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Insisten en que habrá afectaciones graves a la promoción turística del estado a raíz de la cancelación de los fideicomisos de apoyo al rubro.

Directivos de organizaciones empresariales afirmaron que se mantendrán en la lucha para lograr que se reactiven los fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecom), a pesar de la inconformidad de los diputados locales.

Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acudieron ayer a la sede del Congreso local, ubicada en la colonia Amatitlán, para insistir en que se revierta la reforma hacendaria que aprobaron los legisladores en julio pasado.

Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, afirmó que no se trata de ningún pleito con los diputados, y aseveró que existen elementos legales para insistir en su exigencia, por lo que promovieron ocho juicios de amparo hasta esta semana y se prevé que el número de recursos jurídicos aumente.

También respondió a los cuestionamientos de la diputada Hortencia Figueroa, por el uso que dieron a su presupuesto para emprender una campaña en contra del Poder Legislativo y no en promoción turística. "Si se trata de ver por el bien del estado, ellos hubieran revisado todo lo que se gastan en las campañas políticas y buscar ¿por qué no? que esa parte se redireccione al turismo, y ¿por qué no? al desarrollo social del mismo", aseveró.

Los empresarios señalaron que habrá afectaciones graves a la promoción turística del estado, a raíz de la cancelación de los fondos económicos antes citados, y por tal razón también insistieron en conocer qué hizo el gobierno del estado con 18 millones de pesos que se tenían de los fideicomisos.

"… La semana pasada hubo una reunión, en la cual el único estado que no pudo presentarse y participar fuimos (nosotros). A la diputada se le olvida que los empresarios hemos tenido que invertir por muchos años para promover el estado", aseveró Arturo Contreras Montaño, presidente de Tesoros de México.

De acuerdo a los empresarios, hasta la fecha ningún diputado los ha buscado para tener un acercamiento a raíz de la campaña que iniciaron la semana pasada con la colocación de espectaculares en la autopista México-Cuernavaca y con el apoyo de transportistas, también, en "rutas".

El TEEM desecha las impugnaciones de los varones que al amparo de la paridad de género, buscaban sustituir a las mujeres que ocuparán ese cargo.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) confirmó el acuerdo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por el que se validó la integración del Congreso del estado y que estará representado por 14 mujeres.

En sesión del Pleno del TEEM, los magistrados declararon infundados los agravios promovidos por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Humanista (PH) y Partido Encuentro Social (PES), en los juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y recursos de inconformidad.

De acuerdo a la resolución del Tribunal Electoral, en la designación de las diputaciones por la vía de la representación proporcional y de mayoría relativa, sí se cumplió con los principios de paridad y de representación.

"...la integración del Congreso del Estado queda conformada por un mayor número de mujeres no es razonable pensar que ello deriva de una práctica discriminatoria hacia los miembros del género masculino, porque éstos se encuentran en una situación de hecho en la que han disfrutado a plenitud del ejercicio de sus derechos políticos, al menos por razón de género, y no existen elementos en el caso para llegar a una conclusión distinta", señala la resolución, en cuanto al principio de paridad.

Por lo anterior, se validaron los cargos de la priista Rosalina Mazari Espín y de la panista Dalila Morales Sandoval, de la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, la perredista Rosalinda Rodríguez Tinoco; Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza; de Movimiento Ciudadano, Ana Cristina Guevara Ramírez; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Humanista, y Melissa Torres Sandoval, del Social Demócrata.

En el caso último de la diputación de Melissa Torres, el PES promovió un juicio al señalar que incumplió con los requisitos de elegibilidad, al no acreditar los tres años de residencia en Morelos.

Sin embargo, el pleno del TEEM desechó el recurso, toda vez que el PES no presentó pruebas suficientes sobre esa situación.

Durante la sesión las diputadas electas por la vía plurinominal estuvieron presentes y se manifestaron con pancartas que decían "Mujeres al Congreso".

El Congreso local pretende que sus cinco integrantes rindan protesta antes de que concluya la actual legislatura.

Diputados locales pretenden tomar protesta a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) antes de que concluya la LIII Legislatura.

El pasado 7 de agosto, el Congreso del estado fue notificado de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Circuito, por la que se sobreseyó el juicio de amparo 667/2017, promovido por los ex integrantes del Comité de Participación, cuyos nombramientos quedaron sin efecto el 7 de abril del 2017 por determinación de los actuales diputados.

Ante tal resolución judicial, los integrantes de la Comisión de Selección del SEA ya se encuentran en condiciones de designar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, proceso detenido desde el 22 de enero pasado, en espera de la resolución del amparo que promovieron los ex comisionados.

De acuerdo a información proporcionada desde el SEA, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han presionado a la Comisión de Selección para que se concreten los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana, con la intención de que sea la LIII Legislatura la que tome protesta  a los cinco nuevos funcionarios, en un periodo extraordinario de sesiones al que convocarán los diputados locales en los próximos días.

Los integrantes del citado comité durarían en el cargo cinco años, sin oportunidad a reelegirse. 

En la lista final de aspirantes a ocupar dichos cargos figuran Hugo Bello Ocampo (ex comisionado), María Juana Damiana Herrera Mota, Alejandro Enríquez Hermida, Rodolfo de la Mora de la Mora, Arnulfo Bretón García, Benjamín Romero Rigel, Eva Penélope Picazo Hernández, Diana Recio Téllez, Roberto Coránguez Esquivel, Eleael Acevedo Velázquez, Miguel Ángel Flores Mendoza, Esmirna Salinas Muñoz, Ariel Homero López Rivera, Gabino Olais Reyes, Edgar López Betanzos y Rodrigo Rojas Morgado. 

