Un juez determinará si esa acusación está jurídicamente fundamentada, pero el hombre ya fue juzgado y castigado por la población.

Lo anterior es una evidencia de que las fallas en materia de seguridad han impactado negativamente no sólo en el tejido social, sino en las vapuleadas instituciones.

El que la Fiscalía General del Estado sólo sea eficiente cuando cumple caprichos familiares ha hecho que los ciudadanos decidan hacer justicia por propia mano, lo que representa un peligro para toda la sociedad, porque cualquier inocente puede ser confundido y ajusticiado en la locura colectiva en que se convierte un linchamiento.

Quienes están al frente de las instituciones deben salir de sus tres años de marasmo y apatía y asumir sus responsabilidades antes de que las cosas no se puedan controlar.

Hay demasiado en juego. La impunidad contra la corrupción ha sido interpretada como la autorización para resolver todos los conflictos mediante formas extra judiciales.

Eso se debe frenar.