Aunque la ya ex consejera presidenta del Impepac inicie algún proceso jurídico en su defensa, la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral es un hecho consumado, cuyas consecuencias se ignoran pero que las instituciones deben minimizar para que no se altere en lo absoluto el proceso electoral que recientemente se puso en marcha.

No dudamos que el caso que se menciona terminará judicializado, como todo lo relevante en este país. Sin embargo, el proceso para nombrar a un nuevo titular del Instituto Morelense de Procesos Políticos y Participación Ciudadana debe culminar a la brevedad, pues la elección local implica tareas estratégicas de gestión de recursos y de creación de protocolos para hacer frente a los desafíos del coronavirus el día de la elección.

El impepac no debe perder su operatividad ni un instante, para que no haya labores pendientes de resolver que propicien el cuestionamiento de la legalidad de las próximas elecciones, una actitud que muchos de los partidos que no reciban el voto popular tratarán de esgrimir como pretexto de sus malos resultados.