen que la LIII Legislatura violó la ley para favorecer a ex funcionarios que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez.
La también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social explicó que de acuerdo con el proceso de investigación que iniciaron, los ayuntamientos involucrados en la entrega de constancias de trabajo pidieron tiempo para entregar la documentación que confirme los años de servicio que supuestamente cumplieron los pensionados.
Señaló que el caso de Puente de Ixtla, de donde más constancias se expidieron, las autoridades pidieron una prórroga para cumplir con dicha información.
"Se le envió un oficio en que se le pide que por favor nos diera la documentación, pero el nuevo presidente dice que acaba de entrar, por lo tanto, que le demos oportunidad de que nos dé la información. Para nosotros poder culpar o señalar a alguien tiene que contestarnos el municipio, si tiene 10, 15 años, si está registrado en sus áreas de trabajo, su IMSS y en eso estamos, los presidentes municipales tienen unos días y nos piden un poco de oportunidad", explicó.
La legisladora del PT no señaló si el proceso de anulación de pensiones podría concretarse en este mes y tampoco cuál es la lista que podría anularse, aunque señaló que se trata de ex funcionarios de la administración anterior, de la Legislatura pasada y de otras dependencias. 

La propuesta es recaudar más de mil 561 millones de pesos; no hay incrementos en impuestos ni en servicios municipales: Villalobos Adán.

Este jueves, integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca acudieron al Congreso del estado para llevar la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, la cual fue modificada a fin de que no haya incrementos en el pago de impuesto predial y servicios municipales.

El miércoles por la noche, el máximo órgano municipal sesionó y aprobó realizar modificaciones a ley, la cual busca recaudar más de mil 561 millones de pesos.

Al respecto, el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, informó que cumplieron en tiempo y forma, con el objeto de iniciar el mes de febrero con la ley aprobada.

“No vienen impuestos nuevos. No acrecentamos los impuestos, hicimos modificaciones a la baja para que los contribuyentes acudan a pagar sus servicios”.

Refirió –incluso- que una de las novedades de la iniciativa es invitar a los propietarios de inmuebles que están en tierras ejidales a que también contribuyan con el pago de servicios municipales, porque –finalmente- se ven beneficiados, al igual que el resto de la ciudadanía.

Cabe señalar que las modificaciones fueron remitidas al Congreso del estado, el que habrá de realizar su análisis para luego aprobarlo en el pleno legislativo.

Priista denuncia falla en el proceso.

El grupo de 15 legisladores (G-15) en el Congreso del estado se volvió a imponer como mayoría y obligó a la aprobación, por la vía rápida, de la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria que permite la distribución de las aportaciones federales y estatales a los nuevos municipios de origen indígena. 

Sin embargo, el decreto podría carecer de legalidad, ya que no se sustentó en información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el número de pobladores para la asignación de los recursos financieros. 
Minutos antes de que concluyera el receso legislativo, y dentro del período extraordinario que se abrió el martes 22 de enero, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que impulsó el G-15,  ante las observaciones que realizó al decreto el Poder Ejecutivo al Paquete Económico que aprobaron los legisladores, el pasado 9 de enero. 
Dicho dictamen se integró en medio de una fuerte discusión entre las legisladoras del G-15 y la diputada priista Rosalina Mazari Espín, quien advirtió que la aprobación de la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria podría traer consecuencias legales, ya que no se tomaron en cuenta los datos oficiales del Inegi, en los que se deben basar para la distribución de las aportaciones federales y estatales. 
No obstante, la diputada del Partido Social Demócrata (PSD)nNaida Diaz Roca sostuvo en todo momento que cualquier error podría corregirse en  cualquier momento. 
Como medida de presión, el  diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro pidió a los pobladores de  Xoxocotla permanecer en el recinto legislativo para obligar a la aprobación de la ley, incluso, para evitar el inicio del período ordinario de sesiones en sesión solemne citada para hoy, a las 9 de la mañana. 
Finalmente, el Pleno Legislativo aprobó la distribución de las aportaciones para los municipios indígenas, de la siguiente forma: a Hueyapan le corresponderá un porcentaje del 3.4 del total de los recursos, Coatetelco 1.0 por ciento y Xoxocotla 1.2.
Los legisladores de oposición al Poder Ejecutivo aseguraron a los pobladores de Xoxocotla y Hueyapan, que estuvieron presentes ayer en el recinto Legislativo, que una vez aprobado el decreto y publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" les entregarían los recursos federales, aún y cuando no se ha desahogado la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 que también tienen obswrvaciones delEjecutivo. 
La Diputación Permanente se clausuró minutos después de las 12 de la noche de este 1 de febrero. 

