Cuando el Congreso había encontrado la solución a la parálisis impuesta por un grupo de siete diputadas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia se empeña en echar abajo la medida que fija la mayoría calificada en las sesiones de Pleno del Poder Legislativo en trece votos.

Primero lo hizo con el procedimiento que asignó recursos para el pago de las pensiones y jubilaciones de trabajadores del Poder Judicial y ahora lo hace para cuestionar el nombramiento de una magistrada que se le opone.

Como aquí se pronosticó, será el Poder Judicial el que resuelva la validez del procedimiento, pero acuciado por la representante del Poder Judicial, en un acto que se antoja suicida, ya que de prosperar, echará abajo importantes medidas y dará otra vez el poder de bloqueo a una minoría de legisladores cuyos actos reiteradamente han ido contra el interés público.

Desafortunadamente, no queda más que esperar la resolución de los recursos. El futuro de la estabilidad de Morelos está  de nueva cuenta en manos de los ministros de la Corte.