Resulta grotesco que los transportistas que prestan el servicio con documentos sin valor reconozcan tal circunstancia y aún así se den el lujo de exigir “justicia”, como llaman al hecho de que puedan circular sin disponer de la necesaria concesión.

El problema es que perjudicaron a la ciudadanía que nada tiene que ver con sus reclamos y aún se atribuyen el derecho a amenazar con protestas más radicales que la de ayer, que bloqueo la circulación en zonas importantes de la capital morelense.

 Para más pesar, quien dirige la organización bajo la que se agrupan los transportistas irregulares es la permiso que emitió –a nombre del gobierno de Graco Ramírez- los documentos sin valor.

Quienes sí cumplen con la ley se han visto afectados por la competencia desleal que ha supuesto la incorporación de más de mil vehículos al mercado, que de por sí ya estaba saturado.

Por todas esas razones, sacar todas esas unidades de circulación es la única forma de justicia posible.