Los numerosos y eternos conflictos en el Poder Judicial han afectado de variadas pero ocultas formas a los justiciables. Sin embargo, las medidas sanitarias aplicadas para frenar el covid-19 han desnudado las consecuencias de las malas administraciones, pues hoy la justicia se ha detenido casi en su totalidad por la falta de mecanismos modernos para laborar aún con el cierre de las instalaciones físicas.

El paso que se dio para remediar la situación es muy tímido, apenas un sistema de citas para iniciar procedimientos pero nada sustantivo que permita avances en los expedientes.

Ahora se requiere de la cooperación del Poder Legislativo para que se aprueben de forma apresurada los mecanismos normativos que den validez a procedimientos virtuales que sustituyan a aquellos mecanismos presenciales que hoy no se pueden realizar.

Los meses que los tribunales llevan cerrados no podrán recuperarse pero al menos se puede crearla infraestructura básica que permita superar la inmovilidad.

Esa debería ser una prioridad, aunque no lo es, pues los conflictos internos en el Poder Judicial se mantiene en niveles paralizantes.