El autodenominado G7, un grupo de diputadas que durante meses bloqueó el proceso legislativo en el Congreso local, recurrió a todos los recursos para mantener privilegios injustamente ganados en el primer año en su cargo. La mayor parte de quienes integran ese grupo no representa a nadie pues fueron electas por la vía plurinominal, sin embargo, manifestaron su preferencia mientras mantuvieron el control de los órganos del Poder Legislativo, pues sus acciones (o la falta de ellas) impidieron echar abajo lo mismo nombramientos que reformas a la ley aprobadas durante el sexenio anterior a favor de Graco Ramírez y sus incondicionales.

Basta mencionar que todas las acciones legales emprendidas para echar abajo las llamadas pensiones doradas fueron desbaratadas por los tribunales federales debido a las excesivas fallas jurídicas que presentaron, y que estaban a cargo de integrantes del grupo que reclama hoy por sus derechos.

El paso dado ayer por el tribunal electoral comienza a poner en su lugar a quienes, desde la libertad y el privilegio del cargo, han trabajado en contra de los intereses de la sociedad.