El rector, diversos funcionarios universitarios y "y/o otros y/o quienes resulten imputados" fueron acusados de cometer los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio indebido de servicio público, sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultrajes a la autoridad por acercarse la semana pasada a las fosas comunes del cementerio de  Tetelcingo.

El simple hecho de que el fiscal general diga que se desistirán de la acción no significa que realmente lo hagan. Mientras eso no ocurra, persistirá la criminalización de la protesta.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es una institución que puede dar cobertura jurídica a los acusados, pero ¿qué pasa cuando son ciudadanos comunes y corrientes los que enfrentan el peso de la ley por cuestionar a Graco Ramírez?

El gobierno del estado dio ayer otro paso en su camino descendente. No rinde cuentas de los recursos públicos, no licita obras ni la adquisición de bienes y servicios, no garantiza la seguridad de los ciudadanos, no controla las cárceles -la mortal riña de ayer es otra prueba- y ni siquiera garantiza los servicios mínimos de salud. Y un largo y lamentable etcétera.