El historial laboral de Ana Cristina Guevara Ramírez no coincide con los años contabilizados al servicio del Estado para alcanzar la jubilación con el 50% de su último salario como servidora pública.

Ana Cristina Guevara Ramírez en unas semanas tomará protesta como diputada plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), pero -al igual que en el caso de la exdirectora de recursos humanos del Poder Legislativo, Karina Arteaga Gutiérrez- hay dudas sobre cómo la futura legisladora consiguió que el Congreso la jubilara con el 50% de su último salario como servidora pública, cuando su historial laboral no empata con los años computados al servicio del estado para alcanzar el beneficio y pone en juicio la documentación aportada para conseguir la pensión.

El 14 de septiembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto de jubilación de Guevara Ramírez, quien presentó ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso varias constancias que acreditaban que comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el 15 de enero de 1995, justo el día que cumplió sus 15 años.

A esa edad, inexplicablemente, Ana Cristina simultáneamente laboraba en el ayuntamiento de la región sur y cursaba la preparatoria en el centro educativo Loyola de Cuernavaca (generación 1995-1998).

Supuestamente comenzó como auxiliar administrativo en el área de recursos de la comuna ixtleca y luego como auxiliar del área de servicios generales del ayuntamiento.  Al concluir la prepa, también de manera simultánea, trabajaba en el ayuntamiento mientras estudiaba la licenciatura de derecho en el Centro de Estudios Superiores de Morelos (generación 1998-2003).

Según los documentos, la futura legisladora trabajó en Puente Ixtla del 15 de enero de 1995 al 31 agosto de 2003, es decir 9 años con 8 meses y 16 días, pero en su historial laboral oficial presentado tanto en el Congreso local como en el Gobierno de Morelos, nunca mencionó que fue empleada de ese ayuntamiento.

Pero  al  contrastar su currículum vitae (que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y los datos del decreto de jubilación, resulta extraordinario que en este periodo Ana Cristina no sólo trabajaba en el ayuntamiento ixtleco y estudiaba al mismo tiempo, sino que también realizaba pasantías en los despachos jurídicos Despacho Jurídico Bahena & Maxinez Asociados (1998-2002), Despacho Jurídico Villanueva y Asociados, Pasante en Materia Mercantil (2000-2001) y Despacho Jurídico Martha Alquicira (2001).

Pero otro dato que literalmente no cuadra, es que la cuasi legisladora aseguró en su historial laboral, disponible en página web del Gobierno de Morelos, que entre el 2002 y el 2003 laboró en el área jurídica del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Morelense del Sistema Estatal DIF. Es decir, que en este periodo trabajó simultáneamente en Puente de Ixtla y la dependencia estatal.

De manera intermitente, entre 2003 y 2016 colaboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca como asistente de la Regiduría de Derechos Humanos; fue asesora de control de información y coordinadora de gestión de la Secretaría de Gobierno, y coordinadora de planeación para el Desarrollo de la Secretaría de Finanzas; además fungió como secretaria particular del ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, así como auxiliar y asesora de la fracción parlamentaria de Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Su último cargo fue como auxiliar adscrita a la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, el cual ocupó del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.

Según el decreto de jubilación de Ana Cristina acreditó haber laborado al servicio del Estado 18 años, 5 meses y 28 días, de los cuales la mitad los habría laborado en el Ayuntamiento de Ixtla en circunstancias inverosímiles.

De acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que un trabajador pueda jubilarse, debió al menos haber laborado al servicio del estado por lo menos 18 años y obtener una pensión al 50% de su último salario.

En las últimas semanas, tras la aprobación por los diputados de varios decretos de “jubilaciones doradas” de secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios del gobierno de Morelos, organizaciones civiles y empresariales han reprochado la actuación de los legisladores y la carga que tendrá el erario.

Incluso, organizaciones como el Foro Morelense de Abogados han puesto en duda la autenticidad de la documentación presentada por algunas personas al Congreso para alcanzar la jubilación, pues como en el caso de Ana Cristina, no hay evidencias de que hayan laborado el tiempo necesario para obtener una pensión.  

Entró en vigor al publicarse el decreto que le otorga el pago del 95 por ciento de su último salario; inconsistencias ponen en duda su supuesta antigüedad laboral.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la “pensión dorada” de Karina Arteaga Gutiérrez, otrora directora de Recursos Humanos del Congreso local y cuyo decreto de jubilación presenta presuntas irregularidades, al no cumplir la ahora ex funcionaria con la antigüedad para obtener como pensión el 95% de su último salario y al existir dudas sobre la autenticidad de sus constancias laborales.

Una revisión al decreto pensionario 3400, publicado este miércoles en el órgano oficial de difusión y al currículum vitae de Arteaga Gutiérrez, hace visibles varias inconsistencias que ponen en duda que la ex funcionaria haya laborado “a la fecha de su solicitud 27 años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido”.

