Nada que tenga que ver con el cumplimiento de la ley les preocupa y los ciudadanos, la inmensa mayoría usuarios cautivos de su negocio, pagan todos los días las consecuencias.

Renovar las unidades con más de diez años es no sólo una obligación legal sino un acto de sentido común, pues ya no garantizan una operación segura, además de que consumen combustibles y requieren un mantenimiento que termina por afectar la rentabilidad.

Pero debe ser tal el nivel de ganancia que produce operar ilegalmente, que los concesionarios no tienen ninguna necesidad de adquirir nuevos vehículos.

Es urgente que se aplique la ley y las sanciones que ésta contempla, a fin de que los exagerados abusos comiencen a frenarse.