Precisamente, quienes cobran del presupuesto sin realizar alguna labor cometen un delito, peor no son juzgados porque nadie los acusa.

Los pocos casos en que se ha corregido una situación así todo termina en la separación de la nómina, pero las grandes complicidades impiden que recupere el dinero malversado y que se apliquen los castigos que marca la ley.

No se requiere de ninguna reforma ni de crear leyes nuevas. La figura delictiva existe y sólo bastaría con formalizar una acusación, pero extrañamente la clase política no ha llegado a esos extremos, como si temieran que alguna vez debieran recurrir a esa fórmula (de cobrar sin trabajar) y hacerlo impunemente.