Según el decreto, durante su trayectoria pública Karina Arteaga ocupó nueve cargos en administraciones municipales en el extinto Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos. El primero de ellos, cuando apenas había cumplido 16 años de edad y ya atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Nació en Cuernavaca en agosto de 1973 (según su hoja laboral que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y actualmente tiene 45 años.  Siendo una adolescente, el 10 de septiembre de 1989 ingresó como auxiliar contable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, donde laboró hasta el 31 de mayo de 1997.

En esta temporada no sólo laboró en el municipio ubicado en la región oriente de Morelos sino que paralelamente estudió la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo egresada de la generación 1991-1996; y laboró o realizó su servicio social en la Contraloría General del Estado entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, pues en un currículum vitae aseguró que desempeñó el cargo de auxiliar auditor (aunque este empleo no fue contemplado en el decreto).

Al culminar su labor como funcionaria de Tepalcingo, de inmediato se incorporó también como auxiliar en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, donde laboró del 1 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 2003, es decir 6 años con 3 meses.

Pero es en este periodo donde se nota la primera inconsistencia en el cómputo de años trabajados al servicio del estado.  Al revisar el formato electrónico de dos diferentes currículos vitae de Arteaga Gutiérrez, uno del Congreso y otro del órgano electoral, se advierte que durante estos seis años no laboró en el ayuntamiento  de Atlatlahucan sino en dos empresas del rubro farmacéutico establecidas en la Ciudad Industrial de Cuernavaca  (Civac) en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, ella trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V.  de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia.

El 1 de octubre de 2003 y hasta el 15 de marzo de 2004 ingresó como auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano y del que es militante) y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa del grupo parlamentario del partido que sigue liderado por Jaime Álvarez Cisneros, ex diputado y otrora operador político de la actual administración.

El 1 de diciembre de ese año, Karina Ortega fue designada brevemente como consejera electoral en el extinto Instituto Estatal Electoral, cargo que ocupó por poco más de 8 meses (del 1 de diciembre de 2004 al 12 de agosto de 2005).

Fue hasta el 1 de noviembre de 2006 cuando Karina Arteaga se reincorporó nuevamente, pese a su experiencia obtenida y los cargos ocupados, como auxiliar contable de la Tesorería Municipal de Atlatlahuacan hasta el 30 de septiembre de 2008.

Días después, el 14 octubre de 2008 fue designada titular de la Unidad de Evaluación de la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, donde laboró hasta el 30 de junio de 2015.

Del 23 de septiembre al 27 de octubre de 2015 se desempeñó como subdirectora de recursos humanos del Congreso y del 28 de octubre de 2015 al 14 de mayo de 2018 ocupó su último cargo como directora de recursos humanos del Poder Legislativo.

Conforme al recuento de las fechas estipuladas en el decreto, la ex funcionaria tendría 26 años 11 meses y un día de servicio, y no los más de 27 años para obtener una pensión al 95% de su último salario como lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A ello se suma que durante seis años no habría laborado en el municipio de Atlatlahuacan sino en la iniciativa privada y cuyo tiempo se tendría que restar a los años laborados al servicio del estado, así como el porcentaje de la pensión. Además, de investigarse si las constancias laborales expedidas por los ayuntamientos y dependencias gubernamentales son o no auténticas.

Hasta el momento no hay un cifra confirmada del último salario de la ex funcionaria, pues en la última nómina del Congreso disponible en internet –que data de 2016- dice que el salario mensual, sin incluir compensaciones, es de 15 mil pesos menos deducciones. Al aprobarse el decreto, se estimaba que la remuneración de Karina Arteaga oscilaba entre los 30 mil y 40 mil pesos.

Karina Arteaga Gutiérrez by uniondemorelos on Scribd

Reiteran que su objetivo es revertir reformas realizadas por los actuales legisladores.

Los diputados electos por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dieron a conocer que avanzan en la agenda legislativa y aseguraron que cumplirán con una gestión austera, eliminarán la compra de vehículos, no habrá guardias personales e, incluso, revisan los costos de operación de la nueva sede. El próximo coordinador de la bancada, Héctor Javier García Chávez, aseguró que la relación con el gobernador electo será de respeto y coordinación.

Este lunes, el dirigente estatal del partido, Gerardo Albarrán Cruz, aseguró que los legisladores electos están unidos y su nuevo coordinador será García Chávez, luego de un proceso democrático de elección interna.

Albarrán Cruz refirió que la agenda será congruente con las líneas generales que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar cauce al Proyecto Alternativo de Nación.

Además, aseguró que buscarán revertir algunas de las reformas que aprobaron los actuales diputados, pues consideran que van en contra de los intereses del Estado y que se hicieron para beneficio de un grupo que ha estado en el poder.

Anotó que ejercerán la mayoría con responsabilidad y que buscarán siempre los consensos, junto con los legisladores emanados de la Coalición Juntos Haremos Historia.

El futuro coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del estado señaló que no tiene nexo alguno con el actual titular del Ejecutivo local.  Advirtió que de manera permanente en la Legislatura se mantendrá la convicción del combate directo a la corrupción. “No vamos a permitir que se desvíen recursos públicos. Iniciaremos procedimientos administrativos si se encuentran desviaciones y anomalías. No vamos a tener cortapisas de absolutamente nada. Morena no va a ser tapadera de nadie en las observaciones de la actual legislatura, ni cómplice en la LIV Legislatura. El mensaje de la ciudadanía fue muy contundente, nos dio el apoyo para tener una mayoría y le vamos a responder con la justicia social, administrativa y penal”.

