El funcionario intuye que los nombramientos en las alcaldías obedecen más a criterios políticos que profesionales, a pesar de que eso ponga en riesgo a la población.

La autonomía que la Constitución General de la República concede a los municipios ha sido tomado como verdadera carta blanca por los alcaldes, que se sienten con derecho a hacer, literalmente, todo lo que les plazca, aunque eso viole la ley o perjudique a los gobernados.

Existen instituciones y procedimientos que, bien aplicados, pueden obligar a reconducir el camino, pero nadie los invoca y los ciudadanos no pueden hacerlo.

Por todo lo anterior, no queda más que hacer directamente responsable de las consecuencias de algún percance de gran magnitud o de un fenómeno natural a los alcaldes que hayan nombrado a sus impreparados amigos para cargos que requieren de especialistas.