El caso de Víctor Mata Alarcón es representativo. Explotador por muchos años de choferes a quienes prometió emplacar vehículos "piratas" (lo que no ha conseguido, pero no deja de cobrarles por salir a las calles a trabajar), es promotor de protestas públicas para exigir todo aquello que convenga a sus intereses.

Incitador de la ilegalidad, pues no es menor el número de taxis "piratas" que protege, es quien menos puede pedir legalidad a los que tienen la responsabilidad, también fallida, de ordenar el sistema de transporte público.

Pero no es el único, hay un grupúsculo de representantes de agrupaciones de taxistas y ruteros que tienen secuestrada la toma de decisiones en su gremio, y si las autoridades asumen iniciativas que no convienen a sus privilegios, se "abre la caja de pandora".