Dijo que será fundamental revisar el sistema anticorrupción, para empezar, por los titulares de las instancias que están al frente, pues consideró que en esos encargos deben ser nombradas por el Congreso personas de probada honradez.

Reiteró que renunciarán al fuero, en seguimiento a la lógica nacional, y se aplicarán las sanciones correspondientes e, incluso, juicio político.

De igual manera, los diputados electos morenistas expusieron que hay una relación de respeto y coordinación con el gobernador electo y con el presidente electo por la coalición "Juntos Haremos Historia".

Entre las reformas que preocupan a la futura bancada de Morena destacan la modificación de la votación del Constituyente para reformas a la Carta Magna, la relativa a facultades de la Fiscalía General del Estado, la reforma al Sistema Estatal Anticorrupción y el asunto de la deuda pública, así como las jubilaciones y pensiones “doradas".

De la misma manera, adelantaron que en la agenda, uno de los puntos primordiales serán las formas de participación ciudadana, como la revocación de mandato (que prometió a nivel nacional AMLO); el referéndum y el plebiscito.

Refirió que será la próxima semana cuando inicie el proceso de entrega-recepción en el Congreso local, pues aún no han sido notificados por los actuales legisladores sobre el inicio de las mesas de trabajo conforme a la ley.

Por su parte, la diputada electa Ariadna Barrera Vázquez dijo que hay unidad en la próxima bancada, no obstante la ausencia de José Casas González, diputado electo de Morena, y quien también buscaba la coordinación parlamentaria de Morena.

Barrera Vázquez comentó que el legislador electo tuvo otra actividad y que el acuerdo fue respetar la decisión de la mayoría, en un proceso democrático, pues obtuvo más votos.

Agregó que no se trata de un "cheque en blanco" y que habrá de atender la voz de todos los legisladores y las diputadas de Morena.

Adelantó que de ser necesario, propondrán auditorías externas para garantizar que se cumpla uno de los compromisos que hizo la coalición en campaña, de tolerancia cero a la corrupción.

Afirmó que se presume enriquecimiento ilícito por parte de los actuales diputados, derivado de un mal ejercicio de los recursos, de ahí que iniciarán una revisión de, al menos, la última cuenta pública. 

"Estaremos bien atentos a lo que van a estar entregando, hacer un cruce; definitivamente no está tan difícil, al azar, el último año para que den rápido los resultados", aseveró.

Incluso, Barrera Vázquez dijo que analizarán la utilidad de la nueva sede del Congreso local, ya que consideran que es un edificio ostentoso y que pudiera ser de mayor beneficio para la sociedad que para 20 diputados.

Finalmente, añadió que la prioridad en este momento es el presupuesto, y refirió que los sueldos muy elevados se van a eliminar, de manera acorde con la línea de gobiernos austeros, como lo anunció López Obrador.

También se van a revisar costos de manutención del nuevo edificio y, de ser procedente, se mudaría, además de que renunciarán a guardias y compras de vehículos, entre otros gastos innecesarios.

Este mismo lunes, los diputados electos de Morena anunciaron que comenzarán los encuentros con diversos grupos sociales para enriquecer dicha agenda.

Este martes se reunirán con el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para dialogar sobre temas que son considerados como ejes, como el presupuesto del 2019, entre otros que serán dialogados con el equipo del futuro titular del Ejecutivo “para trabajar de manera consistente y unificada”.

En entrevista, el líder estatal de Morena, Gerardo Albarrán Cruz, informó que hasta la mañana del lunes, Rabindranath Salazar Solorio continúa como coordinador en Morelos del próximo gobierno federal.

Así lo indicó ante las versiones que han circulado en el sentido de que ese puesto será ocupado por el hasta ahora líder nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes.

Salazar Solorio sigue coordinando los trabajos para poner en marcha los nuevos programas y reestructuración que ha anunciado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Hay plazo de dos días hábiles para que cesen las funciones de la edilesa suplente.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) dio un nuevo plazo al Cabildo de Tetela del Volcán para la restitución en el cargo como presidenta municipal de Ana Bertha Haro Sánchez, con la advertencia de que aplicará nuevas medidas de apremio.

La alcaldesa informó al TEEM que el Cabildo se niega a reincorporarla a sus funciones, pese a que así lo ordenó el tribunal el pasado 25 de julio, en la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales TEEM/JCD/350/2018-1.

Al analizar el caso, el órgano jurisdiccional advirtió que el Cabildo fue omiso en dar cumplimiento a la sentencia, por lo que emitió un nuevo acuerdo plenario y dio al Ayuntamiento un plazo de dos días hábiles para que cesen las funciones de la alcaldesa suplente, Amalia Hernández Alonso, y retome su cargo Haro Alonso como presidente municipal propietaria.

De lo contario, apercibió al Cabildo con aplicar una amonestación pública y dar vista al Congreso para que se tomen las acciones legales correspondientes y, en caso de reincidencia, la aplicación de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir su sentencia.

Haro Sánchez presentó su licencia definitiva al cargo de presidenta municipal para contender como candidata a diputada federal por el Distrito V por la alianza “Todos por México”, pero al perder la elección, solicitó al Cabildo su reincorporación al cargo.

La presidente municipal suplente y el Cabildo rechazaron la petición y Ana Bertha Haro impugnó la negativa ante el TEEM. 

