El amparo obtenido por la exsecretaria de Obras Públicas Patricia Izquierdo Medina para que se detenga el proceso iniciado en su contra hasta que un juzgado federal analice el fondo del asunto repercute en prácticamente todos los procesos en contra de quienes fueron funcionarios públicos de primer nivel en el gobierno anterior.

El inacabado sistema estatal anticorrupción será puesto a prueba cuando todavía ni siquiera es capaz de formalizar su operatividad, lo que habla del enorme rezago y los extraños intereses que confluyen en su interior.

Por lo pronto, una vez más la justicia federal determinará la escena política morelense, ya que de la determinación del juzgado federal que atiende el caso dependerá el destino de muchos funcionarios en activo cuya aptitud está en juego.

Como el siguiente es un año preelectoral, los resultados de los procesos contra la corrupción orientará el sentimiento de los votantes y eso puede reconfigurar los escenarios que se avecinan y sepultar muchas carreras políticas.