Desde hace varios años se han hecho intentos, algunos muy serios, para modificar el esquema de jubilaciones y pensiones de la burocracia estatal para evitar o retrasar el colapso del sistema, pero por motivos electorales se ha dado marcha atrás.

Hoy las finanzas públicas apenas soportan el peso de esa prestación, sobre todo por la multitud de personas que indebidamente fueron favorecidas con  altos salarios a una edad temprana, a los que vamos a mantener con recursos públicos el resto de su larga vida, mientras que los verdaderos trabajadores que con dificultad llegaron al tiempo de disfrutar de esa prestación reciben pagos exiguos.

Evadir la realidad podría dar un puñado de votos a algunos políticos pero traerá verdaderas dificultades -cuyos primeros coletazos ya se sienten- ni siquiera para las generaciones venideras, sino para las actuales, que ya vivimos la acelerada reducción de los presupuestos públicos destinados a obras y servicios.