Sin posibilidades de echar mano de recursos adicionales, todos los días nos enteramos de nuevos casos de alcaldes y regidores al borde de la destitución por el incumplimiento del pago de diversos compromisos, sobre todo de índole laboral pero también con proveedores.

La mayor parte de esas deudas vienen de otras administraciones, pero lo grave es que las actuales autoridades han comenzado a incurrir, a menos de cuatro meses de haber llegado al cargo, a conductas similares a las de sus antecesores.

La inoperatividad de los instrumentos de control ha creado una certeza de impunidad para quienes manejan el dinero público que no tienen temor en disponer de esos recursos para fines ajenos al interés público.

Es obvio que llegará un momento en que las administraciones públicas quedarán paralizadas -como casi lo está el gobierno estatal, sin dinero para abastecer de placas nuevas a los automovilistas por ejemplo- y ese día los ciudadanos serán los únicos que padezcan.

Apenas hay tiempo para corregir los excesos.