Todo eso podría ser una pista de las (malas) intenciones de quienes gobiernan y su afán de meterse en el negocio una vez que hayan acabado con los actuales beneficiarios de las políticas medioambientales.

Cuando los panistas gobernaban lograron que sus afines controlaran el servicio. Hoy puede ser una sustitución de rostros pero no puede descartarse que se piense usar dinero público para tal operación.

En el terreno de lo práctico, los propietarios de miles de vehículos emplacados en Morelos que tienen necesidad de circular en la Ciudad de México serán los directamente afectados.

Ahora tendrán que cumplir con la revisión anticontaminante en la capital del país, con el costo en dinero y tiempo que eso signifique.

Mientras tanto, los vehículos que contaminan tendrán seis meses más de innecesaria  impunidad.