Todo indica que el conflicto entre los llamados trabajadores de la educación homologados y las autoridades locales del ramo requiere de una mediación que les haga ver el alcance de la postura de cada una de las partes.

Quienes se dicen afectados por el descuento del Impuesto Sobre la renta en sus aguinaldos se amparan en un decreto que habla de que los trabajadores federales beneficiarios de la prestación “tienen derecho a un aguinaldo anual que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna..”, lo cual se cumple en la parte que reciben por ese pago por parte de la Federación pero cuya interpretación exigen sea extensiva a la parte del aguinaldo que les otorga el gobierno del estado para homologarlos con las prestaciones de la burocracia morelense.

Por su lado, las autoridades educativas se amparan en asegurar que el gobierno federal exigió la retención del citado impuesto a la hora de pagar los 50 días de esa prestación.

La suspensión indefinida de clases en 32 planteles de la entidad es un asunto que afecta a decenas de miles de estudiantes, por lo que debe arreglarse lo más pronto posible.

Pero ante las posturas al parecer irreconciliables, se requiere de un árbitro que ofrezca una interpretación final y que ambas partes la acaten.