Es obvio que los municipios morelenses ya no pueden hacer frente al problema financiero creado por las anteriores administraciones, que dejaron de pagar laudos, deudas con proveedores y otros compromisos que hoy ahogan las finanzas públicas.

La justicia administrativa ha puesto en jaque a los integrantes de los cabildos, a los que manda arrestar y aun destituir para tratar de obligarlos a pagar los laudos ejecutoriados y las deudas reclamadas por empresas, pero la realidad es que no hay dinero suficiente.

Sin embargo, no podemos dejar de lado la realidad insultante de que los integrantes de los cabildos y los funcionarios de primer de los ayuntamientos constituyen el mayor porcentaje del gasto corriente municipal.

Aunque se aplican medidas de austeridad más o menos sinceras, lo cierto es que los regidores, síndicos y alcaldes tienen ingresos que muchas veces no corresponden a su nivel de formación profesional y académica y ni siquiera a su rendimiento en el cargo.

Un rescate sin medidas recíprocas de ahorro verdadero solo provocará –como se vio en el trienio anterior- que la situación de sufrimiento se posponga pero no se solucione.