Los ciudadanos en general podemos hacer todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley. Quienes ocupan un cargo público sólo pueden hacer lo que les permite la ley.

Con esos límites, probablemente el Poder Judicial será el que termine por dirimir el conflicto del ámbito de competencias en materia de seguridad y determinará los excesos en que cualquiera de las partes en conflicto pudiera haber incurrido.

Lamentablemente, mientras eso pasa, la sociedad mexicana presencia un lamentable espectáculo que sólo perjudica a Morelos.

Habrá que confiar en que antes de que las cosas lleguen a un punto sin retorno las instituciones vuelvan a operar como deberían y el costo social de todo lo que ahora ocurre deje de ser tan alto.