También generó un conflicto entre los funcionarios del área y sus protegidos, los concesionarios del transporte, que ante los hechos consumados exigen que sea la autoridad la que expulse a los recién llegados, mientras la ciudadanía encuentra una alternativa de menor costo y más calidad que siempre requirió pero que le había sido negada.

Los afectados tratan de sobreponerse y hoy ofrecen lo que por años no hicieron.

Lo anterior habla de las bondades de la competencia, que debería aplicarse a todos los ámbitos de la vida económica, para conseguir que los habitantes de Morelos consigan un mejor nivel de vida, que hoy se les niega porque desde la autoridad se defienden intereses bien definidos y contrarios al interés común.