Entre los múltiples rubros que ameritan la debida atención oficial, la insolvencia financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace latente el riesgo de que –como ya ocurrió en el 2018-, el cierre de año sea insostenible para dicha institución, por los compromisos contractuales con los trabajadores que significan fondos de los que no dispone la Máxima Casa de Estudios del estado, según lo ha reconocido su rector.

El rescate financiero de la institución ya está demorado, como sucede con otro número importante de universidades públicas en el país, y la solución es prioritaria.

Por otro lado, también es apremiante pagar las pensiones que reclaman desde hace cuatro años trabajadores del Poder Judicial. Las consecuencias del incumplimiento no solamente son administrativas, sino morales.