Presentan alcaldes iniciativas de leyes de ingresos

De última hora, al menos 18 ayuntamientos del estado presentaron su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019.
A las 12 de la noche de este jueves venció el plazo para que los gobiernos municipales presentaran su propuesta, luego de que el Congreso del estado determinó rechazar las iniciativas de ley que impulsaron los ex alcaldes, por contener incrementos en los conceptos por el cobro de derechos, impuestos y servicios municipales.
El Congreso del estado deberá analizar y someter a votación del pleno las propuestas a más tardar el 28 de febrero, para su aplicación en el resto del año.
Los ediles esperaron al último día para presentar sus propuestas, como fue el caso del alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes que acudió ayer al Congreso del estado e informó que su iniciativa contempla reducciones en el cobro de derechos, servicios y otros conceptos, como es el caso del programa vial alcoholímetro.
El presidente de Cuernavaca, Antonio Villalobos también se presentó en el Poder Legislativo y ante la Comisión de Hacienda entregó la propuesta aprobada por el cabildo.

Los legisladores revisarán el perfil de los cinco comisionados que recibieron su nombramiento en septiembre del año pasado.

El Congreso del estado inició una investigación al proceso de elección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que llevó a cabo la Comisión de Selección que nombró la LIII Legislatura.
A través de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, los legisladores revisarán el perfil de los cinco comisionados que recibieron su nombramiento en septiembre del año pasado y que necesitan ser ratificados por el Congreso del estado para poder empezar a trabajar. 
Dicha investigación se inició esta semana, dos meses después de que el Pleno del Congreso del estado ordenara dicho proceso, a propuesta del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro. 
La diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Transparencia, informó que dicho retraso se debió que la mayoría de los diputados que integran el órgano legislativo se oponían a que se llevara a cabo, principalmente su homólogo Marcos Zapotitla.
"La intención es verificar que estén todos los documentos y que cumplan o hayan cumplido con lo que marca la ley. De ahí estaremos en disposición para tomarles protesta una vez que se corrobore la información", explicó la diputada. 
Ariadna Barrera manifestó su confianza en que este tema se desahogue en febrero y se pueda instalar el Comité de Participación Ciudadana o elegir a nuevos integrantes, de acuerdo a lo que determine la mayoría de los legisladores.
Mientras tanto, el 11 de febrero se llevará a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo que promovió el comisionado Roberto Coranguez Esquivel, electo como presidente del comité, en contra de la investigación que ordenó en noviembre el Congreso del estado. 

Será un paquete económico de consensos, asegura el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que el Pleno del Congreso local podría aprobar un Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 de consenso, pero después de la primera quincena de febrero. 
En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) informó que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo con todos los legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo, a fin de desahogar las observaciones que se hicieron al Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores. 
Sin embargo, sostuvo que la intención es integrar un "presupuesto social", mediante el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. 
"Ya hay propuestas del Ejecutivo para generar mesas de trabajo y que finalmente podamos tener un Paquete Económico aprobado acorde a las necesidades de la sociedad, ese es todo el avance", declaró. 
Sotelo Martínez dijo que como Poder Legislativo usarán los 30 días que otorga la Constitución para analizar las observaciones que envió el Ejecutivo, a pesar de los problemas sociales que han surgido por la falta de una Ley de Ingresos y Presupuesto para este año. 
"Los 30 días que la ley establece a partir de que fueron recepcionadas (sic) las observaciones por parte del Legislativo, hasta en tanto no se cumpla ese período vamos a estar en condiciones de aprobar, que no tengamos que agotar, esperamos que podamos sacar antes este tema, será en beneficio de la sociedad", agregó. 
El legislador local recibió ayer a un grupo de trabajadores de la Fiscalía General del estado que se presentó en el Congreso del estado, para solicitar se apruebe un presupuesto que garantice recursos suficientes para la dependencia estatal y se mejoren sus condiciones laborales.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen los consensos de mayoría para que pueda modificarse el Paquete Económico 2019, una vez que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura.

En entrevista, sostuvo que a raíz de la visita del senador Ricardo Monreal Ávila, quien llamó a la unidad entre los poderes del estado, la postura del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha cambiado, lo que ayudará a que se apruebe una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 mediante consenso.

Sotelo Martínez lamentó que algunos de sus homólogos se nieguen a entablar diálogo para lograr acuerdos, como es el caso del Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal).

Sin embargo, dijo que existe la confianza de que en los primeros días de febrero, se pueda desahogar el presupuesto y avanzar en la agenda legislativa pendiente desde septiembre pasado.

Ayer viernes la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca Nieves Sánchez Arano, aseguró a que existe opacidad en la Mesa Directiva, pues a dos días de que el Poder Ejecutivo entregara las observaciones al Paquete Económico -que aprobó un grupo de 15 legisladores- no había recibido una copia.

Sostuvo que la actitud de su homólogo es lamentable y no abona al diálogo en el Congreso del estado.