Finalmente el Congreso rechazó las leyes de ingresos de los municipios que propusieron incrementar en 15 por ciento el cobro de diversos derechos, lo que pone en un falso aprieto a las alcaldías, pues lo que perdieron con la decisión de la Suprema Corte fue un ingreso claramente etiquetado para rubros específicos que se daban el derecho a desviar y a considerar como algo propio.

Los impuestos adicionales que se cobraban al ciudadano deberían entregarse lo mismo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que a la creación y operación de los cuerpos de bomberos, pero el dinero se usaba en cosas distintas, a pesar de que eso constituye un delito.

Lamentar un dinero que no era suyo y bajo ese fin tratar de obtener recursos por el mismo monto fue una operación que el Congreso frustró, en beneficio de los contribuyentes.

Seguramente los 32 municipios afectados harán una dura defensa e incluso pueden recurrir a  las movilizaciones, pero en lugar de eso deberían recurrir a opciones realistas, legales y justas, como la disminución del gasto corriente, la reducción de las elevadas percepciones de los integrantes de los cabildos y la ampliación de su base de contribuyentes del impuesto predial.

La simple disminución del ingreso de alcaldes, regidores y síndicos proporcionará abultados ingresos a las arcas municipales.