Nuevamente los ciudadanos fueron tomados como rehenes de reclamos gremiales a los que son ajenos. Aunque fue de poca duración el cierre de calles realizado por los sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia provocaron un efecto adverso en la economía y en la vida de las personas que nada tienen que ver en la exigencia de más recursos para el Poder Judicial.

La administración del TSJ hizo público que no dispone de las condiciones económicas para cumplir el reclamo de incrementar los salarios pero casi se congratula de que el personal de confianza fue suficiente para prestar a los justiciables los servicios que demandaban, lo cual es una mala señal para los sindicalizados, pues a primera vista parece que son prescindibles.

El Poder Judicial ya tiene demasiados problemas internos como para agregarle uno nuevo, pero no está por demás hacer un llamado a que las próximas movilizaciones, la fracción gremial inconforme considere dejar a salvo los derechos de terceros.