Tradicionalmente los gobernadores han conservado la plenitud de su poder hasta por lo menos el inicio del sexto año, cuando el proceso electoral desvía la atención hacia el posible sucesor.

Pero hoy Ramírez Garrido Abreu se encuentra prácticamente a salto de mata, pues ya no puede salir espontáneamente a las calles sin temor a ser insultado por los ciudadanos.

Y es que el desastre que padecemos es total: Morelos es un estado cuya administración ya no tiene dinero ni explicación del destino de los recursos públicos. Tampoco se garantiza la seguridad de la población, como lo demuestra el conteo diario de delitos.

Desgraciadamente todo lo anterior nos ha llevado a que la ciudadanía deba vivir situaciones extremas, e incluso en algunas regiones organizar su propia defensa armada para enfrentar a los delincuentes, aunque el gobernador perredista se empeñe en negarlo.

El hecho de que además la gente comience a hacerse justicia por propia mano (los famosos linchamientos) habla de que ya no tienen confianza en las instituciones o que la prevención del delito es un fracaso. O las dos cosas.

Graco Ramírez dijo hace algunos meses que -contra los rumores- iba a terminar su gestión. Sin embargo, el señor ha dicho demasiadas cosas que luego no ha cumplido, como que se sometería  a consulta popular cada dos años o que acabaría con la inseguridad en 18 meses.

Así es que es difícil pensar en que continúe, por lo que la percepción de que parecemos vivir en el último año del sexenio podría no ser errada, ya sea porque el señor busque nuevos horizontes o porque el hartazgo popular termine por echarlo del cargo al que llegó sólo para enriquecerse él, a su familia y a sus escasos pero voraces amigos.