Pero ayer mismo se hizo público que contra  el alcalde de Tlaquiltenango, un reconocido opositor a determinadas acciones gubernamentales, y que carece de fuero –como todos sus homólogos–, se ha iniciado un procedimiento, impulsado por la autoridad estatal, para enjuiciarlo.

Que la máxima autoridad ejecutiva en Morelos someta a acoso a sus detractores, ya sea individuos o instituciones, habla de un notable deterioro de la convivencia democrática. De hecho, algo así cuestiona que exista un modelo democrático.

Lo anterior exige una corrección inmediata antes de que los acontecimientos se desborden y se llegue a la temida ingobernabilidad, una bestia que comienza a asomar las orejas en el horizonte, sobre todo por la ola de violencia y el estancamiento económico, algo que –a pesar de los intentos– no se puede ocultar.