Mientras, el encargado del gobierno estatal celebra su exoneración -de índole política, más que técnica- en torno a la solicitud de juicio político, un perdón basado en el dictamen emitido por uno de sus incondicionales.

Lo peor de todos es que Morelos enfrenta un peligroso estancamiento económico derivado de la falta de aplicación de los recursos públicos ya programados pero cuyo destino se ignora.

La vox populi, mientras tanto, le atribuye a la nutrida familia gobernante la apropiación de parte del patrimonio estatal sin que sea posible verificarlo por la opacidad de las cuentas oficiales y la complicidad o inoperancia (o ambas cosas) de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.