La CDHEM dice que estudiará el documento para ver si procede.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (Fecap) solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas realizadas por los diputados a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado, por considerarlas un exceso y agravio a la sociedad.

Ante representantes de más de 30 organizaciones civiles, el presidente de la Fecap, Alejandro Smith Vázquez, entregó al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, el proyecto de acción de inconstitucionalidad para combatir las reformas que otorgan al fiscal general la facultad discrecional de otorgar pensiones vitalicias y designar al fiscal anticorrupción.

“Nosotros planteamos la acción de inconstitucionalidad, primero, porque violenta los principios de la seguridad pública establecidos en el artículo 21 constitucional; y, en segundo lugar, porque en el caso del fiscal anticorrupción, obedece a un sistema nacional que tiene lineamientos específicos que se violentan”.

“Es decir, existe un consejo ciudadano anticorrupción que tendrá que delinear y determinar las directrices que tenga que seguir este sistema nacional y local anticorrupción. Y sobre esas bases nosotros planteamos y, lo que asimismo considere la Comisión Derechos Humanos del estado, que existen aspectos de inconstitucionalidad”, explicó.

En el proyecto, cuyo documento fue entregado al ombudsman estatal para su consideración y análisis, se solicitó que a través de la acción de inconstitucionalidad, la CDHEM impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101, relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

“La ley se excede en muchos sentidos porque las pensiones es un tema de competencia del Congreso, y porque el otorgamiento no plantea más requisitos que ser nombrado como titular de alguna de las fiscalías especiales, lo cual es notoriamente violatorio de la división de poderes”, recalcó Smith Vázquez.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales.

Al respecto, el titular de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito, señaló que analizará el documento, y sostuvo que si hay las condiciones legales para que prospere, el organismo no tendrá inconveniente en atender el tema y llevarlo ante la SCJN, como ya lo hizo con cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas a petición de la sociedad civil organizada y que están en desahogo ante el máximo tribunal del país.  

Sin embargo, admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora" en el Congreso del estado.

La diputada perredista Silvia Irra Marín, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, justificó las jubilaciones 'doradas' aprobadas por la vía rápida en el último del periodo ordinario de sesiones y aseguró que estuvieron apegadas a derecho.

La legisladora local, quien en un primer momento se negó a dar declaraciones al argumentar que se encuentra de vacaciones, pidió a los ciudadanos que han criticado el actuar de los diputados, que lean la Ley del Servicio Civil antes de cuestionar.

"La ley dice que mientras los trabajadores tengan 18 años dentro de los poderes del gobierno, tienen derecho a una jubilación, incluso, dice, no importa la edad, y tampoco dice no importa el parentesco y, mientras a mí me ampare la ley, a mí no me importa si son funcionarios de gobierno, si son las esposas de los diputados o de los presidentes, o de quien sea. Mientras la ley los ampare, yo no tengo la capacidad de quitarles un derecho que la ley les da", declaró.

Irra Marín admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora", pues siguen en revisión en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Es que de acuerdo a la legisladora, en todos los dictámenes aprobados, previamente se realiza una investigación en los lugares de servicio de cada trabajador, y dicho procedimiento se aplicó en todos los casos. Sin embargo, las jubilaciones de las esposas de los diputados Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, Denya Flores Sánchez y Helena Marín, se hicieron con cargo al Congreso, aunque nunca se les vio trabajar en alguna área de dicho Poder. 

Entre los integrantes de la lista de los nuevos jubilados con pensiones "doradas" están la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez; el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Velázquez Adán; Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, y Karina Arteaga Gutiérrez, directora de Recursos Humanos del Congreso.

También Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales; además de Bertha Rodríguez Báez, directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.

Francisco Santillán pidió licencia definitiva; toma su lugar Ulises Vargas Estrada.

Aunque se preveía que los integrantes de la LIII Legislatura que acudieron a sesionar la noche de este sábado aprobarían por la "vía rápida" temas diversos y polémicos, al final no fue así, ya que después de aprobar puntos de trámite en el orden del día, decidieron suspender la sesión, para retomarla en las próximas horas.

La sesión  ordinaria del Pleno, iniciada pasadas las nueve de la noche, fue la continuación de la iniciada desde el pasado 12 de julio y que ha sido retomada por lo menos en dos ocasiones.

Al inicio, el diputado independiente (antes del Partido Nueva Alianza), Francisco Santillán Arredondo, pidió licencia definitiva. Inmediatamente rindió protesta su suplente, Ulises Vargas Estrada.

Posteriormente, los legisladores aprobaron con 21 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, la enajenación de un predio ubicado en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), en el municipio de Jiutepec, para otorgarlo a una empresa privada que se va a encargar de la comercialización de arroz producido por morelenses. También, y con el mismo fin, se enajenó un predio en el municipio de Jojutla que beneficiará a la Sociedad de Arroceros de la zona sur del estado de Morelos. 

De forma sorpresiva, los diputados también nombraron una nueva titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del estado, toda vez que Martha Patricia Bandera Flores renunció al cargo. En su lugar fue aprobada la designación de Aleyda Castro Díaz.

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Entregaron diputados el Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama.

En la sesión solemne que tuvo lugar ayer jueves en la sede del Congreso local, el magistrado federal David Jiménez González recibió el Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama en la categoría al mérito en el ejercicio en municipios en órganos constitucionales autónomos.

