En el primer caso para impedir el regreso del presidente constitucional Abdón Toledo luego de su aventura electoral y en contra de los elevados sueldos de alcalde, sindico y regidores.

En Tlaquiltenango, la presión ciudadana hizo que por fin la autoridad municipal diera a conocer -aunque someramente y sin el suficiente detalle- el destino de poco más de 77 millones de pesos producto de una demanda contra la Comisión Federal de Electricidad, luego de que el Ayuntamiento ni siquiera admitía que ya había recibido la cuantiosa suma.

Esos brotes de indignación no han cambiado al mundo, pero comienzan a ser parteaguas de lo que debería ser una nueva relación entre gobernantes y gobernados, a fin de que los primeros se subordinen al mandato popular y no el revés, como hasta ahora.