La UAEM debería de contar de manera permanente y segura  con los ingresos provenientes del cobro del impuesto ProUniversidad, que recaudan los municipios.

Desafortunadamente los alcaldes se niegan a cumplir con lo que dice la ley y retienen las sumas destinadas a la máxima casa de estudios.

En lo que va del año solo cuatro ayuntamientos han cumplido con su deber y el resto utiliza esos recursos para fines que no han sido autorizados, lo que implica una grave responsabilidad legal que, sin embargo, no se les ha exigido.

De allí la persistencia de la omisión que, sin embargo, ahora es más dañina que nunca debido a los fuetes conflictos financieros con los que lidia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El problema es que el daño lo reciben de manera directamente los más de cuarenta mil hombres y mujeres que se prepararan en las aulas para ejercer una profesión necesaria para la sociedad morelense.