Jiménez González, ex alcalde de Cuernavaca, ex procurador, ex legislador federal y local en la Ciudad de México, entre otros cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera, recibió el reconocimiento de manos de los legisladores.

Otros de los galardonados fueron, en la categoría de mérito académico, la maestra Marta Claudia Guadalupe Anguiano y Héctor Horacio Campero Villalpando. El mérito al ejercicio del derecho en el Poder Legislativo se reconoció a Nayeli Rebollosa Aguilar y Oswaldo Eduardo Aguilar Vieyra; el mérito del ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo fue para Rogelia Gómez Vargas, y el mérito al ejercicio en el Poder Judicial para Nancy Aguilar Tovar y Antonio Pérez Ascencio.

De igual modo, el mérito en el ejercicio de la postulancia y en las causas sociales, Ricardo Tapia Vega, y en el ejercicio público Elda Flores León y Manuel Díaz Carvajal.

Legisladores locales llamaron a la prudencia y a la paciencia a los diputados electos, tras críticas.

Diputados locales llamaron a la prudencia y a la paciencia a los legisladores electos y los invitaron a una mesa de diálogo para que conozcan las acciones que han impulsado como integrantes de la LIII Legislatura.

Tras las críticas hechas por diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia, que conformaron un frente en contra de las decisiones que en los últimos días han tomado los diputados, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Hortencia Figueroa Peralta les pidió paciencia y esperar a que inicie su periodo para hacer lo que crean necesario.

"Las decisiones que aquí hemos tomado, lejos de hundir a nuestro estado y a esta Legislatura, fortalecen el ejercicio democrático. La victoria obtenida debe ejercerse con orgullo, con dignidad, con pasión, con energía, con denuedo, haciendo a un lado el protagonismo y la soberbia", aseveró en su discurso ante tribuna, en el marco del Día del Abogado.

El diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Francisco Santillán Arredondo, también aprovechó la sesión solemne donde se entregó el Premio "Antonio Díaz Soto y Gama", para invitar a los diputados electos a una mesa de diálogo y conozcan lo que la LIII Legislatura ha hecho por el estado.

"Les pido dejar la comodidad de un escritorio y sus redes sociales y generar mesas de trabajo, donde se conozca lo que estamos haciendo y sus motivaciones. Ustedes, los ganadores, no tienen el monopolio del amor a Morelos, ni el monopolio a los buenos deseos. Nosotros también construimos y queremos construir un mejor escenario para nuestros hermanos morelenses", manifestó Santillán Arredondo.

El Congreso del estado otorgó el premio estatal "Antonio Díaz Soto y Gama" a los abogados Marta Claudia Guadalupe Anguiano y a Héctor Horacio Cantero Villalpando, por el mérito en el ejercicio académico; mérito al ejercicio del derecho en el Poder Legislativo a Nayeli Rebollosa Aguilar y a Oswaldo Eduardo Aguilar Llera; mérito del ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo a Rogelia Gómez Vargas, mérito al ejercicio en el Poder Judicial a Nancy Aguilar Tovar y a Antonio Pérez Ascencio. El mérito en el ejercicio en municipios en órganos constitucionales autónomos y órganos autónomos se dio a David José del Carmen Jiménez González; a la postulancia y en las causas sociales a Ricardo Tapia Vega; y el ejercicio público a Elda Flores León y Manuel Díaz Carvajal.

Y en reconocimiento a la trayectoria legislativa al diputado Francisco Moreno Merino. 

Aprueban algunos de los decretos que otorgan pensión a trabajadores del Poder Judicial.

Ante el riesgo de ser destituidos, los diputados locales ayer empezaron a cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y desahogaron parte de los decretos de pensión a favor de trabajadores del Poder Judicial.

Durante la sesión ordinaria de ayer, el Pleno del Congreso local aprobó 15 decretos que permanecieron en la congeladora por más de 10 meses, a causa de la controversia constitucional que promovió el Poder Ejecutivo y que por orden de la SCJN debió haber desahogado desde hace varios meses.

Sin embargo, siguen en lista de espera al menos seis decretos de pensión a favor de trabajadores jubilados que deberán aprobarse antes del domingo, cuando concluirá el último periodo ordinario de sesiones de la LIII Legislatura.

A esos decretos también se suman al menos 40 más solicitudes de jubilación de trabajadores del gobierno del estado, entre los que destacan las de los secretarios de despacho Jorge Michel Luna, de Hacienda; Beatriz Ramírez, de Educación; y de Salud, Patricia Mora González. Asimismo, la solicitud de Anahí Bahena, esposa del secretario de gobierno Ángel Colín López. 

Realizan legisladores por la vía rápida cambios en materia hacendaria.

El Congreso del estado desapareció cuatro fondos estatales, entre los que destacan el Fondo Turismo Morelos y el de Competitividad y Promoción del Empleo, con lo que de forma automática eliminaron de la ley hacendaria el cobro de los impuestos sobre el Hospedaje y sobre la Nómina.

En el proceso de transición del gobierno estatal que encabezará Cuauhtémoc Blanco Bravo, en octubre próximo, los legisladores también extinguieron el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal y el Fondo del Fortalecimiento Municipal, que el mismo Congreso creó y de los que nunca se justificó el ejercicio de los recursos que manejaban.

