El Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Morelos tienen una ley específica que lo regula desde 2013 supuestamente para dar transparencia su manejo, pero todo indica que en los hechos esa ley es, como casi todas, papel mojado.

Y eso a pesar de que un grupo de magistrados hizo el requerimiento oportuno para que se auditara, sin tener respuesta, por lo que hoy resulta absurdo decir que hay decenas de millones de pesos cuyo destino exacto se ignora.

Ni siquiera se sabe el nombre del banco donde se depositaba ese dinero. Hoy ignoramos si es accesible el dato de la institución bancaria que resguarda lo que queda de los recursos.

Hablamos de sumas enormes cuya recuperación pasará por la maraña burocrática del mal llamado sistema estatal anticorrupción, lo que quiere decir que las cosas seguirán como hasta ahora.

 La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización no debería tardar en ofrecer al menos una explicación.