El resto de los recursos que se requieren para dar un servicio educativo de calidad deberán de salir ya sea de los padres de familia o del presupuesto que estos o los directivos gestionen ante los gobiernos estatales o municipales. Incluso se permiten acuerdos comerciales para dar el monopolio de la venta de determinados productos en los planteles a cambio de dinero.

Pero aún así los principales afectados son los estudiantes, un número indeterminado de los cuales sufren en estos momentos el calvario de verse excluidos de la escuela si sus padres no pagan determinada suma.

Y esas cargas han aumentado con motivo de la reforma educativa, por lo que a nadie puede sorprender el escenario que vivimos.

Toca a las autoridades escolares impedir abusos y exclusiones. O castigos como mandar a quienes se niegan a pagar a planteles lejanos a la zona en la que viven, o al turno vespertino, algo que aún opera como castigo.