El Poder Judicial federal ha intervenido drásticamente luego de años de que no se respetaran las sentencias que obligaban al pago de laudos y ha llegado al extremo de destituir a alcaldes, síndicos y regidores.

Pero la medida no permite recuperar el dinero que esos cargos públicos cobraron mediante salarios desmesurados que habrían servido para liquidar ésos y muchos adeudos más.

Un ingreso decoroso y más cercano a la realidad salarial de los gobernados habría dejado en las arca municipales recursos suficientes para el cumplimiento de los compromisos.

Los ediles destituidos se van con la tristeza de no completar su fructífero periodo pero con la satisfacción del mucho dinero de los contribuyentes que lograron amasar.