Por si fuera poco, dentro de las modificaciones que en materia hacendaria aprobó el Poder Legislativo, también se eliminó el programa de Inversión Pública del estado. 

A propuesta del Poder Ejecutivo, los integrantes de la LIII Legislatura reformaron, por la vía rápida, los artículos 25, 48 y el 58 bis 9, 58 bis 10 de la Ley General de Hacienda, la fracción segunda de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, así como diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018.

De acuerdo al Poder Ejecutivo, durante el transcurso del año 2018 se registraron varios gastos extraordinarios presupuestales que obligaron a reorientar recursos a otros rubros, como fue la ampliación presupuestal al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por más de 80 millones de pesos y al Tribunal Electoral del Estado por siete millones.

Incluso, argumentó que el desastre natural registrado en septiembre del año pasado también obligó a realizar ajustes en el presupuesto para la reconstrucción de la entidad y con la finalidad de prever gastos extraordinarios en un futuro, se determinó desaparecer los organismos antes mencionados.

De acuerdo al dictamen que ayer aprobaron los legisladores con 21 votos a favor, el Fideicomiso Turismo Morelos disponía de 42.8 millones de pesos y el Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 160 millones; ambos tenían la finalidad la promoción del turismo y el empleo en el estado.

Mientras tanto, el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal tenía recursos por más de 160 millones y el Fondo del Fortalecimiento Municipal más de 25 millones. Los recursos de estos organismos tenían como destino la realización de obra pública municipal y para la reconstrucción del estado, tras el sismo del año pasado.

Un juez federal ordena al Congreso suspender el nombramiento de dos plazas en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta que se resuelva el juicio de amparo solicitado por un litigante que también busca ser magistrado.

Un juez de distrito frustró la intención del Congreso local de concretar la designación, por la vía exprés, de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El abogado y aspirante a magistrado Jaime Castera Toscano promovió un juicio de amparo, que fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, por los vicios en la convocatoria emitida con premura por los diputados.

El litigante básicamente impugnó que la convocatoria estuviese vigente por unas horas y se exigiera a los aspirantes una serie de documentos y un ensayo jurídico-científico, imposibles de presentar en los términos de la convocatoria exprés.

Ante ello, el juez segundo de distrito del Decimoctavo Circuito concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, para efecto de que el Congreso continúe con el desahogo del proceso establecido en la convocatoria emitida y cerrada el 9 de julio, pero se abstenga de concluirlo y hacer las designaciones.

“Así con fundamento en los artículos 128, 131, 138 fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para estos efectos: Se continúe con el proceso de selección establecido en la convocatoria de 9 de julio de 2018 en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5610, por el cual se pretende elegir a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pero se abstengan las autoridades responsables de concluir el procedimiento, esto es, no emitan la declaratoria correspondiente al nombramiento y designación de magistrados a que refiere dicha convocatoria”, estableció el juzgador federal.

Esta no es la primera vez que el Congreso, por malos procedimientos legislativos e insistencia de nombrar juzgadores allegados a los legisladores, enfrenta este tipo de obstáculos. Después de ceder la jubilación como magistrado a Orlando Aguilar Lozano (para dejar la vacante) y revocar el nombramiento de Guillermo Arroyo Cruz como su sucesor, éste último promovió sendos recursos de amparo que impidieron a los diputados concretar la designación. 

Plantean disminuir en un 70% el gasto del Poder Legislativo y reducir el número de comisiones.

Diputados locales electos adelantaron que impulsarán una reingeniería administrativa y financiera en el Congreso del estado, a partir del 1 de septiembre.

En rueda de prensa, la diputada por el VI distrito, Ariadna Barrera Vázquez, informó que disminuirán en un 70% el gasto del Poder Legislativo y se reducirá el número de comisiones.

Informó que tras la reunión con el virtual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, se acordó impulsar un plan de acción a nivel nacional para reducir el gasto público y la burocracia, y el Congreso del estado no será la excepción.

Al respecto, adelantó que anularán todos los nombramientos que logren concretar los actuales legisladores y revisarán las reformas legales aprobadas en perjuicio de la ciudadanía.

Como diputados, dijo que impulsarán iniciativas para concretar la revocación de mandato y darán marcha atrás a la reelección, entre otras propuestas.

Por su lado, el diputado por el III distrito, José Casas González, informó que en la primera quincena de agosto podría definirse al coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, a su vez, buscará concretar las acciones que anunció Ariadna Barrera, mediante la conformación de un frente en contra de lo realizado por la actual legislatura y el gobierno de Graco Ramírez.  

Hoy por la mañana y con motivo del Día del Abogado, el Congreso local hará un reconocimiento a la larga trayectoria de David Jiménez González, quien fuera alcalde de Cuernavaca, diputado federal, senador de la república y asambleísta en la Ciudad de México, y actualmente es magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El homenajeado, quien ha sido parte de muchos de los momentos más importantes de la entidad, fue alcalde de Cuernavaca en el trienio 1973-1976. También presidente del comité directivo estatal del PRI en la entidad y procurador general de justicia.

Abogado de profesión, Jiménez González fue también delegado político en Azcapotzalco, en el gobierno de Manuel Camacho Solís, así como secretario general de Gobierno en Morelos y director general de Gobierno en la Ciudad de México, donde también fue subprocurador general de justicia.

En la capital del país fue presidente de la Asamblea Legislativa y de la Cámara de Diputados federal.

