En todas las comunidades (ya sea pueblos enteros o colonias) cuando prevalece una forma de gobierno vecinal amparada en los llamados usos y costumbres se garantiza la impunidad para toda clase de excesos.

En pueblos de origen indígena esa figura impide que la autoridad persiga toda clase de delitos, lo que crea islas de impunidad que nunca terminan bien.

Ese debe ser el caso de la colonia Ejidos de Acapantzingo, resabio de lo que fue un productivo conjunto de tierras agrícolas cuyos poseedores terminaron por vender casi en su totalidad.

Aunque en la práctica ya no existe un ejido, diversos integrantes de esa sociedad ejercen acciones de autoridad que traspasan sus atribuciones, como en el caso que hoy se denuncia, de la venta ilícita de tomas de agua potable.

Los recursos que hacen posible esa red son públicos, pero al extenderla clandestinamente y cobrar por ello y por el servicio permite no solo un lucro indebido, sino una afectación a los usuarios legales.

Si nos preguntamos porque hay Morelos no se ha desarrollado como otras entidades, es probable que allí tengamos una de las respuestas (aunque no la única).