Entrevistado brevemente por La Unión de Morelos, David Jiménez González señaló que su padre fue general revolucionario zapatista y su madre maestra de Nuevo León.

Egresado de la UNAM, tiene el grado de doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Panamericana y ha sido catedrático en la UNAM, la UAEM y la Universidad Anáhuac.

La ceremonia en el Congreso ha sido anunciada para las 10 de la mañana de hoy, en una sesión solemne en las instalaciones del Poder Legislativo.

Integrantes de la actual Legislatura comenzaron un movimiento para pedir que se realice una auditoría independiente al Congreso del estado, que abarque desde la gestión de Francisco Moreno Merino hasta la administración actual.

Partidos políticos a través de sus diputados locales, indicaron que recelan de que la auditoría especial ordenada ayer por el Pleno del Congreso, la realice la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) pues desconfían de la honestidad de su titular. Por eso mismo, el diputado Javier Estrada, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, sugirió que se haga mediante un despacho externo de contadores especialistas en la materia, para obtener un resultado más confiable, propuesta que este día presentará de manera formal, por escrito.

Indicaron que la sociedad merece conocer el destino de los cuantiosos recursos del Congreso que se han ejercido con opacidad y agregaron que la inconformidad es compartida por varios partidos políticos con representación legislativa.

“Los recursos son públicos y por lo tanto debe transparentarse su uso y la única manera es una revisión detallada de las finanzas”, indicaron los inconformes, que confían en que su petición logre sustento y se ordene la revisión independiente para obtener resultados confiables.

Cambios en la Ley Orgánica de la FGE dan mayor autonomía a esa institución y más facultades a su titular.

La tarde de ayer, el Congreso otorgó a Uriel Carmona (titular de la Fiscalía General) la facultad de designar al fiscal especializado en el Combate a la Corrupción. Además otorgó al Poder Judicial el 4.7 por ciento del presupuesto total y creo dos plazas más de comisionados en el IMIPE, entre otras reformas aprobadas en medio de la crítica de partidos y autoridades electas.  

En la sesión de ayer -a cinco días de que finalice el último periodo ordinario de sesiones- los legisladores que conforman la mayoría saliente ampliaron las facultades del Fiscal General del Estado, quien ahora tendrá bajo su responsabilidad el Centro de Control y Confianza (C3), el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y a la Familia.

De la reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía destaca el hecho de que el fiscal general Uriel Carmona Gándara será quien designe al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que durará siete años en el cargo y que contará con un presupuesto mínimo del cinco por ciento del total asignado a la Fiscalía General.

Los legisladores argumentaron que esas modificaciones se aprobaron para proteger a dichas instituciones "de intereses políticos y de los cambios de administración que cada seis años se dan".

En la misma sesión, los diputados reformaron el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado, y dispusieron incrementar de tres a cinco el número de comisionados que integran el IMIPE.

En la lectura del dictamen, la diputada Edith Beltrán Carrillo, aclaró que para evitar problemas jurídicos se estableció dejar intactos los nombramientos de los actuales comisionados y sólo nombrar a dos más, mediante convocatoria que se emitirá una vez que se publique la reforma en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

Logra Poder Judicial autonomía financiera 

Después de seis años y al final de la administración actual, los diputados finamente emitieron la declaratoria de validez constitucional para garantizar al Poder Judicial la autonomía financiera. 

La reforma constitucional que autoriza la asignación del 4.7 por ciento del presupuesto del gobierno del estado al Poder Judicial se aprobó desde el 2012, por la LI Legislatura, pero estuvo congelada por seis años. 

Aprueban auditorías especiales

Para justificar transparencia, los legisladores ordenaron a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) que aplicará auditorías especiales al Congreso del estado y al Poder Ejecutivo, en las cuentas públicas 2012 y hasta el 2018.

Los legisladores de oposición se pronunciaron porque las auditorías no las realice la ESAF,  sino un órgano externo y que se conozcan de forma inmediata los resultados.

La Junta Política y de Gobierno anuló la convocatoria que emitió en febrero pasado e impulsó un nuevo proceso para designar dos magistrados del TJA.

Diputados locales impulsarán la aplicación de auditorías especiales a las cuentas públicas del Poder Ejecutivo, al organismo "Unidos por Morelos" e incluso al Congreso del estado, por medio de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, los coordinadores parlamentarios acordaron parte de la agenda que impulsarán al cierre de la LIII Legislatura.

Además, de promover la aplicación de auditorías especiales al final de la legislatura y de la administración estatal, los diputados acordaron reponer el proceso de designación de dos nuevos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TSJ). Así lo confirmó el diputado del Partido Encuentro Social (PES) Esaú Mondragón Corrales.

La Junta Política y de Gobierno dejó sin efectos la convocatoria que emitió en febrero pasado e impulsó un nuevo proceso para concretar la designación de los dos magistrados que ocuparán las nuevas salas que el Congreso creó en el TJA, mediante una reforma aprobada en diciembre del año pasado.

El procedimiento para realizar dichos nombramientos se llevará a cabo por la vía rápida, para concretarlos antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo domingo 15 de julio.

La sesión que quedó pendiente el jueves pasado se reanudaría ayer por la tarde, sin embargo los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron que fuera hasta hoy a la una de la tarde, a fin de que puedan abrir una nueva sesión en la que realizarán otros nombramientos en el Sistema Estatal Anticorrupción.